El Ministerio Público imputó a un total de 2.813 personas por la violación de la cuarentena en todo el territorio nacional. Las medidas dispuestas por el Gobierno deben ser respetadas estrictamente, porque es la única manera de que se puede evitar una expansión incontrolable de la enfermedad, explicaron las autoridades sanitarias.
De acuerdo con la información, en la capital del país fueron imputados 416 ciudadanos, mientras que en Central totalizaron 407, a la fecha.
La cantidad de procesados por departamento es la siguiente: Alto Paraná 308, Caaguazú 292, Itapúa 183, Concepción 182, Paraguarí y Misiones 137, San Pedro 124, Canindeyú 103. El listado continúa con Ñeembucú donde fueron procesadas 98 personas, en Guairá 93, en Amambay 88, en Presidente Hayes 78, en Caazapá 61, en Cordillera 51, en Boquerón 32 y en Alto Paraguay 23.
Los infractores de la Ley 716/96 (cuarentena en general) se exponen a una sanción de 6 a 18 meses de pena privativa de libertad, mientras que aquellos que son acusados bajo la figura de resistencia (negarse a las fuerzas públicas) pueden ser castigados de 2 a 5 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso.
Muchas personas también fueron detenidas por los delitos de perturbación a la paz pública, exposición al peligro en tránsito, daño a obras construidas y violación de la Ley de Armas, informaron desde la Fiscalía General del Estado.
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Coronel Oviedo: Fiscalía investiga a tres posibles autores de coacción sexual y violación
La Fiscalía de Coronel Oviedo se encuentra actualmente investigando ocho casos de coacción sexual y violación contra igual número de mujeres víctimas. El trabajo investigativo es abordado en conjunto con la Policía Nacional y tres agentes fiscales intervinientes. Mediante el testimonio de las víctimas, se pudo obtener que se trataría de tres autores distintos, en relación a las características descriptas.
De acuerdo al informe del Ministerio Público, se está llevando adelante allanamientos, incautación de evidencias y otros actos investigativos. Asimismo, se emitió orden de captura con respecto a uno de los posibles autores, identificado en los casos, cuyas características coinciden con un hombre que está siendo buscado actualmente por la Policía Nacional y cuenta con otros antecedentes penales.
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Mencionan que las denuncias del hecho coinciden en la fecha y en las características físicas, en dos de los casos investigados. De igual manera, los fiscales se hallan abocados a la investigación que involucra a otros posibles sospechosos. Conforme a los datos obtenidos, uno de los buscados habría sido herido en el pecho con un cuchillo, tras un forcejeo con la víctima y en el último caso denunciado, el autor fue herido en el hombro.
Además, algunas de las víctimas refirieron que los sospechosos no habrían actuado solos, sino con otra persona que actuaba de campana. Informaron que en algunos de los casos, además del hecho de coacción sexual, los agresores robaron objetos domésticos de las víctimas. Se utilizaron, tanto armas blancas como armas de fuego, de acuerdo con el testimonio de las mujeres. Por tratarse de hechos de suma sensibilidad, el Ministerio Público brinda contención a las mismas.
Al respecto, la fiscal a cargo, Gloria Rojas confirmó que están tras la búsqueda de tres sospechosos. Aclaró que algunas investigaciones que están en curso son incipientes. “Dependemos de las características que nos puedan brindar las víctimas y de acuerdo a eso, la Policía se pone a hacer su trabajo también”, explicó en comunicación con la 1330Am.
Finalmente, se refirió a la persona que hizo un video, en el cual desmentía ser el autor de la violación serial en Coronel Oviedo, Rojas aclaró que si bien aclara que no es, el mismo cuenta con procesos judiciales pendientes y once ordenes de capturas.
“Para nosotros ahora es irrelevante que sea o no sea, porque independientemente a eso, él tiene problemas con nosotros. Además son varias víctimas, no solo es la del viernes o la de ayer. Hay víctimas que sindican y de acuerdo a eso van saliendo las órdenes de capturas”, acotó.
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Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó.
El ministro detalló que el trabajo de las tres instituciones están vinculados, por lo cual se debe trabajar coordinadamente y poner sobre la mesa las cuestiones que atañen al mecanismo de trabajo de modo a armonizarlo. Martínez Simón señaló que el hecho de que la Corte tenga digitalizados los expedientes, hace necesario que el Ministerio Público y del Interior hagan lo mismo.
