El gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciará el proceso de incorporación como país observador en el marco de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), que en la actualidad la preside Argentina. Esto lo anunció el canciller Rubén Ramírez Lezcano en la embajada argentina en Washington D. C., Estados Unidos.

“Estamos firmemente convencidos de que la memoria histórica, la educación y la defensa de la dignidad humana constituyen los pilares de sociedades sólidas. Ante el aumento del antisemitismo, la intolerancia y el discurso de odio en todo el mundo, no podemos permitirnos la indiferencia ni la neutralidad”, manifestó Lezcano.

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Así también, explicó que esta postura por parte de Paraguay esta orientada a lucha contra el antisemitismo y en busca de una sociedad libre, además de cumplir una “obligación moral” de apoyo con las víctimas del Holocausto, que permitan mediante estos acuerdos que no vuelvan a ocurrir y que por ende, darle el valor estratégico a la alianza con el Estado de Israel.

“Nuestra alianza se fundamenta en valores compartidos y en un apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a vivir en paz y seguridad, y a proteger a sus ciudadanos. Respaldamos estos valores con acciones concretas, tales como el traslado de nuestra embajada a Jerusalén y el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral y diálogo político. Estas medidas emanan de una política exterior coherente y basada en principios, que defendemos con plena convicción”, finalizó.

Cabe señalar que la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) es una organización intergubernamental integrada por 35 países y cuenta con países observadores, que promueve la memoria, la investigación y la educación sobre el Holocausto, además de combatir la distorsión histórica y el antisemitismo. Esta organización fue fundada en 1998 por iniciativa del entonces primer ministro sueco Göran Persson.

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El ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mitic) Gustavo Villate, interpretó las restricciones impuestas por Beijing como una confirmación de la estrategia tecnológica y diplomática impulsada por Paraguay.

En una extensa publicación, el ministro defendió la cooperación con Taiwán y cuestionó las sanciones por sus vínculos con las decisiones soberanas del país. Anunció que acelerará los proyectos conjuntos.

En un comunicado divulgado en sus redes sociales, Villate defendió el derecho de Paraguay de establecer sus alianzas diplomáticas y sus condiciones de seguridad tecnológica.

“Es una sanción que confirma el camino”, encabeza su descargo, respecto a la sanción que recibió el pasado 12 de octubre, por parte del Gobierno de la República Popular China.

Entre esas sanciones se contempla que no puede ingresar a este país, a Hong Kong ni Macao; además cualquier bien que tenga allí queda congelado y ninguna organización o persona en China puede hacer transacciones ni cooperar con Villate. “Su vocera fue franca sobre el propósito. Dijo que son medidas de advertencia y disuasión”, señaló.

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Al respecto, el funcionario paraguayo remarcó que no tiene bienes en ese país, por lo tanto, el efecto práctico es limitado, por lo que no lo toma de forma personal. No obstante, señaló que el mensaje merece una lectura atenta, porque habla más de las decisiones que tomó el gobierno paraguayo, antes de las que haya hecho él personalmente.

“Bajo la Ley contra Sanciones Extranjeras de China, a un funcionario de otro país se le pueden congelar o incautar bienes por las opiniones que sostiene en su propio país, mediante una decisión que la misma ley declara definitiva, sin tribunal y sin defensa. En una democracia, la propiedad privada y la libertad de opinión están protegidas justamente frente a ese tipo de poder. Esa es la diferencia de fondo entre nuestros sistemas de gobierno”, remarcó.

Villate explicó que Beijing lo acusa de difundir “desinformación” sobre ciberataques. Sobre el punto, aclaró que el Mitic publicó, junto con el Gobierno de los Estados Unidos, una declaración conjunta sobre operaciones cibernéticas maliciosas vinculadas a la República Popular China y dirigidas contra instituciones del Estado paraguayo.

“Beijing también me acusa de haber visitado Taiwán y de recibir a sus autoridades. El Paraguay tiene relaciones diplomáticas ininterrumpidas con Taiwán hace 69 años, y cooperar con un país amigo no es una provocación, es política exterior soberana. Llamar ‘peones’ a los ministros de dos naciones democráticas dice más de quién sanciona, que de quiénes son sancionados”, expresó.

El titular del Mitic sostuvo que detrás de esta presión hay decisiones técnicas, no políticas, que cualquier otro país consideraría parte de sus derechos soberanos. Indicó que en la licitación 5G del Paraguay se pidió garantías de que ningún gobierno extranjero tuviera una influencia indebida sobre las empresas que construyen estas redes.

