El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Milciades Ovelar, Flavia Recalde y Carmen Leticia Barrios condenó a 14 años de cárcel a un hombre tras ser hallado culpable por coacción sexual y violación. La resolución de los magistrados se dio a conocer luego del juicio oral y público.
La víctima tenía 15 años de edad al momento de la comisión del ilícito y padecía de problemas mentales. En el caso también fueron sentenciados con anterioridad cuatro menores de edad, a 3 años de pena privativa de libertad.
El juicio oral y público se realizó en el Poder Judicial de Ciudad del Este. El agente fiscal Alfredo Acosta Heyn, de la Unidad Zonal de Hernandarias, representó al Ministerio Público y sustentó la acusación y demostró la responsabilidad del acusado con diferentes elementos probatorios.
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Según los antecedentes, el hecho ocurrió el 28 de mayo del 2016 en horas de la noche. La acusación fiscal refiere que en aquella oportunidad, el hoy condenado y sus cómplices encerraron al menor en una vivienda de la zona. En el sitio, se turnaron para cometer el ilícito. Luego, trasladaron a la víctima hasta su casa y le tiraron en el patio, amenazándole de muerte para que no contara lo ocurrido. Sin embargo, la madre, quien encontró a su hijo ya en horas de la madrugada con graves secuelas, radicó la denuncia penal.
Posteriormente fueron detenidos los autores del hecho y fueron juzgados por un Tribunal de Sentencia que los condenó.
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La condena a Lindomar y los vínculos con el abdismo
- Jorge Torres Romero
La condena al narcotraficante brasileño Lindomar Reyes Furtado no es un hecho aislado. Es una pieza más de un rompecabezas oscuro que desnuda cómo el crimen organizado penetró estructuras sensibles del poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Y también expone, con crudeza, las peligrosas conexiones que existieron entre operadores del narcotráfico y figuras que ocuparon cargos estratégicos en la seguridad nacional.
El caso adquiere una dimensión todavía más grave cuando aparece el nombre de Arnaldo Giuzzio. No se trata solamente de sospechas políticas o de discursos partidarios. Existen elementos concretos que fueron investigados por autoridades brasileñas: el uso de la camioneta de Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua por parte del exministro para viajar al Brasil, además de intercambios de mensajes corroborados por la Fiscalía brasileña entre Giuzzio y Marcus Vinicius, socio comercial de Lindomar Reyes Furtado.
La pregunta ya no es si hubo cercanía. La pregunta es hasta dónde llegó esa relación y cuánto daño provocó al Paraguay. Durante el gobierno abdista, Paraguay terminó consolidándose como un gigantesco centro logístico del narcotráfico regional. La cocaína ingresaba, se acopiaba y salía rumbo a Europa utilizando puertos nacionales prácticamente liberados.
Mientras el discurso oficial hablaba de combate al crimen organizado, los hechos mostraban otra realidad: toneladas de droga saliendo del país, organizaciones criminales operando con comodidad y estructuras estatales debilitadas o infiltradas.
Por eso resulta imposible no recordar el cinismo político con el que hoy algunos sectores vinculados a Mario Abdo Benítez hablan de volver al poder. Sería una tragedia para el Paraguay. Sería volver a extender la alfombra roja al narcotráfico. Porque el narcotráfico no solamente corrompe instituciones: destruye familias, condena a miles de jóvenes a la adicción y convierte al país en rehén de mafias que luego penetran la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La condena a Lindomar Reyes Furtado debería tener repercusiones más allá de las fronteras del Brasil. Paraguay no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. La ciudadanía merece saber quiénes protegieron, quiénes facilitaron y quiénes miraron hacia otro lado mientras el crimen organizado se expandía peligrosamente.
Y hay un episodio particularmente escandaloso que todavía deja más dudas que respuestas: la fuga de Lindomar Reyes Furtado del Paraná Country Club. Aquel operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas, entonces conducida por Zully Rolón, terminó convertido en una vergüenza institucional.
¿Fue incompetencia o complicidad? Porque resulta inadmisible que un objetivo de semejante nivel haya logrado escapar en una zona perfectamente controlable, con accesos delimitados y posibilidades tecnológicas suficientes para monitorear hoteles, movimientos y rutas de salida. La fuga no solamente fue un fracaso operativo: pareció una advertencia anticipada.
Y esa sospecha se vuelve todavía más inquietante cuando aparecen los vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinícius. La hipótesis de una filtración o alerta previa jamás podrá disiparse mientras no exista una investigación profunda, independiente y transparente.
Paraguay enfrenta una disyuntiva histórica: o limpia sus instituciones o termina definitivamente capturado por el crimen organizado. La condena de Lindomar Reyes Furtado debe ser entendida como una alarma regional y la justicia paraguaya debe castigar a sus cómplices. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
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Condenan a 6 años a ingeniero por robo de pagarés a punta de arma a oficial de Justicia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El ingeniero Vladimir Ramón Riveros Cattebeke (61) fue condenado a seis años de prisión por robo agravado, al ser procesado por haber robado pagarés, a punta de arma de fuego al oficial de Justicia, Juan Antonio Arrúa Servián.
Permanecerá con medida alternativa hasta tanto quede firme la sentencia dictada en el juicio oral que culminó ayer miércoles 13 de mayo, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. El tribunal estuvo presidido por Lourdes Morínigo e integrado por Oscar Gabriel Genez y Evangelina Villalba.
