El agente fiscal Víctor Adolfo Santander logró una condena de 15 años de pena privativa de libertad para Francisco Javier Portillo Núñez, quien fue hallado culpable en la comisión del hecho punible de homicidio doloso. La causa es anterior a la vigencia de la Ley 5.777/16 que incorpora el feminicidio.
Refieren los antecedentes que en fecha 21 de octubre del 2016, Rosa Chaparro se encontraba en su domicilio ubicado en el Km. 9 Monday, barrio Virgen de Fátima, cuando llegó el hoy condenado, con quien tenía una relación sentimental. Posteriormente, Chaparro le echó del lugar comenzando así una discusión entre ambos, hasta que en un momento dado, el condenado le propinó un golpe de puño en el rostro a la mujer.
Portillo aprovechó el momento de indefensión de la víctima para atarla por la cama y así propinarle más golpes por la cabeza, para que no grite ni pida auxilio. Debido a la brutalidad con la que la golpeó, se produjo una fractura en la base del cráneo, lo que ocasionó la muerte de su pareja.
Portillo se dio a la fuga refugiándose en su domicilio en el barrio La Blanca, pero fue aprehendido por la Policía y puesto a disposición de la Fiscalía.
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La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el referido fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que tendrá que decidir si corresponde confirmar el fallo o revocarlo y ordenar que se realice un nuevo juicio oral y público.
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Corte deja firme condena de 5 años por enriquecimiento ilícito contra Miguel Cuevas
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena de 5 años por enriquecimiento ilícito para el exdiputado y dirigente del departamento de Paraguarí, Miguel Cuevas, tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria en diciembre del año 2023.
Cuevas, quien se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de septiembre de 2023 por no poder justificar un incremento patrimonial de G. 1.934.584.283 entre los años 2009 y 2019, periodo en el que se desempeñó en la función pública.
En el caso judicial, Nación Media tuvo un aporte decisivo a través de sus investigaciones periodísticas y publicaciones al exponer públicamente las irregularidades del vertiginoso e injustificado incremento patrimonial de Cuevas mientras ejercía cargos públicos, como gobernador de Paraguarí y posteriormente como presidente de la Cámara de Diputados. La cobertura documentó las pericias contables de la Fiscalía y denunció las constantes chicanas para frenar el juicio oral.
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Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el tribunal de sentencia que terminó por condenar a Miguel Cuevas el 15 de septiembre de 2023. La máxima instancia judicial sentó postura luego de casi tres años. A través de la decisión también quedó firme el comiso especial y comiso sustitutivo de sus bienes, además del mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.
Cuevas además se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. El voto de la mayoría estuvo conformado por el ministro preopinante Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Gustavo Santander Dans, quienes concluyeron que el recurso planteado por el exlegislador no cumplió con las exigencias normativas del Código Procesal Penal para la instancia extraordinaria de casación.
Ambos manifestaron que la defensa legal de Cuevas se limitó a manifestar una “mera disconformidad” con el sentido del fallo. Mientras que la ministra María Carolina Llanes votó a favor del recurso de casación alegando que la defensa sí identificó adecuadamente la causa legal y sustentó de manera correcta los reclamos.
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Rematadores se manifiestan contra aumento de matrículas frente al Palacio de Justicia
Los integrantes de la Asociación de Rematadores del Paraguay se manifestaron frente a la sede del Palacio de Justicia de Asunción para solicitar el rechazo de la decisión de la máxima instancia judicial, la cual pretende liberar las matrículas y ampliar la cantidad de rematadores en la capital y otras circunscripciones judiciales del país.
El titular del gremio, Atilio Estigarribia, señaló que buscan dignificar la profesión y aclaró que no se oponen a los concursos, siempre y cuando se utilicen las matrículas vacantes por fallecimiento o renuncia, sin habilitar nuevos cupos. El representante sostuvo que existe un bajo porcentaje de remates judiciales y que la mayoría de los procedimientos se suspende, lo que afecta directamente los ingresos de los profesionales.
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“No estamos ajenos a que se haga un examen, pero que sea como el de los escribanos: con cupos limitados, basados en los fallecidos y en los que renunciaron”, manifestó Estigarribia.
Además, agregó que, de los 120 rematadores matriculados, entre el 50 % y el 60 % no tiene trabajo, una situación que, según advirtió, podría agravarse con la nueva acordada de la Corte Suprema de Justicia. En una nota presentada recientemente, la asociación solicitó revisar la normativa que regula el acceso a la matrícula de rematador público. El gremio cuestiona que se pretenda ampliar la cantidad de profesionales sin un análisis técnico previo sobre el volumen de remates judiciales realizados de manera mensual, trimestral, semestral o anual.
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Intento de feminicidio en Aba’i: sospechoso quemó una vivienda donde estaban su pareja e hijos
El Ministerio Público investiga un presunto caso de tentativa de feminicidio reportado en la comunidad de Arroyo Morotí, distrito de Abaí, departamento de Caazapá.
El principal sospechoso, identificado como Agustín Yaspe Sotelo (43), fue aprehendido tras ser acusado de ser el causante de un incendio que consumió por completo una vivienda, donde se refugiaron su pareja e hijos.
Según explicaciones del fiscal José Alberto Núñez, de San Juan Nepomuceno, el incendio habría sido provocado intencionalmente en medio de un ciclo de violencia contra su pareja. Alrededor de las 22:00 del lunes, el hombre habría agredido físicamente a la mujer, quien posteriormente huyó de la vivienda que compartían junto con sus dos hijos menores.
Se refugiaron en una casa vecina perteneciente a Bernardino Sotelo Giménez (63), con la intención de ponerse a salvo.
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Sin embargo, el sospechoso habría continuado amenazándolos de muerte y luego habría llegado hasta el inmueble, rociando combustible y prendiendo fuego a la vivienda ajena.
La madre logró escapar junto con los dos menores, evitando que el hecho terminara en una tragedia. No obstante, el fuego consumió por completo la casa y sus pertenencias, generando importantes pérdidas materiales para el dueño de casa, quien sería tío del sospechoso.
El supuesto autor fue detenido a unos 500 metros del lugar, con un machetillo en su poder. El Ministerio Público considera que, por los antecedentes de violencia y las amenazas previas, el sospechoso habría tenido la intención de matar a su pareja y a los niños. El fiscal Núñez imputó al hombre por tentativa de feminicidio y producción de riesgos comunes, solicitando su prisión preventiva.
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Caso títulos falsos: Fiscalía depura lista de la Contraloría ante errores de carga
El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos. Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso.
“A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.
Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.
“De la lista oficial lo que sí se pudo identificar es que casi el 90 % de las instituciones públicas involucradas se correspondían al Ministerio de Educación y Ciencias y fueron distribuidos en su mayoría en algunas municipalidades. De esas son unas 35 instituciones académicas las involucradas, entonces ya se hizo en esa lista inicial una distribución para hacer lo correspondiente de oficio, ya sea a las instituciones públicas como posteriormente a las instituciones educativas”, comentó.