Este viernes, el Ministerio Público pidió 5 años de cárcel durante el juicio oral y público por supuesta lesión de confianza contra Camilo Soares, extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), y Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de la citada institución.
Tanto Soares como Guachiré están acusados por supuesta lesión de confianza en la causa conocida como “coquitos de oro”, en la que existiría un perjuicio de G. 1.224 millones contra el Estado paraguayo. Victoria Acuña es la fiscala del caso.
Lea más: El viernes se conocerá sentencia de Soares y Guachiré
Esta mañana se dan los alegatos finales durante el juicio en una causa que tiene años de contratiempos judiciales. El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, quienes hoy podrían dictar una condena o absolución.
Los dos hombres son acusados en la compra de alimentos por la emergencia declarada a causa de la sequía ocurrida en el 2009 en distintas zonas del país. El pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso que el juicio oral sea transmitido por TV Justicia debido a que se trata de hechos de corrupción.
Días atrás, Soares lanzó críticas contra los fiscales que iniciaron y continuaron la causa en su contra. “Los entonces fiscales Arnaldo Giuzzio, hoy ministro de la Senad; René Fernández, ministro Anticorrupción, y la diputada Rocío Vallejo abusaron de la Fiscalía para fines personales”, afirmó Soares.
Lea también: Hospital de Trauma recuerda 21 años de asistencia en urgencias
Dejanos tu comentario
Corte deja firme condena de 5 años por enriquecimiento ilícito contra Miguel Cuevas
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena de 5 años por enriquecimiento ilícito para el exdiputado y dirigente del departamento de Paraguarí, Miguel Cuevas, tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria en diciembre del año 2023.
Cuevas, quien se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de septiembre de 2023 por no poder justificar un incremento patrimonial de G. 1.934.584.283 entre los años 2009 y 2019, periodo en el que se desempeñó en la función pública.
En el caso judicial, Nación Media tuvo un aporte decisivo a través de sus investigaciones periodísticas y publicaciones al exponer públicamente las irregularidades del vertiginoso e injustificado incremento patrimonial de Cuevas mientras ejercía cargos públicos, como gobernador de Paraguarí y posteriormente como presidente de la Cámara de Diputados. La cobertura documentó las pericias contables de la Fiscalía y denunció las constantes chicanas para frenar el juicio oral.
Lea también: Peña y Alliana convocan a intendentes y ediles electos para el 6 de noviembre
Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el tribunal de sentencia que terminó por condenar a Miguel Cuevas el 15 de septiembre de 2023. La máxima instancia judicial sentó postura luego de casi tres años. A través de la decisión también quedó firme el comiso especial y comiso sustitutivo de sus bienes, además del mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.
Cuevas además se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. El voto de la mayoría estuvo conformado por el ministro preopinante Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Gustavo Santander Dans, quienes concluyeron que el recurso planteado por el exlegislador no cumplió con las exigencias normativas del Código Procesal Penal para la instancia extraordinaria de casación.
Ambos manifestaron que la defensa legal de Cuevas se limitó a manifestar una “mera disconformidad” con el sentido del fallo. Mientras que la ministra María Carolina Llanes votó a favor del recurso de casación alegando que la defensa sí identificó adecuadamente la causa legal y sustentó de manera correcta los reclamos.
Dejanos tu comentario
Condenan a propietario de constructora a pagar cien jornadas laborales de multa por grave accidente
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El propietario de una constructora fue condenado al pago de cien jornadas laborales a la víctima de un accidente laboral que resultó con la pierna amputada tras el percance. El sentenciado es Julio César Trinidad Da Silva, dueño de la empresa Constructora y Metalúrgica Trinidad de Santa Rita.
La medida fue dictada durante el juicio oral desarrollado por exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. El trabajador afectado, Fidel Vera Paredes, quedó con graves secuelas físicas. La fiscal Rocío Celeste González fue quien sustentó la acusación. Antes del juicio, se produjo el resarcimiento económico a la víctima.
Los antecedentes indican que el hecho ocurrió el 30 de enero de 2024, alrededor de las 08:30, en una obra en construcción del barrio Nueva Asunción de Santa Rita, donde la persona que después se accidentó, realizaba tareas de montaje de estructuras metálicas.
Puede interesarle: Anuncian lluvias dispersas y posibles tormentas para los próximos dos días
Durante el trabajo, recibió una descarga eléctrica de alta tensión al entrar en contacto con un cable expuesto en el techo y cayó al suelo. Como consecuencia, sufrió quemaduras graves y la amputación de la pierna inferior izquierda, además de daños psicológicos.
La investigación se inició el 8 de febrero de 2024, tras la denuncia presentada por Fredy Vera Paredes, hermano de la víctima. La acusación sostuvo que no se habían proporcionado los equipos de protección, ni adoptado las medidas de seguridad necesarias para realizar las labores.
El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo presidido por la magistrada Zunilda Martínez Noguera e integrado por los jueces Herminio Montiel y Edgar Lezcano. En el mismo proceso, se declaró la rebeldía de Alfredo Giménez Cardozo, señalado como empleador del trabajador al momento del accidente.
