Rose Marie González Jacquet presentó un segundo urgimiento a la agente fiscal Stella Mary Cano para que realice varias diligencias investigativas en la causa caratulada “Mario Ferreiro y otros sobre producción de documento no auténtico” y en el expediente denominado “Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz sobre producción de documento no auténtico y estafa”.
Asimismo pide que se lleve a cabo varias diligencias contra los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz. En su escrito la denunciante menciona que se debe recolectar documentos importantes de la Municipalidad de Asunción y para ello la fiscala Cano debe pedir al Juzgado de Garantías un allanamiento y así incautar los documentos que podrían demostrar la responsabilidad de los directivos de la referida firma recolectora de basura.
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Una vez que se tengan todos los elementos de prueba se deberá solicitar la reapertura del caso al Juzgado Penal de Garantías y a su vez la Fiscalía contará con elementos para formular la acusación correspondiente contra los representantes de la firma Empo y pedir que el proceso penal se eleve a un juicio oral y público.
Igualmente el documento presentado a la representante del Ministerio Público menciona que si no se realizan las diligencias mencionadas, el caso podría quedar impune debido a que los directivos de Empo podrían ser beneficiados con el sobreseimiento definitivo.
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Fiscalía de Bolivia investiga a expresidente Morales por asesinato en operación policial de 2009
La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.
Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.
Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.
El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.
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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.
La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.
Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.
El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.
Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.
Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.
Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.
- Fuente: AFP
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Ministerio Público pide juicio oral para 12 procesados por desfalco a la Caja Municipal
El Ministerio Público presentó acusación contra doce personas y solicitó juicio oral en el marco de las investigaciones sobre el desfalco en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).
Los afectados son exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones involucrados en la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891.
Según la acusación de los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, entre 2019 y 2023 se habría desarrollado un esquema de desvío de fondos correspondientes al rubro 821, destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido la devolución total de sus aportes.
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Cómo funcionaba el esquema delincuencial
La maniobra investigada consistía en reingresar estos expedientes y simular nuevos trámites administrativos sin conocimiento de los titulares.
A partir de estas operaciones, se habrían generado órdenes de pago y emitido cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, que posteriormente eran endosados de manera presuntamente fraudulenta y cobrados en entidades bancarias por funcionarios y terceros ajenos a los beneficiarios.
De acuerdo con la pericia contable realizada por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido a las operaciones investigadas supera los 11.700 millones de guaraníes, correspondiente a 486 cheques cobrados presuntamente de manera irregular a nombre de 285 exafiliados.
“Entre las situaciones identificadas figuran pagos emitidos a nombre de personas que habían fallecido antes de la liberación de los fondos”, alegan los investigadores.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, con el pedido de que las 12 personas acusadas afronten juicio oral y público por los hechos punibles atribuidos.
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Lambaré: imputan por feminicidio y homicidio doloso al presunto autor del crimen de una joven de 22 años
Un trágico caso de violencia que conmociona a la ciudad de Lambaré dio sus primeros pasos procesales en el ámbito judicial. La agente fiscal de dicha localidad, Amelia Bernal Jara, formuló la imputación formal contra un hombre por la presunta comisión de los hechos punibles de feminicidio y homicidio doloso, en relación a la muerte violenta de Deisy Paola Giménez, una joven de apenas 22 años.
El trágico suceso se registró el pasado jueves 8 de octubre de 2026. Tras las primeras diligencias e investigaciones encabezadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, las autoridades lograron la localización y aprehensión del sospechoso durante la noche del viernes 9 de octubre, alrededor de las 23:20, momento en que fue puesto a disposición de la Justicia.
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Se abstuvo de declarar
Durante la mañana de este sábado 10 de octubre, el procesado fue trasladado hasta la sede fiscal para cumplir con la audiencia de declaración indagatoria, trámite previsto en el artículo 84 y siguientes del Código Procesal Penal. Acompañado por el defensor público de turno, el hombre hizo uso de su derecho constitucional y optó por abstenerse de declarar ante la representación fiscal.
Tras el acto, la representación del Ministerio Público presentó formalmente el requerimiento de imputación con los antecedentes correspondientes ante el Juzgado de Atención Permanente de San Lorenzo. Desde la Fiscalía confirmaron que las investigaciones prosiguen intensamente a fin de acopiar elementos de convicción, esclarecer en detalle las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales definitivas.
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Feminicida de Deisy Paola compareció en la Fiscalía entre escraches y repudio ciudadano
Tras su detención de anoche en Villeta, Aldo Alexis Duarte, autor confeso del feminicidio de Deisy Paola Giménez Segovia, fue trasladado a la sede de la Fiscalía de Lambaré para su comparecencia. A su llegada, un grupo de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha para repudiar al agresor con gritos e insultos, exigiendo justicia para la joven de 22 años y cuestionando con firmeza el tardío accionar de las autoridades tras las denuncias por violencia de género presentadas por la víctima.
Durante la manifestación espontánea frente al edificio del Ministerio Público, los indignados ciudadanos expresaron su profundo malestar por el estricto dispositivo de seguridad desplegado para resguardar al detenido. Los presentes criticaron la severa desproporción entre la custodia otorgada al criminal y el total desamparo e inacción que sufrió Deisy Paola antes de ser brutalmente asesinada, el jueves pasado por la noche, cuando iba a su trabajo en un minimercado de Lambaré.
“Que se pudra en la cárcel. A cualquier pelotudo se le da seguridad y a una chica con un futuro prometedor no. Esta joven tenía que tener seguridad a cualquier pelotudo se le da y no a una chica que está haciendo un sacrificio, pero este bandido tiene una alta protección y a cara cubierta”, detalló un ciudadano, en Telefuturo, en alusión a que la víctima estudiaba derecho.
El entrevistado casual afirmó que todo esto le duele mucho a la ciudadanía y que como padre de familia no puede imaginar el dolor de la familia. “Como paraguayo me siento muy mal y todo esto es una vergüenza. Esta persona es un bandido, un asesino y no hay seguridad, por favor esto no hay que perdonar esto”, apuntó.
“No podemos seguir desprotegidas”
Una automovilista identificada como Monserrat García manifestó al medio televisivo que se dio cuenta de que Duarte estaba llegando a la sede Fiscal y que decidió detener la marcha de su rodado para demostrarle que todo el país repudia su actuar y que piden fuertemente que se haga justicia por Deisy.
“No le podemos llamar persona porque es un asesino y criminal, yo también fue víctima de violencia y me duele muchísimo esta situación que las mujeres tengamos que pasar. No puede ser que sigamos así de desprotegidas, pido a la Justicia que nos puedan acompañar, en mi caso hoy, después de tres años, el papá de mi hija fue imputado”, comentó.
García pidió a las autoridades tomar con seriedad las denuncias presentadas por las mujeres que son víctimas de violencia y que actúe con celeridad. “Nadie puede arrebatarle la vida a nadie, otra persona no tiene derecho sobre una. Que este hombre vaya a la cárcel y que se le caiga todo el peso de la ley. Las mujeres víctimas de violencia necesitamos más respaldos”, concluyó.