El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estudiará este jueves si inicia el enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones contra los jueces de Sentencia de Central, Dina Marchuk, Julio Granada y Letizia de Gásperi. Los magistrados fueron acusados por mal desempeño en sus funciones por Graciela Beatriz Pintos Orué y Óscar López, padres de Axel Fabián López Orué, un joven que había sido condenado a 12 años de cárcel en un caso de supuesta coacción sexual y otros delitos, cuya sentencia fue posteriormente anulada por un Tribunal de Apelación.

Los integrantes del JEM dieron a conocer el orden del día y en él figura el tratamiento de la acusación por supuestas graves irregularidades cometidas por los jueces. Los miembros del órgano juzgador —Alicia Pucheta, César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, definir si enjuician a los magistrados mencionados y decidir si piden la suspensión de los mismos.

La acusación, que ya fue admitida semanas atrás por el órgano juzgador, refiere que los citados jueces desconocieron la ley y demostraron una clara ignorancia en la aplicación de la Constitución Nacional. Según los denunciantes, esto quedó en evidencia durante el juicio oral, en el que se dictó la condena de 12 años sin contar con elementos de prueba suficientes, incurriendo en una abierta violación de las garantías constitucionales y procesales que tutelan el debido proceso.

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Del mismo modo, la acusación señala que los jueces admitieron de forma irregular pruebas que ya habían sido rechazadas previamente, vulnerando el desarrollo legal del juicio. Ahora, los integrantes del JEM deberán evaluar si corresponde iniciar el enjuiciamiento formal contra los tres magistrados. De ser así, también tendrán que definir si el proceso se realizará con la suspensión de sus funciones o si, por el contrario, se rechaza la acusación presentada.

Igualmente, otro hecho irregular que habría cometido el Tribunal de Sentencia es que el joven Axel López estuvo con arresto domiciliario durante 8 años y 4 meses, y fue privado de libertad durante 4 meses y 11 días hasta que se anuló la condena y volvió a recuperar su libertad.

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La abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial, presentó una acusación por mal desempeño en sus funciones contra el criticado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. Asimismo, se solicita el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.

La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. Primero, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.

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La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.

Ante las graves acusaciones presentadas formalmente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano juzgador de jueces, se espera que los mismos actúen de forma inmediata y estudien el caso, haciendo lugar al enjuiciamiento del cuestionado juez Rivas y solicitando su inmediata suspensión por desempeñarse de forma dudosa e irregular en el referido expediente civil.

Ahora, los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que integran César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.

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El presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció a través de un video dirigiéndose a la ciudadanía paraguaya, principalmente a los afectados por el cierre de ueno bank. Pidió tranquilidad y dio garantías sobre la protección de los ahorristas afectados, admitiendo las consecuencias de esta situación financiera.

“Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer generados por la decisión del Banco Central del Paraguay, de proceder con la disolución de ueno bank”, expresó en el material audiovisual.

“Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos; por eso la prioridad del Gobierno de Paraguay es y será proteger con todas nuestras fuerzas el fruto de ese esfuerzo y generar respuestas concretas, rápidas y responsables”, agrega.

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También se refirió al proyecto de ley de emergencia para ahorristas que está en tratamiento en el Congreso, indicó que se reunió con los presidentes de ambas Cámara para promover esta iniciativa que permita devolver los fondos a los afectados lo antes posible.

“Con la aprobación de esta ley estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98 % de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana. Agradezco a ambas Cámaras del Congreso Nacional por tratar con celeridad estas iniciativas y les insto a los congresistas a aprobarlas en la brevedad posible”, señaló.

El presidente sostuvo además que esta situación se da con uno de los bancos, pero que el sistema financiero sigue fuerte. “Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección. Asimismo, tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder, y ya lo están haciendo, ante la Justicia sin excepciones”, aseveró.

“Queridos compatriotas, en horas difíciles debemos estar unidos. Mantengamos la serenidad para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. A las instituciones les pido que sigan trabajando con profesionalismo, transparencia y sentido de responsabilidad pública”, también expresó.

