El diputado Rodrigo Gamarra, quien encabeza la comisión especial de intervención de la Municipalidad de Asunción, manifestó que el posicionamiento del movimiento Honor Colorado se ceñirá a lo que refleje el informe final elaborado por el economista Carlos Pereira sobre la gestión del intendente Óscar Rodríguez, que se presentará este viernes.

“Creo que debería ser lo más correcto. La persona que hizo el trabajo técnico, que debe estar sustentando en documentos, son los ojos y oídos en este proceso. Nuestra Cámara se caracteriza por la coherencia. Lo más prudente es esperar el informe”, sostuvo Gamarra, este jueves, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el legislador manifestó “no sabemos aún qué contiene y en qué está sustentado el proceso de intervención. Rodríguez sostiene que no hay motivos y que toda su administración está documentada y en regla, que no existen causales suficientes para sacarlo o para que renuncie”.

Lea también: Interventor de Asunción presentará su informe este viernes

Gamarra señaló que su recomendación personal a Rodríguez sería que presente su renuncia al cargo en caso de constatarse graves irregularidades en su administración. El proceso de fiscalización se inició el pasado 24 junio sobre seis observaciones señaladas por la Contraloría General de la República (CGR), que derivaron en la intervención.

“Yo soy del mismo equipo que el intendente, es mi amigo, lo conozco y, con todo esto, ante el pedido de intervención nosotros actuamos desde la comisión de manera totalmente imparcial, a puertas abiertas. Si es que hay causales que ameriten llegar a una causa extrema, yo le recomendaría renunciar, pero esta es una posición personal, no del movimiento”, dijo el parlamentario.

Te puede interesar: González Vaesken confirma su precandidatura para pujar por la intendencia de CDE

El diputado Hugo Meza cuestionó duramente a la oposición por un doble discurso, apuntando a un fraude electoral, refiriéndose a las conductas del ahora exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Durante el tratamiento del pedido de destitución, el debate fue bastante intenso, principalmente de los legisladores de la oposición, que pese a los resultados de la intervención, seguían defendiendo a Prieto.

“Que muchas mentiras se dijeron en este pleno de cara a la ciudadanía. Es la crónica de unos hechos, de robos, de malversaciones, plenamente comprobados y documentados. Escuché que acá se quiso categorizar los robos, con un afán extraordinario, se quiere decir cuál es un robo chico y cuál es un robo grande”, criticó el diputado Meza.

Te puede interesar: “Prieto y los concejales son los que deben estar presos”, dice abogado de suboficial detenido

Para el legislador, el pertenecer a la oposición o ganar en unas elecciones, no le habilita a una autoridad al robo de las arcas de la institución. “Quieren instalar que el intendente de Ciudad del Este casi está comprendido en un robo bagatelario, inclusive se recurre a una frase poco feliz, porque tuvo 81.000 votos le habilita para robar, esa es una falacia muy grande y un mensaje dañino para nuestra democracia, donde el mayor cáncer que tenemos sigue siendo la corrupción y la impunidad”, sentenció.

Ante todas las irregularidades señaladas en su administración, calificó a Prieto como un fraude. “Es una estafa electoral, porque ustedes dijeron que iban a ser mejores de los que se fueron, y a la luz de lo que hoy estamos viendo, acá hubo un robo descarado a las arcas municipales de Ciudad del Este”, puntualizó.

Leé también: La Cámara de Diputados destituyó a Miguel Prieto

El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, otorgó la libertad ambulatoria al extitular de Senave, Pastor Soria, en el proceso penal abierto por cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero en el marco de la investigación por supuestos pagos para que provean un permiso, la Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI), que permite la importación de productos.

El magistrado resolvió que el imputado tiene prohibido salir del país, así como una fianza de G. 300 millones y en caso de incumplir con las medidas se podría revocar las mismas y ordenar su prisión.

