Un hombre fue condenado a 14 años de cárcel tras ser encontrado culpable por coaccionar y violar sexualmente a su hijastra de 13 años de edad. La fiscala del caso fue Sonia Pereira.
De acuerdo a los magistrados de sentencia, el Ministerio Público pudo demostrar durante el debate del juicio oral la responsabilidad del acusado, quien es abogado. La sentencia se pudo dictar tras varios años de litigio, debido a que el hoy condenado presentaba chicanas para evitar ser juzgado por un colegiado.
Los antecedentes indican que el sentenciado violó a su hijastra y la amenazaba constantemente para que ella no pueda denunciar el grave hecho, hasta que decidió realizarla y la Fiscalía tomó intervención imputando al profesional del derecho que hoy está condenado por coacción sexual y violación.
Según quedó probado, el ahora condenado sometió sexualmente a la menor desde que tenía 13 años, en el 2007, y a partir de allí en diversas oportunidades. El hombre amenazaba a la menor con matar a su madre y mediante ella cometía los abusos que se dieron hasta que la víctima quedó embarazada en el 2009.
Por su parte, la defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un Tribunal de Apelación el que deberá analizar si corresponde confirmar la resolución de primera instancia o en su defecto revocar y ordenar que se vuelva a realizar un nuevo juicio oral y público.
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Tragedia: motín en cárcel de Venezuela deja cinco muertos
Al menos cinco prisioneros murieron durante un motín en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela, informó el martes el ministerio de Servicio Penitenciario.
Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios y el control que ejercen grupos delictivos.
El lunes “se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín” en la cárcel Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, informó el ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado difundido en redes.
“Deja como resultado el fallecimiento de cinco personas privadas de libertad”, añade el escueto texto.
Las autoridades penitenciarias no detallaron las razones del conflicto, tampoco si hubo heridos.
La Fiscalía venezolana anunció la víspera una investigación sobre el incidente.
La cárcel consta de tres instalaciones: Yare I, II y III.
En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.
Decenas de presos fueron trasladados a Yare III tras estas operaciones.
La instalación vecina, Yare II, sirve como prisión política.
La semana pasada al menos 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera fueron excarcelados de ese centro de detención, constató un equipo de la AFP.
La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 105 muertes en cárceles venezolanas durante 2024 vinculadas con las precarias condiciones de reclusión.
Fuente: AFP
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Recusan a ministro de Corte con el objetivo de trabar causa penal de Miguel Zaldívar y otros
El abogado Marcio Battilana, representante legal de Eleno Martínez —imputado junto a Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, por lavado de dinero—, recusó al ministro e integrante de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera. De esta manera, continúa la línea obstruccionista que busca paralizar el curso del caso.
Con esta nueva chicana presentada por el abogado Battilana, primero se deberá conformar la Sala Penal para estudiar la recusación; posteriormente, se analizarán los incidentes planteados por Zaldívar y los demás imputados en el proceso. La defensa de los procesados ha presentado diversos incidentes ante la máxima instancia judicial con el único fin de evitar someterse a la Justicia.
La recusación contra el ministro Benítez Riera argumenta que un hermano del alto magistrado trabajó en el Banco Atlas entre los años 2006 y 2010, motivo por el cual solicitan su apartamiento. Actualmente, la Sala Penal de la Corte se encuentra desintegrada, debido a que los ministros Carolina Llanes y Gustavo Santander ya se han apartado del expediente. El caso se encuentra ahora para consulta de integración con el ministro César Diesel, de la Sala Constitucional.
Zaldívar podría ir a la cárcel
Ante la actitud obstruccionista al debido proceso, manifestada en las reiteradas maniobras dilatorias presentadas por Miguel Ángel Zaldívar y los demás imputados por lavado de dinero —en el marco de la denuncia realizada por la Conmebol—, el juez de la causa podría evaluar la aplicación de otras medidas establecidas en el ordenamiento jurídico. Entre ellas destaca la posibilidad de decretar la prisión preventiva para los imputados que, hasta el momento, no se han sometido a la Justicia.
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“Quieren descabezar la investigación”, dijo Lovera ante estrategias de directivos de Atlas
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), calificó como “bastante predecibles” las estrategias que son adoptadas por la defensa del titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar y los 8 imputados por lavado de dinero para frenar la investigación fiscal y evitar un juicio oral y público.
