Se trata de miembros de una organización, quienes están siendo investigados por tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes y asociación criminal, informó la fiscala Elva Cáceres, quien procedió a la imputación.
De acuerdo a la investigación preliminar, se trata de una banda que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas que tenía como destino el Brasil, utilizando territorio del Chaco, Amambay y Central.
La investigación es por tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes y asociación criminal. Los imputados son Luis Alejandro Duarte Benítez (55), principal investigado; Casimira Beatriz Ramírez Dávalo (50), su hijo Francisco Gaspar Taboada Dávalo (21) y Juan Benito Arriola Adorno (19), quienes fueron aprehendidos en la localidad de Mariscal Estigarribia, a la altura del km 544 de la ruta PY09 Carlos Antonio López, a bordo de una camioneta de marca Nissan Frontier, con matrícula BHY 305.
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El rodado, que estaba guiado por Duarte Benítez, poseía un doble fondo debajo de los asientos traseros y partes laterales, en cuyo interior fueron encontrados 120 paquetes de pasta base de cocaína, totalizando 122,800 kilogramos. El móvil era remolcado por otra camioneta de la marca Nissan Terrano, ocupado por Casimira Dávalo Ramírez, su hijo Gaspar Francisco Taboada Dávalo y Juan Benito Arriola Adorno.
La investigación señala que la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína ingresaba la sustancia desde Bolivia, luego era trasladada en la modalidad señalada hasta el departamento Central y luego hacia la zona de Amambay para finalmente ser remesada al Brasil.
El descubrimiento del hecho fue posible en virtud a una investigación técnica coordinada por el Ministerio Público en compañía de agentes especiales de la Senad, comunicó la fiscala Elva Cáceres, quien solicitó la prisión preventiva de los imputados.
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Investigan supuesta explotación laboral y sexual en albergue Tesai Róga de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños, Niñas y Adolescentes encabezó esta noche el allanamiento de albergue destinado a personas de pueblos originarios denominado “Tesai Róga”, de Ciudad del Este. Es en el marco de la investigación de la supuesta comisión de explotación laboral y sexual en la que estaría involucrado el citado hogar.
La denuncia fue realizada por la Consejería Municipal por los Derechos de la Niñez (Codeni), de la capital altoparanaense. La fiscal informó que en esta primera incursión no halló nada y las mujeres que se encontraban en el albergue pudieron dar crédito de su estancia en el lugar con sus hijos.
Las familias nativas utilizan el sitio como un hospedaje, mientras tienen niños internados en el Hospital Regional o teniendo que seguir algún tratamiento y, generalmente, acuden con sus otros hijos. El hogar es de permanente ir y venir de personas que viven en distritos del interior del departamento.
La fiscal Coronel informó que investigará sobre el funcionamiento del albergue, qué institución y personas son los responsables y todos los documentos necesarios que acrediten la existencia del sitio, así como su manejo. Indicó que la denuncia ya fue realizada hace unos meses y desde ese entonces se venía haciendo un seguimiento.
Explicó además que la situación de tránsito permanente de las personas en el albergue dificulta el hallazgo de indicios en el momento exacto, por lo que se requiere de un trabajo más largo para descubrir evidencias ciertas, si es que hay hechos punibles. Acompañaron el procedimiento funcionarios de la Defensoría de la Niñez, del Ministerio de la Niñez y de la Codeni.
El albergue “Tesai Róga” está ubicado en el barrio San Ana, a metros del hospital y funciona como tal desde hace 20 años. Se mantiene con aportes solidarios de la comunidad.
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Estados Unidos retiró la certificación de aliado antidrogas a Colombia
Estados Unidos retiró ayer lunes la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, lo que confirma el estancamiento diplomático entre ambos gobiernos. La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.
“Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, de soldados de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína“, dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá. Colombia se une a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han “fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas” según la legislación estadounidense.
Es la primera vez desde 1996 que Washington descertifica a Colombia en su lucha antinarcóticos. Los otros países llevan años siendo señalados por los gobiernos tanto demócratas como republicanos. “El cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado niveles récord bajo la presidencia de Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis” considera la determinación presidencial firmada por el presidente Donald Trump.
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“El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones de control de drogas durante el último año recae únicamente en su liderazgo político”, añade. En el texto, Trump asegura que considerará cambiar la designación si el gobierno de izquierda de Petro toma medidas “más agresivas”.
“Colombia ha sido un gran socio a lo largo de la historia. Lamentablemente, ahora tienen un presidente que, además de ser errático, no ha sido un buen aliado a la hora de enfrentarse a los carteles de la droga”, añadió el secretario de Estado, Marco Rubio, crítico acérrimo de los líderes izquierdistas de América Latina, durante una visita a Israel. “Creo que tenemos aliados dispuestos, si dependiera del ejército, de la policía. Llevamos décadas trabajando”, dijo Rubio a los periodistas, al expresar su esperanza de que Colombia pueda volver a ser acreditada en el futuro.
