El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Carlos Ortiz Barrios confirmó las condenas de tres personas que fueron encontradas culpables por intentar traficar 400 kilos de cocaína. Los sentenciados son Héctor Machado, quien pasará 17 años recluido; Carlos Alejandro Lazarín condenado a 15 años de cárcel y Gilmar dos Santos sentenciado a 10 años de pena privativa de libertad.
La defensa de los condenados tienen la posibilidad de recurrir a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, buscando anular el fallo dictado en primera y ratificado en segunda instancia.
Antecedentes
Los hoy condenados fueron detenidos tras un operativo realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la estancia La Maricela, ubicada en Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, donde se incautaron 400 kilos de cocaína. La droga estaba escondida dentro de una avioneta, cuya matrícula era clonada. El cargamento provendría del departamento de El Beni, Bolivia.
Podes leer: Confirman condena a cinco narcotraficantes
También se incautaron en el operativo varios objetos, como celulares, documentos, tarjetas de memoria, dinero en efectivo, computadoras, aparatos GPS, una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux y otra camioneta de la marca Mitsubishi modelo Tritón.
Te puede interesar: Procesos penales por violación de cuarentena serán depurados
Dejanos tu comentario
Anulan leve condena bajo procedimiento abreviado de Hijazi por apelación de la DNIT
Debido a que la Procuraduría General de la República en representación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) no fue notificada, el Tribunal de Apelación Penal Especializado anuló la condena dictada en procedimiento abreviado contra Khalil Ahmad Hijazi y la suspensión del proceso para Laila Khalil Hijazi. Fue una resolución en mayoría de los camaristas Arnaldo Fleitas, Paublino Escobar y Camilo Torres, quienes anularon la resolución dictada el 29 de mayo del 2024, por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
En la audiencia preliminar, el magistrado Otazú había condenado mediante procedimiento abreviado a Khalil Ahmad Hijazi, Zulma Damiana Fernández de Hijazi, Hussein Ghaleb Hijazi, Víctor Javier Espinoza Ríos, Juan Carlos Sorazabal Rodríguez y Hamze Ali Hijazi a la pena de dos años de prisión, pero con la suspensión de la ejecución de la condena. Ante esta sentencia con la salida procesal los condenados debían abonar la suma de G. 400 millones cada uno como reparación del daño social.
También, en la misma audiencia preliminar, el juez concedió la suspensión condicional del procedimiento a Laila Hijazi donde también debía reparar el daño.
Te puede interesar: Fiscalía procesa a joven como supuesto autor del abuso sexual de niño de 13 años
Los citados más arriba habían sido imputados por delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos, por lo que la fiscala María Estefanía González les acusó y solicitó la apertura a juicio oral, pero en la preliminar, se allanó al procedimiento abreviado. Según la Fiscalía se habrían usado facturas con valores inferiores a los reales para importar principalmente productos electrónicos.
De esta manera, las operaciones declaradas fueron por unos USD 79,9 millones, cuando el valor real habría ascendido a aproximadamente USD 132,2 millones, con una diferencia superior a USD 52,5 millones a favor del fisco. Sin embargo, con la medida dictada a favor de los procesados, la diferencia ni siquiera se acerca a lo que los mismos debían abonar como reparación del daño social.
Es así que el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, apeló la resolución con el argumento de que, como víctimas del hecho punible, no habían sido notificados de la audiencia preliminar, lo que les impidió participar de la importante diligencia.
Igualmente, el entonces procurador general de la República, Marco Aurelio González, durante la tramitación de la causa, cuestionó la resolución ya que la preliminar se realizó sin representantes de la Procuraduría General.
Podes leer: Admiten imputación y procesan penalmente a directivos de APA
Dejanos tu comentario
Defensa de Marset asume narcotráfico, pero alega que no operó en EE.UU.
La defensa del uruguayo Sebastián Marset asumió ante el juez Rossie D. Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, que es un narcotraficante, sin embargo, negó que el mismo haya participado en cualquier tipo de actividad criminal en territorio estadounidense.
