En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia de hoy se resolvió posponer la elección de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura prevista para el próximo 22 de agosto.
La nueva fecha en la que se desarrollará la elección será el 21 de noviembre de este año, supeditada al control epidemiológico a ser realizado en el mes de octubre del 2020 por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El motivo principal de la suspensión de la elección fue la situación sanitaria que atraviesa nuestro país con el COVID-19. Todos los ministros votaron por posponer la referida elección.
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Asimismo, los ministros de la máxima instancia judicial ordenaron que se remita el padrón de los profesionales del derecho al Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Meses atrás, la Corte habilitó a los profesionales del derecho que son docentes de las diferentes universidades públicas para que puedan votar en las elecciones de los abogados que buscarán elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura.
Igualmente, los ministros ratificaron la exclusión de todos los abogados que son funcionarios públicos, por lo que los mismos no podrán votar en la mencionada elección.
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Corte debe estudiar si confirma a jueza, o designa a criticada exasesora jurídica del JEM
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar en la sesión ordinaria de este miércoles la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial de Asunción, cuyos ternados son la actual magistrada Mafalda Camerún Luque, la muy criticada exdirectora jurídica del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Amy Beverlyn Lezcano, y Sergio Zacarías Pereira Salinas, quien es funcionario judicial de respetada carrera.
De acuerdo a altas fuentes judiciales cercanas a los propios ministros de la máxima instancia judicial, existiría un grupo de altos magistrados que ya no votarán por la confirmación de la jueza Camerún Luque mientras que un sector dependiente de ciertos actores políticos pretende imponer a la criticada exdirectora jurídica del JEM, Lezcano. Asimismo, un grupo de ministros está evaluando el nombre del tercer ternado, atendiendo a su correcta carrera judicial por lo que este miércoles se podría definir la mencionada terna para el cargo de juez en lo civil y comercial de la capital.
Sobre la magistrada Camerún Luque se había presentado meses atrás una denuncia en sede del Ministerio Público. Mientras que el abogado Pedro Lobo denunció a la exdirectora jurídica del JEM por formar parte de un esquema para poder despojar de un valioso inmueble.
Entre los mencionados ternados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deberán definir quien va a ocupar el cargo de juez en lo civil y comercial de la capital.
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Ministros de Corte inauguraron sede del Juzgado de Paz de Minga Porã
El presidente de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Manuel Diesel, junto con el ministro Víctor Ríos, participaron del acto inaugural de la nueva sede del Juzgado de Paz de Minga Porã, Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
La inauguración de la mencionada sede se enmarca en la política de descentralización de los servicios de justicia, impulsada por la máxima instancia judicial, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia en todo el territorio nacional.
La nueva infraestructura cuenta con sala de audiencias independiente, sala de reuniones para autoridades, sanitarios diferenciados, una amplia secretaría y demás dependencias administrativas, garantizando condiciones adecuadas para la prestación del servicio de justicia.
El presidente de la Corte agradeció al intendente de Minga Porã, Clementino Portillo Ortiz, y al presidente de la Junta Municipal, Roberto Rolón, “cuya visión y compromiso con su comunidad hicieron posible este proyecto que hoy se inaugura”.
Asimismo, destacó “la sensibilidad de las autoridades municipales hacia las necesidades de la comunidad, apostando a una justicia cercana, que brinde seguridad, confianza y paz social”.
El acto concluyó con la entrega de una placa de reconocimiento por parte del presidente de la CSJ, César Diesel, y el ministro de la CSJ, Víctor Ríos, al intendente y al presidente de la Junta Municipal de Minga Porã, en reconocimiento a la valiosa colaboración y firme compromiso en la concreción de esta obra.
Cabe resaltar que la construcción del Juzgado de Paz fue financiada íntegramente con recursos de la Municipalidad de Minga Porã.
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Estafa a menonitas: Corte ratifica proceso penal contra imputados
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por los imputados José Ljubetic Arrellaga, Willian Bogarín Campuzano, funcionario de la Cámara de Diputados e Ilsa Paredes.
Por ende, ratificó el proceso penal por el delito de estafa de US$ 1.600.000, cuyas víctimas son colonos menonitas del departamento de San Pedro.
La máxima instancia judicial sostuvo que el recurso planteado por los imputados no cumplía con el requisito para admitir, por lo que corresponde declarar inadmisible.
El proceso penal contra los imputados se inició el 28 de marzo del 2025, cuando el juzgado penal de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, cuyo magistrado es Vicente Coronel Villalba, admitió la imputación y fijó fechas para el requerimiento conclusivo y la comparecencia de los procesados.
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La defensa de estas personas recurrió a la Corte buscando dejar sin efecto las resoluciones de primera instancia y segunda, que ratificaron la admisión de la imputación y los ministros rechazaron la chicana de los imputados y confirmaron el proceso penal contra los tres imputados.
Con la determinación adoptada por la Corte Suprema de Justicia el proceso penal contra los imputados debe seguir su curso ordinario.
De acuerdo al acta de imputación, los procesados ofrecieron tierras ubicadas en el Chaco a los colonos menonitas, quienes desembolsaron grandes sumas de dinero pero nunca recibieron las tierras prometidas y la transacción fue completamente ficticia.
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Mafia de los pagarés: Corte informó sobre auditorías, sumarios e imputaciones
En sesión plenaria de este miércoles, el pleno de la Corte Suprema de Justicia presentó un informe sobre las medidas adoptadas desde abril ante denuncias por presuntas irregularidades en juicios ejecutivos de Juzgados de Paz. Se destacaron auditorías, sumarios administrativos, movimientos de personal, remisiones al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento, así como la promulgación de una ley para la creación de nuevos juzgados.
El presidente de la Corte, César Diesel, recordó que las decisiones se enmarcan en la normativa vigente, mientras que la vicepresidenta primera, Carolina Llanes, expuso que hasta la fecha fueron auditados 11.836 expedientes, lo que derivó en sumarios a 9 magistrados, 17 secretarios, 23 ujieres, 3 funcionarios, 25 abogados y 139 oficiales de justicia, varios de ellos actualmente suspendidos.
En paralelo, se dispusieron medidas administrativas que incluyeron reubicaciones, finalización de interinatos, desvinculaciones, 27 comisionamientos y 33 nuevas contrataciones de apoyo. Además, fueron aceptadas las renuncias de los jueces de La Catedral, La Recoleta y Lambaré, y no fue confirmado en el cargo el juez de Santísima Trinidad – Segundo Turno.
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La Corte Suprema informó también la remisión de los antecedentes al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la designación de los ministros Alberto Martínez Simón y Eugenio Jiménez Rolón para acompañar los trabajos de la Comisión Especial de Investigación del Senado. En el ámbito legislativo, se destacó la promulgación de la Ley N.º 7526, que crea nuevos Juzgados de Paz en distintas circunscripciones del país con el fin de descongestionar los procesos.
La ministra Llanes señaló que algunos actores ya fueron imputados en el marco de las investigaciones judiciales. Finalmente, el ministro Martínez Simón dio lectura al comunicado emitido el pasado 9 de abril, en el que la Corte reafirmó que no es jurídicamente posible suspender medidas cautelares ni anular juicios ejecutivos de manera generalizada por vía administrativa o externa al Poder Judicial.
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