El presidente de la República, Santiago Peña, ordenó el retiro de todos los carteles publicitarios ubicados en la vía pública en Ciudad del Este. A través de sus redes sociales, el mandatario paraguayo expresó su contundente postura hacia lo ocurrido esta mañana en la zona primaria de la capital de Alto Paraná, con respecto a los carteles que contenían mensajes ofensivos hacia el pueblo paraguayo.

“Deploramos los carteles ofensivos instalados en Ciudad del Este. Este tipo de acciones no aportan al entendimiento ni el respeto que deben prevalecer entre los pueblos”, lamentó el jefe de Estado, mediante un comunicado que divulgó en su cuenta personal de X.

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El jefe de Estado anunció que ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el retiro total de toda la cartelería de uso publicitario en el Este, así como también, cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos.

“He ordenado al MOPC el retiro de todas de estas estructuras, así como de cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos, en el marco de las atribuciones legales que la institución viene ejerciendo en distintos puntos del país”, anunció.

Asimismo, el mandatario remarcó que el Paraguay está viviendo uno de sus mejores momentos, sobre todo en el ámbito económico, lo que genera un gran interés de diversos sectores empresariales.

“Paraguay crece, atrae inversiones y avanza con fuerza hacia el futuro. Quizás eso incomode a algunos. A nosotros nos motiva a seguir trabajando para que el gigante que es Paraguay siga creciendo y ocupando el lugar que merece. Paraguay seguirá hacia adelante”, remarcó.

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La fiscal en Delitos Económicos y Anticorrupción, Yeimy Adle, defendió la objetividad del proceso de investigación y la imputación contra el exministro abdista de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, en el fallido proyecto Metrobús, detenido y destruido durante su gestión, frente a las acusaciones de persecución política. La fecha del requerimiento conclusivo se encuentra marcada para el próximo 16 de agosto.

La agente lamentó la falta de discusión sobre las pruebas del caso judicial y mencionó que la imputación al dirigente del abdismo por lesión de confianza y daño a obras construidas se sustentan exclusivamente en pericias y pruebas técnicas recabadas.

“Para nosotros como fiscales es muy difícil tomar una decisión jurídica en medio de una disputa política. Tuvimos que hacer lo que corresponde conforme a todas las pruebas que hemos recabado en todo este tiempo, porque no es fácil para nosotros tener que decidir, hacer justicia en medio de una puja de poderes políticos, sabiendo todas las críticas que vamos a recibir”, indicó la agente del Ministerio Público, este viernes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Cuando un fiscal imputa por supuesto que no va a recibir aplausos del imputado y de su defensa. Nuestro respaldo son las evidencias que tenemos dentro de nuestro cuaderno de investigación fiscal del que nadie habla, se nos pregunta por el hecho, por el caso de que sería una persecución política, dudan de nuestra honestidad y de nuestro conocimiento, pero nadie nos pregunta que tenemos en nuestro cuaderno de investigación fiscal, qué pruebas tenemos, qué dicen nuestras pericias que nos llevó a tomar la decisión de imputar, nadie habla del fondo de la cuestión“.

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El acta de imputación fiscal refiere que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del Metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

Señala también que, antes de la administración de Wiens, el proyecto del Metrobús registraba un avance físico del 40 %. En ese contexto se habían construido seis estaciones, por las cuales el Estado paraguayo pagó la suma de G. 6.924.624.006. Por otro lado, el MOPC, bajo la gestión de Wiens, desembolsó G. 8.030.693.029 para la rehabilitación del tránsito en la zona afectada, mediante obras no contempladas en el contrato y la demolición de lo ya construido.

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“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba”, explicó la fiscala Silvia González.

“El deseo final es llegar a una audiencia de juicio oral y público”, mani­festó la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción, Silvia González, tras urgir a la Corte Suprema de Jus­ticia (CSJ) destrabar el caso judicial donde exministro del Interior (2008-2011) y actual senador del Partido Democrá­tico Progresista (PDP), Rafael Filizzola, es investigado por la sobrefacturación de G. 1.200 millones en la construcción de las denominadas “comi­sarías de oro”.

