Esta tarde culminó el juicio oral y público en el que un Tribunal de Sentencia condenó a 4 años de cárcel a Zunilda Jara, exintegrante del grupo armado Agrupación Campesina Armada (ACA), quien fue enjuiciada por coacción, extorsión y asociación criminal. La mujer condenada es hermana de los abatidos miembros del ACA Albino y Alfredo Jara Larrea. Representó al Ministerio Público el agente fiscal Carlomagno Alvarenga.
Según los antecedentes, el hecho había ocurrido el 27 de julio de 2016, en horas de la mañana, cuando Zunilda Jara se le acercó a un trabajador de un establecimiento en la zona de Paso Tuja, que es cuñado del administrador general del mencionado inmueble rural, exigiéndole la suma de G. 10 millones y un plazo de 24 horas para que cumpla con la entrega del dinero.
Cabe recordar que Zunilda Jara ya había sido condenada a la pena de 19 años de prisión por asociación terrorista en grado de autoría y también por su colaboración como apoyo logístico del grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en la comisión del homicidio de 8 militares en la zona de Núcleo 6, en Arroyito, departamento de Concepción. El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por Richard Alarcón e integrado por los magistrados Jovino González y César Ibarra.
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La defensa de la sentenciada tiene la posibilidad de apelar la presente resolución judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que tendrá que decidir si confirma la condena o la revoca y ordena un nuevo juicio oral y público.
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Bolsonaro suma dos votos en contra y solo falta uno para su condena
Con 2-0 a favor de una condena, la corte suprema de Brasil dejó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro cerca de ir a prisión por golpismo, en un juicio histórico que Donald Trump busca influenciar con sanciones al país. El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución. En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares. El primero en exponer su voto fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.
A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una “organización criminal”, que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados. El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de “liderar” dicha organización. “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo Moraes.
“Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la corte”, cuestionó en rueda de prensa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó igualmente por la condenación. En momentos en que el bolsonarismo presiona por un eventual perdón legislativo para su líder, el magistrado sostuvo que los delitos juzgados “no son susceptibles de amnistía”.
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Banquillo vacío
Bolsonaro, que se declara inocente, y el resto de acusados no comparecieron ante el tribunal en Brasilia, constató un periodista de AFP en la sala. Sus abogados atribuyen la ausencia del excapitán del ejército, que está en arresto domiciliario, a cuestiones de salud. Está acusado de cinco delitos, entre este intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.
Habría contemplado el asesinato de Lula antes de su investidura, así como de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia en un intento de derrocar a Lula.
Se expone a hasta 43 años de cárcel, aunque una eventual condena es apelable. La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida sobre el juicio. Mientras el 53 % cree que Moraes aplica las leyes, el 39 % estima que Bolsonaro es juzgado por motivos políticos, según un sondeo del instituto Datafolha de agosto.
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¿Nuevas sanciones de Trump?
Durante el juicio, Bolsonaro ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios como Moraes. Y la amenaza de nuevas sanciones planea sobre Brasil.
“Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el lunes en X un alto funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie. “Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. Este martes, al ser consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo no tener “medidas adicionales para anunciar”.
Pero “el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo”, respondió la portavoz. Poco después, la cancillería brasileña dijo en un comunicado que Brasil “condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza” contra su democracia.
Amnistía
Los bolsonaristas dan por hecho una condena, pero no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para su líder, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el domingo en varias ciudades brasileñas.
Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle. Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección.
Fuente: AFP.
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Primero de cinco jueces, Moraes vota a favor de condenar a Bolsonaro en Brasil
El juez del supremo brasileño Alexandre de Moraes se mostró este martes favorable a condenar a Jair Bolsonaro por golpismo, en el primero de los cinco votos que deben decidir la suerte del expresidente.
Bolsonaro y los otros siete coacusados, “practicaron todas las infracciones penales imputadas por el fiscal general de la República”, dijo Moraes al emitir su voto.
El líder ultraderechista, que se expone a una condena de más de 40 años de cárcel, está acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
- Fuente: AFP
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Condenan a 6 años de cárcel y envían a prisión a exsíndico de quiebras Blas Velázquez
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Ortiz, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, condenó a 6 años de cárcel al exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y su posterior uso en vender varias veces un inmueble en el marco de un proceso judicial que ocasionó un perjuicio de G. 519.340.480.
Asimismo, los jueces de sentencia decidieron revocar las medidas y ordenaron que el condenado cumpla de forma efectiva la sentencia por lo que ya ingresará a la cárcel.
El colegido sostuvo que es sumamente grave que una persona utilice el sistema de justicia para sacar ventajas económicas por lo que corresponde condenar al acusado Blas Velázquez a la pena de 6 años de cárcel.
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VENTA IRREGULAR
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.
El escrito de la denuncia señala que el exsíndico de quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A.
El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150 mil millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones.
También se denunció otras irregularidades contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A.
Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.
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Coronel ligado a “Tío Rico” será dado de baja deshonrosamente
El pasado viernes, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Ana Rodríguez, Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años con suspensión de la ejecución de la pena al coronel Luis Belotto, así como a su esposa Alba Lidia de Belotto.
Ambos fueron encontrados culpables por el delito de soborno agravado luego de intentar facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por medio de coacciones a subordinados que estaban apostados en la cárcel militar de Viñas Cué.
Este lunes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en conversación con miembros de la prensa, confirmó que, tras la condena de Belotto, al mismo se le dará la baja deshonrosa, ya que cuando se habla de una condena en la justicia penal superior a un año, se debe cumplir con este requerimiento.
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El ministro remarcó que, lamentablemente, este tipo de hechos empañan no solamente el nombre de la institución militar, sino el trabajo que se viene realizando desde la institución para resguardar a la ciudadanía y cumplir con las órdenes del gobierno por la defensa del país.
En ese sentido, destacó el acompañamiento y la disposición que existió por parte del Ministerio de Defensa para llegar a esclarecer el hecho, recordando que la denuncia inicial la habría realizado a sus superiores un militar de rango inferior al de Belotto, el cual se habría negado a ayudarlo y que, a partir de ahí, fue puesto a disposición del Ministerio Público todo lo que les fue solicitado.
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