José Orué Rolandi está acusado de lesión de confianza. El fiscal Rodrigo Estigarribia pidió al Tribunal de Sentencia que se revoquen las medidas con las que cuenta actualmente el ex alto funcionario del Estado y sea derivado a la cárcel para que cumpla su pena. Foto: Gentileza.
Fiscal pidió 7 años y 10 meses de cárcel para exministro de la Niñez
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El fiscal Rodrigo Estigarribia, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó la pena de 7 años y 10 meses de cárcel para el exministro de la Niñez y la Adolescencia José Orué Rolandi, acusado de lesión de confianza. Igualmente, el referido representante del Ministerio Público pidió al Tribunal de Sentencia que se revoquen las medidas con las que cuenta actualmente el ex alto funcionario del Estado y sea derivado a la cárcel para que cumpla su pena.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar al acusado está integrado por los jueces Laura Ocampo, Fabian Weinsensee y Juan Carlos Zárate. Los mismos ya podrían en el transcurso de esta tarde dictar sentencia definitiva.
La acusación del Ministerio Público se basa en que hubo una sobrefacturación en la compra de alimentos e insumos por parte de la institución a favor de la empresa Granos y Aceites. La adjudicación se dio en el 2012. Según la Fiscalía, se modificó el contrato entre las partes para extender el servicio que debía realizarse solamente en el 2013 por dos años más y de esa manera utilizar la totalidad de lo presupuestado para el rubro. Mencionan que existe un perjuicio patrimonial de G. 3.642 millones.
Del mismo modo, en el presente caso estuvo procesada la proveedora del Estado Nancy Godoy, quien reparó el daño y se salvó de ser juzgada en un juicio oral y público.
La extitular de Petropar Patricia Samudio, fue derivada a la cárcel de mujeres para cumplir su condenas de 4 años de cárcel por corrupción. Foto: Gentileza
Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
Piden 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador argentino por contrabando
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Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de 2 años y 2 meses de prisión para el exsenador argentino Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel, por contrabando al quedar probado que cometieron el hecho punible de tentativa de contrabando, al intentar ingresar al país con más de USD 200.000, además de dinero en guaraníes y pesos argentinos, sin declararlo ante la autoridad paraguaya competente.
La representante de Ministerio Público Ysarel Villalba sostuvo que durante el juicio se demostró que ambos extranjeros intentaron introducir al Paraguay dinero en efectivo oculto en un maletín que se encontraba dentro del vehículo en el que viajaban.
La fiscalía explicó que, conforme a las declaraciones de los agentes policiales y funcionarios de la DNIT que participaron del procedimiento, se acreditó que los acusados guardaron silencio cuando fueron consultados sobre si tenían bienes o valores que declarar, omitiendo informar sobre las divisas transportadas.
Asimismo, Villalba hizo referencia al resultado del procedimiento administrativo llevado adelante por la Dirección Nacional de Aduanas, que concluyó que ambos incurrieron en una infracción aduanera de contrabando. En esa causa administrativa se dispuso el comiso del vehículo y de gran parte del dinero incautado.
Por su parte, la defensa de ambos acusados sostiene que no se pudo probar la responsabilidad de los hechos acusados. El juicio seguirá el 13 de julio.
Caso Scanner: piden penas de hasta 16 años de cárcel en juicio que salpica a senador liberal
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El fiscal Andrés Arriola pidió, durante los alegatos finales, condenar a penas de entre 8 y 16 años de prisión a los seis acusados en el marco del Operativo Scanner. Esta investigación desbarató un presunto esquema de narcotráfico que buscaba enviar droga a Europa a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El representante del Ministerio Público solicitó a los jueces de sentencia que remitan los antecedentes del caso a la Fiscalía para investigar a otras personas que eventualmente podrían estar vinculadas al esquema y haber incurrido en hechos punibles, como el supuesto tráfico de influencias.
Durante el juicio oral se incorporaron elementos que mencionan al senador Líder Amarilla (PLRA) como supuesto nexo político de uno de los acusados. En caso de remitirse los antecedentes, dicha situación podrá ser objeto de investigación.
Arriola solicitó 16 años de cárcel para Luis Servián, principal acusado; 13 años para el abogado Carlos Duarte; 9 años para Eliana Cardozo; 13 años para Ramón Arrúa; 8 años para Basilio Rodríguez y 8 años para Martha Coronel Chávez.
El presente proceso penal se inició tras la detención de Eliana Cardozo Ramírez el 11 de octubre de 2023, cuando fue descubierta transportando 10 kilos de cocaína en una maleta durante un control en el aeropuerto, hecho que permitió desarticular el presunto esquema criminal.
Ramón González Daher y su hijo fueron trasladados al penal de Emboscada
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El Ministerio de Justicia informó que, en el marco de las medidas de fortalecimiento de la seguridad y el control del sistema penitenciario, se dispuso el traslado de Ramón Mario González Daher y Fernando Ramón González Karjallo, al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada. Padre e hijo fueron condenados por usura y lavado de dinero.
El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional, desarrollándose sin incidentes durante todo el operativo. El ingreso de ambas personas privadas de libertad al establecimiento penitenciario se registró en cumplimiento de la Resolución N.° 238/DGEP/2026, quedando a disposición del régimen de seguridad y disciplina vigente en el centro penitenciario.
Esta medida es el resultado directo de las tareas de investigación y monitoreo estratégico desplegadas por la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, cuyas alertas tempranas permitieron detectar y desactivar a tiempo la existencia de privilegios y el acceso a objetos prohibidos dentro del penal de origen. Con estas acciones preventivas, el Ministerio de Justicia reafirma su política de tolerancia cero ante cualquier intento de quebrantar el orden, garantizando la gobernabilidad de los establecimientos y el estricto cumplimiento del régimen disciplinario interno.
En paralelo, continúan abiertas las investigaciones administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer la cadena de custodia. De comprobarse cualquier hecho de complicidad, facilitación o negligencia por parte del personal penitenciario, se aplicarán las sanciones disciplinarias y las acciones legales más rigurosas que dicte la ley vigente.