• Jorge Zárate
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Derribar aquello de que el hombre manda/mujer obedece es clave para enfrentar el flagelo del feminicidio. La violencia de género tiene en estos crímenes su desenlace más extremo, la punta del iceberg. Subyacen allí controles cotidianos, humillaciones, aislamiento, amenazas, dependencia económica, miedo, celos naturalizados, violencia psicológica, golpes, acoso, persecución, silencios familiares e instituciones que llegan tarde. Aquí el análisis de tres especialistas.

El cuadro social determina comportamientos, coinciden las especialistas consultadas para este informe. El machismo estructural es la respuesta principal al por qué se sigue matando de la manera aberrante que se vio en el profusamente televisado caso de Deisy Giménez.

Entendiendo esto, se preguntó por qué el duro castigo previsto no detiene estas acciones, a qué se debe la insuficiencia de lo punitivo. Raquel Samudio, del departamento de Psiquiatría y Psicología Forense del Ministerio Público, explica que “la mayoría de los feminicidas no tienen una enfermedad mental que anule su comprensión o su voluntad, saben lo que hacen. Entonces, atribuir esto a un trastorno desplaza la responsabilidad y además estigmatiza a las personas que tienen un sufrimiento mental que en la mayoría de los casos son víctimas y no victimarios”.

“El agresor no hace un cálculo racional de los costos, actúa desde una lógica “si no es mía no es de nadie”. Entonces, la pérdida de control sobre la mujer lo vive como algo intolerable. Por esto es que no es raro que después se autoeliminen porque no es que les importe el castigo, sino que su objetivo es eliminar ese objeto que perdieron. Entonces esto también es muy importante porque la respuesta no puede ser solo penal, tiene que ser preventiva y tiene que ser temprana”, señala.

De su experiencia, describe que en los feminicidas suelen verse rasgos como “posesividad extrema o celos, baja tolerancia a la frustración, dependencia emocional que muchas veces se disfraza como de dominio, como la necesidad de dominar en realidad porque dependen emocionalmente de la otra persona y creencias rígidas sobre los roles de género”. También se dan “antecedentes de violencia previa, en algunos casos hay consumo de sustancias, que no es en sí misma la causa de la violencia, pero sí la agrava”, agrega.

Myrian González desde hace más de 20 años es redactora del capítulo “Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia” para el informe anual de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).

Describe entonces que el feminicida “se ciega ante lo que considera una afrenta a su hombría. Muchas veces le da vergüenza que otros hombres le consideren inútil, débil, por permitir que la mujer sea ‘juru guasu’, no baje la cabeza, no se calle, denuncie, le abandone”, describe.

“Según mi análisis, no es que sufre por amor, porque le dejaron, ni porque tiene algún descontrol psíquico. Lo que le pasa es que ve en peligro su hombría, él no puede actuar como un pelele, el mandato cultural masculino le dicta que él es el que manda sobre su novia o mujer. Siente que se le rompe el mandato tradicional del macho, del hombre de la casa”, dice describiendo el cuadro.

González, que es directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE), entiende que “un problema principal es la ausencia, la falta de una educación igualitaria, que es responsabilidad del Estado”.

Agrega que la “educación machista es resultado de esa cultura que valora de manera diferenciada a mujeres y hombres. El Estado, con sus ministerios y políticas públicas, es responsable de no promover la educación igualitaria. Esto es, mirando la realidad con perspectiva de igualdad de género”, describe.

“Se debe visualizar, comprender y aceptar que esas diferencias entre mujeres y hombres generan discriminación y desigualdades y que estas se traducen en que las niñas tienen que portarse bien y no “tentar” a los varones, las mujeres deben obedecer a sus esposos para que no se enojen, las jóvenes no tienen que provocar sexualmente a los hombres vistiéndose de x forma, ni salir solas o a la noche. Esta es la cadena que somete a mujeres y envalentona a los hombres”, apunta llamando a la transformación de esta matriz.

