En el transcurso de la mañana de este jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.

Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.

El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado, Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.

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Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios, para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. Simulaban el proceso de licitación y las adjudicaciones se realizaban a empresas de terceras personas; no obstante, el dinero de la secretaría era depositado en la cuenta de la empresa Tapyracuai de Koube, y este para justificar el endoso del cheque emitía las facturas de crédito por servicios prestados a las firmas ganadoras de licitaciones.

De acuerdo a la acusación, entre enero del año 2018 a diciembre del año 2021 Roa, mientras se desempeñaba en el cargo de ministro de Emergencia, recibió beneficios económicos indebidos de parte de Koube, con quien posteriormente entabló una sociedad ilícita.

A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.

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El gobierno de Santiago Peña continúa poten­ciando el sistema de seguridad en Paraguay, tras concretarse el egreso de una nueva camada de 507 agen­tes linces que se incorpora­rán inmediatamente a las filas de la Policía Nacional.

“Lamento por los miles de padres y madres que sufren cada tarde y noche esperando que sus hijos vuelvan a casa sanos y salvos, luego de tra­bajar, estudiar; lamento por los paraguayos que todavía viven atemorizados por la delincuencia. El Paraguay es un país pacífico, pero tene­mos que estar dispuestos a luchar, a ir a la guerra por nuestra paz”, sostuvo Peña.

El mandatario puntualizó que no se puede desconocer los avances dentro de la polí­tica de seguridad concretados durante los primeros 8 meses de su administración, resal­tando los grandes operativos, como por ejemplo Veneratio, Dakovo, Ignis, entre otros. No obstante, remarcó que aún los paraguayos viven bajo una alerta permanente por la inseguridad en las calles.

“Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, estoy orgulloso de ustedes, les agradezco los esfuer­zos y sacrificios que está haciendo, pero no estamos satisfechos, los paraguayos no están satisfechos. Yo no estoy satisfecho, lejos de un sentido de complacencia, las expectativas sobre nosotros es demasiado grande y pido que triplique los esfuerzos para que los paraguayos nos sintamos más seguros en nuestro país”, refirió.

La exigencia también fue diri­gida al ministro del Interior, Enrique Riera, durante la ceremonia de presentación de los nuevos agentes en el com­plejo de la Secretaría Nacio­nal de Deportes.

“Paraguay tiene un destino de grandeza. Los testimo­nios sobre la inseguridad abundan en nuestro país y no podemos permitir que nuestros jóvenes se sien­tan inseguros, que nuestros padres sientan esa insegu­ridad”, afirmó.

Comentó que la potencia­ción del Grupo Lince fue una deuda, que actualmente viene siendo cumplida por su gobierno, pero remarcó nue­vamente que es consciente de que la seguridad no se logra solo con triplicar el número de efectivos. “Necesitamos el compromiso de todos y de cada uno de quienes fueron entrenados, equipados, para que estén en cada esquina, en cada uno de los rincones de los 17 departamentos del Paraguay”, mencionó.

“Quiero un Paraguay con calles y barrios más seguros. Por eso, triplicamos la cantidad de linces y formamos a 4.000 nuevos policías con la misión de proteger a cada una de las familias paraguayas. Nuestro desafío es grande, pero estamos determi­nados a devolver la seguridad al país, combatiendo cada vez con más fuerza a quienes quieran vivir a costa de la tranquilidad de los paraguayos que trabajan honestamente”, expresó el presi­dente a través de su cuenta en X.

“La inseguridad es un gran desafío. En un país nunca habrá desa­rrollo y bienestar si primero no hay seguridad. Hoy la insegu­ridad no viene de conflictos bélicos, hoy nuestros riesgos son internos, el crimen organizado, narcotráfico, microtráfico, con­trabando, estos son nuestros grandes desafíos”, señaló.

• Beirut, Líbano. AFP.

El movimiento libanés Hezbolá afirmó que lanzó “decenas” de cohetes contra Israel tras la muerte de dos civiles en un bombardeo atribuido al ejér­cito israelí en el sur de Líbano, donde se producen inter­cambios de disparos diarios desde que comenzó la guerra en Gaza.

Los combatientes de Hezbolá dispararon “decenas de cohe­tes Katyusha” contra el norte de Israel en respuesta “a los ataques del enemigo israelí contra (...) viviendas de civi­les”, afirmó el grupo, respal­dado por Irán, en un comu­nicado.

Los rescatistas y la agencia de prensa libanesa ANI habían anunciado anteriormente que un bombardeo israelí había matado a una mujer de unos 50 años y a una niña de 12 años en el sur de Líbano, y dejado varios heridos en una casa de Hanin, cerca de la frontera israelí.

“Aviones de combate enemi­gos bombardearon una casa de dos plantas con dos misi­les aire-tierra, destruyén­dola por completo”, informó ANI. Según la agencia, en la casa vivía “una familia que no había huido desde el inicio de los ataques israelíes”.

