El diputado colorado Ulises Quintana, acusado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, seguirá recluido en la cárcel militar de Viñas Cue. Así resolvió la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo, quien rechazó hacer lugar a la libertad del referido legislador.
La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo esta mañana en Palacio de Justicia de forma telemática. La defensa tiene la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así, un Tribunal de Apelación deberá analizar si corresponde revocar la resolución y ordenar la libertad del diputado colorado.
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La defensa del parlamentario, a cargo del abogado Óscar Germán Latorre, ya planteó su libertad en reiteradas ocasiones, pero en todas les fue denegada la petición debido a que existe un peligro inminente de fuga, según siempre se argumentó.
En el mismo caso están acusados Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, así como agentes fiscales y policiales. En algunos casos, los procesados cuentan con medidas alternativas a la prisión porque fueron procesados por hechos punibles considerados como delitos.
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“Lo más prudente es esperar el informe”, dice diputado sobre intervención de Asunción
El diputado Rodrigo Gamarra, quien encabeza la comisión especial de intervención de la Municipalidad de Asunción, manifestó que el posicionamiento del movimiento Honor Colorado se ceñirá a lo que refleje el informe final elaborado por el economista Carlos Pereira sobre la gestión del intendente Óscar Rodríguez, que se presentará este viernes.
“Creo que debería ser lo más correcto. La persona que hizo el trabajo técnico, que debe estar sustentando en documentos, son los ojos y oídos en este proceso. Nuestra Cámara se caracteriza por la coherencia. Lo más prudente es esperar el informe”, sostuvo Gamarra, este jueves, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, el legislador manifestó “no sabemos aún qué contiene y en qué está sustentado el proceso de intervención. Rodríguez sostiene que no hay motivos y que toda su administración está documentada y en regla, que no existen causales suficientes para sacarlo o para que renuncie”.
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Gamarra señaló que su recomendación personal a Rodríguez sería que presente su renuncia al cargo en caso de constatarse graves irregularidades en su administración. El proceso de fiscalización se inició el pasado 24 junio sobre seis observaciones señaladas por la Contraloría General de la República (CGR), que derivaron en la intervención.
“Yo soy del mismo equipo que el intendente, es mi amigo, lo conozco y, con todo esto, ante el pedido de intervención nosotros actuamos desde la comisión de manera totalmente imparcial, a puertas abiertas. Si es que hay causales que ameriten llegar a una causa extrema, yo le recomendaría renunciar, pero esta es una posición personal, no del movimiento”, dijo el parlamentario.
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Corte ratifica condena para acusado por incautación de billetes venezolanos
La sala penal de la Corte ratificó la condena de 3 años y 6 meses de prisión para Bruno José Da Costa Amaral, quien fue encontrado culpable por lavado de dinero debido a la tenencia de billetes venezolanos que pretendían ser vendidos en el mercado negro. En febrero del año 2017 fueron encontradas más de 500 bolsas llenas de bolívares venezolanos de diversos valores en una residencia de la conocida familia Da Costa Amaral, de Salto del Guairá.
La defensa del condenado recurrió a la Corte buscando dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia.
La ministra Carolina Llanes sostuvo que el escrito de la defensa del condenado carece de la debida argumentación jurídica y de la exposición concreta de los agravios, tal como exige el artículo 478 del Código Procesal Penal.
En el mismo sentido votó el ministro Luis María Benítez Riera, quien se adhirió a la postura de Llanes, señalando que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación crítica y precisa, lo que lo tornaba inadmisible.
En disidencia, el ministro Ramírez Candia consideró que el recurso debía admitirse, pues la defensa había planteado cuestionamientos sobre la supuesta orfandad argumentativa de la sentencia, la violación del principio de congruencia y la valoración probatoria.
Finalmente, por mayoría de votos, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el recurso y declarar inadmisible la casación, quedando firme la sentencia condenatoria dictada contra Da Costa Amaral en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
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“Hubo un descarado robo a las arcas de Ciudad del Este”, afirma diputado Meza
El diputado Hugo Meza cuestionó duramente a la oposición por un doble discurso, apuntando a un fraude electoral, refiriéndose a las conductas del ahora exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Durante el tratamiento del pedido de destitución, el debate fue bastante intenso, principalmente de los legisladores de la oposición, que pese a los resultados de la intervención, seguían defendiendo a Prieto.
