El juez de Delitos Económicos José Delmás, fijó para el 16 de setiembre a las 08:30, la audiencia preliminar para el extitular del Detave Ramón Benítez y otras once personas acusadas de cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando. Los fiscales Josefina Aghemo, Luis Said, Francisco Cabrera y Luis Piñánez acusaron y pidieron juicio oral para los procesados.
El Ministerio Público sostiene que se descubrió el supuesto millonario esquema de cobro de coima, que permitía el ingreso de mercaderías de forma ilegal.
La acusación se presentó dentro de los plazos legales establecidos, conforme a las actuaciones de investigación encaradas en la etapa correspondiente y analizada la información reunida en el cuaderno de investigación fiscal, estimando que se hallan reunidos los presupuestos y fundamentos legales.
Además de Benítez, están acusados en el presente proceso penal: Blas Roberto Cabañas, Óscar José Samudio Vargas, Alan Javier Núñez Colmán, Porfirio Figueredo Vázquez, Luis Carlos Prudhomme, Carlos Alfredo Caballero Arrellaga, Diego Eduardo González Aguilera, Baldomero Barrios Martínez, Nelson Dani Dielma, Alberto Fernando Andriotti Figueredo y Fredy Rubén Gauto.
Ahora, el Juzgado de Garantías en la referida audiencia preliminar, definirá si en el presente proceso penal los acusados enfrentaran un juicio oral y público por varios delitos. En caso de que el juez eleve a juicio se procederá al sorteo correspondiente de quienes serán los integrantes del Tribunal de Sentencia.
Podés leer: Fiscalía imputa a Friedmann y al diputado Éver Noguera por caso merienda escolar
Dejanos tu comentario
Controversia en EE. UU.: juez prohíbe exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas
Un juez federal de Estados Unidos falló en contra de una ley en Texas que ordenaba a los colegios públicos exhibir los Diez Mandamientos en todas las salas de clase.
El juez Fred Biery ordenó una restricción preliminar de la implementación de la ley, que entraría en vigencia a partir del 1 de septiembre y que fue cuestionada ante la justicia por familias de diversos credos con hijos en escuelas públicas.
La ley del estado de Texas, conocida como el Proyecto de Ley 10 del Senado, es inconstitucional y “toma posición, de manera inadmisible, en asuntos teológicos y favorece oficialmente a creencias cristianas por encima de otras”, escribió Biery en el fallo de 55 páginas.
“Es probable que la exposición envíe un mensaje de exclusión y de carga espiritual a los hijos de los demandantes que no suscriban la versión aprobada de los Diez Mandamientos, que los considerarían que ‘no pertenecen a su comunidad escolar’”, afirmó.
El rabí Mara Nathan, uno de los demandantes, sostuvo la decisión.
“Las creencias religiosas de niños y niñas deben ser promovidas por sus padres y por sus comunidades, no por políticos y colegios públicos”, declaró Nathan.
Rachel Laser, presidenta de la asociación Americanos Unidos para la Separación Iglesia-Estado, también aplaudió la decisión de enviar un “fuerte mensaje que resonará en todo el país sobre la libertad de credo de cada estudiante en nuestras escuelas públicas”.
Otro juez federal bloqueó en noviembre de 2024 una ley en Luisiana que requería la exposición de los Diez Mandamientos en todas las aulas de escuelas públicas de ese estado conservador del sur de Estados Unidos.
El juez John deGravelles aseguró que la norma es inconstitucional porque violar la Primera Enmienda.
La separación de iglesia y Estado es un principio fundacional de Estados Unidos y la Constitución prohíbe que se establezca una religión nacional o se dé preferencia a una creencia por encima de otras.
En un caso similar, en 1980, la Corte Suprema decidió que la exposición de los Diez Mandamientos en los colegios de Kentucky era inconstitucional.
Leé también: Capturan a 13 personas por asesinato de dos funcionarios de Ciudad de México
En Oklahoma, la máxima autoridad educativa de ese estado conservador ordenó recientemente que se enseñe la Biblia en escuelas públicas, una decisión que también enfrenta desafíos legales.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Juez presentó su obra jurídica sobre garantías constitucionales en el proceso paraguayo
En el Salón Auditorio “Doctora Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción se realizó la presentación de la obra jurídica “Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguayo”, del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de Lambaré, Guillermo Manuel Delmás, que aborda el debido proceso desde un enfoque garantista y comparativo.
La actividad contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como de referentes del ámbito jurídico nacional César Diesel Junghanns, y de los ministros Luis María Benítez Riera, Alberto Joaquín Martínez Simón y Gustavo Santander Dans.
La obra constituye un aporte al análisis de las garantías constitucionales aplicadas al proceso judicial civil, con énfasis en el derecho a la defensa, la igualdad procesal y la imparcialidad del juzgador. Durante la actividad, el ministro Alberto Martínez Simón valoró el contenido de la obra como una exposición estructurada de pensamiento jurídico que enriquece el debate académico e institucional.
Te puede interesar: Corte ratifica condena para acusado por incautación de billetes venezolanos
La obra presenta una revisión crítica de las facultades ordenatorias e instructorias del juez, a la luz del artículo 18 del Código Procesal Civil, desde una visión garantista y con referencias a sistemas jurídicos comparados.
La publicación está estructurada en cuatro capítulos, además de anexos que incluyen jurisprudencia y acuerdos relevantes. En el primer capítulo, se expone el objeto de investigación y el método adoptado. El segundo capítulo, el más extenso, desarrolla el marco teórico, analiza antecedentes nacionales y extranjeros, y reflexiona sobre principios procesales y medidas como las de mejor proveer.
