El exministro de la Secretaría de la Función Pública Humberto Peralta fue encontrado culpable por calumnia y condenado por el juez de Sentencia Fabián Weinsensee a pagar 100 días de multa al Estado. Asimismo, la Justicia impuso que el sentenciado pague una composición de G. 150 millones al ingeniero Ever Cabrera, así como G. 100 millones a Sandra Barrios y otros G. 100 millones a exfuncionarios del INTN, quienes fueron los accionantes en el presente caso.
Los abogados querellantes fueron Ricardo Estigarribia y Víctor Estigarribia, quienes arrimaron los elementos de prueba para que el magistrado Fabián Weinsensee pueda aplicar la condena contra el exministro de la Secretaría de la Función Pública.
La querella fue presentada por los funcionarios Sandra Barrios, Basiliza Sánchez y Ever Cabrera, quienes formaban parte del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
Los afectados alegan que el alto funcionario había denunciado ante la Fiscalía de Delitos Económicos a los querellantes y a otras personas más por ejercicio de la docencia a tiempo completo en detrimento de sus funciones en el INTN. Con base en la referida denuncia, los afectados presentaron la querella sosteniendo que es falsa la denuncia formulada por Humberto Peralta.
Tras años de haberse presentado, el caso llegó a juicio oral y el extitular de la Secretaría de la Función Pública fue sentenciado a multas millonarias.
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Piden de 4 a 12 años de cárcel para equipo médico que atendió a Maradona antes de morir
La fiscalía pidió este jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de 12 años de prisión para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov. Además, pidió 10 años de inhabilitación profesional para ellos.
Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del futbolista.
“Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado”, dijo Ferrari, al comenzar este jueves la etapa de alegatos en el juicio que se ha prolongado por siete meses en la ciudad de San Isidro, al norte de Buenos Aires.
Otros tres integrantes del equipo médico -un psicólogo, un enfermero y su coordinador- fueron acusados de homicidio culposo (no intencional). El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para el psicólogo y de cuatro años para los otros dos acusados.
El fiscal señaló que, en su caso, el juicio no probó indiferencia pero sí un “cúmulo de acciones negligentes e imprudentes”. Ferrari se abstuvo de pedir la detención inmediata de los acusados en caso de ser hallados culpables, pero solicitó que no se les permita salir del país.
La fiscalía decidió no presentar cargos contra un séptimo imputado, el médico clínico Pedro Di Spagna. “No lo puedo creer, todavía no caigo”, exclamó Di Spagna a periodistas tras escuchar el pedido de absolución por parte de la fiscalía.
Muerte “evitable”
Los fiscales exhibieron una vez más las fotos de Maradona fallecido. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, presentes en la sala, rompieron en llanto. “La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, dijo el otro fiscal de la causa, Cosme Iribarren.
Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio durante una internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.
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El astro se recuperaba allí de una cirugía exitosa por un hematoma subdural en la cabeza a la que fue sometido el 3 de noviembre de ese año.
“A su suerte”
Según Ferrari, los integrantes del equipo médico “infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”.
“Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo”, dijo Ferrari.
Fernando Burlando, abogado de dos de las hijas de Maradona, dijo a periodistas en la puerta del tribunal que los alegatos de los fiscales habían sido “brillantes”.
Los acusados claman inocencia. Tras los alegatos, el abogado de la psiquiatra Cosachov consideró que “no está probado el dolo eventual” en su caso. “Es un punto flojo del alegato de la fiscalía”, dijo a la AFP el defensor Vadim Mischanchuk.
Tras casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, “el núcleo histórico de la imputación ha permanecido intacto”, según el fiscal.
El juicio entró este jueves en su recta final, con el inicio de los alegatos de la fiscalía y de las querellas, que se prevé que duren dos semanas.
- Fuente: AFP
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Fallece el exministro de la Corte, Sindulfo Blanco, en un trágico accidente de tránsito
El exministro de la Corte Suprema de Justicia y exintegrante de la sala penal de la máxima instancia judicial, Sindulfo Blanco, falleció en la tarde de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en el tramo que une Nueva Italia con la ciudad de Carapeguá. De acuerdo con los primeros datos, el exalto magistrado se dirigía a la ciudad de Misiones.
Según los informes preliminares, uno de los vehículos involucrados terminó volcado al costado del camino. El rodado en el que viajaba el exalto magistrado era una camioneta Toyota, modelo Fortuner, color blanco, con chapa N.° HFF893, que estaba al mando de Rebeca Mariana Soto Insaurralde, de 32 años, quien resultó con lesiones. Asimismo, iban en la camioneta accidentada María Auxiliadora Insaurralde y Ámbar Guadalupe Blanco Insaurralde. Las mismas sufrieron heridas y fueron derivadas al Hospital de Carapeguá.
El otro rodado involucrado en el accidente es una motocicleta de la marca Leopard, modelo KH 150, con chapa N.° 532 ABUL, color negro, la cual se encontraba estacionada al costado de la ruta, afectando parte del asfalto, y era conducida por Reinaldo Delvalle, quien no sufrió lesiones.
De acuerdo con el reporte policial, la camioneta circulaba por la Ruta Paraguay 18 Tte. Ramón Trigo de norte a sur y, en un momento dado, chocó contra la motocicleta mencionada anteriormente. Esta se encontraba estacionada al costado de la ruta a cargo de Reinaldo Delvalle, quien en ese instante se había bajado para realizar sus necesidades fisiológicas. A raíz del impacto, se produjo el vuelco de la camioneta, percance en el cual perdió la vida el exministro Sindulfo Blanco, mientras que los demás ocupantes sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital de Carapeguá.
El exministro de la Corte, Sindulfo Blanco, ocupó el cargo en la máxima instancia judicial por varios años, hasta que en el 2018 fue removido de su cargo vía juicio político. Por su parte, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción expresó su profundo dolor por el fallecimiento del doctor Blanco y declaró duelo institucional por dos días.
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Hernán Rivas condenado: ¿y ahora?
- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Tribunal define este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas
El Tribunal de Sentencia definirá este jueves si condena o absuelve al exsenador Hernán Rivas, acusado por la presunta producción y uso de documentos públicos de contenido falso para acreditar un título de abogado. La jornada judicial inicia a las 9:30 con los alegatos finales de la abogada defensora, Alba Zaracho; una vez concluida esta etapa, y de no presentarse réplicas fiscales, los jueces ingresarán a un cuarto intermedio para deliberar y emitir su fallo.
Durante la fase final de alegatos, la representación del Ministerio Público sostuvo que el cúmulo probatorio exhibido en el juicio oral demostró de forma contundente la irregularidad del documento. Según los investigadores, los antecedentes académicos consignados en el certificado de estudios y la titulación de Rivas no corresponden a ninguna trayectoria universitaria real ni verificable dentro del sistema de educación superior.
En consecuencia, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez argumentaron que los ilícitos imputados quedaron plenamente acreditados a lo largo del debate procesal. Por ello, la representación fiscal solicitó formalmente una condena de 12 años de pena privativa de libertad para el exlegislador, por los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
La decisión final sobre el futuro judicial del exsenador estará en manos del colegiado integrado por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, en la presidencia, junto a los magistrados Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El tribunal deberá valorar las pruebas rendidas para determinar la existencia del delito y expedirse mediante una sentencia condenatoria o la absolución del acusado.