Un interno de Tacumbú identificado como Ricardo Martínez, de 30 años de edad, fue imputado por presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso. El agente fiscal Giovanni Grisetti, de la Unidad Penal N° 3 del Sector 1, formuló la imputación.
El hecho ocurrió el sábado 20 de junio, en horas de la mañana, en el interior de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, según las pesquisas. El Ministerio Público confirmó dicha situación.
La Fiscalía informó que el hecho se produjo en el sector del pabellón 5ta. alta. El ahora procesado le habría propinado una estocada a la altura del pecho a Alexis Riveros Ríos, quien falleció a causa de ello.
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Otro hecho similar ocurrió el miércoles a la madrugada. Rafael González González y Marcos Alexis Núñez provocaron la muerte de Juan Agustín Agüero Adorno (54) y Juan Agustín Agüero Osorio (30), padre e hijo, respectivamente. El médico forense Félix Colmán indicó que el hombre de 56 años recibió 18 puñaladas y el de 30 años de edad recibió 24.
Este hecho motivó que el agente fiscal Giovanni Grisetti formule imputación contra ambos por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso agravado. El crimen ocurrió en el transcurso de la madrugada del miércoles en el pabellón mixta alto de la penitenciaría de mayores.
Este hecho de homicidio doloso agravado, por la alevosía y el aprovechamiento de la indefensión de ambas víctimas, representa una expectativa de 30 años de pena privativa de libertad.
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Fiscalía imputa al representante de Alpha College por presunta utilización indebida de marcas
El Ministerio Público formuló imputación contra Jaime José Benítez Domínguez, presidente y representante legal de Alpha Sociedad Anónima, firma propietaria de Alpha College Paraguay, por la presunta comisión del hecho punible de violación de los derechos de marca, en el marco de una investigación relacionada con el supuesto uso no autorizado de signos distintivos vinculados a la Universidad Americana.
La causa fue impulsada a partir de una denuncia presentada por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial S.A.E. (INCADE S.A.E.), titular de los registros marcarios asociados a la Universidad Americana, que sostiene que la autorización contractual para la utilización de dichas marcas expiró el 1 de enero de 2023.
De acuerdo con el acta de imputación, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes de sospecha para sostener que Alpha College habría continuado utilizando, sin autorización vigente, denominaciones comerciales, elementos gráficos, tipografías y referencias institucionales asociadas a la Universidad Americana, incluso presentándose públicamente como “Alpha College – Colegio de la Universidad Americana”.
La representación fiscal sostiene que la continuidad en el uso de estas referencias podría haber generado en estudiantes, padres y consumidores la percepción de una vinculación institucional o comercial que, según la parte denunciante, había dejado de existir tras la conclusión de la relación contractual entre las partes.
Entre los elementos incorporados a la investigación figuran contratos suscritos entre las instituciones involucradas, certificados de registro y renovación de marcas, actas notariales, capturas de pantalla de plataformas institucionales, intimaciones formales remitidas a la institución educativa e informes técnicos especializados elaborados durante la pesquisa.
Según la imputación, uno de los informes periciales concluye que existen indicios suficientes sobre la presunta comisión de hechos relacionados con la protección de derechos de propiedad intelectual, reforzando la hipótesis investigativa sostenida por el Ministerio Público.
La conducta atribuida fue calificada provisoriamente como violación de los derechos de marca, hecho previsto y sancionado por el artículo 184 del Código Penal paraguayo.
La agente fiscal Myriam Rodríguez Quiñónez, titular de la Unidad Especializada en Propiedad Intelectual y Contrabando, solicitó además un plazo de seis meses para la realización de diligencias complementarias y la posterior presentación del requerimiento conclusivo.
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Asimismo, el Ministerio Público requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades judiciales, la prohibición de salida del país y la prestación de caución personal o real.
La causa quedó radicada ante el Juzgado Penal de Garantías N.º 8 de la Capital, a cargo del magistrado José Agustín Delmás Aguiar.
Cabe señalar que la imputación constituye una etapa inicial del proceso penal y no implica una declaración de culpabilidad, correspondiendo exclusivamente a la autoridad judicial determinar, mediante resolución firme, la eventual existencia de responsabilidad penal.
