La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá que estudiar la nueva chicana que presentaron Patricia Ferreira, presidenta de la firma Imedic, y Nidia Godoy, directora de la referida firma, quienes recurrieron a la máxima instancia judicial tratando de dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación, que anuló el arresto domiciliario para ambas procesadas y dispuso que un nuevo juez analice si corresponde que las imputadas sean trasladadas a la cárcel de mujeres del Buen Pastor.
El presente proceso penal contra Ferreira y Godoy es por la falsificación de facturas de la empresa Eurofarma, que posibilitó el ingreso de mercaderías a nuestro país presumiblemente de origen dudoso.
Los abogados de las imputadas apelaron la resolución de la Cámara de Apelaciones, que anuló el arresto domiciliario otorgado por la jueza penal de Garantías Lici Teresita Sánchez.
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Los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia deberán resolver la nueva chicana presentada por la defensa de las imputadas. En caso de que los altos magistrados no resuelvan el mencionado recurso, no se podrá destrabar el caso y tampoco se realizará la audiencia, en la que se definirá si ambas imputadas pisan la cárcel del Buen Pastor.
Igualmente, Patricia Ferreira soporta otro proceso penal por contrabando y varios delitos junto con su padre, Justo Ferreira. En este caso también ambos siguen chicaneando para evitar someterse a la justicia.
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Hija de Vallejo renunció a su cargo en la ONU y en la Corte
La diputada Rocío Vallejo confirmó que su hija, María Jazmín Scappini Vallejo, renunció al cargo que tenía en la Misión Paraguaya Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Corte Suprema de Justicia, institución en la que llevaba más de 10 años. La hija de la legisladora había sido comisionada a la organización internacional y desató la sospecha de si se había dado un hecho de tráfico de influencias.
“Mi hija acaba de presentar su renuncia después de una carrera laboral de 11 años en el Poder Judicial, mi hija presentó su renuncia y ya no pertenece a la función pública”, informó a través de sus redes sociales la diputada del Partido Patria Querida (PPQ) de acuerdo a lo expresado por Vallejo, el motivo de la renuncia fue que Scappini Vallejo accedió a una beca en Estados Unidos.
“Fue admitida en la Universidad de Pennsylvania, una de las universidades más prestigiosas del mundo, para realizar una maestría en la Escuela de Leyes, becada por el decano de la Universidad. Durante su permanencia hasta hoy en la Embajada paraguaya ante la ONU, jamás tuvo un solo privilegio económico más que su salario”, continuó diciendo Vallejo.
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La diputada alegó que ella no había pedido el comisionamiento de su hija de 29 años, y que el motivo de la renuncia María Jazmín, quien es abogada y escribana se debe a que accedió a esta beca y le será incompatible estudiar y trabajar a la par. “Ella renuncia por su cuestión académica”, aseguró a la 1080 AM.
Además de esto, Vallejo defendió a su hija y afirmó que no era una “planillera” en la ONU y que se desenvolvía de 9:00 a 17:00 e incluso más horas cuando así era necesario y afirmó que su sueldo rondaba los USD 500, que representa el sueldo que percibía en la Corte. “Mi hija no tenía bonificaciones, ni viáticos ni horas extras”, afirmó.
La renuncia de la hija de la diputada se da en medio de los rumores de que se pediría la pérdida de su investidura, sin embargo, esta versión fue desmentida por varios sectores políticos, incluso por el líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, quien sostuvo que dicha acción no correspondía.
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Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
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Juerza Patricia
- Por Felipe Goroso S.
- Columnista político.
La semana pasada se dio la condena en primera instancia a Patricia Samudio, expresidenta de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez. En igual sentido fue condenado su esposo José Costa Perdomo con una pena menor. Ambos por el hecho de lesión de confianza. Es en torno al caso de sobrefacturación por la compra de agua tónica y otros insumos, ocurrido en el peor momento de la pandemia del covid-19 en mayo de 2020, que tuvo un perjuicio patrimonial de G. 359.700.000. El Ministerio Público estuvo representado por los agentes fiscales Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.
