El Ministerio Público imputó a un total de 2.813 personas por la violación de la cuarentena en todo el territorio nacional. Las medidas dispuestas por el Gobierno deben ser respetadas estrictamente, porque es la única manera de que se puede evitar una expansión incontrolable de la enfermedad, explicaron las autoridades sanitarias.
De acuerdo con la información, en la capital del país fueron imputados 416 ciudadanos, mientras que en Central totalizaron 407, a la fecha.
La cantidad de procesados por departamento es la siguiente: Alto Paraná 308, Caaguazú 292, Itapúa 183, Concepción 182, Paraguarí y Misiones 137, San Pedro 124, Canindeyú 103. El listado continúa con Ñeembucú donde fueron procesadas 98 personas, en Guairá 93, en Amambay 88, en Presidente Hayes 78, en Caazapá 61, en Cordillera 51, en Boquerón 32 y en Alto Paraguay 23.
Los infractores de la Ley 716/96 (cuarentena en general) se exponen a una sanción de 6 a 18 meses de pena privativa de libertad, mientras que aquellos que son acusados bajo la figura de resistencia (negarse a las fuerzas públicas) pueden ser castigados de 2 a 5 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
Muchas personas también fueron detenidas por los delitos de perturbación a la paz pública, exposición al peligro en tránsito, daño a obras construidas y violación de la Ley de Armas, informaron desde la Fiscalía General del Estado.
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Fiscal general exige reforzar seguridad para agentes fiscales ante amenazas
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, emitió un comunicado en el que exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad “a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos”, tras denuncias por la presunta amenaza del exministro Arnaldo Giuzzio contra los representantes del Ministerio Público en su juicio por presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Marcus Vinícius Espíndola Marqués de Padua.
La nota manifiesta: “El Prof. Dr. Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado, exhorta a la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades nacionales competentes en materia de seguridad a reforzar las medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos, tanto durante el desarrollo de las audiencias como en sus desplazamientos y permanencia dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia”.
“ΕΙ Ministerio Público considera indispensable garantizar las condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre y efectivo de la función fiscal, especialmente ante situaciones de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o cualquier otra conducta que pudiera poner en riesgo la integridad de sus representantes en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, sin perjuicio de las medidas de protección y seguridad que, conforme a los protocolos vigentes, corresponde activar a la institución en el ámbito de sus competencias”, agrega el comunicado emitido por la noche del martes.
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Asociación de Fiscales
De igual manera, la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitó a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia la adopción de medidas urgentes de seguridad para resguardar la integridad de los agentes fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes intervienen en la causa denominada “Ministerio Público c/ Arnaldo Giuzzio s/ Cohecho Pasivo Agravado y Extorsión”.
El pedido fue formulado mediante la Nota n.º 78/2026, de fecha 25 de agosto, tras un incidente registrado al término de la jornada de juicio oral y público desarrollada el 24 de agosto. Según la comunicación, el acusado Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público.
La Asociación señaló que el hecho fue registrado en soporte fílmico y posteriormente difundido a través de medios de comunicación y redes sociales, circunstancia que, según sostiene, evidencia la gravedad del episodio y su trascendencia institucional. Asimismo, expresó que este tipo de conductas no solo comprometen la seguridad personal de los fiscales intervinientes, sino que podrían afectar el normal desarrollo del proceso penal y el libre ejercicio de la función fiscal.
Ante esta situación, solicitó el refuerzo del dispositivo de seguridad en los pasillos y accesos de la sala de juicio oral durante las jornadas restantes, hasta la conclusión del debate, a fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los operadores de justicia y el normal desarrollo del proceso.
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Fiscalía pidió a la Corte destrabar proceso penal por lavado de dinero de Miki Zaldívar y otros
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabar el proceso penal por lavado de dinero que enfrentan Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros coimputados.
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar.
Debido a que ya transcurrieron cuatro meses desde la presentación de esta chicana sin que se haya dictado una resolución, la Fiscalía urge definir la situación para garantizar la celeridad procesal y continuar con las actuaciones.
