Un Tribunal de Apelación confirmó la condena de 13 años de cárcel para Carlos Federico León, también la pena de 7 años para Eduardo Ramírez y 6 años de cárcel para Víctor Ferreira, quienes fueron encontrados culpables por el delito de tráfico de armas.
Los camaristas Gustavo Santander, Bibiana Benítez y Pedro Mayor Martínez firmaron la resolución judicial donde se ratifica la sentencia dictada en primera instancia contra los tres acusados, quienes seguirán recluidos y cumpliendo sus condenas en la Agrupación Especializada de la Policía donde desde el inicio del juicio están privados de su libertad.
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La defensa de los sentenciados tiene la posibilidad de poder recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, serán los ministros quienes deberán decidir si corresponde confirmar la sentencia de primera y segunda instancia o anularla y ordenar que se vuelva a realizar un nuevo juicio oral y público.
El Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Rosana Maldonado, fue el que sentenció a los tres acusados. La sentencia se dictó luego del juicio oral y público desarrollado en la sede judicial de Sajonia. Los condenados fueron encontrados culpables por un megacargamento de armas incautadas en el 2016.
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Ordenan juicio contra expresidente peruano acusado por corrupción
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Perú dictó auto de enjuiciamiento contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020, acusado de aceptar supuestos sobornos durante su etapa al frente del Gobierno regional del departamento de Moquegua entre 2011 y 2014, informó la agencia Andina.
En concreto, los hechos en materia de este juicio tuvieron lugar cuando Vizcarra ocupaba el cargo de presidente regional de Moquegua y será juzgado por el delito de cohecho pasivo propio en relación los casos denominados ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’. En este proceso penal, se incluye también como terceros con responsabilidad civil a las empresas Incot Contrastistas Generales, Astaldi sucursal Perú, Obrainsa e ICCGSA.
Así, la actual resolución judicial señaló al exmandatario por supuestamente haber concertado una reunión con el gerente comercial de la empresa Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, para ofrecerle licitaciones a cambio de un “beneficio económico indebido”. Según el tribunal, Vizcarra habría brindado “información privilegiada (...) a cambio del dos por ciento del coste directo de la obra; es decir, 50.810.637 soles” (12.676.131 euros).
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En lo que al caso del hospital de Moquegua respecta, indicó además que el exgobernador habría también condicionado “su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de un millón 300.000 soles (74.843 euros), para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro de la obra (...) a favor del consorcio hospitalario Moquegua”, según la mencionada agencia nacional.
Esta decisión llega después de que la Fiscalía de Perú pidiera a finales de abril otros diez años de prisión para el expresidente Vizcarra por aceptar sobornos. Esta petición se suma a la presentada a mediados de diciembre de 2023, cuando la Fiscalía solicitó para él 15 años de cárcel por la supuesta comisión de un delito de cohecho pasivo por este mismo caso.
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Fuente: Europa Press
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Senadora apelará resolución que la obliga a desbloquear de X a abogada
Tras la resolución del juez Rubén Darío López que obliga a la senadora Norma Aquino “Yamy Nal” a desbloquear de X a la abogada Alejandra Peralta Merlo, la legisladora adelantó que apelará esta resolución judicial. La parlamentaria se sostiene en que tiene potestad de restringir su cuenta a quien considere pertinente dado que ella no es fuente de información pública.
“Mañana estaríamos presentando el recurso de apelación. Un juez no puede desconocer la ley, el sentido de la misma y es claro yo no soy fuente de información pública, según lo que dice la ley de transparencia N° 5282, entonces lastimosamente se debe subsanar el error cometido”, aseveró Aquino en conversación con La Nación/Nación Media.
Asimismo añadió, “si ellos se mantienen en esto que no está bien, voy a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario”. Para la senadora, este fallo judicial deja un mal precedente puesto que obliga a los funcionarios públicos de cualquier jerarquía a someterse al amedrentamiento a través de redes sociales.
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“Lo que hoy se produjo fue un adefesio jurídico que sienta un precedente horrible para la justicia porque quiere decir que si de por ahí hay una persona que te está molestando en tu perfil personal, le tenes que aceptar y no bloquear porque de lo contrario te pueden hacer un recurso de amparo”, cuestionó.
Aquino recordó que hay una diferencia entre un perfil personal y una cuenta institucional, por lo que ella puede restringir sus redes sociales para ciertas personas si así lo desea. La senadora afirmó que se ceñirá a lo dispuesto por el juez y que desbloqueará momentáneamente a la abogada Peralta Merlo, esto en tanto, se resuelve el recurso de apelación.