Son los primeros condenados de lo que fue el desgobierno de Abdo Benítez durante la pandemia. De hecho, la condena viene con un mensaje contundente de la Justicia más allá del monto del perjuicio o incluso de la cantidad de años de la condena, en el fondo en alguna medida viene a constituir un bálsamo para las decenas de miles de fallecidos y para los cientos de miles que alguna vez padecimos la enfermedad.
Hay que recordar que Samudio formaba parte de un esquema de corrupción pública compuesto por otros funcionarios en complicidad con las empresas proveedoras del sector privado y terceras personas. Todas las operaciones de compra por licitación fueron basadas en la declaración de emergencia sanitaria y de las medidas impuestas en ese carácter, en el contexto de la mitigación a la propagación del covid-19. La empresa proveedora devolvió el dinero íntegramente, incluso días antes de la imputación que fue presentada en mayo de 2020.
El Ministerio Público pudo probar que el dinero fue a parar a la cuenta de una empresa privada a los fines de cubrir una deuda. La gente se estaba muriendo por la desastrosa gestión en la compra de vacunas (hay una denuncia por esto que sigue durmiendo en el Ministerio Público), y mientras tanto unos pocos solo pensaban en un único fin: llenarse los bolsillos. La empresa proveedora transfirió a un acreedor por instrucciones de José Costa y efectivamente actuó como pasamano del dinero de Petropar para un beneficio patrimonial de saldar una cuenta de un pagaré.
¿El argumento esgrimido por el gobierno de Mario Abdo para realizar y justificar la operación? “El agua tónica cura el covid-19″. La base fue un dictamen médico que el profesional de blanco admitió en el juicio fue hecho incluso posterior a la compra. Una burla absoluta. En momentos en que Nación Media prácticamente era el único grupo de medios que cuestionaba los atropellos y barrabasadas que se estaban cometiendo de manera impúdica y descarada, mientras nos obligaban a todos los paraguayos a vivir encerrados y pasábamos más tiempo en entierros cuasiclandestinos de nuestros seres queridos, los personeros del anterior gobierno juntaban la plata en pala.
Como la filosa daga de la traición con el pueblo que le dio la confianza, el expresidente de la República Abdo Benítez le daba su respaldo a la que entonces dirigía la petrolera estatal con una frase que retumba hasta ahora: “Juerza Patricia”.
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Conmebol urge a Fiscalía accionar contra Atlas por caso de lavado
La matriz del fútbol sudamericano exige que el Ministerio Público paraguayo avance en la investigación penal, que actualmente está paralizada. Luego de seis años de presentada la denuncia documentada y de haberse realizado algunos allanamientos, no hubo avances.
A través de su abogado, Claudio Lovera, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reiteró al Ministerio Público un urgimiento para que esta institución se pronuncie e inicie una acción penal en torno a la denuncia presentada hace ya más de seis años por operaciones sospechosas de lavado de dinero, que involucran a la matriz del fútbol sudamericano de años anteriores y al banco Atlas SA. El urgimiento fue presentado en fecha 11 de marzo pasado ante la Fiscalía.
“En atención al tiempo de investigación transcurrido, los elementos acompañados en su oportunidad, así como los que fueran recopilados en el marco de la actividad fiscal preparatoria, se solicita que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en el marco de los hechos acontecidos y acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública”, señala el documento presentado ante el Ministerio Público.
Tras dar apertura a una investigación penal, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias sobre el asunto, mediante allanamientos a la sede del banco Atlas SA y a la Superintendencia de Bancos ante la negativa de estas instituciones en proveer información. En estos procedimientos se incautó una serie de documentos.
Estas diligencias realizadas en el pasado dan cuenta que el órgano investigador sostiene que en determinados lugares podrían hallarse indicios de un hecho punible.
Pese a esas primeras medidas, la Conmebol señala que la Fiscalía se llamó a silencio y abandonó cualquier otra iniciativa tendiente al esclarecimiento de la denuncia. Hay que recordar que la Conmebol presentó la denuncia en tiempo y forma, en fecha 4 de febrero de 2021. La primera denuncia había sido presentada ya en el año 2017.
ANTECEDENTES DEL CASO
Los fiscales que llevaron el caso fueron Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, y la causa incluso estuvo paralizada en la Seprelad, en el tiempo en que Carlos Arregui estaba al frente de la citada institución.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de unos USD 200 millones) que se esfumaron de la Confederación en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde.
El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4.° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.