El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, presidió el Curso Taller Derecho Penal Juvenil y Justicia Restaurativa, realizado este viernes en la Circunscripción Judicial de Caazapá. La disertación estuvo a cargo del juez penal de la Adolescencia de la ciudad de Lambaré, Camilo Torres. Esta se realizó bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, cumpliendo con el protocolo sanitario para evitar el contagio del COVID-19.
El curso se desarrolló en el Palacio de Justicia de Caazapá, específicamente en el salón de Juicio Oral Nº 2, donde participaron magistrados y funcionarios judiciales. Igualmente los participantes del evento valoraron la realización de la capacitación.
El ministro Fretes resaltó la suma importancia de compartir temas de actualidad jurídica y judicial, más aún tratándose de menores, que tienen especial importancia para la Corte Suprema de Justicia.
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Por su parte, el juez Camilo Torres expuso sobre los “Principios del Derecho Penal Juvenil, Responsabilidad Penal Juvenil, Sistema de Sanciones y de Medidas Cautelares en el Fuero Penal Juvenil, Derecho Procesal Penal Juvenil y Ejecución de la Medida”, entre otros temas en torno a la justicia restaurativa.
El mismo curso de capacitación se realizará en otras circunscripciones judiciales del interior del país, a los efectos de seguir capacitando a los funcionarios y magistrados de las respectivas zonas, en cuanto a los principios del Derecho Penal Juvenil y otros.
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Justicia argentina confirma orden de decomisar bienes a expresidenta Kirchner
Una cámara de apelaciones argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de bienes por cerca de 500 millones de dólares contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales.
La exmandataria de 73 años cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.
La causa conocida como “Vialidad” abarca los periodos de gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010.
Kirchner había apelado la parte de la condena que ordenaba la ejecución de los bienes, al igual que los demás condenados.
Sin embargo, una sala de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar este pedido y confirmar el decomiso dispuesto en la sentencia original, según el fallo obtenido este viernes por la AFP.
De esta manera, queda firme la orden de confiscar una propiedad de Kirchner en la provincia de Santa Cruz (sur) y otros 19 bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia.
La estrategia de la defensa apuntaba a resguardar los bienes bajo el argumento de que su vinculación con el hecho condenado no había sido “debidamente acreditada”. Es decir, que no se había probado que se hayan adquirido con dinero proveniente de un ilícito.
“Este fallo me genera una preocupación jurídica seria”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Kirchner, que adelantó que “la defensa irá a la Corte Suprema” de Justicia con un recurso de apelación.
“Casación ordenó ejecutar bienes heredados de Néstor Kirchner, una persona que murió antes del juicio y que nunca fue condenada. Extendió efectos penales sobre Máximo y Florencia Kirchner por esa vía hereditaria. Incluyó inmuebles sin trazabilidad directa probada con el delito”, objetó el letrado.
Además de los de Kirchner y sus hijos, el fallo confirma el decomiso de 84 bienes del empresario Lázaro Báez, quien también cumple condena por la causa.
Kirchner enfrenta otro juicio por corrupción durante los años 2000, en el que está acusada de integrar una red de sobornos entre políticos y empresarios por contratos de obras públicas.
Según la acusación en el proceso, que tiene a otros 85 acusados y podría prolongarse más allá de 2026, Kirchner fue “la principal destinataria” de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido entre 2003 y 2007
- Fuente: AFP
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Justicia argentina restituye vigencia de reforma laboral de Milei objetada por sindicatos
La justicia argentina dio luz verde este jueves a la aplicación de la ley de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, al dejar sin efecto una medida cautelar que la había suspendido un pedido de la principal central obrera del país.
Así lo dispuso la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, cuestionada por la oposición y por los sindicatos.
“No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, celebró Milei en X.
La llamada Ley de Modernización Laboral, aprobada en febrero, reduce las indemnizaciones por despido, autoriza su pago en cuotas, amplía la jornada de trabajo hasta 12 horas sin pago de horas extras, permite el pago en especies (bienes o servicios) y limita el derecho de huelga, entre otros puntos objetados por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El gobierno argumenta que su aplicación ayudará a crear empleos y reducir la informalidad laboral que alcanza al 43 % de la fuerza de trabajo en Argentina, según el instituto oficial de estadísticas.
Para la CGT estos argumentos son “falsos”.
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“No es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o la esclavitud como se mejora este proceso”, sostuvo la central obrera.
Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, cerraron más de 22.000 empresas, con la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo, en parte por la caída del consumo debido a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y en parte por la apertura de las importaciones.
La actividad industrial en febrero cayó un 4 % respecto al mes anterior y registró una capacidad ociosa del 54,6 %, según datos oficiales.
La inflación, que Milei redujo a un tercio desde que consolidó, lleva una vez meses consecutivos en lento avance. El costo de vida marcó en marzo 3,4 %, el nivel más alto del último año.
En febrero una huelga general contra la reforma laboral y nutridas movilizaciones callejeras no lograron frenar la aprobación de la ley.
La central obrera anunció una nueva marcha para el 30 de abril en conmemoración por el Día Internacional del Trabajo que se celebra el día siguiente, para expresar su repudio y pedir al gobierno un cambio de rumbo económico.