Un desaire
La descertificación de Washington es un desaire para el gobierno Petro en plena lucha contra carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al tráfico como el ELN, y las disidencias de las FARC, que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Bogotá considera que sigue haciendo lo suficiente. En lo que va del año 2025 Colombia ha decomisado 700 toneladas de cocaína y ha destruido la cifra récord de 4.570 laboratorios clandestinos, según datos del ministerio de Defensa.
La descertificación no implica la cancelación de toda la ayuda, sino que Trump tiene ante sí todo un abanico de medidas. Parte importante de la cooperación militar es por ejemplo la entrega y mantenimiento de helicópteros como los Blackhawks, valiosos para la lucha antinarcóticos.
“Se acaba la dependencia de las fuerzas militares colombianas de Estados Unidos (...). Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus propias armas”, declaró Petro. Fuentes oficiales destacan igualmente que Colombia ya había sufrido un importante recorte con el fin de los fondos de la agencia de ayuda Usaid, decidida por Trump al principio de su mandato.
El caso Samper
Colombia fue descertificada una primera vez en 1996. En ese año gobernaba Ernesto Samper, que enfrentó un escándalo por la presunta financiación de su campaña por parte del Cártel de Cali, que nunca fue comprobada. Entre 2000 y 2018 Estados Unidos entregó a Colombia más de 10.000 millones de dólares, según el Congreso estadounidense, para fines militares, sociales y de erradicación de narcocultivos. Washington es el principal socio comercial y militar de Bogotá.
Desde que llegó al poder en 2022, Petro promueve un cambio de enfoque en la guerra contra las drogas por considerarla un fracaso y suspendió la erradicación forzada de hoja de coca, principal componente de la cocaína. Año tras año el país rompe su propio récord de área sembrada con esa planta y de producción del polvo blanco.
En su territorio hay unas 253.000 hectáreas de narcocultivos y se elaboran por lo menos 2.600 toneladas anuales de cocaína, de acuerdo con el último balance de 2023 de la ONU. Las relaciones diplomáticas entre Trump y Petro son malas, especialmente debido a las críticas del mandatario colombiano a su política de deportación de migrantes.
Fuente: AFP.
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Abdo offshore: Fiscalía requerirá informes y amplía la pesquisa
El agente fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, indicó que el Ministerio Público realizó nuevas acciones dentro de la investigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficiarios finales al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, y su esposa Silvana López Moreira, y que no se limita solo al requerimiento de informaciones al Gobierno de la islas Seychelles.
Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colorado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informaciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determinar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuentas bancarias del país localizado en África.
“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 y 5 países, pero por cuestiones de investigación no quiero hablar sobre los países”, indicó Doldán, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, el agente fiscal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles pedidos de cooperación en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad central que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomática, entonces yo inmediatamente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad central que es la legal y vía Cancillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.
ANTECEDENTES DEL CASO
La apertura de una investigación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.
La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra localizada en el banco MCB International y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviembre de 2022, año en que Abdo Benítez aún se desempeñaba como presidente de la República.
Señala que la cuenta figura a nobre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira.
Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nombre de Exchange Contracts International Finance Limited, un mes después de finalizar su periodo como jefe de Estado.
De acuerdo al informe confidencial, la cuenta presentaba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran también como beneficiarios finales Abdo Benítez y López Moreira.
Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias –desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC– por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.
Mientras que Exchange Contracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.
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Filtración de audios: Fiscalía abre causa penal contra los senadores Norma Aquino y Javier Vera
La Fiscalía General del Estado comunicó que dispuso la apertura de una causa penal contra los senadores Norma Aquino más conocida como Yamy Nal y Javier Vera alias Chaqueñito, tras la aparición de audios atribuidos a ambos legisladores que, según los informes oficiales, podrían contener hechos de relevancia penal. El fiscal que tiene a su cargo investigar es Luis Piñánez.
La decisión se fundamenta en el memorando D.G.F. N.º 914, emitido el 15 de septiembre, y en el informe 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, donde se detallan los antecedentes que motivan la investigación. El documento señala la existencia de una notitia criminis que habilita al Ministerio Público a actuar de oficio.
De acuerdo con el dictamen, los audios en cuestión ameritan la verificación de posibles conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que corresponde la persecución de hechos punibles de acción pública.
El Ministerio Público, en su rol constitucional de impulsar la acción penal, anunció que dispondrá de todos los recursos necesarios para reunir evidencias, sustentar una eventual acusación y dirigir el procedimiento judicial.
Asimismo, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, la Fiscalía resolvió la designación de un agente especializado en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 9 de Asunción, quien estará a cargo de la investigación.
De esta manera, el caso ingresa formalmente a etapa penal, quedando en manos del Ministerio Público el avance en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.
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