Puede interesarle: Violencia escolar en Asunción: imputan a adolescente que apuñaló a su compañera
Dejanos tu comentario
Defensa de Rivas apeló condena y afirma que la misma se basó en presunciones y no en pruebas
La abogada Alba Zaracho apeló la condena de 8 años de cárcel dictada contra el exsenador Hernán David Rivas por la posesión de un título dudoso de abogado. La defensa de Rivas sostiene que la sentencia de primera instancia adolece de errores de fondo que obligan a su absolución o, como mínimo, a la realización de un nuevo juicio oral para revisar la pena.
Entre los principales argumentos, la defensa menciona que el presunto hecho de producción de documentos públicos de contenido falso ya se encontraba prescripto al momento del inicio del proceso penal. Asimismo, refiere que el fallo no determina las conductas concretas atribuidas al acusado y que el Tribunal de Sentencia lo condenó por hechos que la Fiscalía ni siquiera incluyó en su acusación. A su vez, crítica que no se distinguieron cuáles conductas correspondían a la producción y cuáles al uso de documento no auténtico, un defecto que, según afirman, arrastra el Ministerio Público desde la acusación original.
La abogada Zaracho sostiene además que la condena se basó en presunciones y no en pruebas fehacientes. Añadió que se invirtió la carga de la prueba al exigirle a Rivas demostrar su inocencia, y que se utilizaron elementos que nunca fueron producidos en el juicio oral y público. Respecto a la tipicidad, la defensa argumentó que los instrumentos cuestionados no constituyen “documentos falsos” en el sentido estrictamente penal: “Una designación del Congreso o un acta de juramento no certifican que alguien sea abogado. El título, el certificado de estudios y su registro en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) son documentos válidos y legales hasta el momento”.
Finalmente, sostiene que la pena de 8 años de penitenciaría, además de ser excesiva, violó garantías de la Constitución Nacional y el Código Penal. El escrito de apelación señala que el tribunal aplicó erróneamente un agravante (la calificación de “especialmente grave”) y duplicó la valoración de los mismos motivos para justificar dicha gravedad, aplicar el concurso de delitos del artículo 70 y realizar la medición de la pena.
Por último, advierten una evidente discordia en los votos de la mayoría, ya que los dos jueces partieron de bases distintas para el cálculo de la sanción, utilizando incluso elementos propios del tipo penal dentro de la medición de la pena.
Dejanos tu comentario
Piden de 4 a 12 años de cárcel para equipo médico que atendió a Maradona antes de morir
La fiscalía pidió este jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina.
El fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de 12 años de prisión para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov. Además, pidió 10 años de inhabilitación profesional para ellos.
Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del futbolista.
“Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado”, dijo Ferrari, al comenzar este jueves la etapa de alegatos en el juicio que se ha prolongado por siete meses en la ciudad de San Isidro, al norte de Buenos Aires.
Otros tres integrantes del equipo médico -un psicólogo, un enfermero y su coordinador- fueron acusados de homicidio culposo (no intencional). El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para el psicólogo y de cuatro años para los otros dos acusados.
El fiscal señaló que, en su caso, el juicio no probó indiferencia pero sí un “cúmulo de acciones negligentes e imprudentes”. Ferrari se abstuvo de pedir la detención inmediata de los acusados en caso de ser hallados culpables, pero solicitó que no se les permita salir del país.
La fiscalía decidió no presentar cargos contra un séptimo imputado, el médico clínico Pedro Di Spagna. “No lo puedo creer, todavía no caigo”, exclamó Di Spagna a periodistas tras escuchar el pedido de absolución por parte de la fiscalía.
Muerte “evitable”
Los fiscales exhibieron una vez más las fotos de Maradona fallecido. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, presentes en la sala, rompieron en llanto. “La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, dijo el otro fiscal de la causa, Cosme Iribarren.
Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio durante una internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.
Más información: Brasil entra en guerra electoral y Lula dispara contra los Bolsonaro
El astro se recuperaba allí de una cirugía exitosa por un hematoma subdural en la cabeza a la que fue sometido el 3 de noviembre de ese año.
“A su suerte”
Según Ferrari, los integrantes del equipo médico “infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”.
“Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo”, dijo Ferrari.
Fernando Burlando, abogado de dos de las hijas de Maradona, dijo a periodistas en la puerta del tribunal que los alegatos de los fiscales habían sido “brillantes”.
Los acusados claman inocencia. Tras los alegatos, el abogado de la psiquiatra Cosachov consideró que “no está probado el dolo eventual” en su caso. “Es un punto flojo del alegato de la fiscalía”, dijo a la AFP el defensor Vadim Mischanchuk.
Tras casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, “el núcleo histórico de la imputación ha permanecido intacto”, según el fiscal.
El juicio entró este jueves en su recta final, con el inicio de los alegatos de la fiscalía y de las querellas, que se prevé que duren dos semanas.
- Fuente: AFP
Lea más: Kast da marcha atrás en su reforma de seguridad ante escaso apoyo en Chile