Varios gremios de productores presentaron esta mañana una denuncia penal ante la Fiscalía General por la conducta de los senadores Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santacruz, de supuestamente instigar a mantener la invasión de tierras en la estancia Pindó, en el departamento de Canindeyú.

Específicamente, se trasladaron hasta la sede del Ministerio Público, en el microcentro de Asunción, Gustavo Volpe, titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); Pedro Galli Romañach, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); el Ing. Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP); y Eugenio Schöller, de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), quienes fueron recibidos por la fiscala general, Sandra Quiñónez.

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Tras el encuentro y la radicación formal de la denuncia penal, Pedro Galli, titular de la ARP, manifestó a La Nación que se basan en hechos registrados en la estancia Pindó, donde comparecieron tres senadores de la República.

“Entendemos que sus actuaciones no se ajustan a la ley. Instigaron a invasores u ocupantes ilegales a permanecer en la propiedad privada. Instigaron a desobedecer las leyes, violando varios artículos de la Constitución Nacional, como por ejemplo el artículo 8 de la libertad y seguridad de las personas, el artículo 15 de la prohibición de hacer justicia en mano propia, el artículo 47 de la igualdad de todos ante la Ley, y el 109 de las garantías de la propiedad privada. Además, tenemos el artículo 98 del estatuto agrario, que prohíbe expresamente las expropiaciones de tierras en beneficio de ocupantes ilegales de tierra”, refirió el representante empresario.

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El dirigente gremial manifestó que adjuntaron con la denuncia los videos donde supuestamente se observa a los citados senadores incurriendo en las faltas denunciadas. “Esperamos que se abra una investigación para deslindar responsabilidades. La denuncia es contra personas innominadas, pero señalamos las actuaciones de los senadores Hugo Richer, Sixto Pereira y Pedro Santacruz”, dijo.

Galli agregó que estos legisladores, bajo la excusa de hacer una verificación in situ en representación de una comisión asesora para un proyecto de ley de expropiación, “arengaron a los ocupantes instigándolos a seguir contraviniendo las leyes”, según afirmó.

“Los incitaron a seguir con la ocupación ilegal, diciéndoles que era una cuestión de soberanía el hecho de seguir ocupando la propiedad privada. Ignorando delitos de deforestación de un área protegida. Es un conjunto de cosas que dan la impresión de inseguridad y debilitamiento de instituciones que hace 8 años no han podido cumplir con el desalojo de esa ocupación ilegal”, culminó.

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