Por otra parte, se dirigió al sector político. “Y a todos los sectores políticos les solicito encarecidamente anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés. El Paraguay necesita instituciones que den respuestas y protejan los recursos de nuestra gente. Eso es lo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, para que cada paraguayo afectado tenga una respuesta y se garantice, por sobre todo, la protección de sus ahorros”, sentenció.

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La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (Amcham) y gremios del sector productivo e industrial comunicaron su seguimiento permanente a los acontecimientos relacionados con el inicio del proceso de resolución y cese de operaciones de ueno bank, manifestando que los mecanismos de revisión deben conducirse con estricto rigor técnico y transparencia.

En un comunicado emitido este miércoles, la Amcham señaló que la estabilidad y credibilidad del sistema bancario son condiciones esenciales para garantizar la continuidad de la cadena de pagos, el acceso al crédito del sector productivo y la confianza de los mercados.

“La solidez del Estado de derecho reposa en la clara delimitación de responsabilidades conforme a las normativas que regulan el sistema financiero”, mencionaron, enfatizando que la confianza de los ahorristas e inversionistas constituye el activo más valioso de la economía.

Asimismo, pidieron que en salvaguarda de la fe pública las decisiones de gestión se evalúen bajo los más altos estándares de gobernanza corporativa y, además, los recursos del erario público quedar debidamente preservados.

“Resulta indispensable que los mecanismos de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) operen con máxima celeridad, precisión y estricto apego a la Ley General de Bancos, asegurando la protección íntegra de los fondos y evitando incertidumbres operativas en el mercado”, indicaron.

La credibilidad del Paraguay en los mercados internacionales, incluyendo las operaciones de deuda regidas bajo jurisdicciones globales como la del Estado de Nueva York, se fundan en el respeto a la seguridad jurídica y a la confianza de los inversionistas.

Por ello, un tratamiento claro, técnico y apegado a derecho en la resolución de estos compromisos es crítico para resguardar la reputación crediticia del país y no encarecer el costo del financiamiento para el sector productivo nacional, reza el comunicado.

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Por su parte, la ARP compartió su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que autorizó al BCP a ampliar la garantía del FGD para cubrir la totalidad de los fondos públicos depositados en ueno bank.

“El FGD se constituye con aportes del sistema financiero y existe con un único fin: proteger los ahorros de los depositantes dentro de los límites que fija la ley. Apoyamos que se pague de inmediato a los ahorristas de ueno conforme a esa cobertura”, indicaron.

Según la ARP, usar el remanente del fondo para devolver el total de los depósitos estatales no es una solución, sino que sería trasladar a todos los ahorristas del país, entre ellos miles de productores, el costo de decisiones que tomaron otros.

“Los fondos del IPS, de las cajas jubilatorias y de las entidades del Estado no llegaron solos. Alguien decidió concentrarlos allí. Esos recursos deben recuperarse de los bienes de quienes resulten responsables del perjuicio, y las responsabilidades deben determinarse y sancionarse”, mencionaron.

Por ello, solicitaron a los congresistas rechazar la ampliación de cobertura a los fondos públicos, garantizar el pago a los ahorristas dentro de la cobertura legal y exigir la recuperación de esos recursos.

La Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) también se pronunció ante el escenario. El gremio se refirió al efecto que tiene sobre las empresas y los trabajadores del régimen de maquila, así como en la confianza en el sistema financiero del país.

“Varias de nuestras asociadas pagan salarios, cobran y cumplen con sus proveedores a través de esta entidad. Mientras sus servicios sigan suspendidos, hay trabajadores que no pueden disponer de su sueldo y plantas que deben sostener la producción y sus compromisos de exportación sin acceso a sus fondos”, explicaron.

La Cemap instó a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con celeridad y a determinar las responsabilidades que correspondan. “Una resolución ordenada, que proteja los ahorros de la ciudadanía y sea rigurosa con los responsables, es la mejor señal que el país puede dar a la inversión productiva y al empleo formal que esta genera”, mencionó.

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