Acusación
El Ministerio Público presentó una acusación formal por lavado de dinero y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Miguel Ángel Zaldívar y los demás procesados. La nómina de acusados incluye a Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
A raíz de los constantes recursos dilatorios interpuestos por la defensa de los acusados, hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares. Asimismo, permanece pendiente la fijación de la audiencia preliminar, instancia en la cual se definirá si la causa se eleva a la etapa de juicio oral y público.
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Investigan muerte de bebé debido a una deshidratación
Un pequeño de 9 meses fue llevado por sus padres al Hospital Regional de Pedro Juan ya sin signos vitales.
El Ministerio Público investiga la muerte de un bebé de 9 meses que fue llevado por sus padres sin signos vitales hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero en el departamento de Amambay. La autopsia indica como posible causa de muerte un shock hipovolémico por deshidratación grave.
Según el reporte dado por la comisaría 18.ª de San Juan Neuman, el menor, con 9 meses de vida, sería oriundo del asentamiento Romero Cue Sector 1 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, y este fue trasladado por sus padres hasta el hospital durante la tarde del viernes pasado.
Sus progenitores indicaron a los profesionales que aparentemente estaba con un cuadro de gastroenteritis y que en un momento dado se desvaneció por completo, pero los médicos de la urgencia pediátrica informaron que cuando lo ingresaron al centro asistencial ya había llegado sin signos vitales.
AUTOPSIA
Hasta el lugar se constituyó la fiscal Reinalda Palacios, quien ordenó que el cuerpo del bebé fuera sometido a una autopsia para determinar la posible causa de muerte e iniciar las investigaciones del caso. La inspección del cuerpo fue realizada por el doctor César González.
El profesional forense determinó como posible causa de muerte del menor un choque hipovolémico por deshidratación severa que pudo ser causado a consecuencia de una gastroenteritis aguda. El informe ya se encuentra en manos de la Fiscalía, que ordenó que el cuerpo sea entregado a los padres.
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Avanza propuesta de reajuste salarial para asistentes fiscales con media sanción de Diputados
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ampliación presupuestaria que permitirá al Ministerio Público contar con los recursos necesarios para aplicar el reajuste salarial establecido para los asistentes fiscales, cuya remuneración básica deberá alcanzar el 60 % del salario de los agentes fiscales. La iniciativa pasa ahora a consideración del Senado.
El diputado colorado José Rodríguez propuso ante el plenario la iniciativa que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026 (PGN 2026), aprobado por Ley N° 7609/2025, a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 7.511/25, que modifica el artículo 60 de la Ley N° 1562/2000 - Orgánica del Ministerio Público -, en beneficio de los asistentes fiscales del Ministerio Público.
Luego del correspondiente análisis durante su sesión ordinaria, quedó aprobada por mayoría. El documento se remite ahora a la Cámara de Senadores para el siguiente trámite constitucional. El objetivo es ultimar los recursos presupuestarios necesarios para hacer efectivos los reajustes salariales establecidos en favor de los asistentes fiscales del Ministerio Público, conforme a la Ley N° 7609/2025.
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En el debate, el legislador Roberto González mencionó que la labor de los asistentes fiscales resulta fundamental, considerando que son quienes dan apoyo directo a los agentes fiscales. “Los asistentes fiscales, según la ley, son los encargados de brindar apoyo técnico, jurídico y directo a los agentes fiscales en el análisis, diligenciamiento e impulso procesal de las causas penales e investigaciones asignadas a cada unidad fiscal”, explicó.
A su turno el diputado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, se expresó a favor e indicó que los asistentes fiscales deben percibir una remuneración básica mensual equivalente al 60 % de la remuneración de los agentes fiscales.
Informó que el bloque asesor recomendó una modificación de manera a establecer el monto a transferir desde el Ministerio de Economía y Finanzas para dar cumplimiento a la normativa.
“Sugerimos que el ajuste salarial a los asistentes fiscales sea financiado con una transferencia de créditos presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente, del objeto de gastos 261 - Informática y sistemas computarizados - por un monto total de G. 4.313.823.148”, expresó.
Especificó que este monto contempla la aplicación de la primera gradualidad del incremento previsto en la ley N° 7609, del 25 %, con vigencia desde el mes de octubre del presente ejercicio fiscal. La iniciativa fue aprobada con base en el dictamen de la Comisión de Presupuesto.
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