La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, ayer viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La séptima procesada, de once procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la Fiscalía.

Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.

El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.

En el marco de la presentación de requerimiento, la Fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.

“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.

La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía.

En el sexto día del juicio reservado que se desarrolla contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, el médico forense, Pablo Lemir, confirmó que la joven sufrió un muerte violenta y que existió evidencia de un intento de aborto vía vaginal. El perfil psicológico del acusado también indica que fue víctima de violencia familiar.

Ante el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Lemir declaró que María Fernanda Benítez estaba embarazada de 14 a 16 semanas, además, que durante la autopsia se pudo constatar que había marcas de pinzas ginecológicas y que ante su edad gestacional evidencia que pudo haber un intento de aborto.

Afirmó que la joven tuvo una muerte violenta provocada por un traumatismo de cráneo que fue causado por un objeto contuso romo que le provocó una hemorragia cerebral, pero como el cuerpo fue quemado no se pudo determinar si falleció inmediatamente o por ese golpe. “De lo que sí tenemos evidenciada es del traumatismo craneoencefálico y fue la herida principal constatada”, aseguró.

Así también, resaltó que el desprendimiento de las extremidades se registró por calcinamiento y que no fue provocado por otro objeto previo a que se le prendiera fuego como se pensaba antes de realizar la autopsia. El informe de Lemir aclara que el fallecimiento de la joven se registró tres a cinco días antes del hallazgo del cuerpo.

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El principal sospecho del crimen de María Fernanda fue entrevistado por psicólogos para lograr determinar un perfil, los resultados revelan que presenta rasgos de egocentrismo y baja empatía hacia los otras personas.

“Dios perdona y sé que en un futuro puedo ser una mejor persona”, fue lo que expresó el joven, al momento de ser entrevistado por los profesionales en el proceso de investigación que se realizó tras ser acusado como el principal sospechoso del feminicidio de Mafe.

Unicanal accedió a la conclusión del Test Apercepción Temático (TAT) aplicado al imputado que detalla que se trata de una persona con buena estabilidad emocional e introspección, pero revela rasgos de egocentrismo agudo, muy baja empatía, conductas rudas o defensivas y una historia personal adversa que influye en sus trastornos de conducta.

Además, detectaron antecedentes de traumas severos y que el joven habría indicado que fue sometido a violencia física durante su infancia y llegó a intervenir físicamente para intentar detener las agresiones que supuestamente su papá tenía contra su madre, ciclo habría moldeado la conducta criminal.

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El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, se reportó el 27 de mayo del 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, pero el hallazgo del cuerpo de la joven se reportó recién el 31 de mayo de ese mismo año, este estaba enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro.

El presunto autor material del crimen al ser menor de edad al momento del hecho se enfrenta a un juicio en paralelo bajo el régimen penal adolescente con un pedido de pena máxima de 8 años.

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El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos ratificó la determinación de los jueces de sentencia, de iniciar este lunes 31 de agosto, a las 08:00, el juicio oral para el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y otros acusados por un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del Covid-19, en el caso conocido como Tía Chela.

La Cámara de Apelación rechazó el recurso planteado por la acusada, Emili Vanessa Florentín Páez, quien presentó una chicana para evitar que el juicio oral se pueda desarrollar, pero no surgió efecto y se mantiene para este lunes. De acuerdo al fallo, la resolución del tribunal de primera instancia fue dictada en virtud a las facultades ordenatorias del juez o tribunal.

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“Al rechazar la reposición, el colegiado, luego de analizar la pretensión de la defensa técnica, ha decidido sustentando suficientemente su decisión en la ley y conforme a su disponibilidad. En estas condiciones, corresponde confirmar el auto apelado en subsidio”, expresa parte de la resolución del Tribunal de Apelación.

El Tribunal de Sentencia que juzgará a Miguel Prieto y a los demás acusados está conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos: Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación, en la cual se menciona que Prieto causó un supuesto perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente habría encabezado un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

Además de Prieto, están acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL.; Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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La fiscal Laura Giacummo se constituyó en la sede de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), acompañada por funcionarios y peritos designados, para la realización de una pericia informática al Sistema Administrativo Financiero de la institución, en el marco de la investigación por un supuesto desvío de más de G. 1.100 millones del ente estatal hacia cuentas personales. En la causa se encuentran imputados tres funcionarios de Copaco.

La diligencia fue ordenada por las agentes fiscales de la Unidad n.° 13 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Laura Giacummo y Belinda Bobadilla, en el marco de la investigación abierta por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, instigación a la alteración de datos y producción de documentos no auténticos.

De acuerdo con los elementos recabados hasta el momento, los imputados estarían presuntamente vinculados a un esquema que habría consistido en el acceso indebido a los sistemas informáticos y a las cuentas bancarias institucionales, con el propósito de simular egresos a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales. Sin embargo, los fondos presuntamente habrían sido redirigidos a cuentas personales de funcionarios de la institución y de terceras personas.

En enero pasado, la Fiscalía dispuso la detención de dos exaltos funcionarios de la Copaco, así como un tercer exfuncionario, que fueron imputados por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, instigación de alteración de datos, producción de documento no auténtico y alteración de datos. El Ministerio Público pidió la prisión preventiva de los exfuncionarios del ente, y la aplicación de medidas alternativas a la prisión para el tercer imputado, un funcionario del ente.

La imputación remarca que los sindicados, con los cargos ocupados y el acceso que ellos le permitían tanto en el sistema informático administrativo y contable interno de Copaco, conocido como “SAF”, así como a las cuentas corrientes del ente en los diversos bancos de plazo, los mismos habrían simulado pago a proveedores, autorizados por la comisión directiva del ente, mediante transferencias por el sistema SIPAP; sin embargo, parte de dichos fondos, en este periodo de tiempo, habría sido destinado a las cuentas personales de ambos funcionarios.

Uno de los imputados, en su carácter de gerente administrativo financiero de COPACO S.A., así como el segundo imputado,, en su carácter de jefe del Departamento de Tesorería de la misma compañía, habrían accedido a los sistemas y cuentas bancarias de la institución, implementado un mecanismo orientado a simular egresos por parte del ente, a favor de la Municipalidad de Asunción, aparentando el pago de obligaciones municipales para, en realidad, disponer y redirigir los fondos a cuentas particulares de ellos mismos así como de terceros.