“Que muchas mentiras se dijeron en este pleno de cara a la ciudadanía. Es la crónica de unos hechos, de robos, de malversaciones, plenamente comprobados y documentados. Escuché que acá se quiso categorizar los robos, con un afán extraordinario, se quiere decir cuál es un robo chico y cuál es un robo grande”, criticó el diputado Meza.
Para el legislador, el pertenecer a la oposición o ganar en unas elecciones, no le habilita a una autoridad al robo de las arcas de la institución. “Quieren instalar que el intendente de Ciudad del Este casi está comprendido en un robo bagatelario, inclusive se recurre a una frase poco feliz, porque tuvo 81.000 votos le habilita para robar, esa es una falacia muy grande y un mensaje dañino para nuestra democracia, donde el mayor cáncer que tenemos sigue siendo la corrupción y la impunidad”, sentenció.
Ante todas las irregularidades señaladas en su administración, calificó a Prieto como un fraude. “Es una estafa electoral, porque ustedes dijeron que iban a ser mejores de los que se fueron, y a la luz de lo que hoy estamos viendo, acá hubo un robo descarado a las arcas municipales de Ciudad del Este”, puntualizó.
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Superintendente de Salud niega injerencia política en sanción de sanatorio esteño
El titular de la Superintendencia de la Salud, el doctor Roberto Melgarejo, negó que tenga fines políticos la sanción del Sanatorio del Parque, en Ciudad del Este, vinculado a la familia del diputado prietista Guillermo Rodríguez, quien denunció la medida como una supuesta “persecución política” y “terrorismo de Estado”. “Acá no hay un ánimo de perseguir a nadie, solo la necesidad de que se formalicen las cosas”, indicó el superintendente.
“Este diputado es un gran mentiroso y me molesta que diga que esto es una cuestión política, es un gran disparatero. No solo maltrató a mis funcionarios, sino a mi persona y toda la institución. La habilitación por parte del Ministerio de Salud y el registro de Superintendencia tenían vencidos“, dijo Melgarejo, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Melgarejo mencionó que “ninguna entidad puede estar prestando servicio sin la debida habilitación y el registro. Estaban en una contravención, entonces debe ser clausurado hasta tanto regularicen su situación. Ellos, en principio, dijeron que tenían en proceso de renovación de habilitación, pero no presentaron ningún tipo de documentaciones. Incluso, uno de ellos admitió en voz baja que todavía no hicieron los papeles”.
Señaló que funcionarios de la institución no solo intervinieron el sanatorio privado de Ciudad del Este, sino que también en las localidades de Presidente Franco y Hernandarias. “Se visitaron 340 entidades prestadoras, aproximadamente. El diputado dijo que fue una visita puntual, esa es la primera gran mentira. Dijo que esto se enmarca dentro de una persecución, pero, de ninguna manera, nosotros ni sabíamos que era propietario su padre o su familia, y mis funcionarios menos, ni tienen por qué saber”, comentó.
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Iniciaron trámites tras intervención
Detalló que el procedimiento de fiscalización fue ejecutado el pasado lunes 11 de agosto. Mientras que el miércoles 14 de agosto ingresó por mesa de entrada de la Superintendencia de Salud una nota de reconsideración presentada por el centro médico privado, solicitando que se entienda la situación, aceptando que no cuentan con los papeles y que están en falta.
“Además en la nota adjuntan que ya iniciaron el proceso de renovación de las documentaciones y que lo iniciaron el 12 de agosto, es decir después de la intervención. El diputado dijo que el proceso inició mucho antes y que lo nuestro era una cuestión arbitraria, pero esta es una segunda gran mentira”,
Agregó que la tercera gran mentira esgrimida por Rodríguez es cuando dice que ningún proceso de renovación en el Ministerio de Salud no se puede iniciar hasta tanto se venza la habilitación. “Hay una resolución del año 2020, en la cual cualquier entidad prestadora de servicio pueden iniciar hasta 90 días antes la renovación de su habilitación. Si en este plazo no se inició y llega el momento de vencimiento de su habilitación, entonces la entidad quedará clausurada hasta que los documentos estén en forma regular”, manifestó.
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