El tercero aborda un análisis doctrinal y comparativo con experiencias de otras jurisdicciones. En tanto que el cuarto capítulo presenta conclusiones y recomendaciones, orientadas a fortalecer la formación jurídica con enfoque de garantías. El libro fue prologado por el jurista argentino Adolfo Alvarado Velloso, referente internacional del derecho procesal.
Igualmente, el evento contó con la participación de:
- la vicepresidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Beatriz Pucheta Vda. de Correa,
- la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Peña
- el profesor doctor Oscar Alejandro Amaya (Universidad de Bolonia, Italia)
- el presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro
- autoridades de tribunales
- universidades
- gremios jurídicos
- operadores del sistema de justicia
La presentación fue transmitida a través de la plataforma Google Meet, y concluyó con una entrega simbólica de reconocimiento al autor por parte de sus colegas, destacando el valor académico de su contribución a la doctrina jurídica nacional.
Podes leer: Corte implementará sistema digital para concursos de ingreso y promoción de personas
Dejanos tu comentario
Bolsonaro abandona la prisión domiciliaria para que le realicen exámenes médicos
Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a dejar temporalmente la prisión domiciliar para realizar una serie de exámenes médicos en un hospital.
El exjefe de Estado (2019-2022) está confinado desde la semana pasada en su residencia en Brasilia, por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.
Sus abogados habían indicado, en una solicitud presentada este martes a la corte, que Bolsonaro, de 70 años, tiene “síntomas de reflujo e hipo” crónicos y debe ir esta semana a un hospital en Brasilia para realizarse exámenes, incluyendo una endoscopia del tracto intestinal.
El expresidente ultraderechista aún sufre las consecuencias de una puñalada que recibió en 2018, con problemas gástricos y hospitalizaciones recurrentes.
El juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro, autorizó la visita hospitalaria.
El expresidente deberá presentar ante la corte un “certificado de comparecencia” al centro médico en un plazo de 48 horas después de los procedimientos, según determinados por el magistrado.
Las pruebas médicas deben hacerse el 16 de agosto, y Bolsonaro podría necesitar permanecer hasta ocho horas en el hospital, según sus abogados.
No descartan que los médicos recomienden acciones adicionales.
Bolsonaro se enfrenta a un juicio ante el Supremo Tribunal Federal acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Además es objeto de una investigación por obstrucción judicial, que se desprende de la campaña que su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro avanza en Estados Unidos para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas a favor de su padre.
En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones a Moraes.
Debido a la presunta obstrucción judicial, desde mediados de julio el excapitán del Ejército debe llevar una tobillera electrónica, y le está prohibido expresarse en redes sociales.
El 4 de agosto Moraes ordenó la prisión domiciliaria de Bolsonaro por incumplir esa última prohibición. Desde entonces, con excepción de sus abogados y familiares cercanos, toda visita a su residencia quedó proscrita, salvo autorización previa.
Moraes aún no ha respondido a un pedido presentado la semana pasada para revocar la prisión domiciliar del expresidente, que sus abogados denunciaron como “censura”.
Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar unos 40 años de cárcel por el juicio en curso.
Fuente: AFP
Dejanos tu comentario
Hace meses que un juez impide comunicarse con su abogado, reclama el “Chapo” Guzmán
El cofundador del cartel de Sinaloa Joaquín “Chapo” Guzmán se quejó en una carta al juez que le condenó a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos de que no le dejan recibir visitas ni hablar con su abogado, lo que para él es “vital”.
Te puede interesar: En una semana se produciría el encuentro Trump - Putin en Emiratos Árabes Unidos
En una carta manuscrita, el Chapo le dice al juez Brian Cogan, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, que pese a que “hace 3 semanas” autorizó que su nuevo abogado Israel José Encinosa pueda visitarle, hablarle por teléfono o escribirle, “hasta el día de hoy no le han autorizado”.
El conocido narcotraficante mexicano se queja además de que no le han entregado “las dos cartas” que le escribió su abogado. Encinosa “tiene alrededor de 10 meses vatallando (sic) que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono”, apuntó.
Por eso, vuelve a solicitar al juez que intervenga para que le permita ver a su defensor. “Para mí es vital”, dijo en la misiva fechada el 15 de julio y de la que la AFP obtuvo una copia el martes.
Encinosa representa al narco sinaloense desde el 1 de julio, según un documento de la corte firmado por el abogado con sede en Florida.
Condenado a cadena perpetua en 2019 por dirigir una operación de contrabando de drogas a escala industrial, Guzmán se encuentra en la cárcel de seguridad máxima ADX Florence, en Florence, Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, que alberga a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos.
Famoso por escaparse en dos ocasiones de la cárcel en México -una de ellas a través de un túnel de un kilómetro que comunicaba con su celda- fue extraditado a Estados Unidos en 2017.
No es la primera vez que se queja desde la cárcel de máxima seguridad.
Además de solicitar la realización de un nuevo juicio, lo que le ha sido denegado repetidamente, había denunciado sufrir un “tormento psicológico en la cárcel” porque no le dejan salir a tomar el sol, ni a comunicarse con otros presos, ni los guardias le hablan en español.
Leé también: Senad detecta base de narcotráfico en Canindeyú y busca a responsables
También se ha quejado de que le impedían hablar o recibir visitas de sus hijas y de su esposa Emma Coronel, que también estuvo condenada a tres años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de dinero.
Fuente: AFP