Se integró el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial que analizará si anula o no la resolución de la jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien hizo lugar de forma llamativa a una demanda que benefició a supuestas empresas offshore con 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay, Chaco. Los camaristas Óscar Paiva Valdovinos, Giussepe Fossati y Nery Villalba son los que tendrán a su cargo estudiar si existe irregularidad en la resolución de la magistrada Irún y, en caso de existir, se tendrá que dejar sin efecto el fallo judicial.
El juicio civil está caratulado como “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdon Investments Limited, contra Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.
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La determinación judicial de primera instancia fue recurrida por los representantes legales de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. En el escrito se pide que se anule la resolución dictada por la jueza Irún, debido a que se incurrió en varias irregularidades como la violación de la Ley Nº 2.532/05 que prohíbe entregar tierras a extranjeros. Igualmente, existirían más irregularidades en el presente juicio civil.
JEM
A raíz de la resolución judicial firmada por la jueza Tanía Irún, y de acuerdo a publicaciones periodísticas en las que se mencionan numerosas irregularidades en el presente juicio civil, la Corte decidió reabrir la investigación contra la magistrada. Mientras, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió por seis votos contra uno, iniciar el enjuiciamiento sin la suspensión de la magistrada Tanía Irún por existir indicios de irregularidad en la resolución firmada. Es más, el propio presidente del JEM, el senador Enrique Bacchetta, votó por enjuiciar y suspender a Irún. Este pedido no tuvo los votos suficientes, por lo que solo se procedió al enjuiciamiento sin la suspensión.
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La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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Peña pide tranquilidad y garantiza mecanismos de protección a afectados
El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció a través de un video dirigiéndose a la ciudadanía paraguaya, principalmente a los afectados por el cierre de ueno bank. Pidió tranquilidad y dio garantías sobre la protección de los ahorristas afectados, admitiendo las consecuencias de esta situación financiera.
“Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer generados por la decisión del Banco Central del Paraguay, de proceder con la disolución de ueno bank”, expresó en el material audiovisual.
“Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos; por eso la prioridad del Gobierno de Paraguay es y será proteger con todas nuestras fuerzas el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables”, agrega.
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También se refirió al proyecto de ley de emergencia para ahorristas que está en tratamiento en el Congreso, indicó que se reunió con los presidentes de ambas Cámara para promover esta iniciativa que permita devolver los fondos a los afectados lo antes posible.
“Con la aprobación de esta ley estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98 % de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana. Agradezco a ambas Cámaras del Congreso Nacional por tratar con celeridad estas iniciativas y les insto a los congresistas a aprobarlas en la brevedad posible”, señaló.
El presidente sostuvo además que esta situación se da con uno de los bancos, pero que el sistema financiero sigue fuerte. “Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección. Asimismo, tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder, y ya lo están haciendo, ante la Justicia sin excepciones”, aseveró.
“Queridos compatriotas, en horas difíciles debemos estar unidos. Mantengamos la serenidad para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. A las instituciones les pido que sigan trabajando con profesionalismo, transparencia y sentido de responsabilidad pública”, también expresó.
Por otra parte, se dirigió al sector político. “Y a todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés. El Paraguay necesita instituciones que den respuestas y protejan los recursos de nuestra gente. Eso es lo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, para que cada paraguayo afectado tenga una respuesta y se garantice, por sobre todo, la protección de sus ahorros”, sentenció.
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Sector empresarial y productivo pide preservar transparencia y seguridad jurídica
La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham) y gremios del sector productivo e industrial comunicaron su seguimiento permanente a los acontecimientos relacionados con el inicio del proceso de resolución y cese de operaciones de ueno bank, manifestando que los mecanismos de revisión deben conducirse con estricto rigor técnico y transparencia.
En un comunicado emitido este miércoles, la Amcham señaló que la estabilidad y credibilidad del sistema bancario son condiciones esenciales para garantizar la continuidad de la cadena de pagos, el acceso al crédito del sector productivo y la confianza de los mercados.
“La solidez del Estado de derecho reposa en la clara delimitación de responsabilidades conforme a las normativas que regulan el sistema financiero”, mencionaron, enfatizando que la confianza de los ahorristas e inversionistas constituye el activo más valioso de la economía.
Asimismo, pidieron que en salvaguarda de la fe pública las decisiones de gestión se evalúen bajo los más altos estándares de gobernanza corporativa y, además, los recursos del erario público quedar debidamente preservados.
“Resulta indispensable que los mecanismos de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) operen con máxima celeridad, precisión y estricto apego a la Ley General de Bancos, asegurando la protección íntegra de los fondos y evitando incertidumbres operativas en el mercado”, indicaron.
La credibilidad del Paraguay en los mercados internacionales, incluyendo las operaciones de deuda regidas bajo jurisdicciones globales como la del Estado de Nueva York, se fundan en el respeto a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversionistas.
Por ello, un tratamiento claro, técnico y apegado a derecho en la resolución de estos compromisos es crítico para resguardar la reputación crediticia del país y no encarecer el costo del financiamiento para el sector productivo nacional, reza el comunicado.
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ARP rechaza ampliación de garantía
Por su parte, la ARP compartió su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autorizó al BCP a ampliar la garantía del FGD para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en ueno bank.
“El FGD se constituye con aportes del sistema financiero y existe con un único fin: proteger los ahorros de los depositantes dentro de los límites que fija la ley. Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de ueno conforme a esa cobertura”, indicaron.
Según la ARP, usar el remanente del fondo para devolver el total de los depósitos estatales no es una solución, sino que sería trasladar a todos los ahorristas del país, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones que tomaron otros.
“Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos. Alguien decidió concentrarlos allí. Esos recursos deben recuperarse de los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio, y las responsabilidades deben determinarse y sancionarse”, mencionaron.
Por ello, solicitaron a los congresistas rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos, garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal y exigir la recuperación de esos recursos.
Sector maquilador también afectado
La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) también se pronunció ante el escenario. El gremio se refirió al efecto que tiene sobre las empresas y los trabajadores del régimen de maquila, así como en la confianza en el sistema financiero del país.
“Varias de nuestras asociadas pagan salarios, cobran y cumplen con sus proveedores a través de esta entidad. Mientras sus servicios sigan suspendidos, hay trabajadores que no pueden disponer de su sueldo y plantas que deben sostener la producción y sus compromisos de exportación sin acceso a sus fondos”, explicaron.
La Cemap instó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con celeridad y a determinar las responsabilidades que correspondan. “Una resolución ordenada, que proteja los ahorros de la ciudadanía y sea rigurosa con los responsables, es la mejor señal que el país puede dar a la inversión productiva y al empleo formal que esta genera”, mencionó.
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