Monserrat Fois es antropóloga social y preside la Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas (APIF). Considera que una de las dimensiones más graves del problema “es la abrumadora irresponsabilidad del Estado porque no estamos frente a un fenómeno desconocido ni mucho menos inexplicable. Existen décadas de investigación en estudios de género, en sociología, antropología, en derecho y en políticas públicas que permiten comprender cómo se producen y reproducen las violencias contra las mujeres”.

Yendo a los datos, recuerda que “en Paraguay, solamente en 2025 hubo 37 feminicidios y más de 37 mil víctimas registradas de violencia familiar. En lo que va de 2026, ya van 20 feminicidios y 28 tentativas de feminicidios. Es decir, detrás de los casos extremos que llegan a los medios existe un universo muchísimo mayor de violencia cotidiana”, describe.

“Entonces, no me estoy refiriendo solamente a que una institución haya actuado mal ante una denuncia concreta, sino a gobiernos que, teniendo evidencia disponible, deciden escuchar a sectores políticos y religiosos que cuestionan sistemáticamente las políticas de género basados en prejuicios, supersticiones, odio o miedo y desoyen el conocimiento acumulado generado por investigadoras, académicas, funcionarias públicas y organizaciones feministas”, apunta.

Explica entonces que hay estudios e informes internacionales que permiten generar una trazabilidad sobre eventuales agresores: “Esto no significa, por supuesto, que podamos saber con certeza qué agresor va a matar ni en qué momento. Pero sí nos está diciendo que existen trayectorias y señales de riesgo que pueden ser identificadas y que deberían activar respuestas estatales diferenciadas”.

Insiste en que “antes que hablar de ‘combatir el feminicidio’, el Estado necesita construir capacidad para identificar trayectorias de violencia antes de que se vuelvan letales”.

Apunta entonces que “en el corto plazo, debemos evitar que una trayectoria de violencia tenga a la muerte al final de la historia. Y en el largo plazo, transformar las condiciones sociales, económicas, culturales e institucionales que producen, permiten y las legitiman. El problema es estructural y, por lo tanto, la respuesta también tiene que tener esa categoría”.

Es hora de actuar.

Lo mediático juega un papel clave en la reproducción del modelo que incuba los feminicidios, pero puede también convertirse en factor de reversión. Todo depende de los ejercicios profesionales y empresariales, entienden las especialistas.

Para la psiquiatra Raquel Samudio, “una cobertura con muchos detalles morbosos del método, de fotos de la víctima, de relatos que romantizan al agresor como que la amaba demasiado o fue un crimen pasional o que terminan culpabilizando a la mujer, revictimiza a las familias. Además, también hay evidencia de que la difusión masiva de estos casos puede asociarse a un efecto dominó en otras personas que ya estaban predispuestas a cometer un crimen”, recuerda.

Apunta a su vez que “los medios también pueden funcionar como un factor protector muy grande cuando nombran el hecho como feminicidio, cuando contextualizan la violencia como un problema social y no como un caso individual, como un hecho privado, cuando muestran las señales de alerta y cuando informan dónde pedir ayuda. El periodismo responsable salva vidas”, recuerda.

Para la antropóloga social Montserrat Fois, “tanto los medios como las autoridades públicas producen sentidos y categorías a través de las cuales interpretamos la realidad. Contribuyen a decirnos qué es grave, qué es normal, qué es excepcional, qué es tolerable y hasta dónde una determinada violencia merece ser considerada un problema público”.

Citando a Rita Segato en su libro “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”, recuerda que no es correcto presentar esta violencia como “algo disperso, anómalo o episódico. Un crimen acá, otro crimen allá, una pareja que discutió, un hombre que perdió el control”, sin reflejar “la estructura que conecta fenómenos que aparentemente no tienen relación entre sí”.

