La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.

La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.

Lea también: Núñez dice que Cartes tiene allanado el camino para su reelección en la ANR: “No hay una figura en frente”

El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

Te puede interesar: Caso Boidanich: “No amerita una condena”, afirma el abogado Lovera

Garantizar la seguridad de los niños en línea es una “prioridad urgente”, declaró este viernes Naciones Unidas, al alertar sobre las deficiencias de las restricciones de edad aprobadas recientemente en varios países. Los abusos en línea “son el resultado de decisiones de diseño y prácticas comerciales que comprometen la seguridad, en particular funciones adictivas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones incesantes de las aplicaciones”, aseguró en un comunicado Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

"Reforzar la protección de los niños en línea es una prioridad urgente por la que debemos velar no solo para que se implemente, sino también para que se haga correctamente", añadió. Türk pidió medidas más firmes tanto de los Estados como de las empresas, al asegurar que “limitarse a restringir el acceso a las plataformas que siguen siendo peligrosas no puede ser un fin en sí mismo para proteger eficazmente a los niños”.

Australia prohibió en 2025 varias redes sociales para menores de 16 años, lo que despertó el interés de muchos países. En Francia, el Senado aprobó un proyecto de ley destinado a prohibir las redes sociales para menores de 15 años. Para Türk, centrarse únicamente en estas restricciones no cambiará en nada los diseños y los algoritmos que han hecho que estas plataformas sean peligrosas.

Los gigantes tecnológicos deben integrar la seguridad “desde el diseño, en lugar de hacer recaer esta responsabilidad en los padres y los niños”, añadió. El alto comisionado también señaló que las prohibiciones pueden eludirse fácilmente y que le preocupa que tales restricciones puedan empujar a los menores hacia plataformas más riesgosas y aún menos supervisadas.

Su oficina publicó diez directrices para la seguridad de los más pequeños en internet. Estas prevén, en particular, garantizar la máxima protección de los datos de los niños de manera predeterminada. Indican, por ejemplo, que la “microsegmentación” de menores con fines comerciales “no debería permitirse”.

Fuente: AFP.

Este jueves, unos niños de la localidad de Horqueta, departamento de Concepción, hallaron una artefacto parecido a una granada que asustó a todo un barrio y dieron aviso a la Policía Nacional. Tras las inspección de las experto, se confirmó que se trataba de una granada de gas lacrimógeno.

Según el corresponsal de Nación Media, Ángel Flecha, el hallazgo se produjo en el barrio San Antonio de la citada localidad. Lo que parecía un artefacto explosivo fue encontrado en un árbol por unos niños que estaban jugando en una chanca de fútbol sobre la avenida Capitán Sosa y Pedro Juan Caballero.

Rápidamente dieron aviso a sus padres, quienes contactaron con la Policía Nacional y alertaron sobre la presencia de lo que sería un explosivo tipo granada. Los efectivos junto a expertos explosivistas llegaron al sitio, aislaron la zona y se pudo determinar que se trataba de un elemento de gas lacrimógeno.

Lea también: Llegaron los “Alfaritos”, un homenaje al DT de la Selección Paraguaya en Areguá

“La fiscal Claudia Huespe aclaró que se trata de una granada del tipo gas lacrimógeno. Esto luego de que se realizó un análisis del artefacto que en principio se creyó que era explosivo”, expresó Flecha, en el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Aclaró que vecinos de la zona vieron a una persona y se presume que fue esta la que dejó la granada entre las ramas del árbol. Se tienen la descripción e indican que fue un hombre, pero no se cuenta con imágenes de cámaras de seguridad en la zona.

Las autoridades buscan dar con el paradero de este sujeto para determinar cuál era su intención y saber de dónde sacó este gas, que sería de uso militar. “No pertenecería a la Policía, sino que es de uso militar, no representa un peligro directo, pero podría traer otro tipo de consecuencia al activarse”, puntualizó.

Te puede interesar: Ratifican prisión preventiva de conductor de plataforma imputado por la muerte de su pasajero

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.