Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.

Desde el Ministerio Público informaron este viernes que inició dos investigaciones paralelas contra un joven de 27 años por presunta violencia familiar y crueldad animal, y en ambos casos dictó órdenes de detención contra el presunto responsable.

Según indicaron, los hechos denunciados formalmente este jueves 16 de abril de 2026, exponen un ciclo de agresiones físicas y psicológicas contra su expareja, de 33 años.

Agregaron que, según antecedentes, el sindicado habría utilizado violencia extrema hacia un animal doméstico como mecanismo de coacción y control emocional para infligir mayor sufrimiento a la víctima.

La causa por violencia familiar es impulsada por el fiscal Edgar Delgado, titular de la Unidad Penal n.° 1 de Presidente Franco, y se centra en las agresiones sufridas por la mujer.

También expresaron que como parte de las diligencias, la víctima prestó declaración testifical, además de ser inspeccionada por un médico forense del Ministerio Público. Asimismo, recibió contención psicológica integral por parte de profesionales especializados del Centro de Atención a Víctimas, a fin de evaluar el impacto de los maltratos psicológicos.

El mismo joven de 27 años se encarga de la investigación por parte de la fiscal Viviana Sánchez en el caso por crueldad animal, a partir de la reciente viralización de un video del hecho, ocurrido en diciembre de 2025.

La Fiscalía refirió que el documento fiscal detalla que, tras una discusión y bajo los efectos de estupefacientes, el sospechoso habría ahorcado a un gato para luego arrojarlo violentamente al suelo.

“Esta acción, que habría provocado la muerte inmediata del felino, está tipificada como hecho punible con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión”, informaron.

Finalmente acotaron que ante la gravedad de los hechos y el peligro latente para la denunciante, ambos agentes fiscales emitieron órdenes de detención preventiva contra el joven.

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal también intervino formalmente en el proceso, solicitando el cumplimiento estricto de la Ley 7513/25.

• Ciudad del Este. Agencia regional

Suman los hechos de agresiones dentro del entorno familiar a causa de personas en estados de adicciones a drogas o alcohol.

Es el caso de una joven de 23 años que fue denunciada por su madre por haberla maltratado y agredido con piedra. Agentes de la Comisaría 6ª. de Presidente Franco aprehendieron a la mujer y el fiscal Edgar Delgado la imputará por violencia familiar.

Ocurrió a las 10:30 de ayer 15 de abril en una vivienda del barrio San Juan, zona baja de la ciudad. La madre, de 43 años, contó al personal policial que su hija llegó a la casa y comenzó a maltratarla y, ante su negativa a hacer algo que la joven le pedía, tomó una piedra y tiró hacia ella ocasionándole un rasguño en la cara.

La denunciante contó que su hija es adicta a las drogas y ya en otras oportunidades mostró una conducta agresiva; suele salir de su casa y volver después de varios días. Asimismo, la mujer contó que ella cuida a su nieta de dos años, frente a quien ocurrió el último episodio de violencia.

El caso fue comunicado al fiscal de turno de la unidad zonal de Presidente Franco, Edgar Delgado. Tras las declaraciones de rigor, la joven sería imputada por violencia familiar, teniendo en cuenta que ya en otras oportunidades tuvo la misma conducta de agresión, según refirió el fiscal.

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El agente del Ministerio Público informó que son frecuentes las denuncias contra jóvenes por conducta violenta, teniendo a la adicción como característica común de los agresores. Dijo que cuando está de turno, el promedio de causas es de dos y tres casos por semana que llegan a la unidad.

Para el agente fiscal, al tratarse de un problema social y de salud muy complejos, se requiere de un trabajo integral de varias instituciones para la atención del problema de fondo que abarca el microtráfico de drogas, las oportunidades laborales y énfasis en la educación con accesibilidad, donde el problema sea abordado desde el inicio.

Planteó como medida de urgencia la creación de Centros de Rehabilitación de gestión pública, empezando por uno en Alto Paraná, “capaz de atender la demanda de la región donde se multiplican los casos que requieren una urgente atención”. Remarcó que solo existen centros privados a los cuales no pueden acceder en la mayoría de los casos.

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La fiscal de Fernando de la Mora, Carmen Bogado, formuló imputación por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio culposo y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso contra la presidenta de la empresa Novex S.A. (Ochsi), en el marco de la investigación por la explosión registrada en la planta industrial, que derivó en una fuga de amoniaco y provocó la muerte de cuatro trabajadores.

En la misma causa, el Ministerio Público también imputó al representante legal de la firma encargada de la carga del amoniaco, a quien se le atribuye presuntamente el hecho de homicidio doloso. De acuerdo con la investigación, el mismo habría intervenido en la carga del químico con un cilindro identificado con la nomenclatura “UC 2702”, el cual no contaba con un dispositivo de liberación de presión, como una válvula de alivio, y presentaba deficiencias estructurales.

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Los antecedentes del caso señalan que el hecho ocurrió el 7 de febrero de 2024, entre las 16:30 y las 17:00, en el establecimiento ubicado sobre las calles 14 de Mayo y General Caballero, en la ciudad de San Lorenzo. En ese contexto, la sobrepresión generada en el cilindro habría provocado su rotura, ocasionando la liberación de amoniaco en estado gaseoso.

Como consecuencia de la inhalación del gas tóxico, unos 30 empleados resultaron afectados, mientras que cuatro trabajadores perdieron la vida.

Según la hipótesis del Ministerio Público, se habría incurrido en una conducta negligente al autorizar la carga de amoniaco en un recipiente que no reunía las condiciones de seguridad exigidas, omitiendo medidas de control y prevención. Esta situación habría generado un riesgo previsible que finalmente derivó en el desenlace fatal.

La investigación continúa a fin de determinar las responsabilidades penales en torno a lo ocurrido.

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