Los camaristas Óscar Paiva Valdovinos, Giussepe Fossati y Nery Villalba son los que tendrán a su cargo estudiar si existe irregularidad en la resolución de la magistrada Tanía Irún. Foto: Gentileza.
Integran Tribunal que analizará si se anula fallo que otorgó 310 mil Há a extranjeros
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Se integró el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial que analizará si anula o no la resolución de la jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien hizo lugar de forma llamativa a una demanda que benefició a supuestas empresas offshore con 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay, Chaco. Los camaristas Óscar Paiva Valdovinos, Giussepe Fossati y Nery Villalba son los que tendrán a su cargo estudiar si existe irregularidad en la resolución de la magistrada Irún y, en caso de existir, se tendrá que dejar sin efecto el fallo judicial.
El juicio civil está caratulado como “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdon Investments Limited, contra Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.
La determinación judicial de primera instancia fue recurrida por los representantes legales de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. En el escrito se pide que se anule la resolución dictada por la jueza Irún, debido a que se incurrió en varias irregularidades como la violación de la Ley Nº 2.532/05 que prohíbe entregar tierras a extranjeros. Igualmente, existirían más irregularidades en el presente juicio civil.
JEM
A raíz de la resolución judicial firmada por la jueza Tanía Irún, y de acuerdo a publicaciones periodísticas en las que se mencionan numerosas irregularidades en el presente juicio civil, la Corte decidió reabrir la investigación contra la magistrada. Mientras, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por seis votos contra uno, iniciar el enjuiciamiento sin la suspensión de la magistrada Tanía Irún por existir indicios de irregularidad en la resolución firmada. Es más, el propio presidente del JEM, el senador Enrique Bacchetta, votó por enjuiciar y suspender a Irún. Este pedido no tuvo los votos suficientes, por lo que solo se procedió al enjuiciamiento sin la suspensión.
Ecuador: sicarios asesinaron a una jueza amenazada en 2025
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Una jueza de Ecuador fue asesinada a tiros cerca de la frontera con Perú en medio de un estado de excepción declarado por el gobierno en su lucha contra el crimen organizado, informaron autoridades ayer martes. La violencia no cede pese a las políticas de mano dura impuestas por el presidente Daniel Noboa como estados de excepción, toques de queda nocturnos y el despliegue permanente de militares en las calles.
Lady Pachar, de 41 años, fue baleada el lunes por dos sicarios en motocicleta en la ciudad de Machala (suroeste), cuando se movilizaba en un vehículo sin sus dos guardaespaldas, según la policía. Una fuente policial dijo el martes a la AFP que la jueza, quien había recibido amenazas en 2025, fue asesinada al parecer en represalia por la liberación de miembros de una banda.
Ana María Jaramillo, secretaria de la Comisión Académica del Colegio de Abogados de El Oro, aseguró que los jueces y fiscales quedan en riesgo cuando el gobierno revela las identidades de aquellos que considera corruptos o indulgentes con los criminales. Que “no sea irresponsable en dejar en evidencia a los jueces y juezas que administran justicia, sino que más bien les de la protección necesaria y suficiente para que puedan actuar con imparcialidad”, añadió.
Machala es capital de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú, el segundo país con más narcocultivos del mundo después de Colombia. Vecino de ambas naciones, Ecuador se ha convertido en el centro de operaciones de bandas criminales que sacan la droga por el Pacífico y se lucran internamente de otros delitos como la extorsión.
Con el respaldo del gobierno de Donald Trump, Noboa intenta frenar la violencia desde que llegó al poder en 2023. Pero las organizaciones criminales han convertido a Ecuador en el país más violento de Suramérica con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, según Insight Crime. El Oro, con más de 700.000 habitantes, registró 720 homicidios el año pasado, según Jaramillo.
Pastoral Social respalda al Indert por avances en conflictos de tierra
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El presidente de la Pastoral Social y obispo de Caazapá, monseñor Marcelo Benítez Martínez, felicitó al titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, por la solución de los conflictos de tierra, a través de la mediación y el diálogo que ha conseguido con la Comisión de Mediación fomentado desde el ente agrario.
