El agente fiscal Osmar Legal realizó un procedimiento con entrega vigilada en el marco de una investigación que involucra a una funcionaria judicial, por presunto tráfico de influencias. Específicamente, la mujer ofrecía intervenir y favorecer al denunciante de una causa penal a cambio de dinero.

Por su parte, Legal señaló que “se procedió a la detención de la funcionaria judicial Liliana Antonia Cabral Marecos, en la investigación que está llevando la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción en contra de la mujer, denunciada por el tipo penal de tráfico de influencias”.

Agregó sobre el procedimiento que “se ha hecho una entrega vigilada con monto de dinero que Liliana Cabral habría solicitado, a cambio de mediar y conseguir el resultado de una causa llevada por una fiscala de la zona de Villarrica. Cabral será remitida a la comisaría de mujeres de Asunción y posteriormente será puesta a disposición del Juzgado y de la Fiscalía. La mujer solicitaba G. 3 millones en 2 pagos. No obstante, se hizo una entrega inicial de G. 13 millones, por lo cual ahora llegaría a G. 15 millones en total”, indico el representante del Ministerio Público.

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El fiscal consideró que existen suficientes elementos de convicción que hacen suponer que la funcionaria judicial habría manifestado a Miguel Crispín Benítez la posibilidad de mediar entre él y la agente fiscal de Villarrica Perla Cáceres, a cuyo cargo se encuentran investigaciones de una causa abierta donde Benítez sería el denunciante".

En el escrito fiscal se manifiesta que se sospecha que Liliana Cabral habría simulado tener influencias y relacionamiento con la agente fiscal Perla Cáceres, así como con su asistente Fredy Ramón González Ortiz, y ante tal circunstancia habría referido al denunciante que lo ayudaría a que finalmente la agente fiscal formule imputación en la causa penal abierta por un hecho de coacción sexual y violación en grado de tentativa, del cual Miguel Benítez es el denunciante".

Asimismo, el documento fiscal agrega que se tiene la firme convicción de que la mujer investigada habría prometido al denunciante que obtendría un informe psicológico que favorezca las pretensiones del mismo. Pero todo ello a cambio de sumas de dinero que supuestamente serían distribuidas entre la agente fiscal titular de la causa, el asistente fiscal que se encarga de las diligencias y la psicóloga del Ministerio Público.

El adolescente ya está con sus padres y le fue realizada una inspección médica y se encuentra tramitando su evaluación psicológica y estudio socioambiental de la familia del adolescente. El Ministerio Público formulará la imputación correspondiente contra la funcionaria judicial en las próximas horas.

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