El ex jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Marcelo Ovelar, imputado por lesión de confianza en el marco de la investigación por la compra de tapabocas para la citada institución, se presentó ante el Ministerio Público para poder prestar declaración indagatoria. El procesado tiene la posibilidad de poder declarar o abstenerse a la misma.
El día de ayer se presentaron el ex director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo y la ex gerente administrativa de la Dinac, Luz Chamorro, quienes se abstuvieron de prestar declaración indagatoria ante los fiscales Osmar Legal, Alicia Sapriza y Federico Delfino.
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El primero en llegar a la sede fiscal fue Gallardo, quien estuvo acompañado por su representante legal y luego llegó Chamorro, también en compañía de su abogado Andrés Casati. Una vez culminada la diligencia, los dos procesados abandonaron nuevamente la sede del Ministerio Público.
Mañana debe comparecer el ex titular de la Dinac, Édgar Melgarejo, para la audiencia indagatoria ante los agentes fiscales mencionados. El mismo fue citado para las 9:00.
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Tajy acelera su transformación digital sin perder la cercanía con sus asegurados
La aseguradora fue reconocida por novena vez en el Ranking de Marcas de la CAP y apuesta por digitalización, automatización y nuevos servicios para acompañar la evolución del mercado.
Reconocimiento por novena vez y nuevas exigencias. Para Aseguradora Tajy, volver a ocupar una posición de liderazgo en el Ranking de Marcas 2026 tiene un significado que va más allá de la recordación.
Perla Verónica Oviedo, jefa de Marketing, Comunicaciones y RSE de la firma, destaca que ser reconocida por novena vez refleja una relación sostenida con los consumidores, basada en confianza, cercanía y servicio.
Como primera aseguradora de propiedad cooperativa del Paraguay, la compañía busca mantener esa identidad mientras responde a un consumidor más informado, conectado y exigente.
La estrategia combina tecnología y atención personalizada, con el fortalecimiento de canales digitales, la App Tajy, la Web del Asegurado y herramientas de automatización que permiten reducir tiempos de gestión.
La digitalización en los procesos internos. Entre los proyectos desarrollados se encuentran la gestión digital de pólizas y Carta Verde, microseguros mediante API, herramientas de atención centralizada y robots de software para automatizar tareas que anteriormente eran manuales.
A esto se suman inversiones en infraestructura tecnológica, seguridad de la información, continuidad operativa y modernización de plataformas.
Para la ejecutiva, innovar no significa únicamente incorporar tecnología, sino resolver mejor una necesidad, simplificar trámites, reducir esperas, ampliar el acceso a seguros y brindar mayor autonomía al cliente.
Expectativas y proyecciones. De cara a los próximos 12 meses, Tajy apunta a profundizar la transformación de la experiencia del asegurado, desarrollar soluciones digitales y reforzar la prevención y educación aseguradora.
La compañía también mira con optimismo el crecimiento de Paraguay y las nuevas necesidades de protección que surgen con la expansión de sectores productivos, inversiones y transformación digital.
El periodo tendrá además un significado especial, ya que Tajy transita el camino hacia sus 30 años, que cumplirá en 2027, según la fecha de inicio de operaciones mencionada por la compañía.
Datos del Ranking como herramienta estratégica. El historial de diez años permite comparar la evolución de la marca y analizar recordación, uso y preferencia. En 2025, Tajy fue primera en las tres dimensiones, con 28,91 % de recordación, 26,23 % de uso y 23,64 % de preferencia.
Estos indicadores se cruzan con información comercial, comportamiento de clientes, estudios propios y desempeño digital para definir prioridades, públicos e inversiones.
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Fiscalía pidió ratificar juicio oral contra hermano de una agente fiscal
La fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al Tribunal de Apelación de San Lorenzo —integrado por Ana Orrego, Dionicio Nicolás Frutos y Gustavo Bóbeda— que ratifique íntegramente la resolución que elevó a juicio oral y público el proceso penal por abuso sexual en niños, cuyo presunto autor es el hermano de una representante del Ministerio Público.
Ríos Dos Santos contestó la apelación presentada por la defensa del acusado, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya fue confirmada por la Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace dos meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para intentar favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones planteadas por las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo sobre un hecho determinado, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
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Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar concretamente qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar.
Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral.
La Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal”.
Entre estas pruebas se destacan declaraciones testificales, un diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, la Cámara Gesell, un informe fonoaudiológico, un informe psicopedagógico inicial y un perfil neurocognitivo.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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A Ultranza Py: decretan prisión de supuesto secretario logístico de Marset
El juez Rodrigo Emmanuel Estigarribia, interino de su colega Osmar Legal, decretó la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (38), alias “Chiqui”. Según la investigación, Cáceres Cabrera se desempeñaba como secretario, operador e intermediario logístico de una estructura dedicada al tráfico, acopio y comercialización de cocaína que habría estado encabezada por el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia. La defensa del procesado tiene la posibilidad de apelar la decisión; en ese caso, un tribunal de apelación deberá resolver si corresponde confirmar la resolución del Juzgado Penal de Garantías.
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Cáceres Cabrera fue capturado el domingo en Itacurubí de la Cordillera durante el denominado operativo Nexus 2. El imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py” se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años de cárcel.
La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el exterior como desde el interior de establecimientos penitenciarios, donde el sospechoso cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.
“Dentro de lo que es la investigación del caso, se señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios por personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. En ese sentido, se ha identificado a personas que también operaban para esta estructura desde fuera de esos establecimientos, y una de ellas es el procesado capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con el programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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