Un hombre fue condenado a 14 años de cárcel tras ser encontrado culpable por coaccionar y violar sexualmente a su hijastra de 13 años de edad. La fiscala del caso fue Sonia Pereira.
De acuerdo a los magistrados de sentencia, el Ministerio Público pudo demostrar durante el debate del juicio oral la responsabilidad del acusado, quien es abogado. La sentencia se pudo dictar tras varios años de litigio, debido a que el hoy condenado presentaba chicanas para evitar ser juzgado por un colegiado.
Los antecedentes indican que el sentenciado violó a su hijastra y la amenazaba constantemente para que ella no pueda denunciar el grave hecho, hasta que decidió realizarla y la Fiscalía tomó intervención imputando al profesional del derecho que hoy está condenado por coacción sexual y violación.
Según quedó probado, el ahora condenado sometió sexualmente a la menor desde que tenía 13 años, en el 2007, y a partir de allí en diversas oportunidades. El hombre amenazaba a la menor con matar a su madre y mediante ella cometía los abusos que se dieron hasta que la víctima quedó embarazada en el 2009.
Por su parte, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que deberá analizar si corresponde confirmar la resolución de primera instancia o en su defecto revocar y ordenar que se vuelva a realizar un nuevo juicio oral y público.
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El abogado Óscar Tuma rechaza haber cometido lavado de dinero
“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.
“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.
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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.
El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.
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Acusación de la Fiscalía contra el senador Hernán Rivas es “insostenible”, dice abogado
El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.
“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.
El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.
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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.
La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.
“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.
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Condenan a 6 años de cárcel y envían a prisión a exsíndico de quiebras Blas Velázquez
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Ortiz, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, condenó a 6 años de cárcel al exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y su posterior uso en vender varias veces un inmueble en el marco de un proceso judicial que ocasionó un perjuicio de G. 519.340.480.
Asimismo, los jueces de sentencia decidieron revocar las medidas y ordenaron que el condenado cumpla de forma efectiva la sentencia por lo que ya ingresará a la cárcel.
El colegido sostuvo que es sumamente grave que una persona utilice el sistema de justicia para sacar ventajas económicas por lo que corresponde condenar al acusado Blas Velázquez a la pena de 6 años de cárcel.
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VENTA IRREGULAR
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.
El escrito de la denuncia señala que el exsíndico de quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A.
El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150 mil millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones.
También se denunció otras irregularidades contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A.
Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.
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Coronel ligado a “Tío Rico” será dado de baja deshonrosamente
El pasado viernes, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Ana Rodríguez, Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años con suspensión de la ejecución de la pena al coronel Luis Belotto, así como a su esposa Alba Lidia de Belotto.
Ambos fueron encontrados culpables por el delito de soborno agravado luego de intentar facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por medio de coacciones a subordinados que estaban apostados en la cárcel militar de Viñas Cué.
Este lunes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en conversación con miembros de la prensa, confirmó que, tras la condena de Belotto, al mismo se le dará la baja deshonrosa, ya que cuando se habla de una condena en la justicia penal superior a un año, se debe cumplir con este requerimiento.
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El ministro remarcó que, lamentablemente, este tipo de hechos empañan no solamente el nombre de la institución militar, sino el trabajo que se viene realizando desde la institución para resguardar a la ciudadanía y cumplir con las órdenes del gobierno por la defensa del país.
En ese sentido, destacó el acompañamiento y la disposición que existió por parte del Ministerio de Defensa para llegar a esclarecer el hecho, recordando que la denuncia inicial la habría realizado a sus superiores un militar de rango inferior al de Belotto, el cual se habría negado a ayudarlo y que, a partir de ahí, fue puesto a disposición del Ministerio Público todo lo que les fue solicitado.
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