El excontralor Enrique García, imputado por los delitos de producción de documentos y uso de documentos públicos de contenido falso, por no haber apelado un fallo arbitral que condenó a la comuna capitalina a pagar US$ 3,6 millones a Ivesur, recusó a la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo y así logró suspender la audiencia preliminar. En esta diligencia se debía definir si la causa se eleva a juicio oral y público o, en su defecto, si sería beneficiado con una salida procesal.

La semana pasada, la citada magistrada decidió otorgarle a García medidas alternativas a la prisión, que son la prohibición de salida del país, prohibido cambiar de domicilio; además, deberá comparecer mensualmente ante el juzgado para la firma del acta judicial y una fianza de G. 150 millones.

En el presente proceso penal están imputados Julio Giménez y Rodolfo Duarte por los mismos hechos punibles que García. El Ministerio Público inició la investigación en cuestión en el 2016. El hecho fue investigado en principio como lesión de confianza por presunta omisión, ya que no se apeló la sentencia del tribunal arbitral que condenó al municipio de Asunción a pagar a la mencionada firma.

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El hecho se pudo corroborar mediante decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Asunción, primera y quinta sala, que señala que la Municipalidad de Asunción no recurrió al fallo condenatorio que dispone abonar la millonaria suma de US$ 3,6 millones a la citada empresa en concepto de indemnización.

De acuerdo con los datos que se manejan, el entonces funcionario de la Dirección de Asesoría Jurídica de la comuna, Rodolfo Duarte, era presuntamente el encargado de presentar el escrito de apelación. En dicho documento se puso sello y firma de que el escrito fue recibido en la primera sala. Sin embargo, con pericias realizadas a los funcionarios de dicha dependencia judicial, la Fiscalía confirmó que la firma que aparece en el recibo fue falsificada.

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