El Hezbolá libanés inter­cambia disparos diarios con el ejército israelí desde el ini­cio de la guerra entre Israel y el Hamás palestino en la Franja de Gaza hace más de seis meses.

Desde entonces, decenas de miles de personas han huido de las localidades situadas cerca de la frontera entre Israel y Líbano.

Hezbolá, que intensificó sus ataques en los últimos días, había anunciado unas horas antes haber “realizado un ata­que aéreo” con drones contra dos posiciones militares en la ciudad de Acre, más allá de la zona fronteriza que el movi­miento suele atacar.

El ataque fue una “respuesta al asesinato” de un miem­bro del Hezbolá horas antes, indicó el grupo chiita libanés.

El ejército israelí indicó por su parte haber “intercep­tado dos blancos aéreos sos­pechosos en la costa norte”. Según una fuente cercana a Hezbolá, un dron israelí mató a un ingeniero del movimiento, “miembro de la defensa antiaérea”, que se encontraba en su vehículo en territorio libanés.

El bombardeo se produjo en la región costera de Tiro, a unos 35 kilómetros al norte de la frontera con Israel, según un fotógrafo de AFP que vio el vehículo completamente car­bonizado.

El operativo de montaje y filtración de información confidencial desde la Seprelad arrancó en el mes de diciembre de 2021 con una reunión clave entre funcionarios de la Seprelad y una oscura personaje del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la asesora venezolana del presidente. El operativo fue “craneado” desde la propia Seprelad con funcionarios ajenos a la institución, quienes dejaron rastros que permitieron a la Fiscalía descubrir la trama y fundamentar su imputación con base en 42 elementos. De acuerdo al acta de imputación fiscal existen 10 fechas claves que revelan cómo se ejecutó la operación.

• Por Cinthia Mora

La causa abierta con­tra Mario Abdo Bení­tez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fer­nández, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Espínola se sus­tenta en elementos de sos­pechas irrefutables que sostienen la tesis del Minis­terio Público. Todos los ele­mentos fueron colectados con aval y control judicial.

De acuerdo al relato de hechos, datos y fechas con­signados en el acta de impu­tación de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grise­tti, el operativo de “garrote político” de la Seprelad tuvo fecha de inicio y una suce­sión de hechos conectados con el objetivo de montar y filtrar un informe de inte­ligencia para perjudicar a los enemigos políticos de turno.

Todo arrancó con una reu­nión entre autoridades de la Seprelad y la asesora “fan­tasma” del gobierno de Abdo Benítez, Verioska Velazco, la venezolana sobre quien no aparecen datos oficiales.

Esta reunión aparece regis­trada en fecha 16 de diciem­bre de 2021 a las 9:40 en la sede de la Seprelad. Del encuentro participaron Carlos Arregui, Carmen Pereira, Arnaldo Giuzzio y Daniel Farías, este último en calidad de asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior y la asesora fantasma de Abdo, Verioska Velazco, quien se habría presentado como “asesora externa” de la Pre­sidencia de la República, sin que exista acto administra­tivo que la designe como tal.

Otra reunión que aparece es la del 29 de diciembre de 2021 entre Carlos Arre­gui, Carmen Pereira y René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Antico­rrupción (Senac). Las reu­niones en las oficinas de la Seprelad eran constantes y el que participaba con fre­cuencia, sin ser funciona­rio de esta institución, era Daniel Farías, quien en ese momento se encontraba comisionado y prestaba servicios en el Ministerio del Interior bajo órdenes de Arnaldo Giuzzio.

La cronología continúa con la fecha 26 de enero de 2022, cuando el enton­ces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presenta una denuncia en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Seprelad, esta institución no estaba facultada a recibir denuncias sobre comisión de hechos punibles.

Tras la denuncia presentada por Giuzzio contra Cartes se sucedieron hechos llama­tivos y vinculados entre sí. Ese mismo día, 26 de enero de 2022, el Poder Ejecutivo nombra como viceminis­tra de la Seprelad a Carmen Pereira, quien hasta enton­ces ocupaba el cargo de directora general de Análi­sis Financiero y Estratégico. Pereira es apuntada como la mano derecha de Arregui y “cerebro” del montaje de informes de inteligencia.

El mismo día de la designa­ción de Pereira como vice­ministra, la denuncia pre­sentada por Giuzzio contra Cartes ante la Seprelad fue derivada a un asesor de aná­lisis financiero de Seprelad, Guillermo Preda Galeano, también imputado en la causa.

El 9 de febrero de 2022, el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrup­ción Omar Legal solicita a la Seprelad que informe si en los últimos 10 años se han elaborado informes de inteligencia relacionados a Horacio Cartes. Dando curso a esta solicitud fiscal y excediendo en lo solicitado, se recabaron datos e infor­mes relacionados a Cartes y sus empresas y monta un informe de inteligencia.