“Ahora comenzaron con recusaciones en sede fiscal y judicial. Yo creo que van a proseguir con esa estrategia que es bastante predecible, la defensa afirma que es un caso prescripto, ellos en realidad quieren extender lo más que puedan los plazos de la investigación para que en algún momento se sientan habilitados a plantear algo así“, afirmó Lovera a la 1330 AM.
Las afirmaciones de Lovera surgieron tras la paralización de la audiencia de imposición de medidas para Zaldívar, que debió ser desarrollada el pasado 15 de abril ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
“La estrategia es netamente tratar de descabezar la investigación y ver que pueden pescar en ese contexto. Ellos se presentan como víctimas del sistema judicial y acto seguido realizan recusaciones”, dijo Lovera al argumentar que la defensa a la vez emplea una cobertura mediática en un intento de apartar a los acusadores para anular el proceso.
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La audiencia quedó trabada luego de que la defensa de uno de los imputados Celio Tunholi haya recusado a los camaristas Mario Camilo Torres, Paublino Escobar y Silvana Luraghi, miembros del Tribunal de Apelación en lo Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado.
Esta situación obliga a la Sala Penal de la máxima instancia judicial a pronunciarse antes de continuar con las diligencias. La Fiscalía tiene plazo hasta el 30 de abril para presentar su requerimiento conclusivo, que puede derivar en acusación o sobreseimiento.
Hasta que no haya una resolución de la Corte, el avance del proceso seguirá suspendido por los recursos planteados por las defensas. En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
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MEC reporta 13 amenazas de tiroteo en una semana y recuerda responsabilidad penal desde los 14 años
El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmó que en lo que va de esta semana recibieron 13 amenazas de tiroteo en distintas instituciones educativas.
Recordaron que existe responsabilidad penal desde los 14 años de edad, por lo que los menores pueden ser imputados por este tipo de actos.
Según Sonia Escauriza, directora de protección a la niñez de la cartera educativa, esta semana hubo una seguidillas de amenazas de que habría supuestos tiroteos en escuelas y colegios de varios puntos del país. Esto hace que las clases tengan que ser suspendidas, ante la activación de un protocolo, pese a que sean bromas.
“Es preocupante, desde el lunes que estamos recibiendo todas con las mismas características, escritos en el sanitario, tiran papeletas en lugares estratégicos. Entre ayer y hoy se sumaron unos 13 casos”, expresó Escauriza, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.
Refirió que hasta el momento ya llegaron a uno de los presuntos autores y que este fue detenido, en este caso fue un adulto que amenazó al colegio Cristo Rey. En tanto que, a los demás aún no lograron individualizar, pero que cada caso está siendo investigado por lo que no tardará en llegar a los responsables.
“En ese sentido, ante estas alertas debemos activar el protocolo para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Ya llegamos a uno de los autores de estas denuncias y los demás casos están siendo investigados”, aseguró.
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Pueden ser imputados
Escauriza indicó que lamentablemente en la mayoría de los casos son los propios estudiantes quienes hacen este tipo de amenazas, motivados por actos similares o siguiendo retos que se lanzan en redes sociales. En otros casos lo hacen para no ir a clases en la fecha estipulada en el mensaje.
“Primero hablábamos con los padres, quienes generalmente afirman que es una broma pero más allá de eso tenemos que tomarlo con seriedad. Insto a los padres de familia que conversen con niños y adolescentes de que si éste ya cumple los 14 años para arriba, ya son imputables, pueden estar pegados a un proceso judicial”, refirió.
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Llamado a la cordura
La profesional agregó que este tipo de amenazas representa no solo una molestia sino que genera miedo en los alumnos más pequeños y los padres. Esto, porque se moviliza a varias instituciones desde la Policía hasta a los bomberos, que están apegados a los protocolos de seguridad.
“Llamamos a la cordura, a todos nuestros padres de familia que le dediquen un tiempito para conversar de la gravedad de estas denuncias. Cada caso se comunica a la comisaría más cercana, los agentes van y verifican el lugar donde se recibe la amenaza”, concluyó.