La abogada Laura Figari, defensora de Lourdes González, presentó una apelación contra la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la competencia del juez José Delmás, quien tendría que admitir la imputación contra el senador Rodolfo Friedmann.
La abogada Laura Figari, defensora de Lourdes González de Melgarejo, imputada en el caso Rodolfo Friedmann presentó una apelación general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución del Tribunal de Apelación que ratificó la competencia del juez José Delmás para que siga entendiendo en el presente caso. Ahora serán los ministros de la máxima instancia judicial quienes tendrán que analizar la presentación dilatoria que ha formulado la defensa de una de las imputadas en el caso Friedmann.
El día de hoy el magistrado Delmás ya estaba habilitado para poder admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares para el senador de colorado Añetete Rodolfo Friedmann, imputado por lavado de dinero, provecho propio, asociación criminal y cohecho pasivo.
El jueves pasado el Tribunal de Apelación integrado por los jueces Emiliano Rolón, Bibiana Benítez y Arnulfo Arias, confirmó la competencia del juez de Delitos Económicos José Delmás para que siga entendiendo en el proceso penal que soporta el senador colorado Rodolfo Friedmann, imputado por el caso del almuerzo escolar del departamento del Guairá.
El Ministerio Público ordenó la detención y solicitó la prisión preventiva del primo del senador Friedmann, de nombre Silvio Álvaro Alfaro y de la contadora Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo, quienes intentaron vaciar las cuentas bancarias de la empresa Eventos y Servicios SA, manejada por el legislador.
Según la explicación dada desde la Fiscalía, Elizabeth Leiva Álvarez, esposa de Alfaro, llegó hasta la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) en San Juan Nepomuceno y efectivizó un cheque de 500.000.000 de guaraníes a nombre de ESSA.
Simultáneamente, su hermano, César Rodrigo Leiva Álvarez, llegó hasta la ventanilla del BNF en Villarrica para efectivizar otro cheque por 500.000.000 de guaraníes y otro retiro de 1.441.822.667 guaraníes de la misma cuenta, para lo cual presentó dos cheques endosados por Lourdes Auxiliadora González, contadora de Friedmann.
La transacción no pudo ser procesada porque el banco ya tenía la resolución del juez Delmás y los cheques tenían la firma de la contadora. Ante esta situación, los fiscales de la causa, Osmar Legal y Luis Said, solicitaron la detención y la prisión preventiva de Alfaro y de Melgarejo, ya que entienden que pueden obstruir la investigación y no someterse a la Justicia.
Corte gestiona recuperación de más de G. 250 millones retenidos en ueno bank
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La Corte Suprema de Justicia informó que se encuentran pendientes de transferencia por parte de ueno bank los ingresos percibidos en concepto de tasas judiciales y registrales correspondientes al 2 de noviembre de 2026, por un valor de G. 248.441.083, y al 3 de noviembre, por G. 2.007.877. El monto total asciende a G. 250.448.960, conforme al contrato suscrito con la entidad bancaria.
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank. En ese marco, la Ley N° 2334/03 establece una cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 75 salarios mínimos por depositante y por entidad financiera, lo que actualmente equivale a G. 228.300.000. Asimismo, la Ley N° 7745/2026 incorpora un mecanismo de anticipo de dicha garantía, sujeto a las condiciones legales aplicables a los depositantes.
La Corte Suprema de Justicia realizará las gestiones necesarias ante las instancias competentes para procurar el recupero de los fondos y, en caso de ser necesario, ejecutará la garantía de fiel cumplimiento prevista en el contrato respectivo.
Finalmente, se recuerda que el cobro de tasas a través de ueno bank se encuentra suspendido. Los pagos pueden efectuarse en las demás entidades habilitadas: Itaú, Basa, Continental y Sudameris.
El mensaje dirigido a la ciudadanía fue emitido en el marco de la 250.ª Asamblea General Ordinaria, los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP). Foto: Gentileza
Caso ueno bank: Iglesia pide priorizar a los más vulnerables, actuar con transparencia y evitar la impunidad
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La Iglesia pide priorizar a los más vulnerables, empezando por los jubilados y trabajadores, pequeños ahorristas y emprendedores para la recuperación de sus dineros lo antes posible, “sin trámites ni esperas innecesarias”, con especial ayuda a los adultos mayores, manifestaron los obispos en un comunicado dado a conocer este miércoles tras la crisis financiera desatada con la resolución de ueno bank.
Asimismo, expresaron su cercanía a las personas y familias afectadas. “Miles de personas se quedaron sin acceso a su dinero: el sueldo del trabajador, la jubilación del abuelo, la caja del pequeño negocio, el ahorro de toda una vida. Detrás de cada depósito hay esfuerzos, proyectos y esperanzas que deben ser respetados”, recordaron.
El mensaje dirigido a la ciudadanía fue emitido en el marco de la 250.ª Asamblea General Ordinaria, por los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), dando su postura ante la realidad nacional y los recientes acontecimientos.
Los religiosos católicos también reclaman transparencia en la información sobre dinero público y de la previsional. “Que se informe con claridad cuánto dinero, cuánto dinero del IPS y del Estado estaba en este banco y cómo se va a proteger, con participación de las partes interesadas. Ese dinero es del pueblo”, puntualizaron.
