El juicio oral y público contra el exsenador colorado Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippmann, y Carmelo Caballero continuará este miércoles, a las 9:00, con la contestación de los incidentes por parte del Ministerio Público. El presente proceso penal es por los delitos de tráfico de influencias y asociación criminal por el caso de la filtración de los audios.
La diligencia judicial se inició este martes luego de tres intentos fallidos debido a que dos de los acusados habían dado positivo al COVID-19, por lo que se postergaron en su momento el inicio de la audiencia oral.
Al comenzar el juicio oral, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Sentencia, conformado por Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, excluir de entre las pruebas el único audio que se tiene contra los acusados. Igualmente, el abogado Álvaro Arias, defensor de Fernández Lippmann, pidió al colegiado excluir la declaración como testigo en juicio de la periodista Mabel Rehnfeldt.
Te puede interesar: Corte suspende como abogado a Mario Vega, extitular del Indert
Asimismo, la abogada Sara Parquet, representante legal de González Daher, solicitó la nulidad absoluta de dos porciones de los hechos acusados al exsenador colorado por no reunir los requisitos legales establecidos en nuestra normativa legal.
El caso de los audios filtrados derivó en la destitución como senador de Óscar González Daher, quien en ese momento también presidía el JEM, y la renuncia de Oviedo Matto, quien también formó parte del organismo extrapoder.
Podes leer: Condena de 20 años para quien disparó a joven en 2017, en Ybyrarobaná
Dejanos tu comentario
Condenan a 14 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra
Un tribunal de sentencia condenó a 14 años de cárcel a un hombre luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños cuya víctima fue su hijastra de 14 años de edad. La agente fiscal Laury Vázquez fue quien representó al Ministerio Público en el juicio oral.
Los jueces de sentencia Salvador Martínez, Carlos Antonio López y Osvaldo Rivas encontraron culpable al acusado por el delito mencionado. Los magistrados mencionaron que el Ministerio Público pudo arrimar todos los elementos probatorios para llegar a la sentencia condenatoria.
Te puede interesar: Pelea de vecinos termina a balazos en Asunción
La fiscala, en sus alegatos finales había solicitado una pena de 18 años, no obstante, el órgano juzgador dictó una sentencia de 14 años de pena privativa de libertad. El suceso se produjo desde el año 2022 al 2023, en la compañía Caracara-í, distrito de Caazapá. La víctima fue sometida sistemáticamente por su padrastro.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá la última palabra y resolver si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o realizar un nuevo juicio oral y público.
Podes leer: Ratifican condena a excontadora de jugadores de Cerro
Dejanos tu comentario
José Oviedo: “La justicia es permisiva con los casos de corrupción”
El senador José Oviedo cuestionó el rol del sistema de justicia en la lucha contra la corrupción y apuntó a la falta de independencia del Poder Judicial como uno de los principales obstáculos para erradicarla.
“La impunidad es lo que permite que los casos sigan”, afirmó en una entrevista, donde también sostuvo que “la justicia es la que está siendo permisiva con los casos de corrupción”, expresó el legislador de Cruzada Nacional en contacto con La Nación/Nación Media.
Oviedo citó un informe del Fondo Monetario Internacional, según el cual Paraguay pierde aproximadamente USD 1.500 millones al año a causa de la corrupción. “Eso es muchísimo, aunque estimo que el monto es superior. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer: infraestructura, rutas, escuelas, inclusive podemos pagar con eso nuestro déficit que ronda el 2% anualmente”, subrayó.
El parlamentario señaló que cada año se repite el mismo patrón: “La Contraloría audita a las instituciones y año tras año elevan su informe, y son millones y millones que no son bien justificados. Eso no significa necesariamente que haya desvío de fondos, pero no se justifican debidamente”. Aseguró que muchos de esos casos llegan al Ministerio Público, pero que “no conozco muchos casos de personas responsables de casos de corrupción que estén en la cárcel”.
Problema estructural
Para Oviedo, el problema de fondo es estructural. “La justicia aún no es completamente independiente, aún depende del poder político”, indicó, y citó como ejemplo la influencia en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “Vimos cómo se inmiscuía el poder político en las decisiones del jurado en los chats filtrados del difunto diputado Eulalio ‘Lalo’ Gómez”.
En ese sentido, recordó que recientemente presentó un proyecto de ley para modificar la normativa del JEM y así evitar su uso como “garrote político” contra jueces. “Tenemos que buscar la forma de independizar al Poder Judicial del poder político”, enfatizó.
El senador también insistió en que los responsables de las instituciones deben asumir un rol activo para frenar la corrupción. “Si uno ve que se están cometiendo actos de corrupción, hay que tomar las medidas correctivas necesarias y no veo que eso esté sucediendo. Tiene que haber un cambio de paradigma, de mentalidad de quienes ejercen el gobierno”, expresó.
Finalmente, consideró que la lucha contra la corrupción debe ser un esfuerzo colectivo. “La corrupción ha permeado todas las instituciones públicas, incluso las privadas. Tenemos que ayudarnos entre todos para combatir, solamente del gobierno no va a venir la solución”.
Dejanos tu comentario
Condenan a 23 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de sus dos hijas
Un tribunal de sentencia de Caacupé condenó a un hombre a 23 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual, cuyas víctimas son sus hijas biológicas que entonces tenían 4 y 7 años de edad. El fiscal del presente caso es Christian Benítez.
De acuerdo al fallo del colegiado, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en la gravedad del caso registrado por lo que decidió condenar al acusado a la pena privativa de libertad de 23 años de cárcel.
