A 21 días del accidente vial que involucró al diputado abdista Mauricio Espínola, quedó expuesta una presunta deficiencia en la actuación policial para determinar las circunstancias del hecho que arrojó como víctima fatal a un motociclista identificado como Emilio Benítez Chaparro, de 30 años, fallecido el 27 de mayo, tras haber padecido un traumatismo craneoencefálico moderado.

En la intervención policial del accidente registrado el 16 de mayo sobre la avenida Kubitschek y Cerro Corá, en el barrio Mburicaó de Asunción, no se recabaron elementos fundamentales para la investigación del hecho, como la identificación completa de los testigos presenciales y sus respectivas versiones detalladas, ni el requerimiento inmediato de cámaras de circuito cerrado de la zona, con el fin de preservar las evidencias.

Las graves omisiones en la recolección de datos quedaron exhibidas en una entrevista realizada por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, al subcomisario Víctor Ovelar, subjefe de la Comisaría 7.ª de Asunción, durante el programa “Arriba hoy”.

El caso fue registrado en un primer momento como un accidente con lesión, pese a que Benítez Chaparro se encontraba tendido en el asfalto en un estado crítico y sin lucidez, de acuerdo a las afirmaciones de una conductora, quien fue una de sus principales socorristas, instantes después de producirse el impacto.

“A nivel de procedimiento policial agotamos todas las actuaciones que compete a la Policía Nacional. En ese momento no se pidió cámaras, lo que requiere la ley es auxiliar al lesionado, nosotros pasamos todos los informes al Ministerio Público, a partir de ahí esa institución guía las investigaciones”, comentó Ovelar.

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Este hecho evidencia una valoración inicial inadecuada de la gravedad del trágico accidente que derivó actualmente en la imputación de Espínola por homicidio culposo. El agente oficial reconoció que los intervinientes llegaron luego de ocurrido el accidente y que el procedimiento se limitó al auxilio de la víctima y al traslado del legislador hasta una sede de la Patrulla Caminera con el fin de realizarle el control de alcotest.

En casos similares, la Policía Nacional debe asegurar el lugar, asistir a los afectados y levantar toda la información relevante, incluyendo datos de testigos y la identificación de posibles registros fílmicos. A la vez, debe preservar las evidencias y comunicar a la Fiscalía cuando el hecho pueda constituir un delito.

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El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país. El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.

El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí.

El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, según confirmaron familiares a la AFP, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos. La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.

Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.

“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.

El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve). La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez (1999-2013) y falleció en esta cárcel en 2021.

Durante la noche, este colectivo volvió a acercarse a El Helicoide para realizar una vigilia como lo han hecho desde hace 147 días para pedir por la liberación de los presos políticos.

“Seguimos insistiendo: estas personas no tienen por qué estar detenidas, y mucho menos someter a sus familias a la incertidumbre de preguntarse cómo están”, dijo el comité en X.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció en enero el cierre de esta cárcel, semanas después de la captura de Nicolás Maduro durante una incursión estadounidense que incluyó bombardeos a Caracas y ciudades vecinas.

Los alrededores de la prisión lucían tranquilos durante el día. Uno de los agentes encargados de la vigilancia del lugar indicó a una periodista de la AFP que “ya no quedaba nadie” en el interior.

El miércoles, familiares protagonizaron en el exterior del Helicoide escenas de llanto y desesperación por no saber del paradero de sus seres queridos, ante una barrera de uniformados.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) expresó preocupación por la falta de información previa a los traslados y aclaró que “las autoridades no han publicado un listado oficial”.

Esta ONG precisó que en El Helicoide había más de 70 prisioneros.

El exdiputado Renzo Prieto, quien pasó cuatro años y 23 días en El Helicoide, dijo a la AFP que más allá del cierre de esta prisión y de “otros centros de tortura” es fundamental que “el Estado cambie su política represiva”. “De lo contrario es puro show”, señaló al recordar que cuando estuvo ahí vio personas durmiendo en las escaleras y “con ratas que a veces le mordisqueaban los dedos de los pies”.

Fuente: AFP.

El acta policial remitida al Ministerio Público refiere que el accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el diputado abdista Mauricio Espínola se llevó la peor parte el motociclista Emilio Benítez Chaparro, quien fue trasladado al Hospital del Trauma, donde se produjo su deceso 11 días después.

El diputado se adelantó con un acuerdo económico y esto genera especulación sobre el curso que pudiera darse al caso que, hoy tiene una víctima fatal.

Al mando de su camioneta Toyota Fortuner del año, el diputado abdista Mauricio Espínola estuvo involucrado en un accidente de tránsito ocurrido el 16 de mayo pasado y que generó múltiples lesiones a un motociclista de nombre Emilio Benítez Chaparro, quien posteriormente falleció por traumatismo de cráneo encefálico.

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Desde el momento del percance, la víctima fatal estuvo en desventaja debido a los golpes que recibió con el impacto impidió contar su historia sobre los detalles del suceso. El acta policial remitida al Ministerio Público, específicamente a la fiscal Mercedes Vera consigna lo manifestado por el diputado abdista, no así el testimonio del hoy fallecido motociclista.

Los intervinientes alegan que por las condiciones del fallecido motociclista, este no pudo brindar declaraciones. De hecho, a diferencia de los demás mencionados en el acta policial no figura ningún número de celular de la víctima fatal o de contacto de algún familiar.

Desde la redacción nos comunicamos con los intervinientes como la fiscal Vera, pero no pudieron ayudarnos a contactar con algún familiar de Benítez. Consultada de, cómo sigue la causa con el fallecimiento del motociclista, la agente del Ministerio Público explicó que existe un acuerdo económico que el mismo Espínola acercó.

Vera dijo que por el duelo de la familia no está convocando a los involucrados. Refirió que citará a los familiares para ver si se ratifican en el acuerdo con Espínola.

Abogados consultados mencionaron que nada tiene que ver el acuerdo firmado entre el diputado abdista y los familiares de la víctima fatal. A partir del deceso, el Ministerio Público es dueño de la causa, debe proseguir con la imputación y procesamiento de Espínola.

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El diputado Alejandro Aguilera indicó que el gobierno nacional es serio, responsable y está llevando bien las riendas de la economía. Afirmó además que no tiene dudas de que las deudas con las empresas vialeras serán saldadas.

“Es una cuestión sencilla, las obras que se hicieron se tienen que pagar. Las empresas que hicieron esos trabajos tienen que cobrar ese dinero. Mucha gente depende de esas empresas”, señaló a TV Cámara.

El legislador colorado dijo que tanto obreros como proveedores de materiales dependen de esas empresas viales.

“El Estado tiene que ver los mecanismos para honrar esos compromisos. Y creo que está en condiciones de hacerlo. Es un gobierno serio y responsable. Está llevando bien las riendas de la economía el presidente de la República y no me queda la menor duda de que eso se va a cumplir”, indicó.

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Al igual que las farmacéuticas, las constructoras también rechazan el plan de factoraje que propone el Ministerio de Economía para saldar las deudas acumuladas al sostener que la medida no es equitativa.

Mediante un comunicado la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco)sentó postura en contra del factoraje reglamentado por el Poder Ejecutivo.

Para las vialeras, saldar la deuda es urgente, pero no es razonable presentar como propuesta de cumplimiento lo que, en realidad, “es un castigo al que ya cumplió”, conforme expresan.

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