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Fiscalía define si acusa y pide juicio oral para procesado por estafa
La fiscala Verónica Mayor deberá presentar su acusación u otro requerimiento este 2 de julio en el marco del proceso penal que enfrenta Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente procesado por estafa con un perjuicio que sería de USD 91.000.
Sin embargo, meses atrás el Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional debido a que debía realizar varias diligencias por lo que ya estaría habilitada a poder presentar el requerimiento conclusivo en relación al presente caso.
En julio del 2025 el Ministerio Público, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta rara la presentación que realizó la fiscala.
De acuerdo la información que se maneja habría elementos para poder presentar la acusación y el pedido de juicio oral contra el procesado y eso está en manos de la fiscala mayor.
Imputación
Meses atrás, la fiscala Laura Romero había formulado imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, Darío Ramón Mongelós había realizado una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Ministerio Público se adhirió al feriado con excepciones para garantizar servicios esenciales
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, firmó la resolución N° 2312, por la cual el Ministerio Público declara feriado institucional para este 30 de junio de 2026, en concordancia con el Decreto Presidencial N.° 6280/2026, que estableció la fecha como feriado nacional.
La disposición se fundamenta en el decreto presidencial dictado el 29 de junio de 2026, mediante el cual se declaró feriado nacional en conmemoración del histórico logro de la Selección Paraguaya, tras su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La resolución también toma en consideración que la Corte Suprema de Justicia se adhirió a la medida y dispuso que los plazos procesales con vencimiento el 30 de junio fenecerán el 1 de julio de 2026, salvo las excepciones establecidas.
No obstante, a fin de asegurar la continuidad de los servicios esenciales, el Ministerio Público dispuso que permanecerán en funciones:
-Las Unidades Fiscales de turno.
-Las unidades con audiencias en juzgados y juicios orales que no hayan sido suspendidos.
-La Oficina de Denuncias Penales del Ministerio Público.
-Los Departamentos de Apoyo Técnico Fiscal convocados para atender requerimientos de las unidades de turno.
La medida fue adoptada en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Fiscal General del Estado para coordinar el funcionamiento armónico y eficaz de la institución, garantizando la prestación de los servicios imprescindibles durante la jornada de feriado nacional.
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Tragedia en Capitán Miranda: imputan y piden prisión para conductor involucrado en accidente que dejó tres fallecidas
El Ministerio Público avanzó en la investigación del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo en la zona conocida como Bajada Tirol, en el distrito de Capitán Miranda, departamento de Itapúa, donde perdieron la vida tres mujeres, entre ellas una exmagistrada judicial.
El fiscal Francisco Martínez imputó por el supuesto hecho punible de homicidio culposo a Saddan Hammoudi Garay, de 23 años, quien se encontraba al mando de una camioneta Chevrolet S10 involucrada en el violento siniestro registrado sobre la Ruta PY06, a la altura del kilómetro 25. Asimismo, el representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de la medida de prisión preventiva mientras prosiguen las diligencias investigativas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la camioneta conducida por el joven impactó contra un automóvil Geely Coolray guiado por la exjueza Laura María Benítez Núñez, de 53 años, quien falleció a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.
En el mismo vehículo viajaban Mónica María Guadalupe Otazú Araujo, de 26 años, y Erika Tamary Griffith Paredes, de 22 años. Ambas fueron rescatadas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos y trasladadas de urgencia hasta el Hospital General de Itapúa; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, posteriormente se confirmó sus fallecimientos.
Según el informe forense incorporado a la investigación, las tres víctimas sufrieron traumatismos cervicales y politraumatismos severos a raíz del fuerte impacto, considerado uno de los accidentes viales más trágicos registrados este año en el departamento de Itapúa.
Si bien el conductor de la camioneta fue sometido a la prueba de alcotest, cuyo resultado arrojó negativo, el Ministerio Público resolvió formular imputación por homicidio culposo y requirió su prisión preventiva, al tiempo de continuar con la recolección de evidencias, pericias técnicas y demás diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fatal siniestro.
La investigación buscará determinar las responsabilidades penales derivadas del hecho, ocurrido en un tramo de ruta conocido por su complejidad y peligrosidad, mientras familiares y allegados de las víctimas continúan conmocionados por una tragedia que enluta a la comunidad itapuense.