Este viernes, el Ministerio Público pidió 5 años de cárcel durante el juicio oral y público por supuesta lesión de confianza contra Camilo Soares, extitular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), y Alfredo Guachiré, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones de la citada institución.
Tanto Soares como Guachiré están acusados por supuesta lesión de confianza en la causa conocida como “coquitos de oro”, en la que existiría un perjuicio de G. 1.224 millones contra el Estado paraguayo. Victoria Acuña es la fiscala del caso.
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Esta mañana se dan los alegatos finales durante el juicio en una causa que tiene años de contratiempos judiciales. El Tribunal de Sentencia está integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro, quienes hoy podrían dictar una condena o absolución.
Los dos hombres son acusados en la compra de alimentos por la emergencia declarada a causa de la sequía ocurrida en el 2009 en distintas zonas del país. El pleno de la Corte Suprema de Justicia dispuso que el juicio oral sea transmitido por TV Justicia debido a que se trata de hechos de corrupción.
Días atrás, Soares lanzó críticas contra los fiscales que iniciaron y continuaron la causa en su contra. “Los entonces fiscales Arnaldo Giuzzio, hoy ministro de la Senad; René Fernández, ministro Anticorrupción, y la diputada Rocío Vallejo abusaron de la Fiscalía para fines personales”, afirmó Soares.
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Caso agua tónica: ratifican condena por corrupción de la extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo
Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
El caso
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.
Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
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Marset podría declararse culpable para evitar una condena de 20 años de cárcel
El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una condena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de activos derivados de ganancias del narcotráfico internacional.
La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para este miércoles en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para permitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación “Ámbito” señala que la decisión de postergar la audiencia fue adoptada de común acuerdo entre los fiscales estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Alston Jr., quien extendió el plazo para que ambas partes sigan negociando una posible declaración de culpabilidad.
La publicación periodística agrega que el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff comunicó que la acusación ya cuenta con 22 gigabytes de pruebas contra Marset, incluyendo comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, registros financieros y documentación obtenida mediante acuerdos de cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
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Entre las evidencias figura el contenido del celular incautado al narcotraficante tras su captura en Bolivia, el pasado 13 de marzo. El aparato, que estaba guardado dentro de una caja fuerte, fue enviado a Estados Unidos para ser sometido a pericias técnicas y podría contener datos clave sobre contactos, movimientos financieros y operaciones de la estructura criminal.
Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá colaborar con información relevante en torno a las operaciones y vínculos de su organización criminal, a cambio de una eventual reducción significativa de la pena. En cambio, si decide ir a juicio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas superiores a los USD 500.000.
Antecedentes
Marset ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China. El monto aproximado fue de USD 32 millones.
La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país norteamericano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
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Decretan prisión al exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel
El tribunal de sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos decretó hoy prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en relación al narcotráfico.
La defensa de Galeano había ofrecido antes de la sentencia 17 mil millones de guaraníes para que se le beneficie con arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. También la defensa del exsenador sostuvo que, si se decreta la prisión, como lo es ahora, debería ser en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en el penal de Viñas Cue.
La semana pasada, el Ministerio Público había solicitado al Tribunal de Sentencia la aplicación de la medida preventiva de Galeano, luego de que el martes pasado el plenario de la Cámara Alta aceptara su renuncia a su banca como senador de la Nación.
Galeano fue condenado a 13 años de cárcel en el marco de la causa abierta por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza Py. El Tribunal de Sentencia dispuso que guarde reclusión mientras se tramita la última parte del proceso, descartando de este modo la posibilidad de aplicar arresto domiciliario con tobillera electrónica, tal como había solicitado la defensa, pese a que se ofreció una millonaria fianza real sobre varios inmuebles.
Galeano cumplirá la medida de prisión preventiva mientras se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra su condena, recurso al cual se sumaría una acción de inconstitucionalidad según anunció su defensa.
Cabe recordar que el Tribunal basó su condena bajo el argumento que Galeano “apoyó operativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021”. La investigación estableció vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con el pastor, Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.
Los jueces también consideraron probado que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas. Parte de ese dinero habría sido declarado posteriormente en su Declaración Jurada de Bienes, luego de una rectificación.