Te puede interesar: Invitan para mañana al seminario sobre atención y prevención de violencia a niños, niñas y adolescentes

El presente proceso penal se inició tras la denuncia presentada por la presidente de ASICOPACE, quien mencionó una presunta red de corrupción dentro del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), en la que funcionarios exigían pagos ilegales a cambio de expedir certificados fitosanitarios obligatorios para la importación de productos frutihortícolas.

En la investigación fiscal -entre diciembre del 2023 y abril del 2024- los importadores de papas, cebollas y tomates, rubros clasificados como “sensibles”, enfrentaron demoras injustificadas en la obtención de las AFIDI, a pesar de que su costo oficial es de apenas G. 17.715.

Estas trabas, sin explicación técnica, eran seguidas por llamadas y visitas de funcionarios del SENAVE y terceros ajenos a la institución, quienes, con pleno conocimiento de los datos ingresados por los importadores en la Ventana Única de Importación (VUI), exigían pagos de hasta G. 10 millones por cada AFIDI para destrabar el proceso.

Podes leer: Fiscalía investiga compra irregular de departamentos en el barrio San Francisco

El titular de la Superintendencia de la Salud, el doctor Roberto Melgarejo, negó que tenga fines políticos la sanción del Sanatorio del Parque, en Ciudad del Este, vinculado a la familia del diputado prietista Guillermo Rodríguez, quien denunció la medida como una supuesta “persecución política” y “terrorismo de Estado”. “Acá no hay un ánimo de perseguir a nadie, solo la necesidad de que se formalicen las cosas”, indicó el superintendente.

“Este diputado es un gran mentiroso y me molesta que diga que esto es una cuestión política, es un gran disparatero. No solo maltrató a mis funcionarios, sino a mi persona y toda la institución. La habilitación por parte del Ministerio de Salud y el registro de Superintendencia tenían vencidos“, dijo Melgarejo, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Melgarejo mencionó que “ninguna entidad puede estar prestando servicio sin la debida habilitación y el registro. Estaban en una contravención, entonces debe ser clausurado hasta tanto regularicen su situación. Ellos, en principio, dijeron que tenían en proceso de renovación de habilitación, pero no presentaron ningún tipo de documentaciones. Incluso, uno de ellos admitió en voz baja que todavía no hicieron los papeles”.

Señaló que funcionarios de la institución no solo intervinieron el sanatorio privado de Ciudad del Este, sino que también en las localidades de Presidente Franco y Hernandarias. “Se visitaron 340 entidades prestadoras, aproximadamente. El diputado dijo que fue una visita puntual, esa es la primera gran mentira. Dijo que esto se enmarca dentro de una persecución, pero, de ninguna manera, nosotros ni sabíamos que era propietario su padre o su familia, y mis funcionarios menos, ni tienen por qué saber”, comentó.

Lea también: Peña lidera un gobierno reformista plenamente consolidado, sostiene sociólogo

Detalló que el procedimiento de fiscalización fue ejecutado el pasado lunes 11 de agosto. Mientras que el miércoles 14 de agosto ingresó por mesa de entrada de la Superintendencia de Salud una nota de reconsideración presentada por el centro médico privado, solicitando que se entienda la situación, aceptando que no cuentan con los papeles y que están en falta.

“Además en la nota adjuntan que ya iniciaron el proceso de renovación de las documentaciones y que lo iniciaron el 12 de agosto, es decir después de la intervención. El diputado dijo que el proceso inició mucho antes y que lo nuestro era una cuestión arbitraria, pero esta es una segunda gran mentira”,

Agregó que la tercera gran mentira esgrimida por Rodríguez es cuando dice que ningún proceso de renovación en el Ministerio de Salud no se puede iniciar hasta tanto se venza la habilitación. “Hay una resolución del año 2020, en la cual cualquier entidad prestadora de servicio pueden iniciar hasta 90 días antes la renovación de su habilitación. Si en este plazo no se inició y llega el momento de vencimiento de su habilitación, entonces la entidad quedará clausurada hasta que los documentos estén en forma regular”, manifestó.

Te puede interesar: Alianza Gremial se posiciona como ganador en elecciones de Derecho UNA