El 18 de marzo comenzó el juicio, y se realizaron varias audiencias, hasta que finalmente concluyó ayer con la condena. El fiscal que defendió la acusación fue Luis Fernando Escobar, quien solicitó 6 años por la edad del acusado. El fiscal que inició la causa fue Gabriel Segovia.
El relato del hecho juzgado indica que, el encausado, bajo engaño, citó a un oficial de Justicia a su domicilio y luego a punta de arma de fuego le despojó de un pagaré por valor de 23.230 dólares americanos y un recibo por el mismo monto. Además, lo amenazó de muerte si no abandonaba inmediatamente el lugar.
Según lo expuesto en juicio, el hecho ocurrió el 8 de abril del 2024, oportunidad en que Cattebeke llamó por teléfono a Juan Antonio Arrúa Servián, manifestándole su intención de abonar la deuda reclamada en un juicio ejecutivo y le pidió que le llevara los pagarés originales a su domicilio para poder realizar el pago.
Arrúa Servián se comunicó con el abogado demandante, Roberto Navarro, para coordinar la entrega de los pagarés. Éste le confirmó que tenía los documentos en su poder y que lo acompañaría a la residencia del demandado para el cobro correspondiente.
Ya en la casa y una vez que Cattebeke tuvo en su poder los documentos, con arma de fuego en mano amenazó de muerte a Arrúa Servián diciéndole que tenía “cinco segundos para volar de su casa, si no quería que lo llenara de plomo”.
El oficial de Justicia abordó el vehículo del abogado Navarro y de allí se dirigieron a la comisaría para radicar la denuncia. Llegó la imputación, luego la acusación y ayer la finalización del juicio con la sentencia respectiva.
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Suspenden juicio contra Evo Morales por trata en Bolivia y renuevan orden de captura
La instalación del juicio contra el expresidente Evo Morales por presunta trata de una menor se suspendió este lunes en Bolivia debido a su inasistencia y un tribunal renovó la orden de captura en su contra, informó el Ministerio Público.
La Fiscalía lo acusa de sostener una relación con una adolescente de 15 años con la que tuvo una hija cuando era mandatario. Los padres de la presunta víctima, según el expediente, habrían consentido los hechos a cambio de beneficios.
Morales, buscado por la justicia desde octubre de 2024 por este caso, está en la zona cocalera del Chapare, su bastión político, a resguardo de miles de campesinos que montan guardias para evitar una incursión policial.
“El juicio queda suspendido” hasta que “comparezca o se haga comparecer por la fuerza pública” a Morales y a la madre de la víctima, que también es acusada, dijo este lunes en conferencia de prensa Luis Gutiérrez, fiscal a cargo del caso.
La justicia había declarado al líder campesino “en rebeldía” en enero de 2025, cuando no se presentó a una audiencia para determinar su prisión preventiva.
Esta condición impide, como ocurrió, que un proceso empiece hasta que el acusado se haga presente.
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El Ministerio Público informó que “ante la inasistencia injustificada” el Poder Judicial ratificó este lunes su situación de rebelde y emitió nuevas órdenes de arresto y de impedimento de salida del país, aunque ya existían unas vigentes por lo mismo.
“Ya no es atribución del Ministerio Público sino de la Policía Nacional” cumplir con la orden de captura, agregó Gutiérrez.
Wilfredo Chávez, abogado de Morales, el primer presidente indígena del país, adelantó el viernes que no acudirían ni su protegido ni sus defensores porque no habían “sido notificados”.
Según él, el juzgado no envió la citación al domicilio de Morales, sino que lo convocó a través de un edicto, una publicación oficial en medios escritos.
La defensa del exmandatario socialista (2006-2019) rechaza los cargos y denuncia una supuesta “persecución judicial” por parte del gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.
“No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren -con pruebas legales y reales- los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”, escribió Morales la semana pasada en X.
- Fuente: AFP
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Tres detenidos por violación de ley de armas, uno de ellos con dos órdenes de captura
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En control policial aprehendieron a tres hombres por violación de la ley de armas y porque uno de ellos tenía dos órdenes de captura. Se desplazaban en un rodado y tenían dos armas de fuego, una de ellas réplica, más cargadores y proyectiles, además de prendas varias.
Fueron derivados a la Dirección de Policía de Alto Paraná, según reportó la Comisaría 4ª. del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. El procedimiento fue a las 22:00 de ayer viernes 8 de mayo en la vía pública, calle 15 de Agosto, del citado barrio.
Se trata de Ever Fabian Maciel Acosta (33), quien residía en el barrio Ciudad Nueva. Estaba al mando del automóvil de la marca Daihatsu, modelo Move Custom, color plata, matrícula provisoria IRB 297 Py.
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Uno de sus acompañantes fue René Medina Escobar (29), quien tenía dos órdenes de captura, una por robo agravado y otra por hurto agravado. Fijaba domicilio en el barrio San Miguel. Otro ocupante del rodado era Sergio David Petrut Fariña (24), del barrio Che La Reina. Los tres detenidos son de Ciudad del Este.
De interior fueron incautados un arma de fuego de fabricación casera, calibre 22, con un cargador con 20 proyectiles sin percutir y 12 unidades en caja; otra arma de fabricación casera, de metal tipo metralleta, color negro, además de dos aparatos celulares, dos mochilas conteniendo calzados, vestimentas, pantalón color azul, abrigo con capucha color camuflado, una bandolera color negro, cuatro quepis.
Fue comunicado al fiscal de turno de la regional Ciudad del Este, Carlos Almada, quien dispuso que los dos aprehendidos y un detenido queden recluidos en la comisaría interviniente. Las evidencias incautadas fueron llevadas al Ministerio Público.
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