“Aplicamos el mismo criterio al data center nacional que financia el Banco Interamericano de Desarrollo, porque la seguridad de la cadena de suministros es seguridad nacional. Y ahora aplicamos ese enfoque al software, en especial a la inteligencia artificial. La IA es como un niño: aprende lo que uno le muestra, y un modelo entrenado bajo un sistema autoritario carga con esos sesgos”, comentó.

Villate destacó el proyecto Yguazú Digital, una iniciativa binacional de inteligencia artificial con Taiwán, que, según afirmó, podría alcanzar una dimensión comparable a la de Itaipú. Además, defendió los criterios técnicos y de seguridad aplicados en la selección de proveedores tecnológicos y cuestionó que China sancionara a un funcionario paraguayo por decisiones vinculadas a estos procesos.

El ministro señaló que Taiwán y Belice también rechazaron las sanciones impuestas por Beijing, mientras que el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su oposición a las medidas de coerción contra países del hemisferio por ejercer sus derechos soberanos.

“En estos tres años aprendí que el servicio público exige decisiones cuyo impacto se mide en décadas. Esta sanción es, en el fondo, una certificación de que lo que venimos haciendo desde el 2023 es el camino correcto. Por eso mi respuesta es seguir trabajando, y con más fuerza. Vamos a acelerar cada proyecto con Taiwán: Yguazú Digital, el Parque Tecnológico, la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay y el sistema nacional de información en salud, que ya funciona en 1.000 establecimientos públicos”, enfatizó.

Finalmente, indicó que las naciones soberanas no necesitan coincidir en todo para tener relaciones constructivas, pero la reciprocidad y el respeto a la independencia no se negocian.

“El año próximo, Paraguay y Taiwán cumplirán 70 años de relaciones ininterrumpidas, y esa relación nunca va a estar sobre la mesa de negociación. La Libertad no se negocia, ni se congela, ni se sanciona. El Paraguay es una democracia que decide por sí misma, y vamos a seguir construyendo nuestro futuro junto a quienes comparten esos valores”, concluyó.

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El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon el jueves no culpables de tortura ante un tribunal de Nueva York.

La pareja, detenida en Estados Unidos desde enero, ya fue inculpada por la justicia estadounidense de narcotráfico y posesión de armas de fuego.

Su caso penal se amplió la semana pasada con acusación de haber conspirado para cometer actos de tortura contra opositores políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses.

En la inculpación presentada el 8 de octubre, los fiscales estadounidenses detallan presuntos casos de ahogamiento simulado, violaciones y golpizas.

Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos, calificó el miércoles los nuevos cargos de “acusaciones falsas”.

El exmandatario y su esposa fueron capturados en su residencia durante una espectacular operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.

Desde la caída de Maduro, su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna Venezuela como mandataria encargada bajo intensa presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

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El secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, dijo la semana pasada que los nuevos cargos contra Maduro y Flores demuestran la determinación del gobierno de Trump “de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”.

Durante su mandato de 2013 a 2026, organismos de defensa de los derechos humanos acusaron en reiteradas oportunidades a Maduro de recurrir a la represión política para aferrarse al poder.

La acusación formal de tortura presentada en Estados Unidos señala que el objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.

El escrito alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.

Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.

El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.

Maduro y Flores están encarcelados en una prisión federal de Brooklyn bajo un régimen estricto, sin acceso a periódicos ni a internet, pero con la posibilidad de hablar por teléfono con sus familias y sus abogados.

El inicio del juicio por los cargos de narcotráfico está previsto para el 1 de junio de 2027. Hasta ahora ambos se han declarado no culpables.

• Fuente: AFP

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El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos —integrado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel— advirtió al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y a otros diez acusados que deben preparar sus defensas ante la posibilidad de que los hechos investigados en el caso “Tía Chela” sean calificados también como estafa y producción de documentos no auténticos.

La acusación actual corresponde a los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. La advertencia fue realizada por el colegiado durante el juicio oral por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.

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Con relación a Prieto, el Tribunal de Sentencia indicó que debe preparar su defensa ante una eventual calificación de estafa en calidad de coautor y producción de documentos no auténticos en la modalidad de uso. Para los demás procesados, la advertencia contempla los mismos hechos punibles, pero con distintos grados de participación.

En la fecha, la audiencia oral prosiguió con la lectura de las pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público. Por el momento, no está prevista la declaración de testigos. La Fiscalía sostiene que probará que Prieto habría causado el millonario perjuicio al encabezar un supuesto esquema de desvío de recursos municipales en el que habrían participado funcionarios de su administración.

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