Desde el 2012 hasta el mes de febrero de este año, el Ministerio Público ha ordenado en cinco oportunidades a la Policía Nacional hacer cumplir la orden de desalojo contra los ocupantes ilegales de la estancia Pindó ubicada en Curuguaty, departamento de Canindeyú, pero hasta la fecha las autoridades policiales no han podido ejecutar la orden de la Fiscalía.

En fecha 6 de marzo del 2012, el entonces fiscal de Curuguaty, Miguel Ángel Rojas, ha remitido el oficio Nº 318, con el que solicitó tres pelotones con refuerzo del personal de orden de seguridad con una cantidad de 50 agentes policiales de la Agrupación Montada para realizar una constitución en la estancia Pindó y proceder a la detención de los invasores que se encuentran en flagrancia dentro del citado inmueble. Este pedido no tuvo eco en las autoridades policiales de aquel entonces.

Asimismo, el fiscal de la zona de Curuguaty, Diosnel Giménez, en fecha 26 de abril del 2012 remitió un nuevo oficio fiscal Nº 526 al jefe de Policía Departamental de Canindeyú, a los efectos de solicitarle la cantidad suficiente de efectivos policiales para dar cumplimiento al desalojo de los invasores de la estancia Pindó. Este pedido tampoco tuvo retorno favorable de parte del alto jefe policial del referido departamento.

Nota remitida el 6 de marzo del 2012 por el entonces fiscal de Curuguaty, Miguel Ángel Rojas. Foto: Gentileza.

Posteriormente, el 29 de abril del 2013, el representante del Ministerio Público, Jalil Rachid, vía oficio fiscal Nº 264 vuelve a pedir gran cantidad de uniformados para poder realizar el desalojo de unas 200 personas que están de forma irregular en el establecimiento denominado Pindó. Rachid, al igual que los demás agentes fiscales, menciona que se debe dar cumplimiento al plan de acción conjunta donde se estableció que los ocupantes iban a salir del inmueble en un plazo razonable, pero como no sucedió tal situación, se pide refuerzo a los jefes policiales para hacer respetar la propiedad privada. Así como los demás pedidos fiscales, los agentes policiales no cumplieron el pedido de Rachid.

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En el 2015, el fiscal de Salto del Guairá, Lorenzo Lezcano, remitió el oficio fiscal Nº 732 al ministro del Interior, en el que se solicitó la comisión de agentes policiales para poder realizar el desalojo de la estancia Pindó, que cuenta con 4.499 hectáreas.

Documento remitido en el 2015 por el fiscal de Salto del Guairá Lorenzo Lezcano. Foto: Gentileza.

Posteriormente, en febrero de este año, el fiscal del caso Cristian Bartomeu volvió a enviar una nota Nº 300 al comandante de la Policía Nacional, Francisco Resquín, en la que pone a conocimiento de la alta autoridad policial que 150 personas están ocupando de forma ilegal la estancia Pindó y las mismas están armadas con armas de grueso calibre, escopetas, rifles, revolver, pistolas y armas blancas, por lo que se pide una buena dotación de agentes policiales para poder realizar la expulsión de los ocupantes ilegales del citado predio. Hasta el momento, ni el comandante ni el Ministerio del Interior han dado respuesta al presente oficio fiscal, por lo que demuestran un total desinterés.

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