En el marco de la causa denominada Berilo, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad, con suspensión a prueba de la ejecución penal, los funcionarios fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, así como el exagente fiscal Gustavo Ramón Yegros.

El informe del Ministerio Público destaca que los mismos fueron hallados responsables de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionarios y soborno agravado.

En el caso de Gustavo Ramón Yegros, además, fue condenado por cohecho pasivo agravado.

El incumplimiento injustificado de las reglas de conducta impuestas implicará la revocatoria de la suspensión y la ejecución de la pena privativa de libertad.

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El juez penal de garantías n.º 7, Miguel Ángel Palacios Méndez, dictó la condena luego de que los acusados admitieran los hechos atribuidos en su contra.

La causa guarda relación con el denominado Operativo Berilo, que investiga un esquema criminal vinculado al tráfico de drogas desde el departamento de Alto Paraná.

En este proceso también se encuentran acusadas otras 22 personas, entre ellas un exdiputado, quienes deberán enfrentar juicio oral y público.

Yegros, quien se desempeñaba como fiscal en Ciudad del Este, fue acusado de haber recibido la suma de USD 20.000 en concepto de coima durante el ejercicio de sus funciones.

Como parte de las reglas de conducta impuestas, los condenados deberán realizar donaciones a las fundaciones Guadalupe, Asoleu y Rocío Róga, respectivamente, en concepto de reparación social. Asimismo, tienen prohibido cambiar de domicilio, salir del país y deberán comparecer ante el Juzgado en forma trimestral.

La investigación se inició el 5 de abril de 2018, a partir de la interceptación de llamadas, lo que permitió comprobar la existencia de una organización criminal dedicada al acopio y envío de drogas al Brasil.

En este caso, entre estas 22 personas, están procesados Reinaldo “Cucho” Cabaña, y el exdiputado Ulises Quintana, quienes recuperaron su libertad con medidas sustitutivas y aguardarán el juicio oral fuera de la Penitenciaría de Tacumbú.

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• Emilio Agüero Esgaib
• Pastor

En el evangelio de Juan 18:12-14 y 19-24 nos dice que Jesús fue llevado a Anás, ex Sumo Sacerdote, suegro del actual que era Caifás, y fue llevado “amarrado” así como los corderos eran llevados amarrados a los sacerdotes para ser sacrificados por los pecados del pueblo. Esto es un cumplimiento de la tipología de Cristo, así como Isaac que fue amarrado por Abraham para ser sacrificado y él era un tipo de Cristo (Génesis 22).

Anás era el verdadero poder. Él odiaba a Cristo porque era un peligro para su poder, prestigio y dinero.

Jesús fue llevado a su casa, esto ya fue la primera injusticia, Él no tenía por qué ir a su casa particular ni tenía por qué ser juzgado por Anás que no era el Sumo Sacerdote en ejercicio.

¿Quién fue Anás? Él había sido sacerdote por unos cinco o seis años, pero hacía ya veinte que no lo era. Su yerno Caifás era ahora el Sumo Sacerdote.

Los sumos sacerdotes eran escogidos de por vida, pero estos cambiaban cada tanto ya que Roma los designaba y se volvió un cargo político con ropaje espiritual y religioso. Él era el jefe del clan sacerdotal y manejaba las relaciones con Roma y los recursos del Templo.

En Juan 2:13 vemos lo que Jesús había hecho en el Templo, echó las mesas y denunció la corrupción, esto afectaba directamente la reputación, influencia y negocios de Anás y Caifás, de ahí el odio y la enemistad hacia Jesús. Jesús era un verdadero problema para ellos no solo por afectar su status quo sino porque había una mente diabólica y criminal contra suya detrás de todo esto.

En Juan 18:19 Anás pregunta sobre sus discípulos y doctrina. Esto es el otro acto de injusticia, ¿por qué? Porque si una persona es traída a un juicio por la sospecha de algún crimen es interrogada en base al crimen en sí, no hace preguntas que no vienen al caso.

Lo que en realidad quería hacer es buscar algo de qué acusarle, que diga algo para ser usado en su contra ya que no tenían nada concreto contra él.

En Juan 18:20, 21, la respuesta de Jesús fue abrumadora. Podríamos parafrasearlo así: “No seas hipócrita, sabes muy bien todo lo que enseño. Abiertamente he hablado no como ustedes en oculto, conspirando contra mí.

Si tienes dudas de lo que enseño o de los que me siguen pregunta abiertamente a cualquiera ya que todos saben lo que enseño”. O sea: “si tienes una acusación preséntala y muéstrame tus pruebas o testigos de mis errores”. Anás se sintió avergonzado, y descubierto.

En el verso 18:22, cuando un oficial genuflexo de Anás que percibió su vergüenza golpea a Jesús y Jesús en el verso 23 le hace una pregunta, y esto aún crea más acusación a sus conciencias: “Si he hablado mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué me golpeas?”. Fue una pregunta llena de verdad y confrontación.

El guardia habrá pensado: “te pegué porque dejaste en evidencia a este corrupto e injusto que está buscando mentiras para condenarte, y como soy un cobarde consecuente te pegué para pasar este momento incómodo”. Esa era la verdad.

