• Washington, Estados Unidos. AFP.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.

Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.

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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.

Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.

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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.

Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.

“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.

Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.

Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.

Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .

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Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.

Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.

El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.

“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.

Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.

La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.

El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.

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El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.

Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.

• Bruselas, Bélgica. AFP.

El gobierno británico y la Unión Europea alcanzaron un “histórico” acuerdo político definitivo sobre libre circulación de bienes y personas entre el enclave británico de Gibraltar y España. “Este acuerdo beneficia a todos, y aportará certeza legal y confianza a las personas y negocios de toda la región”, dijo el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al anunciar el entendimiento, el 11 de junio.

El alto funcionario dijo sentirse “absolutamente convencido de que el acuerdo será ratificado, porque es un buen acuerdo”. Por su parte, el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, destacó que con el acuerdo dejará de existir la valla que separaba el territorio español del enclave británico. "Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías", expresó el alto funcionario español.

Sefcovic y Albares mantuvieron en la jornada reuniones con el ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, y con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. En un comunicado, Lammy apuntó que el entendimiento sellado “aporta una solución práctica tras años de incertidumbre”.

“Junto con el gobierno de Gibraltar, hemos alcanzado un acuerdo que protege la soberanía británica, apoya la economía de Gibraltar y permite a las empresas volver a planificar a largo plazo”, añadió. Para el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, “hoy es un gran día para el Campo de Gibraltar”. “Después de tres siglos sin avances, la UE, Reino Unido y España cerramos un acuerdo global en beneficio de los ciudadanos y de nuestra relación bilateral con el Reino Unido”, afirmó en la red X.

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Picardo dijo estar “encantado” con el acuerdo, que aportará “seguridad jurídica al pueblo de Gibraltar, a sus negocios y a todos aquellos de la región que confían en la estabilidad en la frontera”. Este acuerdo, aún pendiente de ratificación, contempla la eliminación de “todas las barreras físicas, comprobaciones y controles sobre personas y mercancías que circulan entre España y Gibraltar”, informaron la UE y el Reino Unido en un comunicado conjunto.

Un punto crítico del acuerdo se refiere el control de pasaportes. En este caso, agentes migratorios españoles tendrán la responsabilidad de velar por la seguridad del Espacio Schengen. De acuerdo con fuentes británicas, se trata de un arreglo similar al establecido en la estación de trenes de Saint Pancras, en Londres, donde la policía de Francia hace el chequeo migratorio a pasajeros hacia la UE.

“El camino está ahora despejado para que los equipos negociadores ultimen rápidamente el texto jurídico completo y procedan con los respectivos procedimientos internos conducentes a la firma y ratificación” del entendimiento, se lee en el comunicado conjunto.

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Las conversaciones entre Londres, Madrid, Bruselas y Gibraltar sobre un acuerdo avanzaron casi imperceptiblemente durante el anterior gobierno conservador británico, pero la llegada de los laboristas, el año pasado, dio un nuevo impulso al proceso. En particular, el nuevo gobierno británico se propuso “reiniciar” sus relaciones con la UE, y este acuerdo sobre Gibraltar es un paso esencial en ese empeño.

Hace un año, las partes mantuvieron una ronda de conversaciones en Bruselas y en ese momento Picardo había afirmado que las partes quedaron “a la distancia de beso” para alcanzar el acuerdo. Cerca de 15.000 personas, en su mayoría españoles, cruzan cada día la frontera para trabajar en este territorio británico de unos 34.000 habitantes.

Reino Unido abandonó la UE en 2020 dejando sin resolver la relación entre el bloque europeo y Gibraltar, históricamente una base militar británica altamente estratégica debido a su posición en la entrada del mar Mediterráneo. España cedió Gibraltar a la corona británica en 1713 como parte del Tratado de Utrecht, pero nunca ha dejado de reclamar su soberanía sobre el peñón, lo que genera tensiones recurrentes entre Madrid y Londres.

Jimena Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la Justicia paraguaya y estadounidense, fue detenida en Madrid, España, en el marco de una operación conjunta entre la Policía de España e Interpol Uruguay.

La captura de la hermana de Marset, al igual que de su esposa, Gianina García Troche, se realizó en el municipio de Torrejón de Ardoz, confirmó el medio uruguayo El Observador.

La ubicación de la mujer se logró tras un cruzamiento de información entre el equipo de Búsqueda de Fugitivos de la Policía española y el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay.

Jimena, de 29 años, es requerida por la Justicia de Bolivia, de donde huyó en el 2023 junto con su hermano Sebastián, su esposo Sebastián Alberti Rossi y su familia.

Alberti tiene antecedentes penales en Uruguay, estuvo preso por homicidio y se fugó de la cárcel. Tras dos años prófugo, se entregó a la Policía. Luego vivió en Bolivia y la Justicia de ese país lo acusa de portar una identidad falsa.

De acuerdo a la investigación, Alberti Rossi, cuñado de Marset, circulaba bajo la identidad de Ademar Cheneybo Arauz, un boliviano que murió hace años.

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La esposa de Marset, Gianina García Troche, está detenida en la cárcel militar de Viñas Cué en Paraguay por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico internacional de drogas.

La mujer, de 29 años, había sido arrestada en España y luego extraditada a Paraguay. La ciudadana uruguaya está en una celda individual y tiene restricción de contacto con otros internos, salvo autorización de la Dirección de la citada prisión.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset está vinculado al crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini como uno de los posibles autores intelectuales. Indicó que esta información fue compartida por el Ministerio Público de Colombia.

Rolón detalló que el prófugo uruguayo figura dentro del esquema criminal que acabó con la vida del agente fiscal antimafia, el 10 de mayo del 2022, cuando pasaba su luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, en la isla de Barú, en Cartagenas (Colombia).

“La búsqueda de los participantes del primer orden ya está concluido por Colombia y en ese orden están hoy abocados a la autoría intelectual. La fiscal Luz Adriana Camargo me habla de un segundo anillo de participantes intelectuales y lo ubica a Marset como uno de los que podría ser (actor intelectual de la muerte de Pecci)“, dijo el fiscal paraguayo.

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