El inicio del juicio oral y público a Bruno Marabel, sindicado como el principal responsable del quíntuple homicidio en la denominada casa del horror, está previsto para mañana a las 08:00 en la sala de juicios orales del Palacio de Justicia, en Sajonia.
El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar al procesado, está integrado por los jueces: Rossana Maldonado, quien será la presidenta del colegiado, Alba González y Gloria Hermosa.
De acuerdo a la acusación de la fiscal Esmilda Álvarez, Marabel sería el autor material de los homicidios de su esposa Dalma Rojas, del padre de la misma, Julio Rojas del Valle, de la madre, Elba Rodas y de los hijos de Dalma de 4 y 6 años.
Además de Marabel, deberá ser enjuiciada María Araceli Sosa, quien no aceptó una salida alternativa, ya que alega ser inocente de los hechos investigados. Sosa se vio involucrada al participar supuestamente de una fiesta en la casa donde ocurrió el crimen.
El juez penal de Garantías Rolando Duarte, fue quien elevó a juicio oral y público el presente caso a pedido de la Fiscalía, luego de desarrollarse la audiencia preliminar. Desde el Ministerio Público sostienen que tienen suficientes elementos para lograr la condena del acusado.
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Asimismo, en el presente caso fueron procesados penalmente Alba Rosalina Armoa, ex pareja de Marabel quien obtuvo una salida procesal; deberá cumplir varias reglas de conducta. Mientras que el otro procesado, Marcelo Gabriel Sosa Díaz, fue beneficiado con el sobreseimiento definitivo y quedó desvinculado del presente caso.
El macabro hallazgo se registró el 8 de octubre del 2018 en una vivienda situada en las calles Oliva y Montevideo del centro de Asunción.
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Argentina: inicia juicio por la muerte de 44 marinos en implosión de submarino en 2017
La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.
El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).
“Los nadies”
No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.
“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.
“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.
Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.
“Invisibilizar”
La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.
Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.
El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.
El juicio
Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.
“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.
Fuente: AFP.
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Matan a joven de 17 años y hieren a otro en confuso episodio en el barrio San Rafael
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La subcomisaría 1ª del barrio San Rafael reportó un hecho de homicidio donde un adolescente de 17 años perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego y otro joven habría sido herido en el muslo, quien huyó del sitio y sigue sin ser ubicado. Ocurrió a las 19:00 de ayer lunes en la vía pública tras un juego de piki vóley en el barrio.
De acuerdo con los datos recabados por el personal policial de manera preliminar, el autor sería un hombre que después del juego mencionado se dirigió a su camioneta y tomó su arma de fuego con el que disparó a dos jóvenes en motocicleta que estaban cerca. Uno de ellos recibió cuatro heridas de bala y fue auxiliado hasta el pabellón de emergencias del Hospital Regional donde se constató su deceso.
El acompañante también habría recibido impactos de bala en el muslo, pero el mismo desapareció del sitio en la motocicleta, mientras se realizaba el auxilio a su socio que llevó la peor parte. Hasta ahora no fue encontrado, según confirmó el comisario Humberto Galeano, jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana.
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El personal policial reportó que, de acuerdo con los datos preliminares recabados, tras un desafío de piki vóley el supuesto autor abordó su camioneta y sustrajo un arma de fuego de su interior, realizando varios disparos los cuales impactaron en el joven y a su acompañante.
En el lugar del homicidio fueron encontrados 8 vainillas servidas calibre 9 mm y rastros de neumáticos. El médico forense Carlos Alfaro confirmó que la muerte del menor de edad fue por impactos de proyectiles en el tórax. El caso está a cargo de la fiscal Julia González.
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Fiscalía imputa a una pareja por muerte de un pescador en el río Yñaro
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal María del Carmen Meza, titular de la Unidad Penal n.º 1 de la unidad zonal de Iruña, imputó a una mujer (44) y un hombre (41) por la presunta comisión del hecho punible de homicidio doloso de Pablo Ruiz Ávalos (34), supuesto compañero de pesca. Ambos procesados se encuentran detenidos en la Comisaría 18 de Santa Rita y a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
De acuerdo con la investigación, el 25 de febrero de 2026, alrededor de las 14:00 horas, la víctima se encontraba supuestamente con los sospechosos a orillas del río Yñaro, en la colonia Vicente Ferrer del distrito de Iruña, en un sector de difícil acceso por la vegetación y la topografía del lugar.
Según declaración de los hoy detenidos e imputados, acudieron al lugar con la supuesta intención de pescar. Cerca de las 18:00 informaron que la víctima habría caído al río y se habría ahogado en circunstancias que resultaron llamativas para los investigadores.
Al día siguiente, jueves 26 de febrero, alrededor del mediodía, el cuerpo sin vida de la víctima fue encontrado en la margen izquierda del río, a unos 50 metros del lugar donde presuntamente se encontraba pescando. El médico forense diagnosticó asfixia por inmersión como causa de muerte.
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De acuerdo al escrito de imputación fiscal, se detectaron contradicciones relevantes entre las versiones de los acompañantes, quienes no habrían solicitado auxilio inmediato ni intentado socorrer a la víctima, pese a ser las únicas personas presentes en el momento en que supuestamente cayó al agua.
Familiares del fallecido manifestaron que el hombre no acostumbraba a concurrir al río, no sabía nadar y padecía ataques epilépticos, circunstancias que hicieron dudar a la Fiscalía sobre la versión inicial sobre un accidente.
El Ministerio Público recogió testimonios sobre los imputados y la víctima en el lugar del hecho, y cuenta con fotografías del barranco donde presumiblemente ocurrió el incidente, un sector de difícil acceso.
El viernes 27 de febrero, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron la vivienda de la mujer imputada, donde se incautaron electrodomésticos que habrían sido adquiridos por la víctima, pero se encontraban en poder de la procesada, sin explicación.
Estos elementos, sumados a las contradicciones en las declaraciones y al comportamiento, forman parte de las circunstancias que motivaron la apertura de la causa, según la Fiscalía, que solicitó al Juzgado de Garantías la aplicación de prisión preventiva para los dos procesados.
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Asesinato del militar Moral: jueza decretó la prisión del imputado
La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, decretó la prisión preventiva de Carlos Báez, alias “Lulu”, detenido por la muerte del militar Guillermo Moral, ocurrida frente la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) de Trinidad. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares realizada vía telemática.
Días atrás, la Policía Nacional capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen de Guillermo Moral, personal militar que fue asesinado frente a la Facultad de Derecho. Se presume que el detenido fue quien contrató a los sicarios y luego eliminó a uno de ellos. Según el reporte dado por los intervinientes, la aprehensión de Carlos Báez Guillén se logró en el barrio San Rafael de Ciudad del Este.
En el momento de su detención, el hombre portaba un arma de fuego e intentó huir, pero finalmente se entregó a las autoridades.
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Detención
Báez Guillén ya fue derivado al Departamento de Homicidios de la Policía en la ciudad de Asunción, donde brindó declaración e indicó que él no tendría vinculación con el crimen. El hombre contaba con orden de captura internacional porque está acusado de matar a tres personas en Argentina. El personal militar fue asesinado en la tarde del 2 de octubre del año pasado.
Uno de los sicarios fue identificado como Rogelio Díaz Brítez, que sigue con paradero desconocido, en tanto que un adolescente de 17 años fue sindicado como el que realizó los disparos. Este último fue hallado muerto en el río Paraná días después y habría sido ultimado por el ahora detenido.
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