“Yo persisto en mi postura en que está equivocada esta señora, imagínense que esto se siente como jurisprudencia, esto atenta contra al derecho a la privacidad de las personas. Creo que es la primera vez en que todo el mundo está de acuerdo conmigo, inclusive periodistas de varios medios me han dado la razón por primera vez”, expresó.
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Operativo Veneratio: ratifican extracción de datos de 308 teléfonos incautados al clan Rotela
Tribunal de apelaciones confirmó la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paul López, quien autorizó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares, 2 tablets, 10 pendrive, 2 notebook y 2 computadoras, en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
El proceso recae sobre el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, y otros ocho reclusos imputados por motín de internos, transgresión a la ley de armas y asociación criminal.
Ahora, deberá jurar el perito que realizará la extracción de datos a los dispositivos incautados al clan durante el operativo que posibilitó que las autoridades del Estado retomen el control de la cárcel de Tacumbú.
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Los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández firmaron el fallo de segunda instancia que ratifica la resolución del juez inferior.
Imputación
Los agentes fiscales Fátima Girala, Miguel Quintana y Marcial Machado formularon imputación contra Armando Javier Rotela, Milciades Giménez Prieto, César Ramón Ortiz Sosa, Juan Valentín Insfrán Espínola, Miguel Ángel Saravia Medina.
La lista continúa con Lucas Ramón Duarte Rolandi, Oscar Ariel Cabello Azcona, Arsenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero. Todos, por transgresión a la Ley Nº 4036/2010 “De armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines”, y asociación criminal, en calidad de coautores.
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FTC impidió que grupos criminales logren sus objetivos estratégicos, dicen autoridades
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tuvo un trabajo fundamental para evitar que grupos criminales, como el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) alcancen sus objetivos estratégicos, puntualizaron el ministro de Defensa Nacional, el general Óscar González, y el ministro secretario del Consejo de Defensa Nacional (Codena), el almirante Cibar Benítez, en la entrevista emitida este sábado por la Vocería de Gobierno, a cargo de Paula Carro.
“Llegó un momento que la Fuerza de Tarea Conjunta fue incomprendida, casi a lo largo de toda su existencia, llegó incluso a criminalizarse a la FTC y parecía que los otros eran los buenos, pero se han logrado muchísimas cosas con la presencia de la FTC, una de ellos es la creación de Batallón de Inteligencia Militar”, dijo el almirante Cibar Benítez. Indicó que, desde el punto de vista estratégico, el mayor logro de la FTC que tuvo desde su creación fue llegar a lo que se veía en los manuales y documentos que contaban estos grupos criminales.
“En 10 años ellos tendrían por lo menos 60 hombres en 10 departamentos de nuestro país, ese era uno de los objetivos estratégicos que tenían, y otra cosa era internalizar con la población estas doctrinas comunistas, marxistas. Está comprobado, hay documentos que hacen eso, todo eso se evitó, se evitaron muchas cosas”, indicó Benítez.
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“El trabajo de la FTC es un gran trabajo, y yo pediría el apoyo de la población a la FTC es fundamental, a nivel global ninguna guerra se ha ganado sin el apoyo a la población, en un microclima nuestro, del EPP, si no hay ese apoyo de la población se tiene algo muy en contra también”, sentenció el almirante.
Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, también destacó el trabajo realizado en todos estos años, en la zona de influencia de los grupos armados. “Hablando de los objetivos estratégicos y que siguen teniendo, mientras no le apresemos a todos, tenemos que siempre levantar lo que se llama en técnica de planeamiento militar a peor hipótesis, siempre tenemos que considerar que ellos están en condiciones de hacer daño”, comentó.
Señaló también que “los objetivos estratégicos que ellos diseñaron, entre otros, voy a citar: la toma del poder, por la fuerza obviamente, segundo la urbanización de sus actividades terroristas, y la instalación de células en todos los departamentos del país, ninguno de esos objetivos fueron cumplidos gracias a la firme actuación de la entonces Fuerza de Tarea Conjunta”.
Calificó que se lograron resultados auspiciosos en la lucha en contra de los grupos criminales en la zona norte del país. “El resultado de las actividades, de las operaciones, del Comando de Operaciones de Defensa Interna, el resultado es sumamente auspicioso”, puntualizó.