Durante la audiencia mantenida entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y el presidente del IPS, Isaías Fretes, se abordó la problemática de los amparos vinculados a prestaciones de salud y los desafíos que estos representan para las instituciones públicas.

El titular del IPS expuso la complejidad médica, operativa y presupuestaria que implican estos casos, especialmente aquellos relacionados con tratamientos de alta especialización y procedimientos de elevada complejidad.

Precisó que estos procesos representan actualmente una erogación superior a los G. 11.000 millones y, en muchos casos, corresponden a obligaciones que no están contempladas dentro del presupuesto institucional.

“El objetivo de esta reunión fue recibir orientación y trabajar conjuntamente en la búsqueda de mecanismos que permitan proteger el derecho a la salud de las personas, pero también resguardar a la institución dentro de un marco legal adecuado”, señaló el presidente del IPS.

Por su parte, el presidente de la Corte señaló que los amparos de salud constituyen una de las materias más sensibles para los magistrados, quienes deben adoptar decisiones urgentes cuando están en juego derechos fundamentales como la vida y la salud, siempre en el marco de la independencia judicial.

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Por su parte, el director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, explicó que la institución cumple con sus obligaciones hacia los asegurados, pero consideró necesario establecer criterios más claros respecto a las responsabilidades de cada organismo del Estado en los casos que llegan a la vía judicial.

“Hay situaciones en las que se ordenan prestaciones a favor de personas cuya condición de asegurado requiere una verificación más profunda. Entendemos que, cuando está en juego el derecho a la vida, también deben participar otras instituciones del Estado, particularmente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como garante de la atención sanitaria de toda la población”, expresó Morínigo.

Tras la exposición, ambas autoridades coincidieron en la conveniencia de impulsar una mesa de trabajo técnica e interinstitucional para intercambiar información y analizar los desafíos que plantea esta problemática, respetando las competencias propias de cada institución.

Insistieron en que el trabajo coordinado será clave para garantizar una atención oportuna a los pacientes y fortalecer los mecanismos de respuesta del sistema sanitario nacional.

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La Cámara de Apelación rechazó una nueva recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, contra el juez de garantías Humberto Otazú. El recurso se enmarca en el caso conocido como Tajy, donde la Fiscalía sostiene que existe un perjuicio patrimonial de más de G. 306.188.500.

Los jueces de segunda instancia concluyeron que no existen motivos para apartar al magistrado. Por lo tanto, Otazú seguirá al frente del proceso penal y deberá fijar la audiencia preliminar para definir si la causa se eleva o no a juicio oral y público.

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Además, el tribunal de alzada citó a Prieto para el 10 de junio a una audiencia prevista en el artículo 114 del Código Procesal Penal. El objetivo de la diligencia es analizar posibles sanciones por los supuestos recursos dilatorios planteados durante el proceso. La ley establece que, en casos de mala fe o litigación temeraria, los magistrados pueden aplicar apercibimientos o multas de hasta cien días en situaciones graves o reiteradas.

En la causa Tajy, los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, acusaron a Prieto por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación apunta a un esquema de direccionamiento de licitaciones públicas para beneficiar a empresas vinculadas, lo que habría causado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 al municipio de Ciudad del Este mediante pagos por mercaderías inexistentes.

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El juicio oral y público de un acusado por abuso sexual en niños, registrado en la colonia Ybyrapyta, Canindeyú, podría volver a suspenderse. Esto, debido a que el procesado designó al abogado Toribio Vázquez Bogado, quien solicitó que se posponga el juzgamiento argumentando que necesita copias del expediente judicial y de la carpeta fiscal para interiorizarse del caso.

La defensa del acusado busca postergar el inicio del juicio oral y lograr la impunidad, denunciaron las víctimas en contacto con La Nación/Nación Media. La audiencia pública está fijada para este 26 de mayo, a las 8:30 de la mañana; sin embargo, debido a la presentación realizada por la defensa, el juzgamiento podría posponerse.

De concretarse una nueva postergación, se sentará un precedente nefasto para la víctima y su familia, que sufren de las secuelas físicas y psicológicas del grave hecho ocurrido en el departamento de Canindeyú.