Esta mesa mediadora comenzó a consolidarse como una herramienta eficaz para la resolución de conflictos agrarios de larga data en Paraguay, con resultados concretos en el emblemático caso de Santa Teresa Manduarã, ubicada Aba’i, en el departamento de Caazapá, y proyecciones alentadoras para Santa Lucía de Itakyry, en Alto Paraná, en otros casos emblemáticos de tierra.
Luego de la reunión con el mandatario Santiago Peña, la semana pasada, prosiguen los esfuerzos en terreno para brindar solución al caso Santa Teresa Manduará. El equipo mediador, integrado por el sacerdote Pascual Kinoti y los dirigentes de Marina Cué, Darío Acosta, Martina Paredes y Rolando Antúnez, así como el titular del Indert; se reunió el sábado 2 de mayo con el monseñor Marcelo Benítez Martínez, en la Diócesis de Caazapá.
El monseñor Benítez Martínez felicitó la iniciativa del Indert y afirmó que acompaña los trabajos en la búsqueda de solución a la problemática social por la vía de la mediación y el diálogo. Mientras que el sacerdote Pascual Kinoti dijo que el esfuerzo del equipo mediador es lograr pacificar el campo. “Con la búsqueda de soluciones a través del diálogo, evitando caer en confrontaciones entre paraguayos por la problemática de la tierra”, acotó.
La jueza de Sentencia, Mesalina Fernández, condenó a la abogada María Esther Roa, encontrada culpable por difamar a Guillermo Duarte, a quien acusó de hechos graves como coima, soborno y tráfico de influencia mediante la difusión de un audio, cuya autenticidad no fue verificada.
La que dice ser representante del pueblo, pero nadie acude a sus movilizaciones, fue sancionada a 100 días de multa, pero la misma será reemplazada con la suspensión de la ejecución de la pena, bajo la condición de que la condenada María Esther Roa elimine la publicación y pida disculpas a Duarte, además de otras medidas que serán especificadas en la sentencia por escrito.
Las pruebas periciales fueron importantes en el presente caso y es por ello que el juzgado concluyó que el audio difundido no fue generado con inteligencia artificial, pero sí fue editado, montado y ensamblado a partir de fragmentos de otras declaraciones realizadas por Duarte.
En el material divulgado se escuchaba la voz del abogado, supuestamente manteniendo una conversación con quien sería un ministro de la Corte sobre un pedido de prescripción en una causa penal que involucra a su suegro, el ingeniero Carlos Heisele, extitular de la Ande, acusado por lesión de confianza.
Defensa de imputado en caso Atlas recusó a camaristas para frustrar imposición de medidas
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El abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Celio Tunholi —imputado por lavado de dinero junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros—, recusó a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, integrantes del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.
Con esta recusación, calificada como infundada, la defensa busca frustrar la audiencia de imposición de medidas cautelares fijada para el 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú. Al tratarse de un recurso con el solo efecto de dilatar el proceso judicial, la máxima instancia judicial podría aplicar sanciones disciplinarias tanto al abogado Kronawetter como al propio imputado, considerando que estas “chicanas” entorpecen el desarrollo de la causa penal.
Los camaristas ya elevaron su informe a la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá decidir si corresponde confirmar la competencia del tribunal recusado.
Días atrás, el magistrado Humberto Otazú ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros procesados por presunto lavado de dinero. El magistrado rechazó la excepción de “falta de acción” planteada por la defensa, confirmando así la validez de la participación de la matriz del fútbol sudamericano en el caso.
Asimismo, el juez Otazú ya había desestimado un recurso previo de la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, los imputados continúan recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia. Debido a esto, el expediente será analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual tiene la facultad de aplicar sanciones disciplinarias a los abogados y a los procesados por el uso indebido de recursos procesales.