La agente fiscal Lorena Ledesma representó al Ministerio Público y sostuvo la acusación durante un juicio oral en el que un Tribunal de Sentencia encontró culpable a varios procesados por narcotráfico. El Tribunal de Sentencia que juzgó a los acusados estuvo integrado por Sandra Farías, Héctor Fabián Escobar y Wilfrido Pereira.
Los condenados son Hugo Enrique Fanego, quien recibió 17 años; José Isacio Peralta fue condenado a 16 años, Mónica Andrea Cáceres, sentenciada a 3 años; Florencio Miguel Resquín, condenado a 12 años; Mario Eusebio Romero, condenado a 7 años, y Teresa Dejesús Meza Arce, condenada a 3 años y 6 meses.
Según los antecedentes, estas personas fueron detenidas en el marco del Operativo Azabache, que consistió en siete allanamientos realizados el 24 de octubre del 2017 en Ciudad del Este y Presidente Franco. En esa ocasión, la comitiva detectó en un depósito 13 frascos de fentanilo, utilizado para mezclar con cocaína, potenciar los efectos de la droga y causar adicción extrema a sus usuarios.
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En la estructura criminal, Fanego tomó el control de lo que había dejado anteriormente Tomás Rojas Cañete (Tomaí condenado a 25 y a 30 años de cárcel). Asimismo, la defensa de los sentenciados tiene la posibilidad de poder apelar la resolución de primera instancia. En caso de ser así, será un Tribunal de Apelación el que deberá estudiar si corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.
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Zoofilia en Caaguazú: rescatan a animales y detenido se expone a hasta 6 años de cárcel
Un hombre fue detenido en la ciudad de San Joaquín, departamento de Caaguazú, en el marco de una investigación por un presunto caso de zoofilia y maltrato animal, tras una denuncia acompañada de evidencias que motivó la intervención de las autoridades.
El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Mirna Isabel Rodríguez, de la Unidad Penal N.° 1 y Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente y Maltrato Animal de la Fiscalía Zonal de Yhú, con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal.
Como resultado de las diligencias, el sospechoso fue detenido y los animales involucrados fueron puestos bajo resguardo para garantizar su protección mientras continúan las investigaciones.
La denuncia fue impulsada por activistas dedicados a la protección animal. Inicialmente fue recibida por Paty Elizeche, quien remitió las evidencias a Laura Yinde, de Caaguazú. Posteriormente, la información fue canalizada por Andrea Elliani, de Pata Patrulla, lo que permitió coordinar la intervención conjunta con la Dra. Liza Escobar y el Ministerio Público.
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Tratamiento jurídico de animales
Con la promulgación de la Ley N.° 7513/2025, los animales dejaron de ser considerados simples bienes u objetos y pasaron a ser reconocidos jurídicamente como “seres sintientes”, capaces de experimentar dolor físico, miedo, estrés y sufrimiento.
Este cambio introdujo un nuevo enfoque para investigar y sancionar los hechos de crueldad animal, ya que el bienestar del animal pasó a constituir un bien jurídico protegido. La normativa establece que no solo las lesiones visibles pueden constituir una prueba de maltrato, sino también situaciones que generen un sufrimiento significativo al animal.
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Penas de hasta seis años de prisión
La legislación endureció las sanciones para los hechos de crueldad animal, contemplando penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión en los casos más graves.
Además, el país cuenta con el Registro Nacional de Agresores de Animales (RAGAN), una herramienta creada para identificar a personas condenadas o sancionadas por maltrato animal, facilitar el seguimiento de reincidentes y fortalecer la actuación de la Justicia y de las autoridades competentes.
Las investigaciones sobre el caso continúan para determinar las responsabilidades penales correspondientes y esclarecer todas las circunstancias del hecho denunciado.
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Condenan a 10 años de cárcel a esposa de Alejandro Ramos
Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a Lourdes Ramírez de Ramos, esposa de Alejandro Ramos, con quien fundó el Ejército de Mariscal López y exmiembro del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), al ser hallada culpable de apología del delito, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la ahora sentenciada apareció en un video difundido en enero de 2014, en el cual el grupo criminal reivindicaba la lucha de clases como único medio para acceder al poder e instaurar un gobierno de los pobres. En dicho material audiovisual también se emitían expresiones contra las autoridades nacionales legítimamente constituidas, hechos que sustentaron la condena impuesta.
Durante el juicio oral y público, el fiscal Federico Delfino acreditó la participación de la acusada mediante las pruebas producidas durante el desarrollo de la audiencia oral.
Ahora, la defensa de la condenada tendrá la posibilidad de apelar el fallo judicial, en cuyo caso un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la sentencia dictada en primera instancia.
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Paraguay hará reconocimiento público de responsabilidad del caso Santiago Leguizamón
La Vicepresidencia de la República reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de sentencias internacionales.