Otro elemento que pone en discusión es la espectacularización de la violencia. “Vimos circular por todas partes el video del feminicidio de Deisy y amanecimos a los días con la noticia de otro feminicidio ocurrido en Canindeyú. Quiero ser muy cuidadosa acá porque no puedo ni pretendo afirmar que exista una relación causal directa entre la difusión de un feminicidio y la comisión de otro. Pero Segato plantea algo muy importante para pensar este fenómeno y es que la propia violencia puede funcionar como una forma de comunicación”.

Agrega entonces que “la violencia no solamente actúa sobre la víctima concreta, puede comunicar poder, mostrar de qué es capaz el agresor, hasta dónde puede llegar, qué capacidad tiene de controlar, castigar o disponer sobre el cuerpo de otra persona. Y cuando los medios o las redes espectacularizan esa violencia pueden, potencialmente, convertirse en parte de la circulación de ese mensaje, ampliar su audiencia”.

Expone ante el caso que “esa exhibición reiterada puede ofrecer repertorios de acción y modelos de potencia con los cuales otros agresores pueden llegar a identificarse. No estoy diciendo que alguien que vea un feminicidio en televisión o en Tiktok automáticamente salga a cometer otro. Sería irresponsable afirmarlo de esa manera. Lo que estoy diciendo es que debemos preguntarnos qué efectos sociales produce mostrar una y otra vez el momento exacto en que una mujer es violentada o asesinada, convertir al agresor en protagonista y hacer circular su acto de poder millones de veces”, apunta.

Entiende que en esa situación el medio deja de ser solamente un canal que informa sobre un crimen corriendo el riesgo de transformarse, “aun sin proponérselo, en parte del dispositivo mediante el cual ese crimen adquiere visibilidad, audiencia y capacidad de comunicar poder. Para mí, ahí está la enorme responsabilidad de los medios y también de las plataformas digitales: informar sin convertir la crueldad en espectáculo”.

La jueza penal contra el Crimen Organizado Rosarito Montanía pospuso para el 14 de diciembre la audiencia preliminar de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el abogado Óscar Tuma y dos escribanas quienes están acusados por varios delitos.

Montanía alegó sobrecarga laboral para reprogramar la diligencia, en la que debía resolverse si la causa pasa o no a juicio oral y público. Tuma y demás están acusados por presuntos hechos de lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en una causa vinculada a la supuesta transferencia irregular de bienes que habrían buscado evitar su eventual comiso en el marco del caso “Pavo Real”.

Según la Fiscalía, Alexandre Rodrigues Gomes transfirió cuatro inmuebles ubicados en Pedro Juan Caballero y ocho vehículos de su propiedad, mediante la presunta alteración de datos registrales. Con estas operaciones, habría evadido medidas cautelares dictadas en su contra y buscado impedir el eventual comiso especial de bienes provenientes de hechos de narcotráfico y asociación criminal.

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La investigación también atribuye responsabilidad a las dos escribanas que confeccionaron las escrituras de transferencia. Según los fiscales, habrían dejado constancias falsas sobre determinados hechos en los documentos, a solicitud de Rodrigues Gomes.

Con relación al abogado Óscar Tuma, la acusación sostiene que recibió mediante transferencia cuatro inmuebles individualizados como pago de honorarios profesionales. Para el Ministerio Público, el profesional del derecho habría actuado con conocimiento de que Rodrigues Gomes estaba inhibido y, por tanto, impedido de transferir sus propiedades.

La Fiscalía considera que estas operaciones habrían impedido que los inmuebles fueran incorporados a la nómina de bienes sujetos a decomiso por parte del Estado paraguayo.

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Se suspendió la audiencia preliminar del exintendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR), acusado por lesión de confianza y asociación criminal debido a supuestas irregularidades en la compra de detergentes y otros insumos durante la pandemia. El procesado logró aplazar la diligencia, prevista para hoy, tras presentar un reposo médico.

A través de su abogado, Rodríguez solicitó la suspensión de la audiencia e informó que se encuentra bajo prescripción médica. Ante esta situación, el Juzgado de Garantías postergó el acto en el que debía resolverse si el exintendente afrontará o no un juicio oral y público. El juez Rodrigo Estigarribia deberá fijar una nueva fecha para la diligencia, en la que se analizará si corresponde admitir la acusación presentada por el Ministerio Público en septiembre de 2025.

