El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, ordenó la libertad ambulatoria del ex dirigente de fútbol Ramón González Daher y su hijo Fernando González, procesados por usura y lavado de dinero.
Este martes, a través de una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada de forma virtual, el magistrado Humberto Otazú benefició con la libertad ambulatoria a padre e hijo, para que abandonen de esta forma la sede de la Agrupación Especializada de la Policía.
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El argumento es que ya se cumplió la pena mínima (6 meses en prisión) que requiere el Código Procesal Penal en base a los hechos punibles por los que fueron imputados.
Ramón González Daher, ex presidente del Sportivo Luqueño y ex vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), está imputado por los supuestos ilícitos de usura y lavado de dinero. Su hijo, Fernando González Karjallo, está imputado solo por la figura de lavado de dinero.
Ambos estaban detenidos hasta la fecha, bajo la figura de la prisión preventiva, en la sede de la Agrupación Especializada desde noviembre del 2019.
Según la carpeta del Ministerio Público, existen 280 denunciantes en contra de Ramón González Daher, quienes aseguran haber sido víctimas de usura, extorsión y amenazas por parte del ex dirigente de fútbol.
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González Daher supuestamente realizaba préstamos y cobraba luego hasta el 100% de los intereses, valiéndose en algunos casos de extorsiones y amenazas para cobrar los préstamos proveídos.
El agente fiscal que se encarga de la causa es el abogado Osmar Legal. Otras medidas judiciales que aún pesan sobre los imputados, padre e hijo, son la inhibición a vender o grabar vienes, embargo preventivo, inmovilización y bloqueo de las cuentas bancarias y de cooperativas.
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Gobierno de Bolivia investiga por narcotráfico y lavado al fiscal general tras su captura
Las autoridades de Bolivia investigan al fiscal general Roger Mariaca por lavado de dinero y narcotráfico, anunció este jueves el gobierno tras su detención dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia”, dijo Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno (Interior). La Fiscalía General boliviana, “encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger incentivar y proteger el narcoterrorismo”, agregó. Según las autoridades, se le atribuyen los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.
Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú, a los que acusa de corrupción, vínculos con el narco o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump.
Dinero en una ambulancia
El ministro Oviedo denunció que durante la madrugada cuatro personas intentaron retirar dinero en efectivo de la casa de Mariaca a bordo de una ambulancia, aunque no reveló la cantidad. Los policías retiraron fajos escondidos entre los compartimientos del vehículo médico, según un video difundido por el ministerio.
En total fueron detenidos cuatro fiscales, seis empleados del Ministerio Público y las cuatro personas encontradas en la ambulancia. Los fiscales están detenidos en la policía y serán remitidos a la justicia ordinaria local, dijo Oviedo.
La Fiscalía General señaló en un comunicado que ante la “ausencia definitiva” de Mariaca, asumió el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.
Mariaca fue designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad. Romel Ipamo, abogado de Mariaca, declaró a medios locales que “se va a colaborar con todo”. “Lo único que se pide, (es) que se resguarde el debido proceso”, afirmó.
Cooperación estadounidense
Según dijo el gobierno estadounidense esta semana, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
El fiscal general negó el lunes las acusaciones y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión de retirarle la visa es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones.
El ministro Oviedo dijo el jueves que el operativo para su captura fue realizado por la policía boliviana, pero con la “cooperación del gobierno americano por intermedio de sus agencias” que colaboran “en la lucha contra el terrorismo”.
Durante la gestión de Mariaca, la policía de Bolivia capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.
Medios locales difundieron el miércoles un video en el que se ve a Marset el día de su arresto, junto a policías de élite en su domicilio, asegurando supuestamente: “Mariaca es mi amigo”. La AFP no ha podido verificar la autenticidad de este video.
Allanamientos en Fiscalía
La policía allanó también el miércoles las oficinas de la sede central de la Fiscalía en Sucre, en el sur del país, según se vio en una transmisión en vivo en las redes sociales de la fuerza.
“Denunciamos ante toda la población boliviana esta intervención que se está haciendo de manera ilegal”, dijo Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la Fiscalía, mientras ella y varios de sus colegas estaban rodeados de policías encapuchados, según muestra el video.
“Estoy arrestada”, dijo más tarde a la AFP Pardo, aún con su celular, desde una dependencia policial en Sucre. “Pretendíamos brindar una conferencia de prensa (...), pero entraron los policías de manera informal sin orden de allanamiento, nos aprehendieron a todos”, afirmó. La policía también realizó operativos en las fiscalías de Santa Cruz y La Paz, según imágenes de medios locales.