En ese marco extiende una invitación al Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional en memoria del periodista Santiago Leguizamón Zaván y otros vs. el Estado paraguayo.
Al respecto, la directora general de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, María Teresa Peralta, informó en comunicación con La Nación/Nación Media, que este acto se llevará a cabo el próximo lunes 27 de julio a las 8:30 en el salón “Serafina Dávalos” de la Corte Suprema de Justicia, encabezado por el titular del Poder Judicial, el ministro Alberto Martínez Simón, quien representará al Estado paraguayo durante la ceremonia oficial.
El acto será transmitido en vivo por todos los medios de comunicación oficial, de tal modo a dar cumplimiento con la sentencia para que llegue la comunicación a toda la ciudadanía en general.
La directora Peralta destacó el compromiso institucional en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado paraguayo, en el marco del acto de reconocimiento público a los familiares del periodista Santiago Leguizamón Zaván, conforme a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Remarcó que este tipo de acciones representan un paso importante en el fortalecimiento del Estado de derecho y en la consolidación de una cultura de respeto a los derechos humanos.
“Detrás de cada sentencia hay personas y familias que durante años esperaron una respuesta del Estado. Este acto de reconocimiento es una muestra de respeto hacia la memoria de Santiago Leguizamón Zaván y de compromiso con sus seres queridos”, expresó.
Cumplimiento de compromisos
Recordó que el 26 de abril de 1991, Santiago Leguizamón fue asesinado durante un atentado donde en la ciudad de Pedro Juan Caballero. En noviembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su sentencia, en la que uno de los puntos establecía que el Estado paraguayo debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“Una vez más el Estado paraguayo va cumpliendo sus compromisos, porque ya cumplimos con la publicación de la sentencia que lo hicimos el año pasado; también se cumplió con el pago de la indemnización a los familiares, así como la construcción del monolito uno en Asunción y otro en la plaza ubicada en Pedro Juan Caballero, que fueron declarados como sitios de memoria, de acuerdo con lo establecido en nuestra normativa”, precisó.
Resaltó el rol que cumple la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI), impulsada por la Vicepresidencia de la República, para garantizar que las decisiones de los organismos internacionales se traduzcan en acciones concretas.
“El vicepresidente Pedro Alliana ha dado instrucciones permanentes para que la CICSI impulse el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales del Paraguay, porque cree que una democracia se fortalece cuando reconoce sus deudas y trabaja para repararlas”, afirmó.
La directora Peralta agregó que el cumplimiento de las sentencias internacionales no solo responde a un deber jurídico del Estado, sino que también constituye una oportunidad para fortalecer las instituciones, honrar la memoria de las víctimas y generar garantías de no repetición.
El acto forma parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Santiago Leguizamón Zaván vs. Paraguay, reafirmando el compromiso del Estado con la verdad, la memoria, la justicia y la protección de los derechos humanos.
“La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en relación al caso Santiago de Leguizamón que el Estado paraguayo violó el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de expresión, así como la de su esposa e hijos.
También determinó que se violó el derecho a las garantías judiciales, y la protección judicial y a la integridad personal. Hecho que ocurrió, recordemos en 1991. En base a esa sentencia recaída contra el Estado paraguayo, se está dando cumplimiento los puntos de la sentencia", concluyó.
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Ecuador y Colombia aguardan que asuma Espriella para lanzar ofensiva contra el narcotráfico
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, dijo el martes que su país y Colombia lanzarán operaciones militares contra el crimen organizado desde “el día número uno” del gobierno del ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella. El abogado asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto en reemplazo del izquierdista Gustavo Petro, al que Ecuador acusa de no haber hecho lo suficiente para combatir el narcotráfico en la frontera común.
“Hay que entrar con fuerza y con determinación y junto con las fuerzas armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número uno”, declaró Reimberg a periodistas. Los señalamientos de Quito derivaron en un deterioro de las relaciones comerciales y diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que se aplicaron mutuamente impuestos a las importaciones de hasta 100 %.
“Estamos a puertas de que haya un cambio de gobierno en Colombia, por cierto, muy favorable para nosotros, porque al fin tendremos con quien trabajar en esta lucha contra el crimen organizado”, agregó Reimberg. Ecuador libra una guerra contra el crimen organizado que desangra a la nación en su disputa por el control del narcotráfico y la minería ilegal. El país es uno de los más violentos de Latinoamérica.
En 2025, Ecuador reportó 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, equivalentes a uno cada hora, según Insight Crime.
El ministro dijo que los últimos cuatro años hubo “puertas abiertas por el lado de Colombia al narcotráfico, al terrorismo, a proveer el armamento a los grupos disidentes” que operan en ambos lados de la zona limítrofe.
El martes De la Espriella anunció la instalación en Medellín de una oficina del Escudo de la Américas, la alianza de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico. Colombia fue excluida en marzo de la iniciativa, de la que forma parte Ecuador, por los choques entre Petro y Trump.
Fuente: AFP.