La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el segundo proceso penal que enfrenta el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien ya cumple una condena de 10 años de cárcel. Los ministros confirmaron a los miembros del Tribunal de Apelación, reactivando así la causa abierta por un supuesto esquema de corrupción que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 18.300 millones.

Tras esta decisión, el Tribunal de Apelación podrá estudiar el recurso presentado por la defensa de los acusados contra la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. En caso de ratificarse dicho fallo, el exgobernador y los demás procesados deberán afrontar el juzgamiento.

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La defensa buscaba apartar a los camaristas Arnulfo Arias, Paublino Escobar y Camilo Torres, argumentando que integran el mismo tribunal que intervino en la causa en la que González fue condenado. Sin embargo, la Corte concluyó que no existían fundamentos serios ni jurídicamente válidos para separarlos del caso.

De acuerdo con la acusación fiscal, los procesados habrían montado un esquema para concretar millonarias transferencias de fondos. Estos recursos debían destinarse a la ejecución de 51 proyectos vinculados al Consejo Regional de Salud de Central y a varias asociaciones civiles.

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Desde la Dirección Nacional de Migraciones confirmaron que concluyó este viernes el proceso humanitario de retorno asistido a los 16 migrantes hacia sus países de origen, en el marco del acuerdo firmado por Paraguay con EE. UU.

Es así que se concretó el embarque y salida de los últimos ciudadanos extranjeros pertenecientes al primer grupo de personas migrantes procedentes de los Estados Unidos, quienes habían ingresado al territorio nacional en calidad de estadía transitoria el pasado 23 de abril.

“Con ello, culmina el retorno voluntario asistido de los 16 migrantes hacia sus países de origen, desarrollado conforme al plan establecido para esta modalidad de cooperación entre la República del Paraguay y los Estados Unidos”, informó Migraciones.

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Se aclara que la totalidad de las actuaciones fue realizada “bajo estrictos controles institucionales y mecanismos de verificación internacional”, garantizando una estadía transitoria regulada y un retorno seguro, ordenado y asistido hacia los países de origen.

Así también, las autoridades migratorias ratifican que las gestiones vinculadas al traslado, asistencia y estadía transitoria estuvieron a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el acompañamiento de organismos de seguridad nacionales.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y el camarista Arnaldo Fleitas, anuló el sobreseimiento definitivo por prescripción del senador Hernán David Rivas quien fue en su momento procesado penalmente por su presunto título falso de abogado.

Además, con este fallo anularon los puntos de la resolución del juez Penal de Garantías Miguel Palacios, quien había declarado la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Al respecto, la agente fiscal Patricia Sánchez, explicó en una comunicación con radio 650 AM, que esta decisión de la máxima instancia judicial está reencauzado el proceso judicial que precedió a la audiencia preliminar, dando validez a la posición jurídica del Ministerio Público en todas esas instancias y devolvió la posibilidad de ir a juicio por los dos tipos penales propuestos en la acusación fiscal. Calificó como un gran logro para el ámbito jurídico.

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“Para nosotros es una reinvindicación a nuestra posición jurídica que lo expresamos desde el inicio, posterior a la audiencia preliminar, donde señalamos los agraviantes ante la cámara, en donde no había tenido eco nuestro planteamiento y que terminó con el sobreseimiento al encausado”, señaló.

Mencionó que ante esta situación se tomó la decisión de recurrir a la Corte manteniendo siempre la posición jurídica coherente y hoy la CSJ les dio la razón. “Para nosotros este fallo es muy significativo como operadores de justicia”, acotó.

Explicó que al lograr este fallo de la CSJ, que es la última instancia a la que se puede recurrir, lo que corresponde es que la causa sea elevada a juicio oral y pasar a la etapa de sentencia para que sea sorteado.

La fiscal Sánchez explicó que el exsenador Rivas lo que se le señala son tres cuestiones fácticas, el haber declarado falsamente su condición de abogado, esa declaración falsa produjo tres documentos públicos de contenido falso, que son:

• La resolución de la Cámara de Diputados que le designa como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
• Igualmente, la resolución de la Cámara de Senadores que lo designa como representante de esta cámara ante el JEM.
• La obtención de la matrícula de abogado que constituye un registro de carácter público que es un documento que se emana de la CSJ

Agregó que desde el Ministerio Público estarán demostrando en el juicio que Rivas presentó documentos de contenido falso, es en esta instancia donde demostrarán con el supuesto título de contenido falso con las inconsistencias del certificado además de todos los elementos que se encuentran descritos en la acusación.

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La Cámara de Apelación confirmó la resolución que ordenó el arresto domiciliario con la aplicación de tobillera electrónica para Thiago Gorostiaga, exalumno de un prestigioso colegio de Asunción, acusado por coacción sexual y violación contra una adolescente. La medida fue adoptada por el juez Penal de Garantía Raúl Florentín para tener el control sobre el procesado, tras un incumplimiento.

Los camaristas mencionaron que la disposición se ajusta a las garantías procesales, señalando que el juez actuó conforme a la normativa y que no se observa falta de fundamentación en la resolución recurrida. La medida fue dictada en primera instancia tras una supuesta violación del arresto domiciliario por parte de Gorostiaga.

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El 17 de abril de 2026 comenzaron a viralizarse fotografías y un video en los que se observa al imputado en la vía pública, violando su arresto domiciliario. El magistrado Florentín consideró evidente que el procesado traspuso los límites de su residencia para interactuar con terceros.

Asimismo, el procesado cuenta con otros dos procesos penales más que se tramitan en el juzgado penal adolescente. Uno de ellos ya fue elevado a juicio oral y público y otro se debe llevar a cabo la audiencia preliminar.

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