El abogado Fabio Ramos, representante legal de Carlos Lobistzberger cuya propiedad de 22 hectáreas ubicada en Mauricio José Troche fue invadida, solicitará al tribunal de sentencia que juzga a Ángel Núñez y Elma Núñez por invasión de inmueble, que sean condenados por el citado delito.
Actualmente los hermanos Núñez están siendo juzgados por un colegiado integrado por los jueces Nancy Rodas, César Báez y Ricardo Gómez, quienes deberán analizar la conducta de las citadas personas. La audiencia oral prosigue este viernes con la exposición de los alegatos finales de parte del Ministerio Público cuyo representante es Martín Escalada. Luego la querella y por último la defensa de los dos procesados.
Por su parte, el abogado querellante Fabio Ramos señaló lo siguiente: “Exigimos que la justicia devuelva su propiedad a mi cliente que es el verdadero propietario del inmueble”. Agregó que “vamos a pedir que el hecho sea calificado como invasión agravada cuya pena es de 5 años de cárcel”.
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De acuerdo a lo manifestado por el abogado, su representado es el propietario del inmueble ubicado en la compañía San Miguel de la ciudad mencionada más arriba y lo adquirió de Antonio Núñez, hermano de los acusados. “Mi cliente compró de buena fe y tiene toda la documentación que le acredita que dicho inmuebles es de su propiedad” refirió.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, la invasión de la propiedad se produjo el 24 de agosto del 2018 y desde esa fecha se pretende proceder al desalojo pacífico de los ocupantes que hoy están enfrentando un juicio oral y público.
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Condenan a 10 años de cárcel a esposa de Alejandro Ramos
Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la ahora sentenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de clases como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audiovisual también se emitían expresiones contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.
Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participación de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.
Ahora, la defensa de la condenada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Imputan a dos productores por hurto de 452 toneladas de soja de otra finca
- Ciudad del Este. Agencia regional
El propietario de la firma Agrícola y Ganadera San Marcos S.R.L. Luis Carlos Pisani, de nacionalidad brasileña y un directivo de la Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda., Sidinei Da Silva Schneider, paraguayo, fueron imputados por la presunta comisión de los hechos punibles de hurto agravado, invasión de inmueble ajeno y coacción grave.
El fiscal Fidel Godoy, de Minga Pora investiga el hurto de 452 toneladas de soja de una plantación supuestamente ajena.
La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2026 por el productor agrícola Odimar Agostinho Caus, ante la supuesta cosecha y retiro de cultivos de soja de inmuebles de su propiedad, recurriendo a la fuerza, mediante el uso de maquinarias agrícolas y personal de la empresa del hoy procesado.
El afectado manifestó que el 27 de febrero del mismo año personas que no contaban con autorización habrían ingresado a inmuebles rurales de su propiedad, ubicados en las colonias San Roque y Tamburi, distrito de Minga Porã (de 50 y 72 hectáreas). Habrían utilizado tractores, cosechadoras, camiones y demás maquinarias para cosechar la producción de soja y trasladarla a destino desconocido.
De acuerdo al escrito fiscal, el propietario de la empresa agrícola habría sido quien organizó y dirigió el operativo, en el que participaron empleados de su firma y otras personas. Indica el agente que se habrían cosechado aproximadamente 452 mil kilos de soja, ocasionando un perjuicio patrimonial estimado en 150.000 dólares.
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Supuesto atropello
El Ministerio Público señala también que el otro imputado, directivo de la cooperativa citada, habría participado en las tareas posteriores de preparación de las parcelas y siembra de nuevos cultivos.
Conforme al relato fiscal, cuando el propietario tomó conocimiento de la situación y acudió al lugar para impedir la continuidad de los trabajos, habría encontrado un grupo numeroso de personas, algunas presuntamente armadas y en vehículos que resguardaban el supuesto atropello. El afectado se habría visto obligado a permitir la continuidad de la cosecha, la carga y el retiro de los granos.
La imputación se sustenta en la denuncia presentada por el afectado, documentos sobre la titularidad de los inmuebles, registros fotográficos y audiovisuales, actas fiscales, informes policiales y declaraciones testimoniales.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas cautelares personales, con suspensión de la prisión preventiva bajo reglas de conducta.
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Nueva Ruralidad: Gobierno impulsa titulación y viviendas para 52 familias campesinas de Troche
Unas 52 familias campesinas del asentamiento Nueva Esperanza de la ciudad de Troche, departamento del Guairá, accederán a títulos de propiedad y viviendas sociales, tras 26 años de espera. El Gobierno nacional impulsa la titulación masiva y desarrollo en el campo, con el enfoque de Nueva Ruralidad.
Este histórico proceso de titulación y desarrollo es impulsado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) decidió comenzar con el asentamiento Nueva Esperanza, de la ciudad de Troche, para marcar presencia del Estado en el campo. La decisión se definió durante la audiencia pública que se llevó a cabo el pasado sábado, encabezada por el presidente de Indert, Francisco Ruiz Díaz, con su equipo técnico. El encuentro se llevó a cabo en la escuela número 6151 Nueva Esperanza.
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“Hoy es un día especial en la vida de la comunidad, porque 26 años después, avanzamos en el proceso de titulación de tierras y construcción de viviendas sociales”, señaló Félix Núñez, presidente de la Organización Nacional de Cañicultores Agropecuarios, ONCA, y dirigente de la Coordinadora Nacional intersectorial, CNI.
Mencionó que en la ciudad de Troche cuentan con una fábrica, donde se canaliza la producción campesina, y la presencia del presidente del Indert fortalece la formalización de la tierra. “La comisión del asentamiento presentó su propuesta para que 52 familias accedan al título, que les pueda permitir lograr viviendas sociales y programas de desarrollo, dentro del concepto de Nueva Ruralidad”, explicó Catalino Ocampos, presidente de la Comisión de Fomento y Desarrollo Nueva Esperanza.
A su turno, el titular del ente agrario, Francisco Ruiz Díaz, subrayó que el actual Indert, es del campesinado y no de un pequeño grupo de funcionarios que representan el pasado. “Hay un nuevo enfoque integral institucional, donde las familias campesinas son los principales protagonistas. Buscamos beneficiar a los jóvenes y las mujeres del campo, dentro de la Nueva Ruralidad”, remarcó.
Finalmente, señaló que el Indert ya entregó más de 12.000 títulos en el país, en esta administración. “En el departamento de Guairá, en los últimos 10 años, se dieron apenas 5 títulos, y esta realidad estamos cambiando en el actual gobierno con unos 800 títulos ya entregados”, resaltó Ruiz Díaz.