El 18 de febrero de 2022 el funcionario de la Sepre­lad, quien respondía a las órdenes de Carmen Pereira, Francisco Pereira Cohene, solicita y recibe informa­ción de parte del funciona­rio Derlis Ruiz sobre datos recabados hasta la fecha sobre Horacio Cartes y la empresa Tabacalera del Este SA.

Para ese entonces, en la Seprelad ya funcionaba una oficina “paralela” desde donde se accedía a toda la información relacionada a Cartes y sus empresas, el encargado de este “trabajo” era un funcionario que no pertenecía a la institución, Daniel Farías, asesor de Arnaldo Giuzzio.

La investigación de los fis­cales Cantero y Grisseti pudo determinar dónde y quiénes elaboraron los informes que luego fueron filtrados a los medios. En los archivos de la Seprelad se encontraron los metadatos (huellas digitales) del docu­mento secreto elaborado por Daniel Farías y René Fernández que luego sirvie­ron de base para el informe de inteligencia financiera, el número 10/2022

Aquí aparece una fecha clave: el 26 de marzo de 2022 a las 17:48. Es el registro del documento en formato word creado por Daniel Farías y luego edi­tado por última vez, ese mismo día, por René Fer­nández. Dicho archivo era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y a la firma Tabesa. En el docu­mento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich.

Ni Farías ni Fernández eran funcionarios de Seprelad al momento en que elabora­ron el proyecto de informe de inteligencia. Tampoco poseían ningún tipo de atri­bución legal para hacerlo.

Este mismo archivo en for­mato Word fue remitido, el 28 de marzo de 2022, vía correo institucional, por Carmen Pereira a Francisco Pereira con la instrucción de que sea utilizado como base para el informe de inte­ligencia que sería remitido al Ministerio Público.

La Fiscalía sospecha que el archivo secreto elabo­rado por Farías y Fernán­dez habría tenido un doble propósito, por un lado, ser­vir de base para la filtra­ción de datos confiden­ciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mis­mos datos fueran utilizados para la emisión del poste­rior informe de inteligencia 10/2022. Ni Peña ni Boida­nich revestían al carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteli­gencia.

El operativo de montaje y filtración incluyó un capí­tulo especial que también dejó rastros en los archi­vos de la Seprelad. El 31 de marzo de 2022, a las 8:58, Carmen Pereira remitía vía correo electrónico indica­ciones para que el archivo Word (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).

Este revelador documento fechado el 1 de abril de 2022 fue enviado a EE. UU. tres meses antes de que la Emba­jada norteamericana en nuestro país diera a cono­cer en Paraguay una lista de personas declaradas signi­ficativamente corruptas.

En la cronología de hechos relatada en el acta de impu­tación se incluyen dos fechas más que correspon­den a hechos de carácter público y notorio, innega­ble por parte de los acusa­dos: el discurso político del expresidente Mario Abdo Benítez del 8 de mayo de 2022, cuando afirmó que Horacio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exminis­tro de la Seprelad, a cambio de su silencio.

Esta información de carác­ter confidencial habría sido expuesta por Mario Abdo Benítez con el objetivo de desacreditar al expresi­dente Horacio Cartes, ya que ambos se encontraban en ese momento disputando el cargo de presidente de la ANR.

El 20 de mayo de 2022, a las 8:43, se “afinaban” los últi­mos detalles de lo que sería el informe de inteligen­cia remitido a la Fiscalía. El funcionario Guillermo Preda remite por correo al analista Derlis Ruiz los cua­dros de salarios de Peña y Boidanich.

La orden que se había dado era incluir en dicho informe el cuadro de salario de Óscar Boidanich y Santiago Peña. Esta información se extrajo del documento en formato Word elaborado por Farías y Fernández el 26 de marzo de 2022. De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligen­cia con la presunta finalidad de que se inicien investiga­ciones de carácter penal en contra de dichas personas.

En la misma fecha, 20 de mayo de 2022, tan solo 17 minutos después de que el funcionario Guillermo Preda Galeano envíe los cuadros de salarios de Peña y Boidanich para ser incorporados al informe de inteligencia, el secretario privado de la Presidencia, Mauricio Espínola, publi­caba los mismos datos en su cuenta de red social X.

El informe de inteligencia 10/2022 elaborado en estas circunstancias y tras las fil­traciones registradas recién fue remitido al Ministerio Público a las 15:21 del día 20 de mayo y fue descargado por la entonces fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en fecha 23 de mayo de 2022.

Todo el operativo de mon­taje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo. El diario Abc Color publicó el 28 de mayo de 2022 la noticia “Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes”, en la que se encuentran diversos datos e informaciones tex­tuales que únicamente se encontraban en el informe de inteligencia 10/2022.

Todo el operativo de montaje y filtración de informes de la Seprelad contó con la estrecha colaboración de los medios afines al abdismo.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía fue orden de Carlos Arregui incluir estos datos al informe de inteligencia con la presunta finalidad de que se inicien investigaciones de carácter penal en contra de dichas personas.