La justicia aún debe resolver si la polémica ley viola la Constitución Nacional por introducir reformas acusadas de regresivas de los derechos laborales por sus detractores.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema que habilitara un “per saltum” (vía rápida) para zanjar la controversia.
- Fuente: AFP
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Caso Prieto: 53 denuncias y ninguna respuesta judicial en 2 años de impunidad
Este miércoles 22 de abril, se cumplirán dos años de la denuncia que realizó la Contraloría Ciudadana contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Desde dicha agrupación señalan que a la fecha todo sigue prácticamente cajoneado en instancias del sistema judicial.
En una entrevista con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana de CDE, indicó que a pesar de que los propios funcionarios municipales saben que la Contraloría está sobre ellos con “una enorme lupa”, aún así continúan operando con esta empresa de maletín robando al municipio sumas millonarias.
“Mañana completamos dos años de impunidad. Yo soy abogado y vivo exclusivamente de la profesión, si una denuncia se hubiese quedado acá en Ciudad del Este, te aseguro que por lo menos hubiéramos visitado la carpeta fiscal una vez por semana. Somos más abogados trabajando en el equipo, estaríamos insistiendo contra esta impunidad”, explicó.
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Agregó que desde el momento que se llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General, “recibió una feroz piedra encima y lo guardan”, acotó. Señaló que hasta ahora no fueron llamados si quiera a declarar en esta causa.
Según señaló, a la fecha existe como un total de 53 denuncias contra Prieto, de las cuales, la mitad las promovieron desde la Contraloría Ciudadana.
Sigue operando empresa de maletín
Recordó que en su momento, se armó incluso un festejo con torta incluida en el despacho de la intendencia municipal de Miguel Prieto, que fue por la denuncia de “un cuasi prostíbulo que de la noche a la mañana se convirtió en una empresa constructora que ganó varias licitaciones”, precisó.
Al respecto, señaló que de acuerdo a los datos recabados por el organismo ciudadano, hasta el momento sobrepasa los 25.000 millones de guaraníes de adjudicaciones que se hicieron a la firma constructora que en realidad es una empresa de maletín, integrada por los propios funcionarios afines a Miguel Prieto.
Explicó que el Ministerio Público hasta el momento no tomó los recaudos necesarios para impedir que continúe el festín de las adjudicaciones de licitaciones.
“Estos supuestos accionistas deberían estar todos presos. Siendo que varios de los integrantes de esta empresa son funcionarios de la municipalidad. Es decir, la municipalidad contrata a una empresa cuyos accionistas son funcionarios municipales”, explicó.
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Corte suprema brasileña ordena investigar a Flávio Bolsonaro por supuesta calumnia contra Lula
La corte suprema de Brasil ordenó abrir una investigación contra el senador Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, por una publicación en redes sociales en la que vinculó al mandatario con el narcotráfico y Nicolás Maduro.
El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, denunció la decisión como “un claro intento de restringir la libertad de expresión”.
Según el documento, obtenido el miércoles por la AFP, el juez Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Federal investigar si el senador cometió el delito de “calumnia” contra Lula en la publicación, realizada el 3 de enero en X tras la operación militar estadounidense en Caracas que condujo a la caída del expresidente venezolano.
Maduro fue capturado y está preso en Nueva York, donde enfrenta acusaciones de narcotráfico ante la justicia estadounidense.
En la publicación, Flávio Bolsonaro adquirió una imagen de Lula con la de Maduro.
Además, la acompañó del texto “Lula será delatado”, y lo involucraron con el “tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, fraudes electorales”.
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Moraes consideró “el inicio de una indagación contra Flávio Nantes Bolsonaro, para investigar la supuesta práctica del delito de calumnia”, previsto en el Código Penal brasileño, según el documento judicial.
La apertura de las averiguaciones fue solicitada por el Ministerio de Justicia y contó con el aval de la Fiscalía General, que demostró que la publicación atribuía “falsamente, de manera pública y vejatoria, hechos delictivos al presidente de la República”.
El juez le dio 60 días a la Policía Federal para realizar las diligencias iniciales.
Flávio Bolsonaro señaló en un comunicado que no cederá “ante la intimidación ni ante el uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición”.
“El gobierno de Lula debe dar explicaciones sobre sus relaciones con la dictadura venezolana, y ninguna presión impedirá nuestro deber constitucional de vigilar y defender las libertades fundamentales de los brasileños”, agregó.
Empate técnico
Flávio Bolsonaro, de 44 años, surgió como la principal figura de la derecha brasileña tras ser designado heredero político por su padre desde la cárcel.
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El expresidente ultraderechista (2019-2022) cumple actualmente una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.
La corte suprema lo condenó en setiembre tras hallarlo culpable de conspirar para mantenerse en el poder “de forma autoritaria” tras su derrota ante Lula en 2022.
El exmandatario purga su condena en prisión domiciliaria en Brasilia, gracias a una decisión judicial que lo eximió temporalmente de volver a la cárcel por razones de salud.
Según el último sondeo de Genial/Quaest de este miércoles sobre intención de voto, Flávio y Lula figuran en empate técnico en una eventual segunda vuelta en los comicios de octubre, con 42 % de intención de voto para el primero y 40 % para Lula.
El resultado fue celebrado en X por Flávio. Lula, de 80 años, buscará un cuarto obligatorio. Ambas candidaturas aún deben ser oficializadas en los próximos meses.
- Fuente: AFP
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