El juez penal de Garantías, Humberto Otazú, ordenó la libertad ambulatoria del ex dirigente de fútbol Ramón González Daher y su hijo Fernando González, procesados por usura y lavado de dinero.
Este martes, a través de una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada de forma virtual, el magistrado Humberto Otazú benefició con la libertad ambulatoria a padre e hijo, para que abandonen de esta forma la sede de la Agrupación Especializada de la Policía.
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El argumento es que ya se cumplió la pena mínima (6 meses en prisión) que requiere el Código Procesal Penal en base a los hechos punibles por los que fueron imputados.
Ramón González Daher, ex presidente del Sportivo Luqueño y ex vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), está imputado por los supuestos ilícitos de usura y lavado de dinero. Su hijo, Fernando González Karjallo, está imputado solo por la figura de lavado de dinero.
Ambos estaban detenidos hasta la fecha, bajo la figura de la prisión preventiva, en la sede de la Agrupación Especializada desde noviembre del 2019.
Según la carpeta del Ministerio Público, existen 280 denunciantes en contra de Ramón González Daher, quienes aseguran haber sido víctimas de usura, extorsión y amenazas por parte del ex dirigente de fútbol.
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González Daher supuestamente realizaba préstamos y cobraba luego hasta el 100% de los intereses, valiéndose en algunos casos de extorsiones y amenazas para cobrar los préstamos proveídos.
El agente fiscal que se encarga de la causa es el abogado Osmar Legal. Otras medidas judiciales que aún pesan sobre los imputados, padre e hijo, son la inhibición a vender o grabar vienes, embargo preventivo, inmovilización y bloqueo de las cuentas bancarias y de cooperativas.
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Sobreseen a Jiménez Gaona; se complica panorama para Wiens
De acuerdo con la Fiscalía, no existen los elementos suficientes para sostener una acusación por supuesta lesión de confianza y llevar la causa a juicio oral.
El juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, hizo lugar al sobreseimiento definitivo a favor del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona, y la exviceministra Martha Benítez en el caso conocido como metrobús. El pedido fue presentado por los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti.
Los fiscales que llevaron adelante las investigaciones concluyeron que no hubo malversación, que no hubo un pago sin obra, además de la existencia del avance de un 40 %, como así también la validación de fiscalizadores internacionales y el BID de que existía la viabilidad técnica.
En el requerimiento de sobreseimiento, terminada la etapa de investigación, se menciona que la evidencia física y documental señala que existe correspondencia entre las obras realizadas y certificadas y los pagos realizados.
Es decir, durante su periodo de gestión se pagó por lo efectivamente construido y certificado.
En lo que respecta a los pagos de infraestructura, la investigación estableció que fue validado por consorcios internacionales que intervinieron como fiscalizadores y por el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Igualmente, la Fiscalía señaló que es imperativo distinguir entre un proyecto inconcluso y un perjuicio penal.
OBRA CON 40 % DE AVANCE
La administración de Jiménez Gaona –que concluyó en agosto 2018– entregó una obra con un avance del 40 % aproximadamente según el informe pericial de la firma internacional Conexig LLC, plenamente funcional y útil dentro de su etapa cronológica, de acuerdo con el Ministerio Público, esto respaldado por un sólido esquema de garantías, que incluyen pólizas de seguros y fiel cumplimiento.
En su conclusión, la Fiscalía indica que no existió ni una sola prueba técnica del ámbito privado y público que indique que las obras ejecutadas valieron menos de lo que fue pagado y que permitan establecer un perjuicio. Tampoco se ha podido establecer que los fondos del proyecto hayan sido malversados o utilizados para otros fines.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Decretan prisión al exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel
El tribunal de sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos decretó hoy prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en relación al narcotráfico.
La defensa de Galeano había ofrecido antes de la sentencia 17 mil millones de guaraníes para que se le beneficie con arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. También la defensa del exsenador sostuvo que, si se decreta la prisión, como lo es ahora, debería ser en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en el penal de Viñas Cue.
La semana pasada, el Ministerio Público había solicitado al Tribunal de Sentencia la aplicación de la medida preventiva de Galeano, luego de que el martes pasado el plenario de la Cámara Alta aceptara su renuncia a su banca como senador de la Nación.
Galeano fue condenado a 13 años de cárcel en el marco de la causa abierta por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza Py. El Tribunal de Sentencia dispuso que guarde reclusión mientras se tramita la última parte del proceso, descartando de este modo la posibilidad de aplicar arresto domiciliario con tobillera electrónica, tal como había solicitado la defensa, pese a que se ofreció una millonaria fianza real sobre varios inmuebles.