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“Debemos coordinar para que esto funcione dentro del respeto de los roles propios, la Policía Nacional en su rol de investigadores de ciertos delitos y crímenes, la Fiscalía como acusador y los jueces como juzgadores imparciales, pero a efectos de que en el ámbito propio de estas tres instituciones se muevan armónicamente debemos tener estas reuniones de trabajo”, manifestó a la 1080 AM.
La conformación de esta mesa de trabajo nació a raíz de una conversación entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, en la que se abordó la necesidad de incorporar la Fiscalía General del Estado y establecer acciones en conjunto que permitan dar una respuesta rápida y eficiente tanto en la seguridad como en la investigación y persecución de los delitos y crímenes.
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No tenía registro: negligencia criminal de conductor de vehículo arrastrado por raudal
Un día después de la tragedia que se cobró la vida de una joven madre y de su hija de 19 años, el conductor del vehículo arrastrado por el raudal en Luque solicitó un registro de conducir. Esta negligencia criminal se suma a la lluvia torrencial, la calle en mal estado y la falta de señalización que terminaron en la muerte de dos mujeres en inmediaciones del Club Valderrama, zona considerada peligrosa en días de tormentas.
Este martes se confirmó este dato por medio de un informe de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y el fiscal de la causa, Jorge Escobar, imputará al conductor del automóvil arrastrado por exposición al peligro en el tránsito terrestre.
En la causa ya está imputado el intendente de Luque, Carlos Echeverría, por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de la madre y su hija. El proceso penal está a cargo de la jueza de garantías Cecilia Ocampos.
El último viaje
Sara Benítez y Luján Barrios salieron de su casa, en Luque, en el que sería el último viaje que harían juntas. Otras tres personas que viajaban con ellas, entre ellas el conductor, pudieron salir del vehículo y salvar sus vidas, y pese a los esfuerzos que hicieron por rescatar con vida a ambas.
Vecinos del lugar donde se registró el accidente refieren que la zona es un peligro cuando llueve, aseguran que no hay cartel de señalización y que mucha gente usa dicha vía para salir hacia Asunción. Reseñan que el auto fue arrastrado a una cuadra de donde se registró, en diciembre pasado, un accidente vial que le costó la vida a 3 jóvenes. “Es una palangana esa zona”, lamentan.
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Detienen a un escribano por supuesta complicidad con robacoches
Agentes del Ministerio Público y del Departamento de Automotores de la Policía Nacional allanaron una vivienda que fungía de escribanía en pleno centro de Asunción. Se procedió a la detención de Julio Ramón Cáceres Carrillo (52), escribano público que contaba con matrícula suspendida por la Corte Suprema de Justicia por falsificación de documentos públicos.
La oficina funcionaba sobre las calles Milano casi Juan E. O´Leary de la capital del país, hasta donde llegó la comitiva fiscal policial y procedió a la detención del denunciado. Se hallaron evidencias de sobre presunta falsificación de documentos que habrían sido proveídos a robacoches.
A pesar de la casación de su matrícula, el hombre seguía ejerciendo la profesión en una residencia particular y principalmente colaborando con personas vinculadas a la expedición de documentos de contenido falso para facilitar la comercialización de vehículos.
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“Se procedió al allanamiento de una vivienda que fungía de escribanía, que no tenía cartel ni nada. El propietario o la persona encargada ahí, el profesional que hacía los trabajos ahí se trata de una persona de 52 años de nombre Julio Ramón Cáceres”, señaló el comisario Abelardo Acosta a los medios de prensa.
Confirmó que el profesional se “encuentra suspendido desde el mes de julio del 2023 por hechos similares de producción de documentos públicos con contenido falso”. El policía aseveró que durante el procedimiento se pudo corroborar en los cuadernos de actas y anotaciones los detalles de los trámites hechos sobre ciertos rodados que estaban consignados plenamente. “También se pudo encontrar en el lugar chapas de vehículos denunciados como hurtados y extraviados”, puntualizó.
Tras ser aprehendido, el sujeto fue derivado a la comisaría de la zona y ya se encuentra a cargo del Ministerio Público, luego de ser acusado por las víctimas de que estaba operando a favor de una red de robacoches. Se dedicaba a la elaboración de contratos privados fraguados para facilitar la entrega de automóviles que posteriormente eran revendidos y de esta manera se concretaba la estafa.