A las 9:30 de este martes se tendrá que realizar la audiencia de revisión de medidas y revocatoria de la prisión preventiva para el ex dirigente de fútbol Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, imputado por usura y lavado de dinero. La diligencia judicial se desarrollará ante el juez Humberto Otazú.
Los procesados piden salir de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde están recluidos, por cumplir la pena mínima establecida por ley, que son de seis meses en base con los hechos punibles que fueron imputados padre e hijo. El abogado Jorge Bogarín es el representante legal de ambos.
González Daher y su hijo se encuentran privados de su libertad desde el pasado 15 de noviembre, cuando el magistrado Otazú decretó la prisión en la referida sede policial. Cabe recordar que Ramón González como su hijo compartieron el mismo lugar de reclusión con el ex jugador de fútbol Ronaldinho, quien soporta un proceso penal por usar un pasaporte falso.
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El fiscal Osmar Legal fue quien formuló la imputación contra González Daher y Fernando González por usura y lavado de dinero. El juez Otazú al momento de ordenar la prisión preventiva de padre e hijo dispuso la inhibición de vender o grabar bienes, embargo preventivo, inmovilización y bloqueo de cuentas bancarias y en cooperativas.
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TSJE defiende compra de máquinas de votación y estima un ahorro superior a USD 100 millones
Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín y Jaime Bestard, justificaron la decisión de adquirir nuevas máquinas de votación, argumentando que la medida representa una inversión estratégica que permitirá al Estado ahorrar más de USD 100 millones en los próximos procesos electorales.
Jorge Bogarín sostuvo que las elecciones municipales y generales pasadas se realizaron con máquinas alquiladas, lo que implicó un costo de entre USD 30 y 33 millones por cada proceso. En cambio, con la compra actual estimada en USD 93 millones, se podrán cubrir al menos diez elecciones, lo que generaría un ahorro considerable para las arcas públicas.
“Estamos en presencia de un ahorro para el país de más de USD 100 millones y creo que es una inversión fundamental para lograr la autonomía e independencia de la institución y para la credibilidad de las autoridades que son electas en estas condiciones”, aseguró.
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En la misma línea, el ministro Jaime Bestard señaló que depender del alquiler limita la soberanía del TSJE sobre los procesos electorales. “Cuando se alquila, las máquinas se retiran al terminar el evento. Incluso, durante una interna o elección general, la empresa puede llevárselas por otros compromisos, generando desconfianza en la ciudadanía”, explicó.
Bestard también destacó que ser propietarios de las máquinas y de la tecnología brinda tranquilidad y permite reaccionar con agilidad ante eventuales elecciones imprevistas. Afirmó ante la 1020 AM que, si se audita y fiscaliza adecuadamente, el sistema electrónico ofrece mayor seguridad que el voto con papeletas dado que el acta no se puede alterar.
Ambos ministros coincidieron en que la adquisición busca fortalecer la institucionalidad electoral, aumentar la credibilidad del sistema y garantizar mayor transparencia en el desarrollo de los comicios.
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Congreso remite informe de la CBI Antilavado al BCP y a la Contraloría
La Cámara de Senadores remitió este martes el informe proveniente de la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, a la Contraloría General de la República y al Banco Central del Paraguay (BCP), para que puedan indagar respecto a los varios indicios de lavado de dinero detectados por el cuerpo bicameral del Congreso.
No obstante, desde la Cámara Alta señalan que aún falta remitir estos documentos que están desarrollados en varios tomos, al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República.
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Durante su proceso de investigación la CBI se basó en cuatro ejes principales, que son los vínculos sobre lavado de dinero, que a su vez estuvieron ligados eventualmente con el financiamiento político mediante los recursos recibidos por organizaciones sin fines de lucro. Igualmente se indagó el lavado de activos provenientes del tráfico de armas.
También contiene información relevante respecto al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, blanqueadas e ingresadas al sistema financiero vía bancos y empresa.
Este frondoso informe elaborado por miembros de la CBI que conforman legisladores de ambas cámaras, contiene además conclusiones y recomendaciones para varias instituciones del Estado.
A los documentos escritos se les adjuntó pendrives con audios, videos, notas varias, documentos, entre otros, que guardan relación a los casos investigados por la Comisión.
Ayer lunes, estos mismos documentos ya tuvieron entrada en el Ministerio Público y se aguarda que la Fiscalía general designe a los agentes fiscales que indagarán sobre el caso. Igualmente, se había enviado copias de los documentos a la Cancillería Nacional, para que a su vez remita vía diplomática al Departamento de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.
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Abdo offshore: “Es el mecanismo que se hace para lavar dinero”, dice periodista argentino
El periodista argentino Franco Occhipinti se refirió al caso que involucra al expresidente, Mario Abdo Benítez, y las supuestas cuentas millonarias en el paraíso fiscal de Seychelles. Según Occhipinti, si bien Abdo desmintió públicamente la información a través de su cuenta en la X, el mecanismo denunciado responde a una lógica habitual utilizada a nivel global para el lavado de dinero.
“Es el mecanismo que se hace en todo el mundo para lavar dinero”, afirmó el comunicador en una entrevista en “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, al explicar cómo funcionan las operaciones en paraísos fiscales como Seychelles.
En ese sentido, detalló que estos países estructuran su economía en base a este tipo de actividades y mencionó que son países de los que gran parte de sus ingresos se basan en operaciones como estas. “Es recurrente crear empresas de responsabilidad limitada que dan ciertos beneficios, con fondos mínimos, baja tasa de registro, pocos impuestos y un alto grado de privacidad”.
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Occhipinti explicó que generalmente los fondos ingresan fraccionadamente desde distintas empresas, radicadas en varios países y con cierto desfase temporal, lo que complica el rastreo del origen del dinero. “Ese fraccionamiento y el uso de jurisdicciones opacas hacen que sea más difícil seguir la pista del dinero”, indicó.
Respecto al caso puntual de Mario Abdo, aclaró que la información fue originalmente difundida por el medio argentino PeriodismoyPunto, y no por medios paraguayos. A pesar de las descalificaciones del exmandatario sobre la veracidad del informe, el periodista insistió en que corresponde a la Justicia avanzar en la investigación.
“La Justicia tendrá que iniciar las investigaciones y ahí está la clave. Se necesitan ciertos convenios internacionales para obtener la información y eso dilata todo el proceso”, sostuvo. Agregó, además, que dicha dilación también puede formar parte del esquema. “Dilatar es también una herramienta que sirve para lavar dinero”.
Finalmente, Occhipinti advirtió que los tiempos judiciales no coinciden necesariamente con los tiempos políticos. “Hay que ver cómo va a jugar eso a futuro. Las elecciones en Paraguay son en 2028. En Argentina una causa similar tardó más de nueve años. Habrá que ver cómo incide eso en el futuro político del país”, concluyó.
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Sancionan a bancos mexicanos por lavar dinero para cárteles
- Washington, Estados Unidos. AFP.
El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.
Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.
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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.
“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.
Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.
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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.
Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.
“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.