El Tribunal de Apelación, integrado por los jueces Pedro Mayor Martínez, Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, confirmó la prisión preventiva en la cárcel de Tacumbú de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña, acusado de narcotráfico y otros delitos. El procesado había dado positivo al COVID-19, por lo que había pedido prisión domiciliaria alegando que tiene enfermedad de base. No obstante, la jueza Alicia Pedrozo había resuelto ratificar su prisión.
En la resolución, la magistrada exhortó al director de Establecimientos Penitenciarios a que arbitre todos los medios necesarios para un tratamiento digno para “Cucho” Cabaña. Esto significa que, en caso de que el acusado se sienta mal, serán las autoridades penitenciarias las que deberán asistirle y en caso que sea necesario su traslado a un centro asistencial, se deberá comunicar a las autoridades correspondientes, que es el juzgado a cargo de Pedrozo.
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Actualmente, Cucho está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, acusado de los supuestos hechos de tráfico de drogas y asociación criminal. Está sindicado como líder de una red de narcotráfico y fue detenido a finales del 2018 en el marco del megaoperativo Berilo, que salpicó a policías, fiscales, jueces y hasta a un diputado.
En el presente proceso penal existen varios acusados que están esperando que se destrabe el caso en la Corte para enfrentar la audiencia preliminar, en la que se va a definir si el proceso se eleva a un juicio oral y público.
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Tribunal impone 22 años de cárcel por intento de feminicidio
Un tribunal de sentencia condenó a 22 años de cárcel a un hombre, quien fue hallado culpable, en calidad de autor, del hecho punible de feminicidio en grado de tentativa. Resultó víctima de la brutal agresión su pareja con quien convivía. El agente fiscal Rodrigo Giandinotto fue quien sustentó la acusación durante el desarrollo del juicio oral y público.
De acuerdo con el relato de los hechos, probados por la Fiscalía, el suceso se inició la noche del 30 de abril de 2024, cuando la víctima y el ahora condenado se encontraban en su domicilio ubicado en el barrio Santa María de la ciudad de Curuguaty, compartiendo un encuentro.
En horas de la madrugada del 1 de mayo de 2024, se originó una discusión entre ambos. Ofuscado por la situación, Ruiz Díaz Villar agredió brutalmente a su pareja, propinándole golpes en el rostro, impactando su cabeza contra un objeto y arrastrándola por el suelo mientras continuaba atacándola ferozmente en diversas partes del cuerpo.
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Tras percatarse de que la mujer había quedado completamente inconsciente a causa de la golpiza, el agresor la trasladó hasta el Instituto de Previsión Social (IPS) de la ciudad de Curuguaty.
Los informes médicos presentados como evidencia revelaron que la víctima ingresó al centro asistencial en estado inconsciente y con lesiones de gravedad extrema, entre ellas, un traumatismo de cráneo grave, fracturas a la altura de la clavícula y politraumatismos severos en la zona del rostro y del tórax.
A través de los elementos probatorios producidos durante el debate público, la representación fiscal logró demostrar el dolo y el peligro mortal al que fue expuesta la víctima, obteniendo una sanción penal ejemplar por parte del Tribunal de Sentencia.
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Fiscal aboga que tribunal valore pruebas contra Rafael Filizzola
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.
“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, manifestó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comisarías de oro”.
“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comunicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos planteado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.
PROCESO JUDICIAL SE ALARGA
El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente opositor, en su carácter de ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la licitación para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definitivamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy importante”, puntualizó la agente.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Igualmente, aprobó el pliego de bases y condiciones y dispone que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.
“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está interesada ya que el Estado paraguayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una respuesta”, manifestó González. La fiscala siguió argumentando que “el Ministerio Público se opuso a la prescripción, como representantes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un análisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.
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Condenan a 30 años de cárcel a un hombre por el asesinato de un vecino en Itacurubí del Rosario
El Tribunal de Sentencia de San Estanislao, integrado por Walter Armando Ramírez, Mercedes Uruñaga y Romina Onieva, condenó a 30 años de cárcel a Elvio Denis tras ser encontrado culpable de robo agravado y homicidio doloso. El agente fiscal Walter Melo fue quien representó al Ministerio Público en el caso.
De acuerdo con los antecedentes probados en el juicio, el hecho ocurrió el 23 de septiembre de 2022, alrededor de las 16:40, en la compañía Peguajho, distrito de Itacurubí del Rosario. En aquella ocasión, el ahora condenado interceptó a Verónica Osorio, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta por un camino vecinal. Bajo amenaza con un arma de fuego, la despojó de la suma de G. 1.400.000 para posteriormente darse a la fuga.
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Seguidamente, Mike Traub Ediger tomó conocimiento de lo sucedido tras comunicarse con la víctima, quien le proporcionó las características físicas del asaltante. Ante esta situación, el hombre emprendió la búsqueda del sospechoso y se dirigió hacia un camino interno de una propiedad privada ubicada en la compañía Cabayu Ra’y.
Durante el trayecto, Mike Traub Ediger se encontró con Elvio Denis, quien al verse descubierto efectuó un disparo con arma de fuego en la cabeza de la víctima, ocasionándole la muerte de manera instantánea.
Durante el desarrollo del juicio oral, el Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad penal del acusado mediante la producción de pruebas testificales y documentales que acreditaron plenamente su autoría en los hechos investigados.
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.