El juicio oral y público contra las personas acusadas por presuntamente fabricar bombas molotov en el interior de la sede del Partido Liberal el pasado 31 de marzo del 2017, se desarrollará el 12 de noviembre de este año. Así lo fijó la presidenta del Tribunal de Sentencia, Elsa García.
Están acusados en el presente proceso penal Rubén Galeano, Stiben Patrón, Luis Osvaldo y Brian Esteban Martínez. Asimismo, el colegiado que tendrá a su cargo juzgar a los procesados está presidido por la magistrada Elsa García e integran el Tribunal de Sentencia Olga Ruiz y Digno Arnaldo Fleitas.
El juez penal de Garantías, Gustavo Amarilla, decidió elevar a juicio oral y público la causa que investiga lo ocurrido aquel 31 de marzo y madrugada del 1 de abril del 2017.
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El Ministerio Público sostiene que cuenta con suficientes elementos para llegar a una condena contra los acusados. En el juicio se debatirán las pruebas que ofrecerá la Fiscalía, así como la defensa de los acusados.
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Caso Ueno Bank: investigarán a Joshua Abreu por operaciones financieras
El Ministerio Público confirmó este martes la apertura de una investigación contra el exdirector de Ueno Casa de Bolsa y extitular de la Superintendencia de Valores del BCP, Joshua Abreu con el objetivo de esclarecer las operaciones entre la firma bursátil y Ueno Bank, además de determinar posibles responsabilidades de otros funcionarios.
El fiscal Francisco Cabrera explicó que la primera etapa de la pesquisa se centra en las actuaciones directas del banco y que en escenario, el exdirector pasa a ser objeto de investigación porque estuvo al frente de la casa de bolsa. “Por supuesto que el señor Abreu va a ser sujeto de investigación”, afirmó a los medios de comunicación.
En el marco de los procedimientos, las autoridades ya procedieron a la incautación de equipos informáticos y servidores para su correspondiente peritaje.
Hasta el momento, Abreu figura en la carpeta fiscal bajo análisis de sus actuaciones y vinculaciones con el holding, pero no existe una imputación formal en su contra.
Resaltó que la investigación corresponde a la causa n.° 89/2026 “Federico Miguel Vázquez y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, en este mismo proceso analizan la posibles responsabilidades de otros funcionarios y directivos que formaron parte del esquema operativo.
En paralelo, desde el Centro Familiar de Adoración emitieron un comunicado en el que anunciaron que Abreu, en su calidad de pastor, decidió apartarse temporalmente de sus funciones ministeriales en tanto avance el proceso de investigación que involucra a Ueno Bank.
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El exministro Arnaldo Giuzzio enfrenta los últimos días de juicio oral por cohecho pasivo
El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez —acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua— continúa este martes a partir de las 08:00. Durante la jornada podrían declarar los últimos testigos para posteriormente ingresar a la etapa final de la audiencia oral.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado. Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
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En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021. Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad. “Confirmó que ese vehículo fue trasladado hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado de la Senabico que utilizaba el Ministerio del Interior en ese entonces y que fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
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Ratifican prisión y elevan a juicio proceso por el sicariato del militar Guillermo Moral
La jueza de Garantías Cynthia Lovera elevó a juicio oral y público el proceso penal contra Ángel David González Guillén, acusado de colaborar con la logística del sicariato del teniente coronel Guillermo Moral, ocurrido el 2 de octubre de 2025 frente a la Facultad de Derecho de la UNA. Asimismo, la magistrada ratificó la prisión preventiva del procesado y admitió la acusación fiscal por los delitos de sicariato y asociación criminal.
De acuerdo con la Fiscalía, el acusado habría colaborado con una transferencia de G. 800.000 destinada a financiar la vigilancia y el seguimiento de la víctima. El dinero fue entregado por su hermano, Carlos Antonio Báez Guillén, alias “Lulú”, quien también le proporcionó los datos de una cuenta bancaria para realizar el envío. González Guillén recurrió a su amigo Rolando Javier Torres Rivarola, quien finalmente efectuó la transferencia a una cuenta perteneciente a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, tía de uno de los presuntos autores materiales del crimen, Rogelio Lemuel Díaz Brítez.
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El Ministerio Público señala que las comunicaciones por WhatsApp, los registros bancarios y las declaraciones de testigos respaldan firmemente la acusación. Por otra parte, la jueza se opuso al pedido de sobreseimiento definitivo de Jorge Guillén Bogado y remitió las actuaciones a la Fiscalía General del Estado para que, en un plazo de 10 días hábiles, ratifique o rectifique la solicitud presentada por los fiscales inferiores.
Ahora se deberá sortear quiénes serán los jueces de Sentencia que deberán juzgar al acusado por el caso registrado frente a la facultad de derecho de la UNA.
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Caso ueno bank: defensor del pueblo exige transparencia y garantías para ahorros y fondos del IPS
Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.
El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.
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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
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