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Según la acusación fiscal, durante la gestión de Rodríguez se habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 1.808.956.000 mediante la adquisición irregular de diversos insumos que, en muchos casos, ni siquiera ingresaron a la Municipalidad de Asunción. La Fiscalía sostiene que entre los años 2020 y 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, se realizaron procesos de contratación que favorecieron sistemáticamente a un grupo de empresas, vulnerando los principios de igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.

El Ministerio Público también afirma que los procesados habrían utilizado figuras legales —como nombramientos, contratos y emisión de cheques— para montar una estructura destinada a defraudar a la comuna capitalina en perjuicio de la ciudadanía. Además, la acusación señala que varias licitaciones fueron direccionadas a determinadas firmas, contraviniendo las disposiciones de la ley de contrataciones públicas.

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La Cámara de Senadores aprobó este miércoles en su sesión extraordinaria el proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo a convocar a una cumbre de poderes del Estado para el abordaje integral del hecho punible de feminicidio en la República del Paraguay.

El documento impulsado por la senadora de Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, y aprobado por sus pares de forma unánime, refiere que “el feminicidio se presenta como una de las manifestaciones más extremas de violencia contra las mujeres y exige una respuesta estatal integral, coordinada y sostenida, pero lo más importante, con carácter urgente”, refiere.

Agrega que “la persistencia de estos hechos impone la necesidad de evaluar la eficacia de los mecanismos de prevención, protección, investigación y sanción, así como las eventuales falencias en la actuación de las instituciones competentes”.

La iniciativa sostiene que tanto el artículo 60 de la Constitución Nacional, que dispone que el Estado promoverá políticas para evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas que atenten contra su solidaridad, como la Ley N.º 5777/2016 “de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que establece responsabilidades estatales para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, cuya implementación requiere la articulación efectiva de distintos organismos e instituciones.

“En este contexto, una Cumbre de Poderes permitiría reunir a las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con la participación del Ministerio Público y de las instituciones especializadas, a fin de identificar obstáculos, fortalecer la coordinación interinstitucional y definir medidas concretas de actuación”, expresa.

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Señala también que los datos alarmantes arrojan que en el año 2025 se registraron un total de 37 víctimas de feminicidio y 55 víctimas de tentativa de feminicidio, lo que derivó en un saldo de 69 niños que han quedado huérfanos. Con respecto al año en curso, en el 2026 ya se registran 20 feminicidios y 28 víctimas de tentativa de feminicidio, según fuentes oficiales del Ministerio Público.

“​Por tanto, se considera necesario exhortar al Poder Ejecutivo a articular los mecanismos para la convocatoria a dicha instancia, en coordinación con las máximas autoridades de los demás poderes del Estado, con el propósito de establecer compromisos institucionales verificables y avanzar en una estrategia integral que fortalezca la prevención de los feminicidios, la protección efectiva de las mujeres en situación de violencia y la respuesta oportuna de los órganos competentes que se orienten a la protección integral de las familias paraguayas", indica la iniciativa.

A la vez, el plenario aprobó tratar dentro de 15 días el proyecto de ley para la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, impulsado por la senadora colorada Lilian Samaniego.

La propuesta tiene como finalidad principal dar celeridad a las renuncias reales y desestimar las falsas. Se plantea que los juzgados y tribunales se encuentren conformados por jueces, fiscales, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras para asistir a las víctimas mediante la coordinación efectiva entre instituciones y la erradicación de la burocracia.

Dicha propuesta había sido objeto de controversia en el Legislativo, donde se sancionó una versión que creaba juzgados especializados de violencia en el grupo familiar, suprimiendo la especificación sobre las mujeres, punto que fue cuestionado por Samaniego. Finalmente, el proyecto de ley terminó siendo vetado por el Ejecutivo.

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