Galeano cumplirá la medida de prisión preventiva mientras se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra su condena, recurso al cual se sumaría una acción de inconstitucionalidad según anunció su defensa.
Cabe recordar que el Tribunal basó su condena bajo el argumento que Galeano “apoyó operativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021”. La investigación estableció vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con el pastor, Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.
Los jueces también consideraron probado que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas. Parte de ese dinero habría sido declarado posteriormente en su Declaración Jurada de Bienes, luego de una rectificación.
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Tribunal de EE. UU. inculpa a presunto testaferro de Maduro por lavado de dinero
El empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció ayer lunes ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero, dos días después de ser deportado desde Venezuela. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 54 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.
El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después. Su caída vino ligada a la de su protector, Maduro, derrocado en una operación militar estadounidense en enero.
La sustituta del mandatario, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, destituyó a Saab en febrero. Empezaron entonces a circular rumores de su arresto, que nunca fueron confirmados por las autoridades hasta el sábado, cuando Caracas anunció su deportación a Estados Unidos.
Saab se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a gestionar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro. Según la acusación, desde octubre de 2015 el empresario conspiró con varios cómplices para sobornar a funcionarios venezolanos y lograr la gestión del programa CLAP para importar alimentos al país sudamericano.
Pero, en vez de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasmas y documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de comida. Parte de sus ganancias ilícitas se ocultaron con transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.
La Fiscalía señala que las sanciones económicas estadounidenses al petróleo venezolano complicaron el pago a las empresas que importaban alimentos para el CLAP. Ante esa presión financiera, Saab y sus cómplices recurrieron presuntamente a sus contactos corruptos en el gobierno para acceder a miles de millones de dólares en crudo de la estatal PDVSA y venderlo de manera fraudulenta.
De “héroe” a delincuente
Tras ser detenido en 2020 en Cabo Verde, Saab fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021. La justicia lo acusaba ya entonces de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.
El gobierno de Maduro calificó aquella extradición de “secuestro” mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de sanciones internacionales.
Después de su excarcelación en 2023, Saab fue ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.
Se reunía entonces con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.
El derrocamiento de Maduro cortó en seco su ascenso hasta las altas esferas del chavismo.
La presidenta Rodríguez declaró ayer lunes en Caracas que la “deportación” se había basado en “intereses nacionales” de Venezuela.
Según el servicio de migración venezolano, el empresario fue expulsado porque “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos”.
El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, indicó por su parte que Saab operaba con un documento de identidad venezolano falso emitido en 2004. Fue “deportado” a Estados Unidos “porque ese es el último país de donde él vino para Venezuela”, según Cabello. “Que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí”, añadió.
Cierra medio vinculado
Venezuela News, un medio digital ligado al empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro, cerró de forma abrupta ayer lunes, informó el sindicato de trabajadores de la prensa. Unos 100 empleados fueron notificados del “cierre temporal” de la plataforma de medios, tras la “deportación” de Saab a Estados Unidos el sábado por decisión del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Venezuela News es “un medio vinculado a la propaganda oficialista, con una línea editorial ampliamente cuestionable, pero eso no elimina los derechos laborales de quienes trabajaban allí”, dijo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un mensaje en redes sociales. Los empleados debieron abandonar de inmediato sus puestos.
Según “versiones preliminares”, la medida pudo estar relacionada con “problemas de financiamiento”, añadió el SNTP. Venezuela News surgió en 2021. Su presidente Pedro Carvajalino manifestó abiertamente su afinidad con el partido oficialista y se mantuvo en el cargo hasta los primeros días de marzo.
“El medio estuvo muy vinculado al Movimiento #FreeAlexSaab. La página se creó cuando Saab fue detenido la primera vez por Estados Unidos y el objetivo era hacer un contrapeso comunicacional a las noticias sobre su caso”, dijo a la AFP un trabajador del medio que pidió el anonimato.
Venezuela envió el sábado a Saab hacia Estados Unidos.
Ayer lunes compareció ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero.
La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo inculpó por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionada con un programa gubernamental para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.
El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después. Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, destituyó a Saab en febrero.
Hasta el momento, los directivos de Venezuela News no se han pronunciado sobre el cierre del medio. Además de la página web, contaba con una radio y una revista. “Ya sospechábamos desde el fin de semana que con la deportación de Alex Saab traería problemas para el medio, pero no pensamos que sería tan rápido”, dijo el trabajador del medio.
Fuente: AFP.