Los sumariados son: la jueza penal de garantía Alicia Pedrozo y los abogados Javier Contreras Saguier, Madeleine Ruíz Zarate y Federico Campos López Moreira. Foto: Ilustrativa.
Caso Sabryna: ante rosario de chicanas, Corte sumarió a tres abogados y una jueza
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La Corte Suprema de Justicia en consideración de una denuncia formulada por presuntas irregularidades en la causa penal caratulada "Gerardo Stadecker S/ Feminicidio, y al resultado de la auditoría realizada en el referido expediente judicial, decidió instruir sumarios administrativos a la jueza penal de garantía Alicia Pedrozo y a los abogados Javier Contreras Saguier, Madeleine Ruíz Zarate y Federico Campos López Moreira.
Esta situación se da por la presentación de varias chicanas en el presente caso, que hizo que se dilate el proceso penal. Dicho sumario se inicia en base a las facultades disciplinarias conferidas por la Ley 609/95 y la Acordada Nº 709/11.
Asimismo, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia dispuso que los sumarios sean tramitados de forma independiente y separado para cada sujeto dentro del proceso disciplinario, a los efectos de una mejor investigación para el esclarecimiento de los hechos.
Las personas sumariadas están siendo notificadas en el marco del debido proceso, para que las mismas ejerzan su descargo dentro de esta investigación. El juez sumariante es el actual interventor del Consejo de Superintendencia de la máxima instancia judicial, Mario Elizeche, quien deberá elevar un informe a los ministros de la Corte, quienes analizarán si suspenden temporalmente o de forma definitiva las matrículas de los citados profesionales del derecho.
En cuanto a la magistrada Pedrozo, se analizaría suspenderla en sus funciones y remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para que este órgano analice si actuó correctamente o si existieron irregularidades.
El pasado martes 20 de octubre se tenía que realizar la audiencia preliminar para el acusado Gerardo Stadecker, pero la misma se volvió a suspender debido a una nueva recusación presentada por el abogado defensor Federico Campos López Moreira contra el juez de garantía Mirko Valinotti.
De esa manera se tuvo que suspender la diligencia judicial. Ahora el caso tendrá que ser destrabado por el tribunal de apelación quien se tiene que expedir si confirma la competencia de Valinotti.
Avance de la causa contra Abdo y gavilla está en manos de la Corte
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La Sala Penal deberá decidir la recusación contra los integrantes de un tribunal de alzada que fueron impugnados por la defensa del extitular de la Seprelad Carlos Arregui.
Hace más de 15 días que los ministros e integrantes de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia no resuelven la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas que se buscan recusar son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, quien además era titular de este organismo.
Una vez que los altos magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos deberán estudiar la recusación que se presentó contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que la referida magistrada sea confirmada para el presente caso deberá estudiar más de doce chicanas presentadas por los abogados de los excolaboradores de Mario Abdo Benítez, imputados por siete hechos punibles.
En la máxima instancia judicial ya se tiene un voto en relación a la recusación contra los integrantes del tribunal de alzada y solo faltarían dos votos para poder destrabar el presente proceso penal de Abdo y su gavilla.
Se espera que la máxima instancia judicial se expida en breve sobre la recusación que llegó a la Sala Constitucional.FOTO: ARCHIVO
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa no sabía de qué manera se hizo el sorteo para que pueda salir sorteado el tribunal de apelación, que luego fue recusado. Argumentan que no confían en el software de sorteo por lo que piden que sea público. El presente argumento no tiene sustento jurídico y la acusación fue al solo efecto de dilatar el presente caso que ahora está en manos de la sala penal de la Corte poder destrabar.
Igualmente, el abogado Emilio Fúster había recusado a la jueza penal de Garantías Lovera, quien debido a dicha situación no pudo realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares para los siete imputados en el presente caso. Si bien Mario Abdo y el diputado Mauricio Espínola fueron imputados por la Fiscalía, una vez que el Senado y la Cámara Baja retiren los fueros a ambos se admitirá la imputación para los dos.
ADMISIÓN DE IMPUTACIÓN
La jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió admitir la imputación contra Mario Abdo Benítez luego de reunir los requisitos establecidos en nuestra normativa legal y a su vez procesó penalmente a los imputados Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Farías, Guillermo Preda, y Francisco Pereira. Con relación al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espínola se pidió el desafuero correspondiente.
La Corte dispuso que Kattya González no vuelve al Senado
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González, que fue destituida tras ser acusada por sus excolegas por tráfico de influencias, y resolvió rechazar la medida cautelar de González, que pretendía volver al Senado.
El pasado 27 de febrero, a través de sus abogados, González recurrió a la máxima instancia judicial para presentar una acción de inconstitucionalidad y buscar la nulidad de la resolución que la despojó de su investidura el pasado 15 de febrero.
En aquella oportunidad, un total de 23 senadores acompañaron la expulsión de González, se registraron siete abstenciones y 15 ausencias. Con esta resolución, la Corte Suprema mantiene a Kattya fuera del Senado.
Luego de la incidentada sesión, González anunció que iba a recurrir a instancias internacionales para revertir el hecho; sin embargo, luego de una semana de silencio absoluto, presentó la inconstitucionalidad ante la Corte.