Los abogados alegaron que Marset operaba en países sudamericanos, pero no en los Estados Unidos, por lo que Washington no tiene jurisdicción para juzgar al uruguayo.
El cuestionamiento planteado por la defensa de Marset se da en torno a la jurisdicción para juzgarlo por los hechos, principalmente narcotráfico, bajo la argumentación que todas sus operaciones se dieron fuera del de territorio de los Estados Unidos.
Bajo esta argumentación, el juez federal de Virginia deberá definir si el alcance de la jurisdicción de los Estados Unidos sobre Marset.
En este sentido, el juez estableció un plazo hasta el 12 de octubre presente sus argumentos y el pronunciamiento del magistrado se dará antes del 6 de noviembre, mientras que el inicio del juzgamiento está previsto para inicios del 2027.
Sebastián Marset es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados con el lavado de dinero y tráfico de drogas, luego fue incorporado la acusación de cargos relacionados al narcoterrorismo.
Los abogados de defensa apuntan a la desestimación de estos cargos, cuestionando las pruebas que fueron obtenidas luego de la captura del uruguayo en Bolivia, y posteriormente trasladado a los EE. UU.
De acuerdo con el reporte de medios internacionales, el abogado Robert Feitel, uno de los que conforma la parte defensora, señaló durante esta última audiencia que su cliente no niega haber realizado estos hechos ilícitos que se los atribuye, pero que los mismos no se dieron en la jurisdicción norteamericana, sino en los países sudamericanos, como Bolivia.
La defensa argumentó que Marset “evitó cuidadosamente” realizar sus operaciones de tráfico de drogas que involucren directamente a los Estados Unidos y el Gobierno.
Argumentos de la defensa
Por otra parte, también el abogado Feitel prestó su cuestionamiento sobre las conexiones de Marset con las organizaciones declarada como grupos terroristas por el Gobierno estadounidense, como el Clan del Golfo de Colombia y el Primer Comando de Capital (PCC) de Brasil, ya que estas declaraciones se dieron después de los hechos investigados.
En cuanto al movimiento bancario, el cual se incluye en la acusación de lavado de dinero, la defensa señala que “una transferencia bancaria utilizada como base de la acusación sea suficiente para establecer jurisdicción estadounidense”, esto de acuerdo a las publicaciones de medios internacionales. Como respaldo de este argumento, se presentó como testigo a un exfuncionario del Departamento del Tesoro especializado en inteligencia financiera.
Dejanos tu comentario
Santa Marta recupera la calma entre el despliegue militar y el temor por la violencia narco
Cientos de militares y policías custodian el jueves las calles de la turística ciudad de Santa Marta, en Colombia, luego de operativos contra una banda narcotraficante que desató una ola de ataques y obligó a cerrar comercios y dejó las calles vacías. En la madrugada del martes, el golpe del gobierno derechista de Abelardo de la Espriella contra un cabecilla narco de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y 12 de sus colaboradores generó balaceras contra comercios y quema de vehículos en la ciudad.
El jueves, De La Espriella anunció la captura de 13 personas en operativos entre policía y ejército, además de la incautación de cocaína, celulares, municiones y panfletos intimidatorios, en un mensaje en X. También dijo que cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos fueron detenidos en Barranquilla y en Santa Marta, en el Caribe colombiano.
“Voy a acabar con esta estructura criminal”, aseveró el mandatario respecto a la ACSN. Santa Marta, una de las grandes capitales turísticas de Colombia, recibe a cientos de miles de visitantes anualmente. El jueves se vieron policías patrullando las playas de la ciudad, así como agentes armados en operativos de seguridad en otros sectores.
“Era un campesino”
Mailen Quintero, hermanastra de uno de los abatidos en los operativos contra la banda narco, aseguró a la AFP que este era un campesino que recogía café y no tenía relación con el grupo armado de origen paramilitar.
“Mi hermano... se dedicaba a las labores del campo”, dijo la mujer de 23 años, afuera de las dependencias de la autoridad forense de Barranquilla.