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El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar al acusado está integrado por los jueces Benito González, Cynthia Espínola y Gustavo Villaverde.

Por su parte, el fiscal del caso, Néstor Narváez, mencionó que cuenta con suficientes elementos probatorios para lograr una sentencia condenatoria.

El abogado querellante, Saúl González, solicitó al tribunal que se ordene la detención preventiva del acusado para garantizar la realización del juicio oral, atendiendo a que las presentaciones de la defensa se realizan al solo efecto de dilatar el proceso. Este pedido debe ser analizado por los jueces.

Es de recordar que el acusado cumple arresto domiciliario desde hace aproximadamente dos años y, en caso de ser condenado, existe el riesgo de que pretenda cumplir su pena bajo ese mismo régimen.

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Tras más de un año de la acusación y dos años de la imputación, sigue trabada la causa penal por las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que involucra a exaltos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. El motivo es una serie de recusaciones y recursos planteados por la defensa de exautoridades abdistas.

Aunque el Ministerio Público presentó acusación formal el 11 de marzo de 2025 y solicitó elevar la causa a juicio oral, hasta el momento ni siquiera pudo realizarse la audiencia preliminar.

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), encabezada por el ingeniero Raúl Constantino, mantuvieron un encuentro con el Camilo Pérez, intendentable de Asunción por Honor Colorado, con la finalidad de interiorizarse sobre sus propuestas electorales y plantear los requerimientos del sector.

“Nosotros somos los primeros interesados, más allá de la ciudadanía en general, que el trabajo que haga el futuro intendente sea para mejorar el caos que hoy vive la ciudad de Asunción y, en esa línea, para nosotros es importante escuchar las propuestas de los candidatos”, indicó Constantino, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde las primeras horas de la fría mañana de este miércoles se desarrolla la feria “Che sýpe guarã 2.0”, en la Costanera de la capital, con gran afluencia de compradores. Ante el éxito de este tipo de exposiciones, con disponibilidad de carne vacuna, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció que la actividad se trasladará a los departamentos del interior.

El secretario de Estado adelantó que la primera edición en el interior del país se desarrollará en la ciudad de Concepción, con fecha a confirmar, según dijo a Paraguay TV. Adelantó que la realización del evento se está coordinando con las autoridades locales. Indicó que hay otra iniciativa que consiste llevar la “carnicería a tu barrio”, por lo que se está trabajando en la logística para ubicar los camiones con los productos cárnicos.

El presidente de la República, Santiago Peña, inauguró este miércoles el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, en la ciudad de Villa Hayes, en el departamento de Presidente Hayes, un proyecto impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna). Este es el primer centro de los ocho que serán construidos en suelo chaqueño, y el tercero ya ejecutado a nivel país.

“En estos cinco años tenemos que encargarnos de sembrar muchas semillas, esta es una de las semillas que estamos sembrando”, fueron las expresiones del mandatario durante este evento. Peña sostuvo que la atención a la primera infancia se transformó en una política pública de su gobierno, una acción que quedará para el país y principalmente para las familias paraguayas.

“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria” indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de primera instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM).

“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo con 30 años formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tendrá una nueva reunión este miércoles, fijada para las 15:00. Los trabajadores se mantienen firmes y aseguran que tienen justificado el pedido de aumento de 20 %. En el encuentro pasado estuvo ausente el representante de los empleadores.

Al respecto, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), conversó con GEN y Universo 970/Nación Media y valoró la apertura del Ministerio de Trabajo para analizar con tiempo y poder debatir con tiempo sobre la cuestión salarial. “Esta vez el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra Mónica Recalde, ha abierto la posibilidad de una conversación más temprana que anteriormente y el inicio de las conversaciones representa una oportunidad para presentar nuestra posición y tener tiempo suficiente para argumentar técnica y económicamente nuestro pedido de reajuste salarial muy por encima de lo que establece el IPC del Banco Central”, dijo.

La audiencia de revisión de medidas del exsenador Erico Galeano fue suspendida este miércoles tras una presentación realizada por la defensa del exlegislador. Los abogados interpusieron un recurso de reposición contra la convocatoria y también promovieron un habeas corpus preventivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exsenador fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal en la causa A Ultranza Py.