“Queremos que un tribunal de sentencia valore todos los elementos de prueba. El Ministerio Público ha comu­nicado a la sala penal de la Corte la situación en la que se encuentra la causa y estamos solicitando a la Sala Penal que arbitre las medidas para que se proceda a la integración de la cámara a fin de que se pueda estudiar el recurso de apelación que hemos plan­teado”, indicó González en el programa “La caja negra”, de Unicanal.

El proceso judicial se viene alargando hace más de 10 años debido a la mina de chicanas que interpuso Filizzola. El 15 de octubre de 2010, el dirigente oposi­tor, en su carácter de minis­tro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo, aprobó el llamado a la lici­tación para la construcción de baños sociales y 24 cel­das en las comisarías del Área Metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsa­bles de las áreas afectadas y un estudio técnico previo que avale la construcción de las mismas. “Esta es una causa ya iniciada en 2013 y la acusación fue presentada en diciembre de 2014. Desde la etapa intermedia estamos todavía trabados sin poder avanzar o concluir definiti­vamente esa causa, el tiempo transcurrido es muy impor­tante”, puntualizó la agente.

Igualmente, aprobó el pliego de bases y condicio­nes y dispone que el pago sea efectuado en su totali­dad con fondos del Presu­puesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2010, a sabiendas de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

“Ya se debe definir esta causa, principalmente por el tiempo transcurrido, la sociedad también está inte­resada ya que el Estado para­guayo ha abonado montos importantes y es por eso que debemos brindarles una res­puesta”, manifestó Gonzá­lez. La fiscala siguió argu­mentando que “el Ministerio Público se opuso a la pres­cripción, como representan­tes de la sociedad instamos a que esto tenga un cierre, lo ideal es que se haga un aná­lisis correspondiente para poder transparentar toda la gestión realizada dentro de la causa”.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

El Tribunal de Sentencia Permanente N.° 2 de la VI Circunscripción Judicial de Alto Paraná, dictó fallo condenatorio a Rodrigo Sebastián Tamarasco, a 2 años de pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Es porque usaba electricidad de manera ilegal para la operación de una criptominería. El fiscal de la causa fue Alcides Giménez Zorrilla.

El proceso se había iniciado hace tres años a raíz de la denuncia de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), por robo de energía eléctrica. En el juicio fue comprobada la utilización clandestina de electricidad para la operación de una criptominería.

El caso se originó a partir de una intervención realizada por funcionarios de la Ande el 11 de abril de 2023, en un inmueble ubicado en el barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este. En dicho lugar, los técnicos de la Ande detectaron una conexión clandestina e irregular directamente a una línea de Media Tensión trifásica de la Ande, antes del medidor, permitiendo el consumo de energía eléctrica, sin registro ni facturación legal.

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Durante el procedimiento fiscal y policial con orden de allanamiento, se constató que la conexión irregular alimentaba un transformador de 300 kVA y equipos utilizados para criptominería, actividad caracterizada por el elevado consumo de energía eléctrica. En tal sentido, la conexión ilegal y el robo de energía constituyeron un perjuicio patrimonial a la Ande por más de 2.300 millones de guaraníes. (G. 2.366.129.189).

El Tribunal de Sentencia Permanente, bajo la presidencia del juez penal de Sentencia, Fabio Aguilar Benítez e integrado por los jueces Serafín González y Vitalia Duarte, declaró probada la existencia del hecho punible de sustracción de energía eléctrica, así como la culpabilidad y responsabilidad del acusado Rodrigo Sebastián Tamarasco.

Asimismo, el Tribunal dispuso el comiso de los bienes incautados durante el operativo, entre ellos cables, crucetas, descargadores, cartuchos porta fusibles, separadores y un transformador de 300 kVA.

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