Sin embargo, no tuvo en cuenta que tras su expulsión ya juró su suplente y tomó posesión del cargo. Esta situación hacía inviable su reincorporación a la Cámara Alta, pero de igual manera recurrió a la Justicia, que ahora, como era de esperarse, falló en contra de Kattya González, quien con esta resolución ya no tiene instancia donde recurrir y definitivamente se queda sin banca en el Senado.
LIBELO ACUSATORIO
En el libelo acusatorio se mencionó el caso de planillerismo de los asesores de la parlamentaria, Soledad Blanco y José Torales; este último se desempeñaba como presidente del Partido Encuentro Nacional (PEN) y era funcionario de la Contraloría General de la República (CGR).
Torales percibía doble salario por parte del Estado, configurando el hecho una situación irregular, sin mencionar que contaba con el beneficio atribuido por la senadora González para no marcar su ingreso y salida del Senado. En ambos casos, se argumentó la inducción de la exsenadora.
El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate de una estancia administrada por la Senabico e incautada de Luis Carlos Da Rocha alías Cabeza Branca. Foto: Gentileza
Corte auditará expediente sobre remate de estancia ligada a “Cabeza Branca”
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El pleno de la Corte decidió realizar una auditoría de gestión con relación al expediente judicial del remate realizado por el juez de Capitán Bado, Ariel Sánchez Zaracho, de la estancia Nelly que está siendo administrada por la Senabico y que fue incautada del supuesto narcotraficante Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
El ministro y superintendente de la Circunscripción Judicial de Amabay César Diesel solicitó la auditoría al expediente judicial ”Grupo Paraná SA c/ Biocombustible Brasilero SA y/o señor Gilberto Suarez s/ Acción Preparatoria de Juicio Ejecutivo”, a los efectos de determinar lo ocurrido con las medidas cautelares.
Por su parte, el director jurídico de la Senabico, Gonzalo García señaló que “es otra estancia la que se remató y la firma Paraná llevó adelante el remate y el juzgado civil de Capitán Bado ordenó la subasta. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho una vez que se hizo el remate y a raíz de ello presentamos un incidente, por tal motivo el juez civil tuvo que suspender los trámites de la transferencia hasta tanto se resuelva lo que planteamos”.
“En el presente caso existen medidas cautelares y a pesar de ello, de igual manera se llevó a cabo remate”, explicó el director jurídico de la Senabico. Remarcó que no se pudo realizar la transferencia del inmueble por la presentación hecha. “La estancia Nelly tiene un valor aproximado de 8 millones de dólares y se adjudicó el acreedor, es decir, la empresa que reclama el crédito en el juicio civil”, dijo.
El resultado de la auditoría deberá ser presentada a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en caso de encontrarse irregularidad, el juez podría ser enjuiciado y suspendido en sus funciones por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El funcionario de J. A. Saldívar Sergio Espínola Villalba, el senador Líder Amarilla y el funcionario de IPS Renán Leguizamón, vinculados
a empresa denunciada por usura. Ninguno de los tres declaró ante Contraloría
Contraloría abre sumario a modesto funcionario, socio de Líder Amarilla
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La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.
Unidad de Investigación Nación Media
De chofer en Villa Elisa a encargado de contrataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empresas con millonarios contratos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.
Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).
NO PRESENTÓ DECLARACIONES JURADAS
Espínola Villalba figura actualmente como funcionario de la Municipalidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millones. Su deambular por la función pública había iniciado hace un par de años, cuando su primo, entonces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.
Sin embargo, pese a su ya largo camino como funcionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cualquier persona que se encuentre en el servicio estatal.
Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los documentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.
Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amarilla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estigarribia mediante la empresa Las Primas SA que, coincidentemente, fijaba dirección en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.
Las publicaciones periodísticas sobre los vínculos del funcionario comunal con varias empresas y la ausencia de presentación de sus manifestaciones de bienes empujaron a que la CGR inicie un proceso de sumario con respecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presentación de estos documentos.
Documento de la Abogacía del Tesoro revela que el modesto funcionario municipal Sergio Espínola Villalba y el senador liberal Líder Amarilla figuran como accionistas de empresa denunciada por usura
LIGADO A VARIAS EMPRESAS
Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.
Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alternaba cargos de vicepresidente y presidente en la inmobiliaria.
Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), aparece también como vicepresidente de Terranova Inmobiliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Ministerio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societarias como secretario.
Tanto Espínola como Leguizamón también aparecen como accionistas y representantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de intendente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcionario de IPS Renán Leguizamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.
Funcionarios de la Municipalidad de J.A. Saldívar y de IPS aparecen en una de las empresas adjudicadas con millonarios contratos en Villa Elisa durante la administración del senador liberal Líder Amarilla y el actual gobernador de Central, Ricardo Estigarribia
DENUNCIADOS POR USURA
En febrero pasado el concejal de Itá Fidel León había por usura, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al senador Líder Santiago Amarilla, al funcionario municipal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmobiliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una transacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millones por parte de Líder Amarilla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.
SENADOR TAMPOCO DECLARÓ
En las declaraciones juradas presentadas por Amarilla tampoco aparecen registros de Terranova.
La única empresa que figura en la última manifestación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra acciones por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.