Durante la primera jornada de rematriculación de auxiliares de justicia y abogados desarrollada en el Palacio de Justicia de Caacupé se realizaron 302 rematriculaciones de profesionales del derecho y auxiliares de justicia.
El secretario general de la Corte, Gonzalo Sosa Nicoli, acompañó la jornada en Caacupé representando a la Corte Suprema de Justicia. La Secretaría General de la Corte está a cargo de la actividad.
Las matrículas implementan el código QR y se respetaron las normas sanitarias previas al ingreso a la sede judicial como ser el lavado de mano y la desinfección correspondiente.
En cumplimiento al cronograma de trabajo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, se inició la jornada de renovación de matrículas para profesionales. En esta ocasión, se desarrolló la actividad en la Circunscripción Judicial de Cordillera, logrando matricularse a 287 abogados, 11 oficiales de justicia, 3 escribanos y un perito.
Acompañó la actividad el presidente del Consejo de Administración Judicial de Cordillera, Carlos Cabriza, y en representación de la Corte Suprema de Justicia, el secretario general, abogado Gonzalo Sosa Nicoli.
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La Secretaría General del máximo tribunal está a cargo de estas jornadas, que tienen por objetivo brindar a los abogados, escribanos y peritos los nuevos carnets habilitados que incluyen el código QR.
En tal sentido, el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, Carlos Cabriza, resaltó la masiva presencia de profesionales y subrayó el respeto de las normas sanitarias previo al ingreso a la sede. Asimismo, agradeció las gestiones de la Corte Suprema a través de funcionarios de la Secretaría General. Este trámite se hará los días viernes, de 7:00 a 15:00, en las sedes de cada circunscripción y se extenderá hasta marzo del 2021.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py
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Comisarías de oro: piden a la Corte integrar la cámara de apelación en causa penal de Filizzola
La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbitren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación competente.
Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corresponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos deberán estudiar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para integrar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que decidir si Filizzola seguirá procesado por lesión de confianza.
En su momento, el juez penal de garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.
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En este proceso se investiga una supuesta lesión de confianza que involucra al exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra.
La Fiscalía sostiene, con varios elementos probatorios, que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción, obras realizadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron inconclusas.
Caso Helicópteros
Por otra parte, la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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UIP Guairá apuesta a expandir su influencia para atraer más industrias
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) Filial Guairá renovó sus autoridades y definió una estrategia de crecimiento que apunta a fortalecer la representación empresarial en cuatro departamentos. El plan busca impulsar nuevas inversiones, apoyar a las mipymes y consolidar el desarrollo industrial del centro del país.
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) Filial Guairá inició un nuevo ciclo institucional con la elección de su Comisión Directiva y una hoja de ruta enfocada en ampliar su presencia regional, fortalecer el tejido empresarial y generar condiciones favorables para nuevas inversiones productivas.
Durante la Asamblea General Ordinaria, que contó con la participación del presidente de la UIP, Enrique Duarte, además de integrantes de la Comisión Directiva nacional, fueron designados el doctor Mario A. Estigarribia M. como presidente de la filial y el doctor Neri F. González como vicepresidente.
Uno de los principales lineamientos de la nueva administración será extender el alcance de la filial hacia los departamentos de Caaguazú, Caazapá y Paraguarí, con el propósito de brindar representación gremial a un mayor número de empresas y acompañar el crecimiento de sectores productivos estratégicos.
Estigarribia explicó que la iniciativa no estará dirigida únicamente a las industrias, sino también a compañías vinculadas al comercio y los servicios, actividades que tienen un peso significativo en la economía regional. Según indicó, el objetivo es convertir a la UIP en un espacio de apoyo para fortalecer la competitividad y el desarrollo de las empresas.
Asimismo, señaló que otro de los desafíos de la gestión será promover la radicación de nuevos proyectos industriales y respaldar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), consideradas un componente clave para la generación de empleo y la dinamización de las economías locales.
Desarrollo regional con mayor representación. El presidente de la UIP, Enrique Duarte, destacó que el fortalecimiento de las filiales constituye una estrategia fundamental para acercar los servicios gremiales a las empresas del interior del país y responder de manera más eficiente a las necesidades del sector productivo.
En ese sentido, sostuvo que el crecimiento institucional depende del trabajo coordinado entre los distintos actores empresariales y de la construcción de consensos que permitan consolidar un entorno favorable para las inversiones y el desarrollo económico.
La nueva Comisión Directiva también quedó integrada por:
- Pauline María Ocampos
- Erlinda Alderete
- Eugen Eschgfaller
- Alfredo Laugraff
- Francy Aguilar
- y Rubén Martínez como miembros titulares.
Como suplentes fueron designados:
- Arturo Casañas
- Luis María Ocampos
- y Nelson Estigarribia,
- mientras que Lucas Viveros y Ángel Bordón integrarán la Comisión Revisora de Cuentas.
Balance de una etapa de crecimiento
Durante la asamblea, el presidente saliente, Neri González, realizó un repaso de su gestión y destacó el avance registrado por el sector industrial del departamento en los últimos años.
Según indicó, varias empresas concretaron inversiones en maquinaria, ampliaron su capacidad de producción y lograron insertarse en mercados internacionales mediante exportaciones sostenidas, generando nuevas oportunidades económicas y laborales para la región.
También resaltó el dinamismo del sector sucroalcoholero, que atraviesa un período de expansión impulsado por nuevas inversiones industriales y que ha convertido a Guairá en uno de los polos productivos con mayor proyección del país.
En un contexto en el que Paraguay busca diversificar su matriz productiva y fortalecer el desarrollo del interior, la expansión de la UIP Filial Guairá apunta a consolidar un ecosistema empresarial más amplio, capaz de atraer inversiones, mejorar la competitividad regional y potenciar la generación de valor agregado fuera del área metropolitana.
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Final feliz: la niña volvió a los brazos de su madre, pero la batalla judicial recién empieza
La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.
Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.
Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.
La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.
A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.
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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.
El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.
En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.
“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.
El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.
Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.
Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.
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