Fuente: AFP.
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Defensa de Marset asume narcotráfico, pero alega que no operó en EE.UU.
La defensa del uruguayo Sebastián Marset asumió ante el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, que es un narcotraficante, sin embargo, negó que el mismo haya participado en cualquier tipo de actividad criminal en territorio estadounidense.
Los abogados alegaron que Marset operaba en países sudamericanos, pero no en los Estados Unidos, por lo que Washington no tiene jurisdicción para juzgar al uruguayo.
El cuestionamiento planteado por la defensa de Marset se da en torno a la jurisdicción para juzgarlo por los hechos, principalmente narcotráfico, bajo la argumentación que todas sus operaciones se dieron fuera del de territorio de los Estados Unidos.
Bajo esta argumentación, el juez federal de Virginia deberá definir si el alcance de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre Marset.
En este sentido, el juez estableció un plazo hasta el 12 de octubre presente sus argumentos y el pronunciamiento del magistrado se dará antes del 6 de noviembre, mientras que el inicio del juzgamiento está previsto para inicios del 2027.
Sebastián Marset es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados con el lavado de dinero y tráfico de drogas, luego fue incorporado la acusación de cargos relacionados al narcoterrorismo.
Los abogados de defensa apuntan a la desestimación de estos cargos, cuestionando las pruebas que fueron obtenidas luego de la captura del uruguayo en Bolivia, y posteriormente trasladado a los EE. UU.
De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el abogado Robert Feitel, uno de los que conforma la parte defensora, señaló durante esta última audiencia que su cliente no niega haber realizado estos hechos ilícitos que se los atribuye, pero que los mismos no se dieron en la jurisdicción norteamericana, sino en los países sudamericanos, como Bolivia.
La defensa argumentó que Marset “evitó cuidadosamente” realizar sus operaciones de tráfico de drogas que involucren directamente a los Estados Unidos y el Gobierno.
Argumentos de la defensa
Por otra parte, también el abogado Feitel prestó su cuestionamiento sobre las conexiones de Marset con las organizaciones declarada como grupos terroristas por el Gobierno estadounidense, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, ya que estas declaraciones se dieron después de los hechos investigados.
En cuanto al movimiento bancario, el cual se incluye en la acusación de lavado de dinero, la defensa señala que “una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense”, esto de acuerdo a las publicaciones de medios internacionales. Como respaldo de este argumento, se presentó como testigo a un exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.
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Decretan prisión en Viñas Cué para exdirector Antidrogas de la Senad
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para Hugo Derlis Baptista, exdirector general Antidrogas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), imputado por varios delitos en el caso de filtración de información al “Clan Gomes”.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. El exjefe antidrogas se presentó este viernes en horas de la mañana, acompañado de su abogado, ante la oficina del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional, debido a la orden de detención que pesaba en su contra.
Baptista está imputado por la Fiscalía por supuesta asociación criminal, tráfico de influencias y revelación de secretos de servicio, en el marco del esquema investigado tras la muerte del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes. La Fiscalía le atribuye haber omitido la investigación de fugas y haber ofrecido de forma ilegal un fusil de guerra. En ese contexto, se lo acusa de participar en la facilitación de la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo Sanctus.
Documentos incorporados a la imputación del Ministerio Público revelan que Hugo Derlis Baptista Báez habría ofrecido al fallecido diputado un arma de alto poder de fuego, describiendo sus capacidades de penetración. Por este mismo caso, el juez Otazú ordenó ayer la prisión de Helga Solís Gomes, sobrina del exdiputado, quien permanecerá en una sede policial antes de ser trasladada a una cárcel de mujeres.
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Decretan prisión en Viñas Cué para agentes de la Senad por filtrar datos a “Lalo” Gomes
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para los agentes de la Senad Cristian Amarilla, Aldo Osmar Pintos y Alicia Marlene Vázquez. Los uniformados están imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia, donde los imputados se presentaron de forma voluntaria. Además de los tres citados, en la causa también están imputados Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas, y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes. Esta última ya se puso a disposición del Ministerio Público y del juzgado a través de su abogado, Jorge Barrios.
Detalles de la imputación
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.
La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, la Fiscalía sostiene que era una operadora de confianza del “Clan Gomes” y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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