Se trata de miembros de una organización, quienes están siendo investigados por tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes y asociación criminal, informó la fiscala Elva Cáceres, quien procedió a la imputación.
De acuerdo a la investigación preliminar, se trata de una banda que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas que tenía como destino el Brasil, utilizando territorio del Chaco, Amambay y Central.
La investigación es por tenencia, tráfico y comercialización de sustancias estupefacientes y asociación criminal. Los imputados son Luis Alejandro Duarte Benítez (55), principal investigado; Casimira Beatriz Ramírez Dávalo (50), su hijo Francisco Gaspar Taboada Dávalo (21) y Juan Benito Arriola Adorno (19), quienes fueron aprehendidos en la localidad de Mariscal Estigarribia, a la altura del km 544 de la ruta PY09 Carlos Antonio López, a bordo de una camioneta de marca Nissan Frontier, con matrícula BHY 305.
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El rodado, que estaba guiado por Duarte Benítez, poseía un doble fondo debajo de los asientos traseros y partes laterales, en cuyo interior fueron encontrados 120 paquetes de pasta base de cocaína, totalizando 122,800 kilogramos. El móvil era remolcado por otra camioneta de la marca Nissan Terrano, ocupado por Casimira Dávalo Ramírez, su hijo Gaspar Francisco Taboada Dávalo y Juan Benito Arriola Adorno.
La investigación señala que la organización dedicada al tráfico internacional de cocaína ingresaba la sustancia desde Bolivia, luego era trasladada en la modalidad señalada hasta el departamento Central y luego hacia la zona de Amambay para finalmente ser remesada al Brasil.
El descubrimiento del hecho fue posible en virtud a una investigación técnica coordinada por el Ministerio Público en compañía de agentes especiales de la Senad, comunicó la fiscala Elva Cáceres, quien solicitó la prisión preventiva de los imputados.
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Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
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Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
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“Después de años de show”, caen las denuncias falsas del abdismo, afirma diputado
El diputado Rodrigo Gamarra también se pronunció ante el pedido de la Fiscalía de desestimar la causa en contra del expresidente Horacio Cartes, impulsada por el exministro abdista, Arnaldo Giuzzio. El legislador sostuvo que finalmente la verdad sale a la luz luego de años de mentiras y persecución del sector político liderado por Mario Abdo Benítez.
“La verdad no necesita gritar. Solo espera su momento. Hoy, la Fiscalía confirmó lo que el tiempo ya había dejado claro: no hubo delito, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado, ni nada. Persecución política en solitario”, afirmó Gamarra a través de su cuenta de red social X.
Así mismo, indicó que este sector por años llevó adelante un show mediático, con el apoyo de algunos medios de comunicación para atacar, tanto al actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, como al movimiento que lidera, Honor Colorado.
“La causa contra Horacio Cartes se cae por falta de pruebas. Después de años de show mediático, denuncias sin sustento, tapas y titulares comprados y mentirosos, la Justicia empieza a limpiar lo que sicarios ensuciaron”, sostuvo el diputado Rodrigo Gamarra.
Por otra parte, refirió que el “narcoministro”, en referencia a Arnaldo Giuzzio, “debería pedir perdón en cadena nacional, y varios sicarios mediáticos tendrían que bañarse con agua bendita”. Finalmente detalló que, con la postura de la Fiscalía, se puede constatar que la Justicia no encontró pruebas.
“Pero nosotros sí encontramos una vez más: los verdaderos mentirosos; los que usaron al Estado como garrote político; los que hoy se tragan su propio veneno. Hoy ganan como siempre la verdad, el tiempo, y Horacio Cartes”, sentenció Gamarra.
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Abogada imputada por extorsión junto a policías ya está detenida
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La abogada Blanca Noemí Gauto Fernández (38) se presentó ayer viernes ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, acompañada de su abogado Omar Ortiz Pedrozo, donde fue ordenada su detención. Fue derivada a la comisaría de mujeres.
Gauto Fernández fue imputada por la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos, al igual que otros cinco policías por un presunto hecho de privación de libertad y extorsión agravada. La agente del Ministerio Público había pedido al juzgado su detención preventiva al tiempo de presentar la imputación.
El abogado Ortiz Pedrozo indicó que la medida alternativa a la prisión corresponde a su cliente, porque no existen elementos de obstrucción y fue demostrado su arraigo. Informó que su defendida se declara inocente de los hechos y que la misma es abogada del denunciante en una causa por violencia familiar.
Los hechos por los cuales fueron procesados ocurrieron el 3 de junio, alrededor de las 12:40 sobre la avenida Monday de la ciudad de Presidente Franco. La denuncia fue presentada por Fabio Junior Troche Zarza.
El citado y sus acompañantes que se circulaban en un vehículo, Jorge Esteban Stoian Vidiella y su hija adolescente, fueron supuestamente privados de su libertad y debieron pagar para quedar libres. La denuncia señala que durante cuatro horas estuvieron en poder de los policías en el predio del Departamento de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná.
Relató que fueron liberados después del pago de 30.000 dólares, con el compromiso de completar el pago requerido inicialmente de 50.000 dólares. La abogada, llamada por su cliente para intervenir en el caso, está imputada por supuesta participación en el hecho. La misma habría facilitado a los policías el cobro, antes que defender a su cliente.
Los policías procesados son el oficial inspector Derlis Ariel Chávez Giménez y los suboficiales Silvio Javier Rojas Vera, Celiano Antonio Zayas Benítez, Ángel Gabriel Resquín Vera y Denis Evaristo Miltos. Todos están detenidos en la Dirección de Policía. Desde ayer a la tarde se sumó la abogada Gauto Fernández.
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Canindeyú: Senad intensifica control por agua y tierra en contra del narcotráfico
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intensifica controles contra el narcotráfico, tanto en zonas de frontera como al interior del departamento de Canindeyú, mediante el despliegue de patrullas fluviales y terrestres, en coordinación con la Armada Paraguaya. Agentes del Departamento Regional n°4, con base en Salto del Guairá, están a cargo de las intervenciones, según informó la Senad.
Las patrullas fluviales se realizan sobre el río Paraná, en el tramo correspondiente a la zona de responsabilidad del Área Naval de Salto del Guairá, donde se llevan a cabo verificaciones "para detectar posibles puertos clandestinos y prevenir el uso de las vías acuáticas para el tráfico de drogas". El tramo citado es entre Salto del Guairá y Puerto Tigre, de Canindeyú.
A la vez, se ejecutan operativos terrestres en zonas consideradas estratégicas como la Aduana, la Línea Fronteriza del barrio 29 de setiembre, de Salto del Guairá y otros sectores urbanos y rurales, entre ellos, el Km 7, desvío a la colonia Guadalupe y sus adyacencias.
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Las patrullas se realizan de día y de noche, permitiendo “una vigilancia activa y sostenida, elemento clave en la estrategia de presencia permanente impulsada por el Plan de Acción contra el Abuso de Drogas - Sumar”, indica la institución antidrogas.
Los controles incluyen inspección de personas, vehículos y cargas, en puntos identificados por el personal como críticos para las estructuras criminales vinculadas al tráfico ilícito. “Esta línea de trabajo busca no solo detectar delitos, sino también brindar mayor seguridad a la población local y dificultar las operaciones logísticas del narcotráfico”, remarca el reporte.
Las acciones en Canindeyú forman parte de un plan de refuerzo en la incursión a nivel país, que se viene realizando en diferentes departamentos y zonas específicas, entre ellas las áreas de frontera y el Chaco.
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