La representante de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, celebró que todas las denuncias impulsadas por su organización contra la gestión del intendente Miguel Prieto fueron confirmadas tanto por la Contraloría General de la República como por el interventor Ramón Ramírez, quien recientemente ratificó la existencia de múltiples irregularidades en la administración municipal.

Montiel refirió que la Contraloría General es la máxima autoridad en materia de control de las instituciones públicas y consideró que las conclusiones del interventor no hacen más que reafirmar las denuncias presentadas desde el inicio de la gestión de Prieto. “Por fin va a haber un poco de Justicia con Ciudad del Este, porque son los contribuyentes los que están perdiendo en este momento”, concluyó.

Montiel apuntó directamente a la gestión de Prieto, a quien acusó de haber montado un esquema en la comuna esteña para evadir los sistemas de Contrataciones Públicas y el control ciudadano. Según denunció, la municipalidad publica solo los montos de las obras, pero omite datos clave como la ubicación geográfica y otros detalles que permitirían una fiscalización efectiva.

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“Estamos tranquilos, todas las denuncias que hemos hecho se han confirmado, desde un principio estaba segura de que iba a ser así”, expresó Montiel en contacto con La Nación/Nación Media, quien destacó el trabajo que viene realizando el interventor y quien trajo consigo a técnicos que validaron los cuestionamientos realizados previamente por el ente contralor.

A su vez, aseguró que existe un desmoronamiento en la popularidad de Prieto, de lo cual ya hubo indicios en las últimas elecciones generales, cuando el candidato respaldado por el jefe comunal perdió la contienda por la gobernación del Alto Paraná. “Muchos de los que le defendían hoy nos dan la razón, él tiene muchos aduladores y chupasangres que también se benefician de su administración y son ellos los que le dan la falsa expectativa de que sigue siendo querido”, manifestó.

“El intendente es un mentiroso compulsivo, mostró su verdadera cara cuando asumió la intendencia y cometió todas estas irregularidades y actos de corrupción”, arremetió Montiel, señalando además que las críticas de Prieto hacia la Contraloría Ciudadana siempre buscaron desprestigiar al equipo que ella representa.

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Como parte de las investigaciones acerca del supuesto intento de golpe de Estado en enero de 2023, el general de la reserva del Ejército brasileño, Mário Fernandes, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil ser autor de “Puñal verde y amarillo”, un documento en el planeaba el asesinato de varios altos dirigentes que incluía incluso al presidente Lula da Silva, el juez Alexandre de Moraes y el vicepresidente Geraldo Alckmin.

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El militar explicó que el texto fue redactado e impreso en el Palacio del Planalto, lugar en el que prestaba servicio en ese momento, pero agregó que “fue destruido inmediatamente y jamás fue compartido con nadie”.

También se excusó diciendo que el archivo “era solo una idea digitalizada” tras las elecciones de 2022 em las que el actual mandatario Da Sila resultó vencedor ante su rival Jair Bolsonaro.

“Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado”, declaró según se hace eco el medio RT.

Los investigadores de la Policía Federal concluyeron que el plan fue redactado por Fernandes en noviembre de 2022, apenas un mes después de que se conociera el resultado electoral que favoreció a Luiz Inácio Lula da Silva.

Y más, este plan fue debatido por militares en la vivienda particular del general Braga Netto, exministro de Jair Bolsonaro y compañero de fórmula en la campaña presidencial.

Según el medio, “Fernandes también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales. “Le hice un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?”, relató“.

Sin embargo, la confabulación no logró mantenerse en secreto. La intriga se filtró tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien “declaró que Braga Netto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado”.

Como parte del proceso que se le sigue al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la semana pasada, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica.

Los defensores de Bolsonaro se apresuraron ayer jueves a explicar ante la Justicia que su defendido no había violado ninguna medida cautelar judicial luego de que aparecieran las declaraciones del expresidente en redes sociales, puesto que que el mandatario recibió la expresa prohibición de utilizar esos medios.

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Bolsonaro arguyó que él no podía ser responsable de los hechos de terceros si otros utilizaban sus declaraciones en las redes.

Un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud Pública se trasladó hasta el departamento de San Pedro, donde realizó una jornada de asistencia médica extramural que se centró en la Penitenciaría Regional local. Fueron parte de la iniciativa el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis junto con la II Región Sanitaria-San Pedro.

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Desde la cartera de Salud informaron que durante la actividad se ofreció atención médica, entrega de medicamentos y una charla educativa sobre prevención de enfermedades, con el apoyo del personal de Atención Primaria de la Salud (APS) y del equipo de salud del penal.

Indicaron que en total fueron atendidas 357 personas privadas de libertad en los distintos servicios, y se tomaron 32 muestras para diagnóstico de tuberculosis, que serán analizadas en el laboratorio del Hospital Regional de San Pedro.

“Acompañaron la jornada el Dr. Darío Soria, director regional de San Pedro; la Lic. Cinthia Recalde, jefa regional del Programa de TB; y autoridades penitenciarias”, explicaron desde el ministerio.

Agregaron que mediante las jornadas de atención extramural que se brindan fuera de un establecimiento de salud, más personas pueden acceder al cuidado y a la promoción de la salud, a la prevención o control de enfermedades, a estudios de diagnósticos y a charlas educativas.

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“Hay una abierta inconsistencia entre su discurso, su gestión y sus obras”, dijo el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, tras acusar al intendente Miguel Prieto de impulsar junto con sus aliados políticos una "campaña de desobediencia" en la localidad, principalmente en obstaculizar el proceso de recaudación de la comuna.

“Alentamos a la ciudadanía que no se deje amedrentar y que se acerque a la institución para cumplir con sus obligaciones (pago de impuestos). Vamos a intensificar los procedimientos en el área de las recaudaciones. Sabemos que existe una campaña en contra y esto incluso puede calificarse como una campaña de desobediencia a las normas vigentes“, expresó el economista en una entrevista con la radio Tribuna.

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Ramírez mencionó que, ante dicha situación, finalmente serán los funcionarios de la municipalidad y la población en general los más afectados, teniendo en cuenta que ante la falta de ingresos será difícil zanjar las deudas con proveedoras, el pago del salario y la continuidad de los servicios.

“Esta es la situación que enfrentamos y la tenemos que administrar. Me espanta la desprolijidad administrativa de una ciudad, una capital tan grande como es Ciudad del Este. Hay una discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. A la ciudadanía que ellos dicen defender les boicotean exigiendo, incluso a sus adeptos, a no cumplir con sus obligaciones“, lamentó.

En un desesperado intento de interferir en la intervención instalada el 23 de junio pasado, Prieto envío la semana pasada a la escribana pública Marina Beatriz Cáceres Aguayo, del distrito de Naranjal, hasta la sede la municipalidad para que Ramírez se ratifique o rectifique sobre sus declaraciones en una conferencia de prensa del 15 de julio, acerca de la existencia de irregularidades en su gestión.

“Estamos haciendo un trabajo técnico y profesional. Queremos seguir con nuestro cronograma y completar profesionalmente esta intervención. Estamos trabajando sin estar en contra ni a favor de nadie. Los informes se establecerán con pruebas concretas“, puntualizó Ramírez.

Entre los puntos objetados por Prieto figuran datos sobre la cantidad de funcionarios contratados, el estado de avance en la construcción de plazas, el uso de combustibles, las cifras de recaudación comparadas al año pasado y el manejo de fondos rotatorios o “cajas chicas” dentro de distintas dependencias municipales, con presunto uso mayoritario en gastos gastronómicos.

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