De acuerdo a la investigación del caso, los hechos ocurrieron durante varios años entre el año 2013 y el 2023, en la localidad de Emboscada, departamento de Cordillera.
Ahora la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación de Cordillera el que tendrá que estudiar los argumentos de la defensa y resolver si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o en su defecto deciden disponer la realización de un juicio oral y público.
En caso de que se confirme la sentencia, la defensa del condenado podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así serán los ministros de la máxima instancia judicial quienes tendrán la última palabra sobre si confirman la sentencia condenatoria.
Podes leer: nulan absolución del exfiscal general Díaz Verón y su esposa y ordenan nuevo juicio oral
Dejanos tu comentario
Álvaro Uribe, el primer expresidente colombiano condenado por vínculo paramilitar
Con su puño de hierro contra las guerrillas, el expresidente colombiano Álvaro Uribe amasó una popularidad a prueba de balas. Pero una histórica condena le hace mella al líder de la derecha cuestionado por sus presuntos vínculos con paramilitares. El político que gobernó el país entre 2002 y 2010 fue declarado culpable de sobornar testigos para que atestiguaran a su favor sobre su participación de estos escuadrones de ultraderecha. Es el primer expresidente del país condenado por la justicia penal.
Hijo de un hacendado y nacido hace 73 años en Medellín, Uribe llegó al poder cuando el país ardía por el enfrentamiento entre guerrilleros, paramilitares y fuerzas del Estado. Logró una cuestionada reforma constitucional que le permitió reelegirse y gobernar ocho años consecutivos, en los que se convirtió en el verdugo de las extintas FARC, a las que acusa de haber matado a su padre.
De hablar pausado y oratoria convincente, también es conocido por acaloradas declaraciones y una famosa llamada telefónica filtrada a la prensa, en la que insulta a su interlocutor y amenaza con golpearlo. De la mano de Estados Unidos, con el Plan Colombia como brazo financiero y militar, lanzó una ofensiva sin precedentes contra las FARC.
Lea más: A dos semanas de un ACV falleció la exboxeadora argentina “Locomotora” Oliveras
“A esos bandidos les llegó la hora de la derrota total”, dijo en 2003 Uribe, que también fue senador (1986-1994 y 2014-2020) y gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997). Al tiempo que mejoró la percepción de seguridad, su gobierno fue cuestionado por miles de asesinatos cometidos por militares durante la lucha contra las guerrillas.
Han sido documentados más de 6.000 “falsos positivos”, civiles acribillados y vestidos como guerrilleros para inflar resultados de combate y recibir recompensas. De las ocho millones de víctimas que por entonces dejaba el conflicto armado -entre desplazados, muertos y heridos-, el 40% se registraron durante su mandato.
Líder de la derecha
Con una popularidad que rondó el 80% durante su gobierno, Uribe abandonó el poder en 2010, después que la justicia vetara un referéndum para postularse a un tercer mandato consecutivo. El dirigente que se precia de no saber bailar ni cantar, ni contar chistes y ser adicto al trabajo, nunca pensó en el retiro. Tras su salida de la presidencia, regresó al Congreso y rompió récords: en 2018 se convirtió en el senador más votado en la historia colombiana y prometió servir al país “hasta el último día” de su vida.
Así se reafirmó como padre de la derecha moderna al frente del partido Centro Democrático, bastión opositor y semillero de sus herederos políticos. Pese a escándalos de corrupción, espionaje y vínculos con paramilitares que enredan a su círculo cercano, en marzo amasaba una popularidad del 52%, según una encuesta de Bloomberg.
Uribe podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión. Este juicio es el más sonado y politizado de las últimas décadas en el país, y es la punta del iceberg de otras investigaciones sobre sus nexos con los paramilitares antiguerrillas que entregaron las armas bajo su gobierno, en una controvertida negociación.
Lea también: Argentina solicita formalmente a EE. UU. la entrada sin visa de sus ciudadanos
“Miedo”
De baja estatura y cabello blanco, Uribe es una figura que divide a los colombianos. Pero hasta los más críticos ven en él un actor clave en la desmovilización de las FARC tras ocho años de golpearlas sin clemencia. Estuvo detrás de la elección de su sucesor, Juan Manuel Santos (2010-2018). Pero entonces ocurrió lo impensable: Santos, que luego ganaría el Nobel de la Paz, decidió negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Uribe lo acusó de traición.
En 2014, tomó las riendas de la oposición desde el Senado y orquestó la elección de su delfín Iván Duque (2018-2022). Desde entonces ha cosechado apoyo con su rechazo al acuerdo que desarmó a las FARC, y más recientemente con sus críticas al primer gobierno de izquierda de Colombia, del exguerrillero Gustavo Petro.
De origen liberal y formado en Derecho, con estudios en Harvard, Uribe llegó al poder en primera vuelta electoral con un discurso radical. El conflicto interno había entrado en un período crítico por el fracaso de una tentativa de paz con las FARC, la arremetida paramilitar y un boyante negocio del narcotráfico.
“Uribe supo aprovechar el miedo que la sociedad colombiana sentía frente a la violencia y la inseguridad para legitimar un proyecto político basado en la mano firme del Estado” que llamó “seguridad democrática”, dice la politóloga de la Universidad de Los Andes, Laura Wills-Otero. Sobrevivió a 15 atentados. El día de su posesión, las FARC atacaron con cohetes la sede presidencial. Amante de los caballos y siempre protegido por un robusto esquema de seguridad, es reservado sobre su vida familiar. Es casado y tiene dos hijos empresarios.
Fuente: AFP.