El Ministerio Público imputó a un total de 2.813 personas por la violación de la cuarentena en todo el territorio nacional. Las medidas dispuestas por el Gobierno deben ser respetadas estrictamente, porque es la única manera de que se puede evitar una expansión incontrolable de la enfermedad, explicaron las autoridades sanitarias.
De acuerdo con la información, en la capital del país fueron imputados 416 ciudadanos, mientras que en Central totalizaron 407, a la fecha.
La cantidad de procesados por departamento es la siguiente: Alto Paraná 308, Caaguazú 292, Itapúa 183, Concepción 182, Paraguarí y Misiones 137, San Pedro 124, Canindeyú 103. El listado continúa con Ñeembucú donde fueron procesadas 98 personas, en Guairá 93, en Amambay 88, en Presidente Hayes 78, en Caazapá 61, en Cordillera 51, en Boquerón 32 y en Alto Paraguay 23.
Los infractores de la Ley 716/96 (cuarentena en general) se exponen a una sanción de 6 a 18 meses de pena privativa de libertad, mientras que aquellos que son acusados bajo la figura de resistencia (negarse a las fuerzas públicas) pueden ser castigados de 2 a 5 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
Muchas personas también fueron detenidas por los delitos de perturbación a la paz pública, exposición al peligro en tránsito, daño a obras construidas y violación de la Ley de Armas, informaron desde la Fiscalía General del Estado.
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Preda: “La apertura de una causa penal no requiere resolución del fiscal general”
El abogado Ricardo Preda aclaró que no existe ninguna irregularidad en el hecho de que una causa penal se inicie sin una resolución del fiscal general del Estado, tal como ocurrió recientemente con el caso que involucra al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.
La causa fue abierta en el Ministerio Público para investigar una supuesta fortuna oculta en Seychelles, un paraíso fiscal, sin que mediara una comunicación oficial ni una resolución firmada por el titular del Ministerio Público, como sí ocurrió en otros casos similares.
Sobre este punto, Preda explicó que “claramente ese es un formulario de la entrada de una causa penal” y sostuvo que la mayoría de las investigaciones no inician con una resolución formal del fiscal general. “Hay que tener en cuenta que no toda entrada de una causa penal le precede una resolución. Eso no tiene nada de irregular”, afirmó.
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En conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media, indicó que lo habitual es que estos procesos arranquen a partir de una denuncia o una nota interna que ingresa por mesa de entrada.
“Eso motivó que le den entrada y ya se abra una causa penal”, detalló. En este caso, la investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Cacavelos, quien debe comunicar al juzgado penal de garantías el inicio de las diligencias, si así lo considera, explicó Preda en cuanto a cuál es el procedimiento para las investigaciones.
Además, el abogado cuestionó la práctica de hacer públicas estas aperturas. “En realidad, la regla debería ser que nadie se entere de que hay una investigación abierta. Debería ser esa la política de persecución penal: difundir lo menos posible. Lamentablemente, en la práctica no es así”, lamentó.
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Fiscalía realiza diligencias sobre el caso del argentino desaparecido en el Chaco
El Ministerio Público se aboca a la tarea investigativa del ciudadano de nacionalidad argentina, de 77 años, Wenceslao Benoit, quien hasta la fecha se encuentra desaparecido. El hombre habría ingresado al Parque Nacional Cerro León junto a un amigo, quien lo perdió de vista.
Los agentes fiscales Luis Amado (de Fuerte Olimpo - Alto Paraguay) y Diego Campuzano (Fiscalía de Filadelfia - Boquerón), intervienen en el caso y realizan en conjunto las investigaciones preliminares.
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El procedimiento investigativo tiene el apoyo coordinado de la Policía Nacional, a través de los Departamentos de Criminalística e Investigaciones. Así también se abocan a la tarea operativa de búsqueda, el Cuerpo de Bomberos de Boquerón.
La Fiscalía tomó declaraciones testimoniales a personas en busca de lograr mayor claridad del caso. Así también, se ordenó la inspección del vehículo en el cual se trasladaba el ciudadano de 77 años desaparecido, junto con otra persona. Esta diligencia está a cargo de Criminalística.