Hacen un llamado a las autoridades a impartir justicia sin dar lugar a la impunidad. ”Que el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y el propio Banco Central investiguen a fondo, sin importar cargos ni cercanías al poder. Que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y, si se comprueban, se apliquen las sanciones que manda la ley y se repare el daño causado”, sentenciaron.
Por otra parte, invitan a la ciudadanía a estar alerta. “Invitamos a todos a seguir de cerca las decisiones de las autoridades, con responsabilidad y respeto para que la verdad salga a la luz. La corrupción y la impunidad no pueden tener lugar en el Paraguay”, subrayaron.
Finalmente, piden a las parroquias acompañar a los afectados y les ayuden con los trámites, atendiendo a no caer en manos de estafadores. “No entreguen sus claves a nadie que prometa ‘recuperar’ su dinero”, advierten.
Los obispos, por su parte, se unen en oración rogando superar este difícil momento que afronta nuestro país.
La abogada Dannia Ríos Nacif, afirmó que iniciarán lobby ante los legisladores para lograr el estudio y sanción de la iniciativa popular. Foto: Gentileza
Abogada afirma que proyecto contra la ideología de género no reduce penas a abusadores
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La abogada, especialista en derecho penal, gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, Dannia Ríos Nacif, defendió lainiciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.
“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elaboración, distribución, promoción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico protegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.
Mencionó que a través de la propuesta se “busca proteger el derecho constitucional del niño, contemplado en el artículo 54 de la Constitución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funcionarios y autoridades, a garantizarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.
Detalló que la incorporación del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipificadas en los artículos 135a y 135b. “Se mantienen según la ley vigente (Ley N.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.
Con relación al cuestionamiento de la senadora opositora Esperanza Martínez, quien sostiene que la iniciativa adolece de serios problemas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexuales, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se mantienen conforme a la ley vigente (Ley N.º 7394/24). El texto se elaboró originalmente en el año 2023 y, mediante el trámite correspondiente, será incorporado al marco legal vigente”.
Agregó que “en cuanto a la constitucionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar derechos de adultos para introducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el interés superior del niño”.
La iniciativa popular presentada ante el Congreso Nacional. Foto: Gentileza
Consultada sobre si el proyecto apunta a impedir toda forma de acceso a la información sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad. Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aquellos contenidos que interfieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.
Respecto a las afirmaciones de que la iniciativa equipara la educación sobre género con el abuso infantil, la abogada comentó que “el proyecto tipifica como abuso infantil aquellas acciones o materiales dirigidos a niños que le presenten la idea de que la identidad no responde al dato biológico, sino que se construye o se autopercibe y le siembra la duda acerca de la sexualidad o su identidad. Valga señalar que el niño no está en condiciones de comprender ni de consentir este tipo de ideas por ser un ser en desarrollo, es decir, no se trata de cualquier educación”.
Sectores que apoyan la propuesta
Señaló que la iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitución Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizaciones como FEDAPAR, FENAPEP, FRENVIFA, RECNAPY y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confesionales, sectores de la iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó.
Requieren celebridad al Congreso
Puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.
“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y aprobado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumplimiento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.
La iniciativa popular fue recibida por un grupo de senadores y diputados en medio de una movilización en la Plaza de Armas. Foto: Gentileza
Cae empleado infiel: simuló asalto para quedarse con más de G. 10 millones
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Rocío Gómez. Corresponsal en Itapúa.
El empleado de una empresa de productos de limpieza denunció haber sido víctima de un robo agravado en Encarnación, departamento de Itapúa, pero la investigación reveló que todo fue una simulación para apropiarse del dinero de las cobranzas. El procedimiento se realizó en la noche de ayer miércoles, por personal del departamento de Investigaciones.
La denuncia inicial fue recepcionada en la Comisaría 37ª, donde el cobrador manifestó que mientras realizaba su recorrido fue interceptado por dos hombres en moto que lo despojaron de una mochila con el dinero. Tras comunicar el hecho a sus jefes, la propia empresa no dio credibilidad a su versión y el caso pasó a Investigaciones.
Según el subjefe de Investigaciones, comisario Blas Bordón, al verificar el circuito cerrado de todo el trayecto que el denunciante dijo haber hecho, no se encontró ni su desplazamiento ni el de los supuestos autores y fue nuevamente convocado a declarar.
Al presentarse ante las autoridades, cayó en “evidentes contradicciones” y mostró una actitud nerviosa ante las preguntas reiteradas. Al verse acorralado, confesó que había simulado el hecho.
El empleado infiel fue identificado como Alejandro Daniel Franco, de 31 años, domiciliado en un barrio de Encarnación, quien trabaja en la firma hace cinco meses y no cuenta con antecedentes penales.
El mismo condujo a los intervinientes hasta su vivienda y entregó de forma voluntaria el monto íntegro, que superaba los G. 10 millones. Manifestó que lo hizo por apremios económicos y problemas de salud de familiares. Quedó detenido a disposición del Ministerio Público por simulación de hecho punible y denuncia falsa.
El hombre entregó la totalidad del dinero. Foto: Gentileza