Los fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti se ratifican en la imputación contra el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnoldo Wiens.

Los agentes del Ministerio Público consideran que corresponde el proceso por supuesta lesión de confianza y daños a obras construidas, alegando que Wiens habría destruido deliberadamente las obras del proyecto del Metrobús.

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El acta de imputación formulado por los fiscales del caso refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

En la imputación también se señala que antes de la administración de Wiens, el proyecto registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto, se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato.

“Se abandonó la obra de carácter urbano sin precedentes en el país, por lo que el Estado paraguayo, hasta ese momento, ya habría invertido la suma de G. 180.030.528.699, proveniente en su mayor parte de préstamos internacionales, préstamos que a la fecha se encuentran en etapa de amortización y que estimaba beneficiar a aproximadamente 250.000 habitantes”, de acuerdo a los fiscales.

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Un anteproyecto de renovación y modernización del aeródromo “Carlos Miguel Jiménez” de la ciudad de Pilar (Ñeembucú) fue presentado recientemente por técnicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), con la participación del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en la reunión institucional.

La iniciativa apunta a marcar un paso clave para el fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo regional, por lo que el encuentro del 21 de febrero reunió al director de Aeropuertos, Rubén Aguilar; el director de Aeronáutica, José Luis Chávez; la subdirectora de Infraestructura, Beatriz Giuzzio; la ingeniera Karen Castillo y el presidente de la Dinac, Nelson Mendoza.

Así también, la ministra de Turismo, Angie Duarte, fue parte de la presentación. “Celebramos el despegue de Pilar y con ella, nuevas oportunidades para el turismo y el desarrollo del sur del país. Acompañamos la presentación del anteproyecto de renovación y modernización del aeródromo Carlos Miguel Jiménez, impulsado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil”, comentó la alta funcionaria.

“Más conectividad significa más visitantes, más inversiones y más empleo para nuestra gente. Cuando fortalecemos la infraestructura aérea, acercamos destinos, dinamizamos la economía local y posicionamos a Ñeembucú como un nuevo polo turístico del Paraguay. Este proyecto es una apuesta concreta al crecimiento regional y a la integración del país. Porque donde hay conexión, hay turismo. Y donde hay turismo, hay desarrollo”, agregó la titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur).

El aeródromo “Carlos Miguel Jiménez” posee una pista de 1.500 metros de largo y 18 metros de ancho, construida con pavimento rígido. En el año 2005, este aeropuerto pasó por una renovación tecnológica muy importante y, a partir del año 2023, fue habilitado para recibir vuelos internacionales.

La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.

Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.

El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.

Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.

Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.

Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.

Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.

Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.

El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.

“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.

Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.

Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.

La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.

“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.

“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.

El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.

• Fuente: AFP

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La fiscalía de Brasil afirmó que “no hay duda” de la culpabilidad de los dos políticos acusados de ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco, durante el inicio el martes de un juicio, ocho años después de este crimen que conmocionó al país.

Ícono de la causa negra y LGTB y ferviente opositora a las milicias que operan en Rio, Franco fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018, cuando tenía 38 años, mientras viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad de la que era concejala.

Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes. El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.

La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Rio, de haber ordenado este homicidio.

Con las pruebas presentadas “no hay duda” de la “autoría delictiva” de los hermanos en los homicidios, dijo a los jueces de la corte suprema en Brasilia el vicefiscal Hindenburgo Chateaubriand.

Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.

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Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.

“Marielle se perfiló como un riesgo para los intereses de los hermanos Brazao”, apuntó el vicefiscal.

Cuatro magistrados votarán por la condena o absolución en este juicio que se realiza en la sede del máximo tribunal, con la presencia de legisladores y periodistas, constató la AFP.

Anielle Franco, hermana de la concejala asesinada y ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, asiste al juicio, al igual que otros miembros de su familia.

Hay que “investigar y castigar”, dijo a periodistas Anielle Franco, antes de entrar en la sala. Debe dejar de ser “admisible que una concejala sea asesinada”, agregó.

Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.

Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.

“Personas que se consideraban intocables están hoy en el banco de los acusados”, observó Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil. El país, dijo, “tiene una oportunidad de pasar la página de la impunidad”.

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La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.

Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.

En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.

Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.

Durante el juicio, Lessa dijo haberse “vuelto loco” con la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.

Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.

El juez Alexandre De Moraes será el primero en votar en este juicio, para el que aún está prevista una eventual última sesión el miércoles.

Este magistrado, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.

• Fuente: AFP

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