Anás no tenía más nada que hacer y manda a Jesús ante Caifás para deshacerse de Él y darle alguna apariencia de seriedad en el juicio.

Ahora vamos a Mateo 26:57 y vemos la segunda injusticia contra Jesús: la reunión ilegal e injusta, pero ya no en la casa particular de Anás sino en el Templo, en el Salón de Juicio, frente al concilio. ¿Por qué injusta? Porque un juicio se debería de dar durante la luz del día, en el Salón del Juicio en el Templo, frente a todo el pueblo para que todos participen y no en secreto, solo con el liderazgo religioso y en la madrugada cuando todos duermen. Además, durante toda esa semana de fiestas era prohibido ese tipo de reuniones.

El verso 26:59 dice claramente que “buscaban falso testimonio para mandar matarle”, a ellos no les interesaba la verdad ni la justicia sino sus intereses. Inventaron el crimen y pagaron a falsos testigos.

Ya habían sobornado al traidor Judas para entregarlo. Todo estaba plagado de conspiración injusta. Ellos no querían saber la verdad sino matar a Jesús.

Un fallo reciente en Brasil sacudió a la opinión pública y reavivó un debate tan antiguo como incómodo: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que la justicia no alcanza para reparar un daño irreparable?

Un tribunal absolvió a una mujer que había sido acusada de homicidio y mutilación contra el hombre señalado como responsable del abuso sexual de su hija. La escena en la sala de audiencias, cargada de tensión y emociones contenidas, reflejó la profundidad del conflicto moral que atravesó todo el proceso. La reacción de los presentes, entre el alivio, la conmoción y la controversia, fue tan elocuente como el propio veredicto.

Según se reconstruyó durante el juicio, la mujer actuó impulsada por una mezcla de desesperación, dolor y una noción visceral de justicia. La defensa sostuvo que su accionar no podía analizarse fuera del contexto de la violencia extrema sufrida por la menor. El tribunal, en una decisión que no tardó en generar repercusiones, consideró esas circunstancias y concluyó que existían atenuantes suficientes para dictar la absolución.

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El caso abre interrogantes de fondo sobre el sistema judicial y sus límites frente a delitos particularmente sensibles. ¿Puede la ley contemplar plenamente el impacto emocional de un crimen de esta naturaleza? ¿Dónde se traza la línea entre la legítima defensa, propia o de un tercero, y la justicia por mano propia?

En Brasil, el fallo ya alimenta un debate que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno ético y social. Para algunos, la decisión representa un acto de comprensión frente a una situación límite; para otros, sienta un precedente peligroso que podría erosionar el principio de que solo el Estado debe ejercer la justicia.

Más allá de las posturas, lo cierto es que el caso expone una tensión difícil de resolver: la distancia entre la racionalidad de la ley y la intensidad de las emociones humanas cuando se trata de proteger a un hijo.

Queda abierta la pregunta, inevitable y profundamente personal: ¿cómo debería responder la sociedad ante hechos donde el dolor y la justicia parecen enfrentarse sin una salida clara?

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El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro apareció sonriente el jueves ante un tribunal de Nueva York, donde no tomó la palabra, en su segunda comparecencia desde su captura por parte de Estados Unidos. En el transcurso de una audiencia que duró poco más de una hora, el juez a cargo del caso hizo saber que no tenía intención de acceder a una solicitud de sus abogados para desestimar los cargos por razones procesales.

Procesado por narcotráfico junto con su esposa Cilia Flores, de 69 años, el antiguo hombre fuerte de Venezuela, de 63 años, se mostró relajado, sonriente, con su uniforme gris de preso, tomando notas, conversando con sus abogados a través de un intérprete y lanzando miradas a los bancos de la prensa. Los dos están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses.

Sólo habían salido el 5 de enero, dos días después de su captura, para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró “prisionero de guerra” y “no culpable” de las acusaciones en su contra. Son cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Maduro enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante. “Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa en la Casa Blanca. “Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”, sostuvo.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo presión de Trump. El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos del juicio, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

Pollack argumenta que ese requisito viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su elección, y exigió que el caso fuera desestimado por razones procesales.

Al frente del tribunal está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada.

“Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado”, dijo el educador venezolano Carlos Egana, de 30 años, sosteniendo un muñeco inflable del líder chavista con traje de presidiario y esposas.

Militantes de izquierda levantaban pancartas con mensajes como “Liberen a Maduro” y críticas a la política de Trump: “¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!”.

En determinado momento hubo un breve altercado entre manifestantes, la policía intervino y escoltó a un hombre fuera del lugar.

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.

Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman “presidente”.

Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.

El hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, insistió ayer jueves en Venezuela en los “vestigios de ilegitimidad” del proceso contra su padre, porque se originó con un “secuestro”.

No obstante, remarcó a la AFP: “Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos”.

“Nicolasito”, como se le conoce popularmente, acompañó a centenares de seguidores del presidente depuesto en la plaza Bolívar de Caracas, donde una pantalla gigante transmitía la cobertura del juicio. “¡Libertad, libertad para Cilia y Nicolás!”, coreaban los presentes.

Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.

En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.

Bajo presión estadounidense, Rodríguez dirige un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas.

La mandataria interina impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, todo en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos. Este mes, Washington restableció lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo luego de siete años de ruptura.

Fuente: AFP.