El juicio oral y público a Camilo Soares, ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), y Alfredo Guachiré continuó esta mañana con la particularidad de que se transmitió en vivo por TV Justicia. El caso se encuentra en la etapa de producción de pruebas documentales. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a Soares y Guachiré está integrado por los jueces Juan Carlos Zárate, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro.
La fiscala Victoria Acuña mencionó que se está probando la responsabilidad de los acusados en el presente caso. La semana pasada, Gonzalo Deiró declaró ante el Tribunal de Sentencia que tanto Soares como Guachiré montaron una especie de esquema de recaudación en el que los ganadores de licitaciones debían dejar maletines con dinero en su oficina y que posteriormente eran llevados al P-MAS, nucleación política de ambos.
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Camilo Soares y Alfredo Guachiré, ex director de la Unidad Operativa de Contrataciones, enfrentan juicio por supuesta lesión de confianza en la causa conocida como “coquitos de oro” en la que existiría un perjuicio de G. 1.224 millones.
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Juicio a exjueza: pruebas documentales comprometen situación de la acusada, sostiene querella
En el marco del juicio oral y público que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial de Asunción, Tania Irún, acusada por prevaricato, se han producido varias pruebas documentales entre las que se destaca la lectura de los estatutos de las empresas offshore que fueron beneficiadas por el llamativo fallo judicial de la acusada.
El abogado Francisco de Vargas, querellante en el presente caso, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”.
Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras. Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Indicó el citado profesional que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo de magistrada—, queda acreditado que no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.
Tras su destitución en el plano administrativo, el Ministerio Público inició el proceso penal que derivó en su imputación, posterior acusación y en el presente juicio oral y público, explicó el referido profesional del derecho. Por su parte, la defensa de la acusada sostiene que hasta el momento no se probó la acusación fiscal.
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Acusan y piden juicio oral para hijo de Lalo, un abogado y dos escribanas
La Fiscalía presentó acusación y pidió que el presente proceso penal se eleve a juicio oral y público para Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes; el abogado Óscar Tuma, y dos escribanas, por presuntamente integrar un esquema destinado a frustrar el comiso de bienes vinculados al caso “Pavo Real”.
El Ministerio Público sostiene en su requerimiento conclusivo que Rodrigues transfirió cuatro propiedades y ocho rodados que estaban afectados por medidas cautelares, pese a conocer que tenía prohibido venderlos o transferirlos. Por los citados hechos fue acusado por supuesto lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Con relación al abogado Óscar Tuma, los fiscales le atribuyen haber recibido cuatro inmuebles como pago de honorarios, pese a conocer que su cliente se encontraba inhibido y que los bienes estaban sujetos a eventual comiso. Según la acusación, con ello habría contribuido a impedir que dichos inmuebles fueran decomisados por el Estado.
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También fueron acusadas dos escribanas, a quienes se les atribuye haber confeccionado e inscripto escrituras con constancias presuntamente falsas para concretar las transferencias.
Entre las irregularidades señaladas figura la certificación de actos otorgados por una persona fallecida y la supuesta comparecencia de Alexandre Rodrigues en fechas en las que, según la Fiscalía, permanecía recluido en la Penitenciaría de Encarnación.
Ahora, el Juzgado Penal de Garantía tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se definirá si los acusados van a estar sentados en el banquillo de los acusados.
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Juicio contra Maduro en EE. UU. es fijado para el 1 de junio de 2027
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027 durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Capturado por Estados Unidos en Caracas y encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, el exjefe de Estado, de 63 años, está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos. Ambos niegan los hechos que se les imputan.
En una carta remitida el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, por el fiscal Jay Clayton, las dos partes habían solicitado que el juicio comenzara en junio de 2027.
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El proceso contra la pareja avanza después de que el gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido en virtud de las sanciones que pesan sobre el país.
Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como “un prisionero de guerra”.
Maduro enfrenta los cargos de conspiración de “narcoterrorismo”, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra el expresidente (2013-2026), las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.
Desde la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
- Fuente: AFP
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Médicos de Maradona buscaban fama, dice testigo en juicio
El secretario personal de Diego Maradona dijo ayer jueves que algunos de los médicos que lo atendían se “maradonizaban”, al referirse a una supuesta búsqueda de fama alrededor del ídolo, en el juicio por la muerte del astro argentino en 2020. “Yo le decía a todos que no se ‘maradonizaran’ porque su realidad era distinta. Ellos se ‘maradonizaban’, buscaban el protagonismo”, declaró Maximiliano Pomargo, asistente de Maradona entre 2016 y su fallecimiento.
El testigo cuestionó que la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, imputados en la causa, brindaran declaraciones a los medios frente al sanatorio donde el exfutbolista tuvo una neurocirugía semanas antes de su muerte. También aseguró haberle pedido al neurocirujano Leopoldo Luque, principal acusado, que bajara el perfil porque la exposición pública le parecía “demasiado”.
El juicio busca establecer responsabilidades entre el equipo médico que atendió a Maradona durante una internación domiciliaria tras la salida del centro médico donde fue operado. El astro murió el 25 de noviembre de 2020 de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar en un domicilio en Tigre, al norte de Buenos Aires.
El testigo también describió el deterioro físico de Maradona durante las semanas previas a su muerte. Afirmó que en octubre de 2020 el exfutbolista estaba “en caída libre”, con un fuerte consumo de alcohol.
Además de Cosachov, Díaz y Luque, otros cuatro profesionales de la salud son juzgados por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían provocar la muerte de Maradona en esa fatídica internación domiciliaria. Todos claman inocencia.
Fuente: AFP.