Igualmente, se ordenó la inspección física y psicológica del ciudadano Raphael Gibon, de nacionalidad belga, quien había acompañado al señor Wenceslao. Esta diligencia se llevará a cabo en la Fiscalía de Filadelfia y posteriormente se le tomará la declaración.
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Fiscalía aplica celeridad para sobrinos de senadora, pero no hay avances en caso Abdo
El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal contra Iván Giménez Cabrera e Iris Giménez Cabrera, sobrinos de la senadora Noelia Cabrera Petters, señalados por supuesto caso de planillerismo.
La causa se abre a escasos días de que se hiciera público el hecho, no obstante, el caso de la supuesta fortuna del expresidente Mario Abdo Benítez ocultada en un paraíso fiscal no pasó de la fase preliminar.
En su resolución de apertura de investigación, la Fiscalía manifiesta que luego de haber tomado conocimiento del hecho y con el afán de esclarecerlo, ordenó la investigación de acción penal pública hacia los sobrinos de la legisladora del Partido Liberal y se designó a Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos como fiscal del caso.
Tanto Iván como Iris costaron al Estado paraguayo al menos G. 494.500.000, dado que habrían sido contratados en agosto del 2023 y sus salarios ascendían a G. 13.500.000 y G. 8.000.000 respectivamente, por esta razón, el Ministerio Público los investigará por la supuesta comisión de hechos punibles contra el patrimonio del Estado.
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El caso generó indignación ciudadana, puesto que mientras percibían un salario dentro de la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado, ellos trabajaban, aparentemente, en el estudio jurídico del abogado Milciades Centurión, quien sería pareja de la parlamentaria.
Pese a que el caso se hizo público hace apenas cuatro días, lo trascendido en la prensa fue suficiente para que la Fiscalía, sin más preámbulos, inicie con una investigación. Lastimosamente, esta misma celeridad no se aplica para investigar la supuesta fortuna oculta, que asciende a USD 21 millones, del expresidente Mario Abdo y que generó revuelo internacional.
Una investigación periodística del portal argentino PeriodismoyPunto apunta al exmandatario por acumular la mencionada cantidad de dinero. Los depósitos a bancos de Seychelles, África, iniciaron cuando este estaba en pleno ejercicio de la Presidencia y provienen de diferentes empresas.
La fortuna escapó de los controles de instituciones como la Contraloría General de la República, dado que esto no fue declarado por Abdo Benítez al dejar el cargo y quien, según los papeles presentados al órgano contralor, solo tenía un patrimonio de USD 3 millones.
Más allá de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, haya anunciado que el caso era objeto de una investigación preliminar, las semanas transcurrieron sin avances para este hecho donde se presume la existencia de hechos punibles como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aún así, no se abrió oficialmente una causa ni tampoco se designaron fiscales para investigar a Abdo.
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Senador anuncia proyecto que exhorta al MP a investigar caso de medicamentos en el Incan
El senador Ever Villalba adelantó este lunes que presentará un proyecto de declaración instando al Ministerio Público a investigar los hechos irregulares y las compras de medicamentos en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Estos fueron observados por la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, donde se detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.
“Estaremos presentando un proyecto de declaración para que se trate en la sesión de la Cámara de Senadores, en la cual se insta al Ministerio Público a iniciar una investigación penal para que los responsables paguen por esto que hicieron”, dijo el legislador, en conversación con los medios de prensa en el Senado.
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De acuerdo a la observación señalada por la Contraloría, el perjuicio para el instituto del cáncer sería de alrededor de USD 58 millones. “El monto es algo que, en este caso, en un país donde la salud está en terapia, golpea. Es negligente, criminal, tienen que pagar los responsables de estas acciones o inacciones, tienen que estar en la cárcel”, cuestionó el senador Villalba.
Las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, había señalado en su momento que la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir los amparos judiciales, para los cuales se destina el 25 % del presupuesto del Incan.
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