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Elon Musk pierde juicio contra OpenAI por prescripción de su demanda
Un jurado de una corte estadounidense desestimó el lunes la demanda de Elon Musk contra OpenAI y sus cofundadores por haber sido presentada fuera de plazo, lo que pone fin a una batalla judicial clave en el sector de la inteligencia artificial y de Silicon Valley. Musk demandó a OpenAI por pasar de ser una modesta organización sin ánimo de lucro a un gigante valorado en 850.000 millones de dólares.
Los miembros del jurado del tribunal federal de Oakland (California) consideraron que los hechos demandados habían prescrito, por lo que desestimaron la demanda contra el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman; su presidente, Greg Brockman; la Fundación OpenAI y Microsoft.
La decisión fue ratificada y confirmada por la jueza del caso, Yvonne González Rogers. Durante las tres semanas de audiencias previas pasaron por el estrado varias de las grandes figuras de la IA. En su cuenta en X, el magnate anunció que apelará el caso, ya que “el jurado nunca se pronunció realmente sobre el fondo del asunto” y que “saquear organizaciones benéficas es increíblemente destructivo para la filantropía en Estados Unidos”.
La persona más rica del mundo también arremetió en redes contra la jueza Gonzalez Rogers por sentar un “precedente terrible”, acusándola de ser una “jueza activista” que utilizó al jurado para cubrir un fallo defectuoso que podría haber dictado ella misma.
Sin embargo, Musk borró ese tuit unas horas más tarde.
Intento de sabotaje
OpenAI veía amenazado su futuro en caso de haber perdido esta causa. Una de las posibles consecuencias era que fuera obligada a funcionar de nuevo sin ánimo de lucro.
Esta medida habría frenado por completo su programada salida a bolsa y echado por tierra los miles de millones de dólares de inversores como Microsoft, Amazon y SoftBank en medio de la carrera por el negocio de la IA.
“La conclusión del jurado confirma que esta demanda fue un intento hipócrita de sabotear a un competidor”, declaró el abogado de OpenAI, William Savitt, a las puertas del tribunal.
El dueño de SpaceX y Tesla alegaba que Altman y Brockman habían utilizado una donación de 38 millones de dólares que había realizado a OpenAI para que operase como un centro de desarrollo de IA en beneficio de la humanidad.
Musk argumentó en su comparecencia que el giro de OpenAI, de una organización sin ánimo de lucro hacia una de las principales compañías del sector, traicionaba su mandato original.
El jurado tuvo que resolver primero una cuestión preliminar: si los hechos que demandó Musk en 2024 habían prescrito.
La jueza señaló antes de las deliberaciones que el veredicto del jurado sobre la prescripción sería consultivo, pero afirmó que probablemente seguiría su recomendación.
De haber seguido el caso, los miembros del jurado —y, en última instancia, la jueza— habrían tenido que determinar si los cofundadores de OpenAI se apropiaron indebidamente de las donaciones de Musk e incumplieron sus promesas con el fin de seguir una vía comercial y enriquecerse.
Duelo de multimillonarios
El jueves, el abogado de Musk, Steven Molo, atacó la credibilidad del director ejecutivo de OpenAI, al invocar la visión fundacional de la compañía: “Una organización sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo seguro de la inteligencia artificial, de código abierto en la medida de lo posible, en beneficio de la humanidad”.
La abogada de OpenAI, Sarah Eddy, respondió con un ataque contra Musk, para lo que usó el testimonio de Shivon Zilis —una socia comercial de Musk con quien tiene cuatro hijos— y que había actuado como intermediaria entre las partes de este caso.
“Ni siquiera las personas que trabajan para él, ni siquiera la madre de sus hijos, pueden respaldar su versión”, dijo Eddy.
Musk abandonó OpenAI en 2018 y desde entonces ha llevado a cabo proyectos de IA a través de su empresa aeroespacial SpaceX después de absorber su startup de este campo, xAI.
Altman, que fue despedido inesperadamente por la junta directiva de OpenAI en noviembre de 2023 por falta de transparencia antes de ser readmitido a petición de los empleados, sale de este juicio con graves acusaciones de manipulación y de fomentar una cultura laboral tóxica, denuncias sobre las que el jurado no se ha pronunciado.
Fuente: AFP.