“Me imputan por ser abogado y cobrar mis honorarios”, indicó Óscar Tuma sobre la acción del Ministerio Público en su contra por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero, alteración de datos y violación de medidas judiciales. El órgano extrapoder lo investiga por haber participado en una supuesta maniobra para transferir inmuebles embargados, con el fin de frustrar el comiso de bienes relacionados con delitos vinculados al narcotráfico.

“Yo sabía que llegaríamos a esta instancia, pero no me imaginé nunca que para tratar de amedrentar en la causa principal iban a llegar a imputarme. No estoy preocupado, acá no hubo lavado de dinero. Pude haber cobrado mis honorarios en efectivo, pero mi mandante no tenía ni disponía en efectivo, entonces, él me abonó con lo que tenía y estaba a disposición", indicó este miércoles en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La imputación fiscal se dio luego de recibir cuatro inmuebles como honorarios profesionales de Alexandre Rodrígues Gomes, hijo del fallecido diputado y dirigente político de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista. “Todo se hizo de forma transparente, acá no hubo intención de ocultar absolutamente nada”, indicó el representante legal.

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Tuma sostuvo que “si la intención hubiese sido ocultar los bienes, yo le hubiese asesorado para que no me proporcione a mí los inmuebles, porque soy una persona expuesta que puedo tener problemas y que lo haga a un amigo brasilero suyo, que ni siquiera podrá ser imputado”, explicó.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Rodrigues Gomes se encontraba judicialmente inhabilitado para disponer de sus propiedades al estar procesado por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, habría logrado transferir cuatro inmuebles por un valor superior a G. 1.700 millones a nombre de Tuma, utilizando documentos presuntamente falsificados.

El Ministerio Público refiere que esta operación fue diseñada para burlar una medida cautelar impuesta por el juzgado especializado en Crimen Organizado, comprometiendo a los involucrados en delitos de alto impacto. El caso está siendo investigado por los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez.

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El ministro del Tribu­nal Superior de Justi­cia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, confirmó que la institución ya trabaja en un nuevo proceso que contempla el arrendamiento de máquinas de votación en lugar de la com­pra, esto luego de que quedara suspendida la licitación para la compra de los dispositivos.

“Ya hemos dado instruccio­nes a nuestros técnicos para trabajar en estructurar un nuevo pliego de bases y condi­ciones para la figura del arren­damiento”, afirmó Bogarín respecto al nuevo proceso de adquisición de máquinas de votación para las elecciones municipales del 2026.

Bogarín indicó que realizarán un nuevo análisis de los ele­mentos, de modo de determi­nar el precio referencial para el alquiler de máquinas. La compra de estos dispositivos iba a representar la suma de alrededor de USD 93 millones al Estado; sin embargo, al des­cartar este proceso y proceder al arrendamiento, el costo será menor.

“Obviamente, ahora va a ser un menor precio y esta­mos pensando incluir dentro del plan piloto la biometría, que están solicitando varios sectores políticos, de modo de dotar de mayor seguridad, lógicamente este proceso va a ser mucho más barato que la compra”, explicó. Bogarín defendió la continuidad del sistema electrónico y recordó que, en elecciones anteriores, gracias a la Transmisión de Resultados Electorales Pre­liminares (Trep), los resulta­dos preliminares se conocie­ron apenas dos horas después del cierre de mesas y fueron ratificados en el juzgamiento definitivo.

“Con todo respeto, considera­mos que volver a la utilización de papeletas sería un retro­ceso, pero finalmente nosotros somos un órgano de cumpli­miento y aplicación de la ley”, remarcó ante la 1020 AM. Con esto se buscará que los resulta­dos no sean discutidos.

“Como una prioridad debe­mos darle transparencia para que las autoridades electas, con un proceso de estas carac­terísticas, tengan el mayor nivel de legitimidad posible y evitar que se cometan irre­gularidades”, sostuvo.

Defendió su voto a favor del arrendamiento de máquinas de votación y su crítica alcanzó al titular del PLRA.

La senadora Celeste Ama­rilla arremetió contra la bancada opositora y el pre­sidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, al defender su

voto en el requerimiento de cancelar el proceso de licitación para la adquisición de las máquinas de votación a cambio de concretar el arrendamiento por la vía de la excepción. “Realmente estoy muy enojada, salieron a despotricar contra la declaración y nadie nos preguntó a los 3 senadores que estuvimos en la comisión para la investigación de la licitación de las máquinas de votación que pasó. Hay un informe de casi 100 hojas que se mandó imprimir y se repartió”, afirmó la parlamentaria mediante un audio difundido en las redes sociales.

Asimismo, Amarilla en el audio acotó que tuvieron “un día de debate en el Senado donde explicamos cada inconsistencia, pero cada uno se pasea de aquí para allá, nos escuchan, hablan, miran su teléfono y no sé qué carajos. Ahora de la nada, todo el mundo criticó y me refiero a la bancada democrática especialmente”, manifestó la legisladora.

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, confirmó que la institución ya trabaja en un nuevo proceso que contempla el arrendamiento de máquinas de votación en lugar de la compra, esto luego de que quedara suspendida la licitación para la compra de los dispositivos.

“Ya hemos dado instrucciones a nuestros técnicos para trabajar en estructurar un nuevo pliego de bases y condiciones para la figura del arrendamiento”, afirmó Bogarín respecto al nuevo proceso de adquisición de máquinas de votación para las elecciones municipales del 2026.

Bogarín indicó que realizarán un nuevo análisis de los elementos, de modo a determinar el precio referencial para el alquiler de máquinas. La compra de estos dispositivos iba a representar la suma de alrededor de USD 93 millones al Estado, sin embargo, al descartar este proceso y proceder al arrendamiento, el costo será menor.

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“Obviamente ahora va a ser un menor precio y estamos pensando incluir dentro del plan piloto la biometría, que están solicitando varios sectores políticos, de modo a dotar de mayor seguridad, lógicamente este proceso va a ser mucho más barato que la compra", explicó.

Bogarín defendió la continuidad del sistema electrónico y recordó que en elecciones anteriores, gracias a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), los resultados preliminares se conocieron apenas dos horas después del cierre de mesas y fueron ratificados en el juzgamiento definitivo.

“Con todo respeto, consideramos que volver a la utilización de papeletas sería un retroceso, pero finalmente nosotros somos un órgano de cumplimiento y aplicación de la ley”, remarcó ante la 1020 AM. El ministro también aseguró que en este nuevo proceso de licitación que iniciará el TSJE buscará adquirir las mejores máquinas de modo que los resultados no sean objetables.

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“Como una prioridad debemos darle transparencia para que las autoridades electas, con un proceso de estas características, tengan el mayor nivel de legitimidad posible y evitar que se cometan irregularidades”, sostuvo.

Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon ayer jueves al crimen organizado en una megaoperación policial. El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.

Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos. La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024. El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.

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En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro. La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.

Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles. Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.

Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo. El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.

Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.

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El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de en bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda. Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.

Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023. Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.

El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.

Fuente: AFP.