“El presidente Abelardo de la Espriella lo hizo pasar por un autodefensa”, denunció la familiar del abatido Ricardo Andrés Rodríguez, de 18 años.
Las ACSN se financian del narcotráfico y la extorsión y siembran el terror en la zona. Su presencia se extiende desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta el departamento de La Guajira, fronterizo con Venezuela.
Tras la arremetida, De la Espriella desplegó 1.100 policías y militares en la ciudad para plantar cara al narco.
Tras los cuestionamientos de los familiares, el ministerio de Defensa defendió el operativo militar.
La fiscalía y la autoridad forense deben “esclarecer la totalidad de los hechos” y “establecer motivos y actividades de personas presentes en la zona”, declaró el ministerio el jueves en un comunicado.
Reapertura
Los comercios de Santa Marta comenzaron a reabrir progresivamente sus puertas el jueves, tras varias jornadas con las calles desiertas.
“Confíen en la fuerza pública, tenemos al Ejército y la policía aquí en el corazón de Santa Marta”, instó desde el mercado municipal María Margarita Guerra, gobernadora regional, a Caracol Radio.
No obstante, varios pobladores dijeron a la AFP que los pequeños comercios de barrio siguen cerrados y que aún hay temor. Es habitual que las ACSN extorsionen y exijan pagos a los comerciantes de la zona. También tienen la fuerza suficiente para imponer restricciones al comercio y la movilidad.
El aeropuerto de Santa Marta y los atractivos turísticos como el Parque Nacional Natural Tayrona, declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera, funcionaron con normalidad durante estos días. Esta es una de las mayores muestras de fuerza del crimen organizado desde que De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto.
Fuente: AFP.
Dejanos tu comentario
Condenan a 20 años de prisión a exmonja por abuso sexual de niños sordos en Argentina
Un tribunal de Argentina condenó este jueves a 20 años de prisión a la exmonja Kumiko Kosaka por abusos sexuales contra niños sordos en un instituto religioso en la provincia de Mendoza, al oeste del país.
Kosaka había sido absuelta en 2023 por los crímenes sexuales cometidos contra niños en el Instituto Próvolo, en la ciudad de Luján de Cuyo, entre 2005 y 2016, pero en agosto la Corte Suprema provincial revocó la absolución y encomendó a otro tribunal que dictara sentencia.
La exreligiosa de 51 años, que dejó los hábitos cuando iniciaron las denuncias, fue condenada por dos hechos de abuso sexual en calidad de partícipe y en otros tres como autora.
Vestida con un jean y una camiseta, Kosaka asistió a los tribunales acompañada solo por su abogado, observó la AFP.
Tras la sentencia permanecerá en libertad, ya que tiene pendientes recursos de apelación presentados previamente. Sin embargo, el tribunal dispuso la prohibición de que salga del país y de la provincia de Mendoza, donde debe fijar domicilio.
Te puede interesar: Netanyahu arremete contra sus detractores en la ONU
“Se está haciendo una reparación de un daño muy grande”, dijo a la prensa el fiscal Alejandro Iturbide, quien había solicitado que la exmonja fuera condenada a 22 años.
Por su parte, Ariel Lizarraga, padre de una de las víctimas, se dijo satisfecho de “haber llegado al punto final” luego de 10 años de litigio.
“Con todos los altibajos que tuvimos, hemos llegado a encontrar la justicia que veníamos buscando para mi hija y para todas las víctimas del caso Próvolo”, dijo a la AFP.
En el juicio que se sustanció en 2019 habían sido condenados los sacerdotes Horacio Corbacho (a 45 años de prisión) y el italiano Nicola Corradi (a 42 años y medio, fallecido en 2021) por abuso de niños sordos de entre cuatro y 17 años. También el jardinero Armando Gómez (a 18 años) y el exmonaguillo Jorge Bordón (a 10).
En ese proceso, Kosaka y otras ocho mujeres habían sido absueltas, aunque la decisión sobre la japonesa criada en Argentina luego fue revertida.
Fuente: AFP
Leé también: Paraguay se consolida como centro regional de eventos, según titular de Diputados